Esta primavera se ha batido récords en días lluviosos y nublados, y ello está empezando a notarse en la agricultura valenciana. Tanto es así que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha atribuido al clima irregular importantes daños en los cultivos del caqui, cítricos y frutales de hueso como la nectarina y el albaricoque, sobre todo en comarcas interiores.

Esta organización agraria ha señalado que el caqui es la producción más perjudicada, ya que el clima ha provocado en los últimos días la caída al suelo de cuantiosos brotes, incluso antes de la apertura de la flor, que en los peores casos supondrá la pérdida de toda la cosecha de la próxima temporada. Así, en zonas generalizadas de Los Serranos, La Hoya de Buñol y La Costera hay explotaciones con afecciones entre el 70 y el 100% de los caquis. En cuanto a la principal zona productora –La Ribera Alta– los perjuicios son menos graves y se producen en las plantaciones más jóvenes y con la brotación más adelantada. Asimismo, “el clima puede estar detrás de la aparición de nuevas manchas en las hojas del cultivo, las cuales no necesariamente responden a la necrosis foliar del caqui, sino a fisiopatías aún por identificar”.

Ante la situación extraordinaria generada, AVA-ASAJA ha pedido a Agroseguro, así como al Ministerio de Agricultura y a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, que incluyan la cobertura de estos daños “para evitar que los productores afectados pierdan los ingresos de todo el año debido a adversidades climáticas”. Por el momento, Agroseguro “está respondiendo a los asegurados que la póliza actual no permite indemnizar este tipo de perjuicios antes del mes de julio, por lo que la organización agraria reitera la necesidad de ampliar la cobertura de siniestros a todo el ciclo vegetativo”.

La excesiva humedad, combinada con periodos calurosos, también está ocasionando daños por apertura de la piel –‘clavillat’ o ‘cracking’– en variedades tempranas de frutales de hueso, como nectarina y albaricoque, cuya recolección acaba de empezar. AVA-ASAJA ha advertido de que estos nuevos daños contribuirán a agravar una merma de producción que supera el 20% respecto a una cosecha normal.

Por lo que se refiere a los cítricos, esta anomalía climática ha incentivado problemas de cuajado en algunas zonas, pero todavía no adquieren un alcance preocupante para el sector. Además, por ahora, la incidencia de las plagas está siendo mínima.

AVA-ASAJA ha señalado que las precipitaciones acumuladas durante esta atípica primavera “tienen también efectos positivos, porque mejoran las reservas del agua embalsada y de los acuíferos, permiten ahorrar costes energéticos y de agua al haber menos riegos, y contribuye a incrementar las próximas producciones de cultivos valencianos como viña, almendro, cereales u olivar”.

El ciruelo, el albaricoquero, el nectarino y el peral son los cultivos más afectados

Pocos días después de que la primavera entrara oficialmente en el calendario, parece que el invierno ha vuelto a hacer acto de presencia, acompañado de una gran inestabilidad climática. Haca unos diez días, una borrasca cargada de aire húmedo entró desde el Atlántico y dejó precipitaciones abundantes, que provocaron inundaciones especialmente en puntos del suroeste. A esto se une un desplome de las temperaturas en prácticamente todo el país, aunque más acusado en el norte y en el centro peninsular.

Agroseguro ha informado que los diferentes episodios tormentosos con lluvia y pedrisco están afectando sobre todo a la producción de fruta dulce, aunque con mayor o menor afectación en función de la zona y del estado de desarrollo de los cultivos. Los que pueden estar más dañados son la ciruela, el albaricoque, la nectarina y la pera. Además, en algunas zonas productoras también se han registrado siniestros en uva de vino, cereza o almendro, entre otros. Son varias las comunidades autónomas que han tenido fuertes tormentas, destacando Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Cataluña.

Agroseguro ha indicado que desde que se decretó el Estado de Alarma, “continúa trabajando por procedimientos telemáticos y conserva intacta su capacidad para la atención a los clientes, tanto en la gestión de la contratación como en la tramitación de los siniestros y el pago de las indemnizaciones, habiéndose pagado en estas tres semanas 36 millones de euros”. Por ello, de cara a la planificación de las tasaciones, “es importante que los agricultores remitan los partes de siniestros tan pronto como constaten los daños en sus parcelas”.

Mientras continúan las protestas y movilizaciones por todo el territorio nacional, sus convocantes, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, proseguirán esta semana el proceso de negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha convocado para el 11 de marzo la mesa de trabajo sobre seguros agrarios. Además, se espera la conformación de las mesas de fiscalidad, costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

En el área de seguros agrarios, las tres organizaciones reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita también un seguro a la carta según sectores y sensaciones de riesgo, en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran ‘imprescindible’ recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013–2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro.

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa. En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva.

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial, mientras que en impuestos indirectos han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que hagan y no sufran penalización alguna.

En la mesa de acuerdos comerciales demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.

Por lo que se refiere a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y UPA han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.

De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. Esta semana los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real, Zaragoza, Cuenca, Soria, Valladolid, Vitoria, Albacete, Algeciras y Tenerife.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha criticado el ninguneo de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) –organismo dependiente del Ministerio de Agricultura– y de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), al no incorporar las mejoras reclamadas por esta organización agraria en relación al seguro del caqui.

AVA–ASAJA ha lamentado que, a pesar de haberse creado una línea propia de seguro para el cultivo del caqui, esta persiste en la discriminación que vienen sufriendo los agricultores que producen fuera de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer, «puesto que existe una diferencia superior al 30% del precio máximo del kilo al que pueden contratar y que coincide con el precio recibido como indemnización cuando se produce un siniestro». Así, ha apuntado en un comunicado que «mientras que un productor acogido a esta figura puede suscribir un seguro que le permite, en caso de un pedrisco o cualquier otra adversidad climática contemplada en la cobertura contratada, recibir hasta 40 céntimos por kilo, el resto de agricultores únicamente pueden alcanzar los 30 céntimos».

AVA–ASAJA ha asegurado que este agravio comparativo «no solo se produce a la hora de acontecer un siniestro indemnizable, sino también repercute muy negativamente en la misma comercialización de la fruta».

Otra de las peticiones que esta organización ha trasladado durante los últimos años a ENESA y Agroseguro, y que tampoco ha sido atendida, es la ampliación de los plazos de contratación del seguro del caqui. La fecha límite está fijada a 20 de febrero y en ese momento del año todavía no es posible apreciar la evolución de la futura cosecha. Por este motivo, entiende que «el periodo para contratar el seguro del caqui debería prolongarse hasta finales de mayo para poder adaptarlo al ciclo del cultivo y a las necesidades de los agricultores, ya que, de no ser así, los agricultores se ven obligados a asegurar haciendo cálculos ficticios de la producción».

La ampliación que plantea AVA–ASAJA del periodo de contratación debería ir acompañada, igual que con otras líneas, «por una extensión de garantías para aquellos agricultores que aseguraron el año anterior y que aún no lo habían suscrito en el momento de un posible siniestro temprano».