Ayudas

El director general de Afrucat, Manel Simon, ha puesto la Asociación a disposición del Ministerio de Industria y Pequeña y Mediana Empresa (Mincotur) y de la Generalitat de Catalunya para convertirse en ‘Agente Next’ para el sector frutícola de los fondos Next Generation de la Unión Europea en respuesta a la crisis causada por el coronavirus.

Simon ha manifestado al respecto que «en los próximos años saldrán de manera descentralizada diferentes líneas de ayudas para aprovechar los fondos Next Generation y nosotros hemos pedido que haya una ventanilla única pero puesto que esto no será posible, habrá que estar atentos a las líneas de los diferentes ministerios para encajar nuestras necesidades». Por este motivo, Afrucat propone que al igual que en la Covid–19, se creó la figura del agente Covid para centralizar toda la información, «en estas ayudas también haya una figura que centralice las líneas para cada sector».

Este ofrecimiento por parte de Afrucat se ha producido durante el webinar celebrado el 21 de junio, en el que han participado la consultoría KPMG, el secretario general del Micotur, Raúl Blanco, y el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos. El mismo ha reunido a más de 300 empresas, mayoritariamente del sector agroalimentario, y ha servido para hacer público que el sector agroalimentario dispondrá de un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que será el segundo en importancia por detrás del del vehículo eléctrico. Este PERTE «permitirá que haya una reserva económica directa y exclusiva para el sector agroalimentario además de las líneas de ayuda habituales que se abrirán en cada ministerio».

Raúl Blanco ha señalado que «nadie debe ponerse nervioso dado que irán saliendo líneas de ayudas hasta el año 2023 y lo importante es tener claras las líneas de inversión que necesitan las empresas y mantenerse atentos a las publicaciones».

Estas ayudas no serán de carácter retroactivo, es decir que las inversiones que ya se hayan iniciado antes de su publicación no se podrán acoger a ellas. Además, serán de concurrencia competitiva y los proyectos que opten irán puntuando en función de la adecuación a los requisitos de cada convocatoria. Las palancas que puntúan en los fondos Next GenerationUE son la resiliencia, la digitalización, la modernización, la competitividad y la ecología.

Este webinar ha sido organizado por la plataforma Foodfutur integrada por Afrucat, Anafric, Asociación Vitícola Catalana, Catalonia Gourmet y Fecic, que reúnen a más de 2.800 empresas, 110.000 trabajadores directos, 20.000 millones de cifra de negocio y 11.500 millones de exportaciones. Foodfutur ha nacido «para aprovechar sinergias sectoriales, abordar retos transversales y visionar el futuro del sector agroalimentario».

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Ante la puesta en marcha por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de una nueva convocatoria del Plan Renove de la maquinaria agrícola, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT) se ha mostrado muy crítica con la misma. Al respecto, ha señalado que «se ha gestado con la menor transparencia hasta la fecha, creando falsas expectativas en el sector y demostrando que el apoyo que se dice mostrar al sector no es lo que parece».

La asociación ha recordado que «hace un año se hablaba de los sectores estratégicos y realmente existía la esperanza de que iban a cambiar muchas cosas para bien, sobre todo desde el apoyo que se recibió desde el Ministerio. Pero el diálogo que ya existía entre el sector público y privado se ha ido deteriorando debido al empoderamiento político que ahora cuenta con la llave de las ayudas, como si los fondos utilizados no procedieran del erario y hubiera que estar agradecidos incondicionalmente por el establecimiento de planes de subvenciones».

ANSEMAT y sus empresas asociadas han indicado que llevan meses analizando los efectos de los planes de ayudas para mejorar a futuro la eficacia de los planes de subvenciones, sin embargo, «siguen prevaleciendo los objetivos internos políticos».

Sobre la convocatoria de este año la entidad ha declarado que «no solo se ha decidido reducir el presupuesto total, sino que anuncia 4 millones para cisternas de purín, que por otro lado es correcto ya que es necesario ayudar a los agricultores a los que se ha obligado a cumplir con un requisito medioambiental sobre el que tampoco se dijo nada en su momento; dejando 2,55 millones para el resto de los tipos de máquinas».

Asimismo, ha afirmado que «ayudar al sector es escuchar a su máximo representante para conocer de primera mano los problemas y oportunidades, y se ha declinado ya en tres ocasiones mantener un encuentro con ANSEMAT». Y ha subrayado que «ayudar al sector es evitar que España siga siendo el destino de las máquinas usadas de la UE, y reducir la edad media del parque de maquinaria en uso para mejorar la seguridad de los agricultores, incrementar la rentabilidad y proteger el medio ambiente».

Por último, ANSEMAT ha apuntado que «ya se ha anunciado la convocatoria del Plan Renove 2021 y deberíamos estar contentos en el sector. Pero lamentablemente no es así. Hay que sentarse a trabajar de una vez por todas, y ayudar a la mejora del sector agrario para que pueda llegar a digitalizarse algún día como pretende la estrategia del Ministerio de Agricultura».

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Con el siguiente comunicado, la Asamblea de las Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH) confirma que, el pasado 7 de mayo, hizo una petición de ayuda y apoyo al Comisario Europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, solicitando una reacción institucional ante los gravísimos daños sufridos por el sector hortofrutícola tras las heladas de principios de abril.

Además de la activación de la reserva de crisis prevista en el reglamento 1306/2013, la AREFLH hizo las siguientes propuestas:

– La posibilidad de aumentar las ayudas para los gastos de los sistemas de alerta de heladas y de protección antihielo (hasta el 80% para esta categoría, frente al límite actual del 50% para las ayudas financieras de la Unión que establece el artículo 34.1 del Reglamento 1308/2013.

– Un reglamento único para garantizar el 85% del valor de la producción comercializada de los cultivos que se hayan depreciado al menos un 15% tras un evento o fenómeno.

– La creación de fondos de inversión destinados a limitar los daños causados por las heladas de forma prospectiva.

Habiendo sido todas las regiones miembros de la AREFLH duramente afectadas por el episodio de las heladas, la asociación ha querido interpretar las preocupaciones de sus productores y desempeñar un papel proactivo ante la DG Agri de la Comisión Europea, presentando estas propuestas específicas que, según la legislación vigente, pueden aportar una ayuda concreta y oportuna a los agricultores.

Tras esta acción proactiva de la asociación, la presidenta Simona Caselli declara lo siguiente:

«El cambio climático es, por desgracia, una realidad contra la que todos nos comprometemos a luchar a través de las buenas prácticas sostenibles más la innovación, pero también requiere una adaptación de las herramientas para un apoyo eficaz a los productores que ven sus cultivos tan fuertemente dañados. A la espera de los nuevos reglamentos de la PAC, actualmente en discusión en los trílogos, hemos pedido al Comisario Wojciechowski –que también se ha pronunciado recientemente a favor de las ayudas europeas a los agricultores afectados– que dé una señal inmediata al sector adoptando todas las medidas de apoyo ya posibles». 

La AREFLH quiere aprovechar esta ocasión para reafirmar su confianza en una respuesta rápida y eficaz del Comisario Wojciechowski y de las instituciones, y –quedando a disposición de los despachos de la Comisión para cualquier aclaración o discusión– espera una respuesta puntual a sus propuestas, que ayude al sector a superar este difícil momento.

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La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera la cosecha en verde la medida más adecuada para abordar a corto plazo la crisis del sector vitivinícola«ya que es la única actuación que elimina materia prima del mercado antes incluso de su transformación a vino». Así se ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en respuesta el cuestionario remitido a las organizaciones profesionales agrarias para abordar la preocupante situación de este sector.

El vitivinícola ha sido desde el primer momento uno de los sectores más afectados por la situación generada por la pandemia de la Covid–19 debido al cierre y posteriores restricciones del canal HORECA, (que representa el 60% del consumo), así como la cancelación de todo tipo de fiestas y eventos en los que el consumo de vino también era importante.

Para que esta medida de la cosecha en verde sea eficaz, COAG ha indicado que debería aplicarse en todo el territorio nacional y dotarse de un presupuesto extraordinario de al menos 40 millones de euros, (aportados por UE, MAPA y Comunidades Autónomas), al margen del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE). «Hemos dejado muy claro al ministerio de Agricultura que para ejecutar las medidas extraordinarias a causa de la crisis del COVID19 debe establecerse un presupuesto extraordinario al margen del PASVE. No se puede hipotecar,  por un problema coyuntural ajeno al sector, un presupuesto asignado a las medidas ordinarias que son muy necesarias para mejorar la competitividad del sector vitivinícola, tales como la reestructuración del viñedo, modernización de bodegas o promoción en terceros países»,  ha manifestado al respecto, Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG.

Si finalmente no se habilitaran fondos adicionales, y no quedara más remedio que retraer fondos del PASVE, la organización agraria apuesta «porque dicho dinero vaya destinado exclusivamente a financiar la cosecha en verde». Para añadir que «esta medida es más que necesaria para lograr un reequilibrio entre oferta y demanda antes de la vendimia y evitar el impacto de los bajos precios de mercado sobre los precios pagados por las uvas a los viticultores». Y confía en que en enero de 2022 se pueda activar la norma de comercialización de inmovilización de vino y mosto «si la situación lo requiere».

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Las organizaciones profesionales vitivinícolas españolas, francesas e italianas, que forman parte del Grupo de contacto hispano–francés–italiano, han emitido una declaración conjunta en la que han señalado que, teniendo en cuenta las tensiones comerciales, sobre todo entre la UE y EE. UU., la crisis a nivel mundial por la Covid–19 y las heladas de abril, la Unión Europea (UE) y los Estados Miembros «deben estar a la altura de los retos planteados y movilizar fondos extraordinarios para ayudar al sector».

Al respecto, han indicado que la Comisión Europea debe mantener en aplicación las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de la Covid–19 «e introducir instrumentos para relanzar la demanda interna y externa, poniendo a disposición de los Estados Miembros fondos adicionales extraordinarios y suficientes para el sector vitivinícola dedicados tanto a la gestión de esta crisis en el corto plazo, como al acompañamiento de la recuperación en una perspectiva a medio plazo, a nivel de inversiones, pero también de promoción».

Por otra parte, las organizaciones profesionales vitivinícolas de los tres países, que son los máximos productores europeos de vino, han subrayado que «se necesitan medidas urgentes de flexibilización en materia de reestructuración, inversiones, promoción y de duración de la validez de las autorizaciones de plantación, que deben prolongarse para permitir a los productores su utilización cuando la situación económica les permita reinvertir».

En el comunicado emitido, se apunta que las negociaciones relativas al sector vitivinícola «han permitido avanzar positivamente preservando una reglamentación específica y el mantenimiento de un programa de apoyo al sector vitivinícola, entre otras cuestiones».

A pesar de ello, han lamentado la reducción del presupuesto de este programa de apoyo «en un momento en el que la crisis golpea al sector y en el que se exigen nuevas inversiones en el marco de la transición al nuevo enfoque de la normativa. Debe abordarse como reto garantizar la seguridad jurídica al sector en la transición entre programaciones en 2023».

Las acciones propuestas por la Comisión en el marco de las Estrategias Farm to Fork, Biodiversidad o el Plan de la UE de lucha contra el cáncer «se inscriben en una lógica positiva que acogemos favorablemente: mejorar la calidad de nuestros productos y la protección de la salud de los ciudadanos». No obstante, «no podemos compartir que se trate de estigmatizar a los productos del sector e incluirlos en listas de productos dañinos o prohibidos, o que se vete el acceso de los mismos a ciertas líneas de ayudas».

Finalmente, los profesionales españoles, franceses e italianos «solicitan solemnemente a sus gobiernos que apoyen y defiendan este sector vitivinícola en Europa, fundamental para nuestras economías y territorios».

Las organizaciones españolas firmantes del documento han sido AEVE, ASAJA, CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas), COAG, Cooperativas Agro–alimentarias de España, FEV (Federación Española del Vino), OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos).

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Tras un exhaustivo análisis y una valoración de la situación del sector frutícola catalán, Afrucat ha cifrado en 370 millones de euros el importe de las inversiones prioritarias que debe emprender este sector hasta el 2026 si quiere ser competitivo, eficiente, resiliente y asegurarse el liderazgo del mercado. Así, lo han puesto de manifiesto tanto el presidente como el director general de la entidad, Francesc Torres y Manel Simón, respectivamente.

Simón ha dado a conocer el proyecto Next Fruit Generation, que nace con el objetivo de alinear estas necesidades futuras de la fruticultura con las palancas de inversión definidas en los fondos europeos para la recuperación-Next Generation UE y se estructura en 6 pilares estratégicos de inversión, liderado cada uno de ellos por un proyecto tractor.

El director general de Afrucat ha reiterado que «independientemente de que nuestras empresas asociadas se presenten o no para solicitar estas ayudas, nosotros hemos hecho una reflexión profunda para poder elaborar estos pilares estratégicos de inversión».

El pilar de la productividad, con una inversión de 139,5 millones de euros, es al que se destinará más dinero. En el mismo se pretende la mejora de la eficiencia, de la calidad y de la productividad en todos los eslabones de la cadena mediante la robotización y la automatización de la cosecha, poda, aclareo del campo, recolección y la confección automática en las centrales frutícolas.

A continuación, con 69,7 millones de euros se sitúa el de las energías renovables con la que se quiere tender hacia la autonomía energética del sector creando una mancomunidad energética de empresas frutícolas interconectada, invirtiendo en energía fotovoltaica y pudiéndola intercambiar.

Le sigue con 68,6 millones de euros el pilar de la adaptación al cambio climático con la potenciación de la I+D para el desarrollo de nuevas variedades, que sean productivas y competitivas en las futuras condiciones edafoclimáticas de la zona.

Con 49,8 millones de euros está el de la resiliencia con el aseguramiento de la producción más allá de las inclemencias climáticas potenciando la implantación global de redes y sistemas de cobertura de antiheladas. 

Con 22,2 millones de euros se encuentra el de la digitalización, con el que las empresas frutícolas pretenden integrar toda la cadena (central / campo / tienda) mediante la tecnología Big Data en un monitor único online y Ontime, el FruitMonitor, que permita tomar decisiones ágiles y documentadas.

Finalmente, el sexto pilar es el de la integración social, con 12,2 millones de euros, para luchar contra la exclusión de los trabajadores y trabajadoras con la creación de nuevas viviendas y la implantación del Plan de detección contra el acoso.

Simón ha explicado también que las líneas de actuación del Next Fruit Generation se encontrarían dentro de las palancas estratégicas definidas en los Next Generation UE de nuestro país (que dispondrán de 59.000 millones de euros para los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia) de agenda urbana, despoblación y agricultura; infraestructuras y ecosistemas resilientes; transición energética justa e inclusiva; modernización y digitalización de empresas y nueva economía de los ciudadanos (empleo). 

Todas estas palancas involucrarían a diversos ministerios, entre los cuales el de Agricultura, que no es de los que contará con un mayor presupuesto para estas subvenciones comunitarias centradas en la sostenibilidad y la digitalización.

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El presidente de la Federación Española del Vino (FEV), Emilio Restoy, ha pedido a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que tome al sector vitivinícola y al plan elaborado por su entidad como ejemplo para hacer llegar las ayudas de los fondos de recuperación Next Generation EU al conjunto del tejido empresarial de nuestro país.

«Nuestra prioridad es que el sector del vino sea objeto específico de estas ayudas y que estas lleguen a todo el sector, formado en su gran mayoría por medianas y pequeñas empresas que damos empleo y vertebramos todo el territorio rural de nuestro país», ha indicado Restoy durante la clausura de la Asamblea General de socios de la FEV de 2021, que se ha celebrado mayoritariamente de forma telemática.

El presidente de la federación ha puesto de manifiesto la delicada situación que atraviesan las bodegas españolas debido a los cierres y restricciones en hostelería y turismo, «razones más que suficientes para que el vino y sus empresas se vean reflejadas de manera específica en las nuevas líneas de ayudas que pronto se darán a conocer y que contribuirán a una profunda transformación que nos permita salir de la actual situación reforzados en dos áreas fundamentales para nuestro futuro: la digitalización y la sostenibilidad».

Restoy ha destacado ante la ministra el enorme potencial que tiene el enoturismo para aportar riqueza en los territorios y a luchar contra la despoblación en las zonas rurales, enlazando conceptos como la sostenibilidad, la cultura o la gastronomía en un mismo modelo. Por este motivo, ha emplazado a Reyes Maroto a trabajar juntos desde ya en integrar el enoturismo como parte de la estrategia turística española post pandemia porque «creemos que irá en beneficio no solo de nuestro sector sino del conjunto de la imagen turística de nuestro país y de la necesaria diversificación y el enriquecimiento de su oferta».

Por último, el presidente de la FEV ha querido agradecer la labor del ministerio dirigido por Reyes Maroto, que junto al titular de Agricultura y sus homólogos en el resto de la UE han contribuido a alcanzar un acuerdo con EE. UU. para poner fin temporalmente a la escalada arancelaria entre ambos bloques y, particularmente, «a los injustos aranceles impuestos al vino español en octubre de 2019». Asimismo, le ha pedido a la ministra intensificar las negociaciones para convertir en definitiva la suspensión y que EE. UU. vuelva a ser un socio comercial prioritario para España.

Por su parte, la ministra ha abordado todos estos puntos, resaltando que «los fondos de recuperación van a permitir no solo la recuperación de nuestra economía sino también una modernización». En el caso del sector del vino, este «ha identificado unos proyectos tractores muy interesantes. Queremos ser competitivos, digitales y sostenibles».

Reyes Maroto ha concluido señalando que «aunque todavía hay muchas incertidumbres, la vacunación nos da una luz de esperanza. El 2021 va a ser el año de la recuperación».

La FEV ha celebrado su Asamblea General de socios con el foco puesto en la situación económica generada por la pandemia en nuestro país y en la próxima llegada de los fondos de recuperación de la economía española, en una sesión abierta que ha contado con la participación de CaixaBank, FIAB y la empresa Minsait (Grupo Indra), que ha trabajado junto a la FEV en la elaboración de dos manifestaciones de interés a los fondos Next Generation EU.

Además, la Asamblea ha servido para dar la bienvenida a tres nuevos socios que se han incorporado en lo que va de año: Bodegas Sonsierra, Marco Real y las bodegas de Familia Fernández Rivera.

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha indicado que pedirá a la Comisión Europea (CE) que habilite fondos extraordinarios, que son necesarios para hacer frente a las dificultades del sector vitivinícola, uno de los más afectados por el cierre de bares y restaurantes debido a la crisis sanitaria de la Covid–19.

El ministerio ha solicitado que en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), el 22 de marzo, se debata la situación del sector del vino. De esta forma, otros Estados miembros con intereses este sector se podrán sumar a la búsqueda de soluciones. Para el ministro, está justificado que se establezcan estos fondos extraordinarios, más allá de los específicos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), destinados a promoción, reestructuración, innovación y modernización, entre otros.

Planas ha reiterado que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) es una oportunidad para lograr un reparto más justo y equitativo de los apoyos para agricultores y ganaderos. Asimismo, ha recordado que España cuenta con un presupuesto suficiente, 47.724 millones de euros, para que el sector disponga de las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos de futuro: sostenibilidad, digitalización y relevo generacional.

El ministro ha señalado que la PAC debe permitir ayudar a los agricultores y ganaderos a afrontar los retos de la próxima década. En este sentido, ha recalcado que, si hay voluntad por parte de todos, es posible alcanzar un gran acuerdo sobre la PAC, y ha pedido unidad, inteligencia, decisión y generosidad para llegar a un pacto de estado con todas las autonomías.

En referencia al sector vitivinícola, Planas ha coincidido con el sector en señalar que 2020 ha sido un año difícil, debido principalmente a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19, y ha recordado que el este se ha visto beneficiado de un paquete de ayudas por 91 millones de euros para la activación de destilación, almacenamiento y cosecha en verde, medidas encaminadas a regular la oferta. Al margen de esta situación coyuntural, el Gobierno español también ha adoptado medidas permanentes para equilibrar la oferta y la demanda, como el incremento de las prestaciones vínicas y la limitación de rendimientos en la producción de uva con destino a vino.

Planas ha subrayado la importancia de las ayudas, pero cree que es el propio sector el que «debe asumir el protagonismo de su propio destino» y trabajar, junto a las administraciones, para impulsar medidas que eviten la volatilidad de los precios.

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La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) le ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) su posición sobre las medidas que, a su juicio, necesita el sector del vino durante este 2021. Así, esta organización considera que se necesitan fondos adicionales y una reorientación de las medidas extraordinarias que «puedan servir para impulsar un modelo de sector que apueste por la calidad y por la valorización de los productos vinícolas».

Esta entidad ha señalado en un comunicado que, a nivel sectorial, los vinos con D.O. están siendo los más perjudicados por la caída de actividad generalizada provocada por la Covid–19 en el canal HORECA y el sector del turismo. «Hostelería y turismo son las actividades económicas que permiten, además, un mejor posicionamiento vía calidad y una mayor valorización del producto, por lo que deben ser las dos grandes apuestas del sector en términos estructurales», han apuntado desde la CECRV. A ello se le debe añadir que los vinos con denominación de origen «son los que han permitido sostener las exportaciones en 2020 y que estas hayan arrojado resultados menos dramáticos de lo previsto al inicio de la crisis».

Sobre la premisa de la identificación de la categoría de vinos más golpeados por los efectos de la pandemia y la necesidad de que las Administraciones sienten las bases de un modelo de sector que apueste por la calidad y por el valor del producto, la CECRV ha solicitado al ministerio una reorientación de las medidas extraordinarias puestas en marcha en 2020, reclamando más fondos, para que «puedan contar con un presupuesto ambicioso y suficiente, que permita ampliar el alcance y la eficacia de las mismas y evite que las soluciones tengan que ser a costa de medidas, las del Programa de Apoyo al Sector del Vino, que siguen siendo necesarias para los operadores, como las ayudas a la promoción en terceros países o a las inversiones». La conferencia considera, además, que las medidas «deben atender la diversidad de zonas productivas, que tienen estructuras y características diferentes, así como también diferentes tipos de producto».

Por este motivo, la organización cree que el almacenamiento privado y la vendimia en verde, por este orden, han de ser las medidas prioritarias, circunscribiendo ambas a los vinos con D.O.P. Respecto al almacenamiento privado, la CECRV defiende que «la enorme acumulación de stock en las bodegas, a causa de la caída en las ventas, está elevando los costes de las bodegas y mermando aún más sus ingresos, lo que puede provocar una salida precipitada de producto, que generaría una caída de los precios y afectaría a su vez a la calidad percibida».

Por lo que se refiere a la vendimia en verde, destaca que es una medida que va directamente al viticultor, si bien, para aumentar su impacto, «debe ser permitida de forma parcial, es decir, favoreciendo la reducción de rendimientos y no obligando a eliminar la totalidad del fruto de la parcela al completo, algo que los productores con parcelas pequeñas no pueden permitirse».

Por último, la CECRV considera que la destilación de crisis debe contar con un cupo mayor para los vinos con D.O.P. y con un precio también más elevado.

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La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha efectuado el pago de las ayudas al almacenamiento privado del aceite de oliva al Consorcio Oleícola Extremeño. Ello permitirá almacenar 1.040 toneladas de aceite en Extremadura en el marco de las medidas implementadas por el Ejecutivo estatal para mitigar la situación del sector ante los bajos precios.

Desde la consejería han recordado que el pasado mes de enero la Comisión Europea abrió la posibilidad de solicitar ayudas al almacenamiento privado del aceite de oliva, ante la demanda efectuada por el Gobierno de España, dados los bajos precios que reciben los productores.

De este apoyo económico, el Consorcio Oleícola Extremeño, ubicado en Mérida, ha conseguido dos licitaciones por un importe total de 130.968 euros, cuyo ingreso ha abonado la Dirección General de la Política Agraria Común (PAC), con el objeto de recuperar precios de mercado.

La Junta de Extremadura ha valorado «muy positivamente» estas medidas «para la consecución de precios dignos» y ha resaltado que en el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) se ha conseguido para la nueva PAC el mecanismo de autorregulación por parte del sector, lo que supone una mayor flexibilidad para desencadenar los procedimientos de regulación de mercados, pudiéndolo establecer el propio sector oleícola

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