Esta medida se une a la destilación de crisis para Cataluña y Extremadura, con una previsión de 9,17 millones de litros de vino

Las solicitudes de pago de las ayudas para la cosecha en verde de uva de vinificación ascienden a 13,37 millones de euros, según las estimaciones comunicadas por las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Estas solicitudes corresponden a más de 7.000 hectáreas de viñedo, lo que ha supuesto una retirada de oferta vinícola para la próxima campaña de en torno a los 34,89 millones de litros de vino. Los viticultores que se han acogido a esta medida recibirán las ayudas antes del 15 de octubre.

Cabe señalar que el 10 de febrero, el MAPA publicó en el Boletín Oficial del Estado una resolución en la que se fijaba una asignación presupuestaria de 15 millones de euros para financiar esta medida, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para el 2023. Tras esta resolución, las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla–La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana publicaron sus convocatorias de ayudas.

La cosecha en verde de la uva «tiene como objetivo aliviar la tensión que experimentan algunas regiones productoras de vino que cuentan con un elevado nivel de existencias». Se trata de una medida de prevención de crisis que se suma a otras herramientas habilitadas con carácter previo a la vendimia, «para que el sector pueda equilibrar la oferta a la demanda».

Así, el ministerio puso en marcha, en junio, la destilación de crisis para Cataluña y Extremadura, las dos comunidades autónomas que decidieron aplicar las posibilidades en materia de regulación de mercado del vino habilitadas por la Comisión Europea para este año. Está prevista una destilación de 9,17 millones de litros, que debe finalizar antes del 15 de octubre. 

El Gobierno ha anunciado que está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La Mesa de la Sequía, reunida bajo la presidencia del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, ha examinado la situación de los distintos sectores y territorios, y ha articulado mecanismos de coordinación, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para identificar las medidas a adoptar.

El subsecretario ha anunciado que, además, el ministro Luis Planas va a remitir una carta a la Comisión Europea para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

En el transcurso de la reunión se han puesto en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se ha hecho un análisis de la situación general y particularizada en las comunidades autónomas y se han puesto sobre la mesa propuestas que deberán analizarse. Así, el panorama dibujado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desesperanzador, pues no se esperan lluvias que palíen la escasez hídrica que atraviesa el país en su conjunto.

La situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
 

Reclaman pasar a la acción
Las reacciones no se han hecho esperar por parte del sector agrario tras esta reunión. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) exige a las administraciones «pasar del diagnóstico a la acción para hacer frente a las dramáticas pérdidas de cosechas y los desorbitados sobrecostes que está provocando la falta de precipitaciones en el campo valenciano». La organización se suma así a las declaraciones del presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato que cree que «el diagnóstico ya está hecho y ahora lo que necesita el sector agropecuario son medidas eficaces, contundentes e inmediatas».

ASAJA y AVA–ASAJA apuestan por la puesta en marcha de ayudas directas, medidas fiscales, líneas preferentes de financiación, normas que relajen el cumplimiento de la PAC y la mejora y agilidad de los seguros agrarios a fin de pagar unas indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos. Asimismo, solicitan un Pacto de Estado del Agua que incluya más infraestructuras de almacenamiento y distribución hídrica. Todas estas medidas resultan necesarias, subrayan, para «evitar que siga creciendo el abandono de explotaciones, siga avanzando el desierto y siga subiendo el precio de los alimentos a los consumidores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido en la Mesa de la Sequía «urgencia en la puesta en marcha de medidas» para proteger a los agricultores y ganaderos españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado que se habiliten fondos de Europa, España, y a nivel regional para evitar la ruina total de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. La sequía que padece España es tanto hidráulica (los embalses están de media al 51% de su capacidad, un 16% por debajo de la media de los diez últimos años) como hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año). UPA cree que los efectos de la sequía afectarán a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos, y por consiguiente a la capacidad de producción de alimentos.

En la línea de los dos anteriores el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha pedido que el Gobierno apruebe un nuevo decreto sobre la sequía porque es el «instrumento» que permite amparar las medidas laborales, fiscales o para el regadío oportunas.

Como se ha mencionado anteriormente, Cataluña y Andalucía son dos de las zonas más afectadas por la extrema sequía. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha reclamado al MAPA un nuevo Decreto de sequía en el Estado y «ayudas directas» para el sector agrario de Cataluña para hacer frente a las pérdidas que supondrá la «severa sequía» que está sufriendo este sector. «Para nosotros el sector primario es extremadamente imprescindible porque es el sector productor que aporta alimentos al país y ya lleva mucho tiempo sufriendo con heladas, granizadas, la guerra de Ucrania, los sobrecostes etc. Hemos pedido ayudas directas porque debemos trabajar con previsión como siempre hacemos», ha apuntado Jordá.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha reclamado al Estado «un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir», donde los productores, entre otras medidas, «están pidiendo balsas y sondeos para dar agua al ganado». Por lo que pide «diligencia y rapidez con medias urgente ante la sequía». Respecto a la administración autonómica, Crespo ha recordado que «Andalucía tiene ya dos decretos de sequía» y la próxima semana irá el tercero al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con nuevos recursos. Redacción.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, por parte de las comunidades autónomas, de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022 (a fecha 31 de diciembre), que se inició el 16 de octubre.

Andalucía ha sido la comunidad con un mayor importe llegando a los 1.225 millones de euros, seguida de Castilla y León con 793 millones y Castilla–La Mancha con 498 millones de euros.

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023, se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo concluye el 30 de junio de este año.

También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago de los regímenes de ayudas asociadas a la producción de proteicos, y frutos de cáscara y algarrobas, entre otros.

El 10% restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2023, y antes del 30 de junio. 

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha destacado la reducción de rentabilidad que se está dando en el sector de la almendra y propone que el productor sea retribuido también por la cáscara. Esta organización agraria plantea una retribución de entre el 30% y el 40% de los ingresos que genera la cáscara del fruto, muy utilizada para la elaboración de pellets para la combustión en calefacciones. Así, y teniendo en cuenta las cotizaciones del producto en este comienzo de campaña se sitúa en torno a 3,50–3,90 €/kg en las distintas lonjas de las CC. AA., los ingresos de los productores se verían incrementados 2 €/kg., permitiendo obtener una rentabilidad mínima en la campaña 2022. «Con esta solución se podría mantener la rentabilidad en las explotaciones de almendro tradicional. El esfuerzo del comprador de la pipa retribuyendo al productor por un residuo al que le saca una importante rentabilidad permitiría sostener en un sector que se ha vuelto a ver afectado por circunstancias climatológicas extremas y por el incremento desmesurado de los costes de producción», han comentado, destacando la importancia de implementar medidas que favorezcan la economía circular.

Asimismo, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos estima un descenso de alrededor del 70% de media de la producción respecto de la pasada campaña, pudiendo llegar al 90% en determinadas zonas productoras, como Cataluña o Comunitat Valenciana, debido principalmente a los efectos de las fuertes heladas, las lluvias y la sequía en las principales zonas de cultivo. Se trata de una reducción que se acumula a la de la pasada campaña.

Ante este escenario, se volverá a insistir en la demanda de ayudas directas para aquellos productores en zonas de cultivo tradicional que se han cifrado en 125€ por ha y restablecer las ayudas de las que gozaba el sector en la anterior PAC y que están aún configuradas para tal fin. Igualmente, insiste en la necesidad de amoldar las pólizas de seguros agrarios a las peculiaridades del sector. «Se trata de demandar ayudas excepcionales ante un desastre climático excepcional», reclaman desde Unión de Uniones.