Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), presidida por Cristóbal Aguado, se ha reunido en Bruselas con el futuro comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, para exponerle los devastadores efectos del temporal del 29 de octubre en el sector agrario valenciano –las primeras estimaciones de esta organización ascienden a 1.089 millones de euros en pérdidas–. En este sentido, le han entregado un documento elaborado junto a la organización nacional ASAJA que, bajo el título «paquete de medidas extraordinarias para la reconstrucción del sector agropecuario en Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA», reivindica fondos europeos, preferentemente no cofinanciados con el Gobierno y la Generalitat Valenciana.

El futuro comisario mostró una buena predisposición durante el encuentro a contribuir en la aportación de ayudas europeas para los damnificados por la DANA, señalando en algunos casos que tiene que constar la valoración de daños y la solicitud por parte del Gobierno español, y aceptó la invitación de ASAJA para visitar en breve las zonas afectadas en Valencia.

El plan «propone en primer lugar la activación inmediata del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC, que debe ser solicitada por el Gobierno español». Hasta ahora, Grecia, Eslovenia, Italia (por dos veces), Austria, República Checa, Polonia, Portugal, Alemania, Rumanía, Bulgaria y Estonia han recibido ya un monto de 295,1 millones de euros por desastres naturales, gripe aviar, impacto del clima del sector hortofrutícola, destilación extraordinaria de crisis del vino y eventos climáticos adversos en primavera y verano. Por ello, la asociación «pide asignar de los 154.900.000 euros que restan del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC para España».

También solicita suprimir excepcional y temporalmente el porcentaje mínimo exigido para medidas medioambientales, que es obligatorio a día de hoy, dentro del primer y segundo pilar de la PAC para que se puedan incrementar y crear nuevas partidas de apoyo directo a los agricultores y ganaderos que ayuden a la reconstrucción.

Paralelamente, el documento incluye eliminar los posibles requerimientos que no se puedan conseguir por causas de fuerza mayor para seguir recibiendo las ayudas de la PAC, en ambos pilares, hasta el 2027. Asimismo, hay que asegurar que estos fondos sigan llegando incluso a los profesionales que hayan perdido su superficie agrícola por las inundaciones, tanto en el primer pilar como en el segundo (instalaciones de jóvenes agricultores, planes de mejora, etc.).

Según el documento, España, tras la correspondiente solicitud del Gobierno, debería ser incluida automáticamente por la CE para que tenga acceso inmediato a la reasignación de fondos de Desarrollo Rural para la recuperación de catástrofes climáticas.

Otra reivindicación consiste en que la CE autorice la creación de una ‘Línea de Reconstrucción’, dentro del segundo pilar (FEADER), que vaya dirigida a las zonas afectadas por catástrofes naturales en la UE. En este sentido, España y especialmente la provincia de Valencia merecen tener ahora acceso a esta línea.

Además, la propuesta agraria aboga por que la CE autorice de manera inmediata la reasignación de todos los fondos disponibles dentro del Next Generation para la reconstrucción de Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA, en concreto la reconstrucción productiva del sector agropecuario y de todas sus instalaciones y maquinarias afectadas sin ningún tipo de discriminación. Para una mayor rapidez en la llegada de los fondos, deberían tramitarse a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y/o las entidades de crédito.

Por último, el documento puntualiza que todos los fondos que sean utilizados no deben computarse en el déficit del gobierno de España.
 

Plagas y enfermedades

Por otra parte, a petición de AVA–ASAJA, el COPA–-COGECA –la entidad que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE– ha reclamado a la Comisión Europea que «vuelva a establecer en su normativa un número máximo de interceptaciones de una determinada enfermedad o plaga a partir de la cual, según el riesgo que consideren inasumibles los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), deban cerrarse las fronteras a las importaciones de un país tercero».
 

15 millones de daños en la agricultura de Castellón

Llueve sobre mojado. AVA–ASAJA ha estimado que la última DANA ha provocado pérdidas por valor de 15 millones de euros en el sector agrario de Castellón. Los principales daños se centran en las producciones de hortalizas de invierno y de cítricos, así como en los caminos rurales y otras infraestructuras agrarias de las comarcas del Baix Maestrat y la Plana Alta.

Las lluvias acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en el norte de Castellón anegaron explotaciones agrícolas y ganaderas, algunas de las cuales ya habían sufrido precipitaciones durante las anteriores semanas.

En cuanto a los cítricos, sobre todo a las clemenules que en algunas parcelas están en un óptimo estado de maduración, las lluvias pueden haber causado mermas del 20% de la fruta.

ASAJA Murcia ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Unión Europea (UE) «la creación de ayudas directas a los productores de limón de Europa, como consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania. El conflicto bélico ha provocado inestabilidad en los mercados del Este de Europa, lo que ha provocado un descenso en el consumo y dificultades de acceso de productos agrícolas a los países de dicho entorno. Otros sectores agrícolas han tenido disponibles ayudas como consecuencia de la sequía y de la guerra de Rusia–Ucrania», han resaltado fuentes de esta entidad.

Además, desde esta organización profesional agraria se insiste en que es fundamental:

– La mejora del valor añadido de la transformación de limones.
– El apoyo e incentivo para que la industria obtenga productos derivados del limón, zumo, aceites esenciales y demás subproductos con alto valor añadido.
– Programas específicos de investigación e innovación para aumentar las cantidades de limones transformados por la industria.
– Establecimiento de acuerdos entre organizaciones agrarias y asociaciones de industrias transformadoras de limones sobre precios medios de referencia de limones para industria en cada campaña.
– Modificaciones normativas a corto plazo para establecer incentivos fiscales para el uso del zumo de limón como acidulante en conservas vegetales. Modificación legal al alza del porcentaje mínimo de zumo en refrescos y bebidas de limón.
– Ayuda para la gestión sostenible de los limones destinados a la industria. Dichas ayudas estuvieron vigentes y cumplieron un papel fundamental para controlar la oferta de limones en fresco y mantener un nivel de precios en origen, razonable para el agricultor.

Por lo que se refiere a la reducción del módulo del IRPF para agricultores productores de limón correspondiente a la campaña 2023 por inclemencia meteorológica de sequía, ASAJA Murcia tiene claro que «el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta como inclemencia meteorológica la importante reducción de precipitaciones que ha afectado a las plantaciones de limoneros en la Región de Murcia». Asimismo, «se observa una media en el último año hidrológico en las zonas de cultivo limón de 200 mm, cuando el año anterior fueron 400 igual que la media habitual. Los efectos negativos de la sequía sobre las plantaciones se mantienen, pues en este año hidrológico no se llega a 50 mm, y en algunas zonas incluso menos y solo faltan 4 meses, los más calurosos y secos, para que termine el año hidrológico».

Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana (La Unió Llauradora, AVA–ASAJA, ASAJA Alicante, UPA–PV y CCPV–COAG) y Cooperatives Agro–Alimentaries han mostrado su «creciente indignación ante la falta de propuestas concretas por parte de la Conselleria de Agricultura para los productores vitivinícolas que están sumidos en una fuerte crisis y una situación desesperada». Según han indicado estas entidades, «los viticultores han sufrido una importante disminución de los ingresos como consecuencia del incremento de costes productivos y la meteorología adversa, fundamentalmente por la sequía».

La constitución de la Mesa Sectorial del Vino por parte de la conselleria el pasado 29 de febrero, y convocada porque «el sector del vino es estratégico para nosotros y uno de los pilares básicos de la agricultura valenciana», según las entidades representativas «no sirve de nada y puede quedarse en papel mojado si no se activan medidas de apoyo urgentes para el sector. Salvo las ayudas anunciadas a la destilación de subproductos de vinificación para la campaña 2023/24, por importe de dos millones de euros, y la apertura de la convocatoria de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, pocas cosas más».

Las organizaciones agrarias y cooperativas exigen al respecto «ayudas directas para paliar las graves pérdidas económicas ocasionadas por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania, ya que es uno de los pocos sectores que se ha quedado sin apoyos, mientras otras comunidades autónomas sí lo han hecho». Reclaman, asimismo, aprobar la vendimia en verde, como el año pasado, pero usando esta vez la media de rendimientos de las Denominaciones de Origen y no las de cada viticultor. Y piden flexibilizar el desvío de los fondos sobrantes del PASVE a otras medidas de apoyo, los ecorregímenes para el cultivo de la viña y las restricciones de plazos y condiciones en la poda y la fertilización del cultivo. Sobre la Política Agrícola Común (PAC) demandan especificar el concepto del pago de las transferencias de la PAC y/o posibilidad de ver en una App oficial todos los pagos que un beneficiario está cobrando.

También proponen «aumentar en todas las pólizas de seguro que tengan cubierto el riesgo de sequía hasta el 70% del coste a cargo de la subvención de las administraciones, que es el máximo que establece la legislación». Y han reclamado prorrogar la bonificación del gasóleo B.

Por último, señalan que «es necesario que la Generalitat apoye a los productores vitivinícolas, situados la mayoría en zonas de interior desfavorecidas, ya que los costes de los insumos les han aumentado hasta niveles insostenibles, sus producciones se han visto mermadas y además no pueden encontrar una salida normal al mercado».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha activado, con carácter de urgencia, la medida de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación para el 2024, con una dotación presupuestaria de 21,4 millones de euros, en el marco de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

La resolución de activación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha adoptado en respuesta a la solicitud presentada por cuatro comunidades autónomas, «con el objetivo principal de contribuir a equilibrar el mercado del vino». Este mecanismo, que se activa por segundo año consecutivo, «permite dimensionar la vendimia de 2024 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña, para evitar los efectos no deseados de una potencial sobreoferta de uva que lastre la renta de los viticultores».

Una vez publicada esta resolución, las comunidades autónomas «deberán publicar las respectivas convocatorias de ayudas a la cosecha en verde y el plazo para presentar las solicitudes, que deberán presentarse ante el órgano competente de la comunidad donde estén ubicados los viñedos antes del 30 de abril de 2024, en todo caso». La ejecución de la cosecha en verde deberá realizarse a más tardar el 15 de julio de este año.

Además, las comunidades autónomas que vayan a poner en marcha la cosecha en verde deben comunicar al MAPA, antes del 1 de marzo de 2024, la forma de pago elegida, el valor de los límites máximos o baremos estándar según corresponda, así como los criterios de prioridad que van a aplicar en su territorio y sus puntuaciones.