Ayudas

La nueva campaña valenciana de frutas de hueso no escapa a las alargadas consecuencias de la DANA. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) advierte de que «decenas de parcelas de melocotones, nectarinas y albaricoques, especialmente en el Marquesat de la Ribera Alta, no van a poder regarse debido a los destrozos que siguen sin repararse en las infraestructuras hidráulicas y, como consecuencia, la producción no alcanzará un grado de maduración, calibre y calidad suficiente para ser comercializada».

Por ello, la organización agraria solicita a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana que apruebe o, en su caso, eleve al Gobierno central el establecimiento de una línea extraordinaria de ayudas destinadas a los productores de frutas de hueso que permitan compensar las pérdidas de cosechas de esta temporada a causa de los efectos del temporal.

El responsable de la sectorial de fruta de hueso de AVA–ASAJA, José Luis Sanz, defiende que «se trataría de una medida de apoyo puntual y de escaso presupuesto total, porque afecta a una superficie concreta, pero evitaría que los agricultores damnificados no perdieran los ingresos de todo un año y se pusiera en peligro la precaria viabilidad de este cultivo».

Los fruticultores de zonas castigadas por la riada están realizando en estos momentos las labores de aclarado de frutas y en breves semanas empezarán la recolección de las variedades tempranas. Sin embargo, en aquellos campos que no se puedan acometer los riegos necesarios, porque las infraestructuras hidráulicas no van a ser reparadas a tiempo (tuberías que pasaban por debajo de los cauces, canales, acequias, instalaciones de riego, etc.), se prevé que la cosecha no reúna los estándares suficientes para ser recolectada para el mercado en fresco.

Precisamente el presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, compareció la semana pasada en el Senado donde reclamó que las ayudas lleguen a todos los agricultores y ganaderos que sufran pérdidas directas o indirectas por la DANA, así como para exigir una mayor celeridad en las reparaciones de las infraestructuras hidráulicas y explotaciones siniestradas.

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El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya ha acordado en el marco de la Mesa Agraria, que tuvo lugar ayer tarde, una ayuda máxima de 1.400 €/ha para compensar a los productores de pera que sufrieron pérdidas en torno al 38% de la producción por la falta de floración durante 2023 y 2024, con el objetivo de garantizar la viabilidad de sus explotaciones. El acuerdo, que ha contado con el apoyo de las principales organizaciones agrarias catalanas, ha extendido una ayuda de 7,9 millones de euros para todas las variedades, sin excluir ninguna zona geográfica afectada quedando cubiertas las 6.200 hectáreas de pera existentes en esta comunidad autónoma. A través del mecanismo de minimis se podrán cursar las solicitudes y, en caso de que se supere el presupuesto fijado, se realizará un prorrateo.

Según datos del IRTA, los golpes de calor de 2023 redujeron la inducción floral de las yemas formadas ese año, que son las que debían dar lugar a la floración de 2024. Esto provocó una fuerte disminución de esta en pera, con la consiguiente pérdida de producción.

La magnitud de los daños y al no ser estos asegurables ha provocado que el Departamento y el sector hayan buscado soluciones para mitigar el impacto de esta pérdida de cosecha y, en definitiva, de disminución de ingresos de los productores de pera.

Unió de Pagesos ha valorado positivamente la decisión del Departamento de Agricultura de ampliar la ayuda a todas las variedades de pera y a todos los productores catalanes, sin excluir ninguna zona geográfica afectada. Además, el sindicato ha resaltado que la conselleria está estudiando facilitar a los beneficiarios de la ayuda el acceso a la línea Agroliquidez del Institut Català de Finances (ICF), «con el objetivo de adelantar el crédito del subsidio y garantizar la viabilidad de la campaña hasta la recepción efectiva de los fondos».

Horas antes de la celebración de la Mesa Agraria, el sindicato había llevado a cabo una concentración frente a la sede de los Servicios Territoriales de Agricultura en Lleida, donde se reunieron cerca de 100 tractores y alrededor de 200 personas para exigir un apoyo efectivo a los productores de pera. La protesta fue convocada tras más de seis meses de negociaciones infructuosas con el Departamento de Agricultura.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayuda a 1.674 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara, por un importe de 2,14 millones de euros, para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania.

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria abonado por el Gobierno se eleva ya a 82,2 millones de euros, de los que se han beneficiado 70.995 agricultores.

Los titulares que figuran en esta nueva resolución de concesión son aquellos que aparecieron en la resolución provisional del pasado julio, una vez que finalizaron los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023 y que cumplen los requisitos de la ayuda.

La relación de titulares de explotaciones agrícolas que cumplen los requisitos, junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir están disponibles en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La resolución publicada recoge también los titulares a los que no se les ha realizado el pago de la ayuda porque no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes, «el FEGA realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado las deficiencias y, en el caso de que lo hayan hecho, podrán recibir la ayuda».

Se puede consultar la información sobre esta línea de ayuda en la página web del FEGA, www.fega.gob.es

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El Consejo de ministros ha aprobado nuevas medidas enmarcadas en el Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la DANA que tiene como prioridad de acción al sector agrario y a las explotaciones afectadas por las riadas e inundaciones para paliar su pérdida productiva y contribuir a su recuperación.

Con un total de 444,5 millones de euros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pondrá en marcha distintas medidas para ayudar, tras una primera valoración provisional de daños, a 49.000 productores y la recuperación productiva de 70.000 hectáreas que se estima fueron afectadas por el temporal.

Además de los 78 municipios (75 de la provincia de Valencia y 3 en las de Albacete, Cuenca y Málaga) se suman otros 34 de la provincia de Almería (identificados como afectados por la DANA por la Junta de Andalucía por la singularidad de ser productores de alimentos) y cuyo sector agrario se ha visto fuertemente afectado.

I) Medidas de compensación de rentas y pérdidas de producción. Ayudas directas por un montante total de 200 millones de euros para los agricultores y ganaderos que hayan tenido una pérdida de producción superior al 40 %.

II) Medidas de recuperación del potencial productivo. Con un total de 180 millones de euros, el objetivo es restaurar las explotaciones agrarias afectadas (170 millones de euros) y reponer la maquinaria dañada y que ha quedado inutilizada por la DANA (10 millones de euros).

III) Medidas de financiación. Se establece, con un presupuesto de 60 millones de euros, una línea DANA/ICO–MAPA–SAECA para la bonificación de créditos y avales para las explotaciones agrarias afectadas.

IV) Medidas de apoyo a la distribución de alimentos. Para asegurar el suministro de alimentos a la población afectada, donaciones de productos alimenticios, apoyo a mayoristas y distribución para minoristas que hayan perdido su capacidad de actuación. El MAPA destinará 4,5 millones de euros para garantizar, a través de la empresa pública Mercasa, el abastecimiento alimentario a la ciudadanía de los municipios afectados.

V) Otras medidas. Estas se suman a las ya aprobadas en el Real Decreto–Ley 6/2024 como la exención del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica o las ayudas directas a empresas y profesionales (art. 11).

Asimismo, el real decreto–ley aprobado incluye la activación de 1.000 millones de euros de créditos ICO que también beneficia al sector agroalimentario, con una línea de avales que cubrirán el 80 % del préstamo total.
www.mapa.gob.es

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Una delegación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), presidida por Cristóbal Aguado, se ha reunido en Bruselas con el futuro comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, para exponerle los devastadores efectos del temporal del 29 de octubre en el sector agrario valenciano –las primeras estimaciones de esta organización ascienden a 1.089 millones de euros en pérdidas–. En este sentido, le han entregado un documento elaborado junto a la organización nacional ASAJA que, bajo el título «paquete de medidas extraordinarias para la reconstrucción del sector agropecuario en Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA», reivindica fondos europeos, preferentemente no cofinanciados con el Gobierno y la Generalitat Valenciana.

El futuro comisario mostró una buena predisposición durante el encuentro a contribuir en la aportación de ayudas europeas para los damnificados por la DANA, señalando en algunos casos que tiene que constar la valoración de daños y la solicitud por parte del Gobierno español, y aceptó la invitación de ASAJA para visitar en breve las zonas afectadas en Valencia.

El plan «propone en primer lugar la activación inmediata del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC, que debe ser solicitada por el Gobierno español». Hasta ahora, Grecia, Eslovenia, Italia (por dos veces), Austria, República Checa, Polonia, Portugal, Alemania, Rumanía, Bulgaria y Estonia han recibido ya un monto de 295,1 millones de euros por desastres naturales, gripe aviar, impacto del clima del sector hortofrutícola, destilación extraordinaria de crisis del vino y eventos climáticos adversos en primavera y verano. Por ello, la asociación «pide asignar de los 154.900.000 euros que restan del Fondo de Reserva Agrícola de la PAC para España».

También solicita suprimir excepcional y temporalmente el porcentaje mínimo exigido para medidas medioambientales, que es obligatorio a día de hoy, dentro del primer y segundo pilar de la PAC para que se puedan incrementar y crear nuevas partidas de apoyo directo a los agricultores y ganaderos que ayuden a la reconstrucción.

Paralelamente, el documento incluye eliminar los posibles requerimientos que no se puedan conseguir por causas de fuerza mayor para seguir recibiendo las ayudas de la PAC, en ambos pilares, hasta el 2027. Asimismo, hay que asegurar que estos fondos sigan llegando incluso a los profesionales que hayan perdido su superficie agrícola por las inundaciones, tanto en el primer pilar como en el segundo (instalaciones de jóvenes agricultores, planes de mejora, etc.).

Según el documento, España, tras la correspondiente solicitud del Gobierno, debería ser incluida automáticamente por la CE para que tenga acceso inmediato a la reasignación de fondos de Desarrollo Rural para la recuperación de catástrofes climáticas.

Otra reivindicación consiste en que la CE autorice la creación de una ‘Línea de Reconstrucción’, dentro del segundo pilar (FEADER), que vaya dirigida a las zonas afectadas por catástrofes naturales en la UE. En este sentido, España y especialmente la provincia de Valencia merecen tener ahora acceso a esta línea.

Además, la propuesta agraria aboga por que la CE autorice de manera inmediata la reasignación de todos los fondos disponibles dentro del Next Generation para la reconstrucción de Valencia y otras zonas de España afectadas por la DANA, en concreto la reconstrucción productiva del sector agropecuario y de todas sus instalaciones y maquinarias afectadas sin ningún tipo de discriminación. Para una mayor rapidez en la llegada de los fondos, deberían tramitarse a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y/o las entidades de crédito.

Por último, el documento puntualiza que todos los fondos que sean utilizados no deben computarse en el déficit del gobierno de España.
 

Plagas y enfermedades

Por otra parte, a petición de AVA–ASAJA, el COPA–-COGECA –la entidad que aglutina a las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la UE– ha reclamado a la Comisión Europea que «vuelva a establecer en su normativa un número máximo de interceptaciones de una determinada enfermedad o plaga a partir de la cual, según el riesgo que consideren inasumibles los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), deban cerrarse las fronteras a las importaciones de un país tercero».
 

15 millones de daños en la agricultura de Castellón

Llueve sobre mojado. AVA–ASAJA ha estimado que la última DANA ha provocado pérdidas por valor de 15 millones de euros en el sector agrario de Castellón. Los principales daños se centran en las producciones de hortalizas de invierno y de cítricos, así como en los caminos rurales y otras infraestructuras agrarias de las comarcas del Baix Maestrat y la Plana Alta.

Las lluvias acumuladas de hasta 180 litros por metro cuadrado en el norte de Castellón anegaron explotaciones agrícolas y ganaderas, algunas de las cuales ya habían sufrido precipitaciones durante las anteriores semanas.

En cuanto a los cítricos, sobre todo a las clemenules que en algunas parcelas están en un óptimo estado de maduración, las lluvias pueden haber causado mermas del 20% de la fruta.

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayuda a 510 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara de 1.879.716 euros, para compensar por las dificultades debidas a la sequía y la guerra de Ucrania. Andalucía es la Comunidad Autónoma que percibirá un mayor importe con 931.676 euros (332 titulares), seguida de Murcia con 786.721 euros (183 titulares).

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria se eleva ya a cerca de 80 millones de euros, de los que se han beneficiado a 69.311 agricultores, lo que supone el 98,6 % del presupuesto total de esta línea. De estos, 20,9 millones de euros corresponden a Andalucía, 14,4 a Cataluña y 13,6 millones a la Comunidad Valenciana y también a Aragón.

Los titulares que figuran en esta nueva resolución «son aquellos a los que, habiendo aparecido en resoluciones anteriores, no se les pudo conceder la ayuda por no haberse finalizado los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023».

La resolución publicada recoge también los titulares a los que se les ha desestimado la ayuda por no cumplir con los requisitos establecidos, así como a aquellos a los que no se les ha realizado el pago de la ayuda porque no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) «realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado las deficiencias y, en el caso de que lo hayan hecho, podrán recibir la ayuda».

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ASAJA Murcia ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Unión Europea (UE) «la creación de ayudas directas a los productores de limón de Europa, como consecuencia de los efectos de la guerra en Ucrania. El conflicto bélico ha provocado inestabilidad en los mercados del Este de Europa, lo que ha provocado un descenso en el consumo y dificultades de acceso de productos agrícolas a los países de dicho entorno. Otros sectores agrícolas han tenido disponibles ayudas como consecuencia de la sequía y de la guerra de Rusia–Ucrania», han resaltado fuentes de esta entidad.

Además, desde esta organización profesional agraria se insiste en que es fundamental:

– La mejora del valor añadido de la transformación de limones.
– El apoyo e incentivo para que la industria obtenga productos derivados del limón, zumo, aceites esenciales y demás subproductos con alto valor añadido.
– Programas específicos de investigación e innovación para aumentar las cantidades de limones transformados por la industria.
– Establecimiento de acuerdos entre organizaciones agrarias y asociaciones de industrias transformadoras de limones sobre precios medios de referencia de limones para industria en cada campaña.
– Modificaciones normativas a corto plazo para establecer incentivos fiscales para el uso del zumo de limón como acidulante en conservas vegetales. Modificación legal al alza del porcentaje mínimo de zumo en refrescos y bebidas de limón.
– Ayuda para la gestión sostenible de los limones destinados a la industria. Dichas ayudas estuvieron vigentes y cumplieron un papel fundamental para controlar la oferta de limones en fresco y mantener un nivel de precios en origen, razonable para el agricultor.

Por lo que se refiere a la reducción del módulo del IRPF para agricultores productores de limón correspondiente a la campaña 2023 por inclemencia meteorológica de sequía, ASAJA Murcia tiene claro que «el Ministerio de Hacienda no ha tenido en cuenta como inclemencia meteorológica la importante reducción de precipitaciones que ha afectado a las plantaciones de limoneros en la Región de Murcia». Asimismo, «se observa una media en el último año hidrológico en las zonas de cultivo limón de 200 mm, cuando el año anterior fueron 400 igual que la media habitual. Los efectos negativos de la sequía sobre las plantaciones se mantienen, pues en este año hidrológico no se llega a 50 mm, y en algunas zonas incluso menos y solo faltan 4 meses, los más calurosos y secos, para que termine el año hidrológico».

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La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR–COAG) ha criticado el hecho que «haya tenido que enterarse de los detalles de la ayuda a la vendimia en verde en la rueda de prensa de la consejera, ya que las Organizaciones Profesionales Agrarias no han podido participar en la redacción final de esta norma (al igual que sucedió el año pasado, con las ayudas a la destilación), no dando un plazo a las OPA para presentar alegaciones o propuestas de mejora». De esta forma, tras analizar los pormenores de la ayuda publicada, para la organización agraria «resultan perjudicados los viticultores profesionales, que son quienes más están sufriendo la actual situación de precios por debajo de costes, incluso en algunos casos sin bodega a la que llevar esta campaña sus uvas».

Desde que en 2020 se establecieran por primera vez en La Rioja ayudas para la vendimia en verde, la UAGR–COAG «las ha impulsado y defendido como el mejor elemento para evitar la acumulación de excedentes y garantizar un precio mínimo para compensar el trabajo de los viticultores». Es por ello que ha manifestado «su indignación por no haber sido tenida en cuenta durante el proceso de elaboración de la normativa que las pone en marcha». De haberlo hecho, «hubiera alegado contra algunas de las puntuaciones que se otorgan a los solicitantes, ya que el sistema elegido perjudica a viticultores profesionales que soliciten más hectáreas (ha)». Esto sucede porque se conceden 5 puntos a las solicitudes de menos de 4,5 ha, 1 punto entre 4,5 y 6 ha, mientras que se quedan sin puntos quienes pidan entre 6 y 10 ha (límite máximo por solicitante, tramo en el que por lógica deberían figurar los viticultores profesionales). En cambio, a los jóvenes agricultores y a las Titularidades Compartidas «solo se les dan 3 puntos, 4 a los agricultores con título de Explotación Prioritaria». Este sistema de puntuación se justifica «para que se reparta más la ayuda y llegue a todos los solicitantes», pero a juicio de UAGR–COAG esto puede llevar a que muchos viticultores profesionales «reduzcan sus solicitudes para obtener más puntos y garantizarse el acceso a la subvención». «Queremos una ayuda a la vendimia en verde sin cortapisas, que cada viticultor pueda solicitar hasta el máximo de 10 ha, si lo necesita, como el año pasado», ha apuntado el sindicato.

Además, al incentivarse que se presenten solicitudes para pocas hectáreas, es posible que estas acaparen todos los fondos procedentes de la Intervención Sectorial del Vino del Ministerio de Agricultura, de manera que, para completar el dinero con fondos 100% de La Rioja, a los agricultores profesionales se les concedería una ayuda ‘de minimis’, régimen más estricto, topado, y que compromete la percepción de estos apoyos en las próximas campañas.

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Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana (La Unió Llauradora, AVA–ASAJA, ASAJA Alicante, UPA–PV y CCPV–COAG) y Cooperatives Agro–Alimentaries han mostrado su «creciente indignación ante la falta de propuestas concretas por parte de la Conselleria de Agricultura para los productores vitivinícolas que están sumidos en una fuerte crisis y una situación desesperada». Según han indicado estas entidades, «los viticultores han sufrido una importante disminución de los ingresos como consecuencia del incremento de costes productivos y la meteorología adversa, fundamentalmente por la sequía».

La constitución de la Mesa Sectorial del Vino por parte de la conselleria el pasado 29 de febrero, y convocada porque «el sector del vino es estratégico para nosotros y uno de los pilares básicos de la agricultura valenciana», según las entidades representativas «no sirve de nada y puede quedarse en papel mojado si no se activan medidas de apoyo urgentes para el sector. Salvo las ayudas anunciadas a la destilación de subproductos de vinificación para la campaña 2023/24, por importe de dos millones de euros, y la apertura de la convocatoria de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, pocas cosas más».

Las organizaciones agrarias y cooperativas exigen al respecto «ayudas directas para paliar las graves pérdidas económicas ocasionadas por la sequía y los efectos de la guerra en Ucrania, ya que es uno de los pocos sectores que se ha quedado sin apoyos, mientras otras comunidades autónomas sí lo han hecho». Reclaman, asimismo, aprobar la vendimia en verde, como el año pasado, pero usando esta vez la media de rendimientos de las Denominaciones de Origen y no las de cada viticultor. Y piden flexibilizar el desvío de los fondos sobrantes del PASVE a otras medidas de apoyo, los ecorregímenes para el cultivo de la viña y las restricciones de plazos y condiciones en la poda y la fertilización del cultivo. Sobre la Política Agrícola Común (PAC) demandan especificar el concepto del pago de las transferencias de la PAC y/o posibilidad de ver en una App oficial todos los pagos que un beneficiario está cobrando.

También proponen «aumentar en todas las pólizas de seguro que tengan cubierto el riesgo de sequía hasta el 70% del coste a cargo de la subvención de las administraciones, que es el máximo que establece la legislación». Y han reclamado prorrogar la bonificación del gasóleo B.

Por último, señalan que «es necesario que la Generalitat apoye a los productores vitivinícolas, situados la mayoría en zonas de interior desfavorecidas, ya que los costes de los insumos les han aumentado hasta niveles insostenibles, sus producciones se han visto mermadas y además no pueden encontrar una salida normal al mercado».

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La Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) ha informado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dedicado a servir a proyectos estratégicos de la CE, negocia la concesión al gobierno sudafricano de «multimillonarios créditos y ayudas para que sus principales infraestructuras logísticas ganen en eficiencia, usen renovables y para descarbonizar su economía». De hecho, la que fue aprobada a finales del año pasado en favor del Banco de Desarrollo del Sur de África supuso la concesión por parte del BEI de 300 millones de euros «para financiar proyectos privados vinculados con energías renovables». Ahora «el beneficiario será el propio Estado –que es el titular de la empresa pública Transnet, que explota los principales recintos portuarios y la red ferroviaria de este país– el que podría ser titular de estos préstamos en condiciones preferenciales». Este apoyo financiero «impulsará al sector minero local pero también al comercio hortofrutícola en el país que ocupa tras España el segundo puesto en el ranking de las principales potencias exportadoras de cítricos en fresco del mundo».

Intercitrus ha calificado esta iniciativa como «un despropósito» que acredita la «insensibilidad» con la que Bruselas trata a su sector productor pese a las protestas agrarias que siguen sucediéndose. Por ello su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, ha reclamado a la Unión Europea «que demuestre ya con hechos su voluntad de poner fin a las asimetrías de obligaciones entre los productores comunitarios y los productores de terceros países».

Según recogía la prensa sudafricana, la operación que ahora se ultima con el ejecutivo presidido por Cyril Ramaphosa se enmarca en el acuerdo suscrito en 2021 para la promoción del Just Energy Transition Partnership (JETP, ‘Alianza para la Transición Energética Justa’). En virtud de este acuerdo Sudáfrica, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca, junto con la propia UE a través del BEI, así como EE. UU. y Reino Unido se comprometían a financiar 8.800 millones para apoyar los esfuerzos de este país en la ‘descarbonización’ de su economía.

«Las políticas verdes de la UE castigan a la citricultura europea doblemente. De un lado, lo hacen en el mercado europeo, donde el sector compite con todo tipo de restricciones y costosas obligaciones con los cítricos de países terceros mucho más baratos de producir y que no tienen que cumplir con tales requerimientos. Del otro, ahora también los recursos financieros que la UE pone al servicio de estas políticas sirven para potenciar a esa competencia desleal que no respeta, de manera flagrante y con alevosía, la propia normativa fitosanitaria europea», ha lamentado Sanfeliu en referencia al caso sudafricano. Para añadir que «solo en Bruselas podría ser concebible que el primer exportador de cítricos en fresco del mundo –España– acuda en auxilio del segundo –Sudáfrica– para ayudarle a mejorar su posición en el principal mercado –UE– sin exigir antes reciprocidad y acatamiento de la normativa comunitaria».

Intercitrus: «Solo Europa podría atreverse, en el contexto actual de justificadas protestas agrarias, a financiar a terceros países que se niegan a cumplir la normativa fitosanitaria europea para preservar la sanidad vegetal de nuestras plantaciones»

Intercitrus ha recordado que la pasada temporada, Sudáfrica acumuló la cifra récord de hasta 51 rechazos en puertos europeos «tras detectar la presencia en sus envíos de cítricos afectados por el hongo de cuarentena conocido como ‘Mancha negra’». Y, en la actualidad, «la CE no ha tomado aún ninguna medida para mejorar los controles o para garantizar una mayor fitosanidad a los citricultores europeos». Por otro lado, el país austral «acumula dos temporadas consecutivas sin cumplir en sus envíos con el ‘cold treatment’ que la UE reguló en 2022 para evitar la llegada de otra peligrosa plaga, cuyo combate también está regulado como prioritario por Bruselas, la ‘Falsa polilla’». Intercitrus ha reclamado que se impongan medidas para verificar en destino su cumplimiento y ha propuesto que «este tratamiento se extienda a las mandarinas y pomelos que también pueden hospedar y trasladar la plaga».

La respuesta de las autoridades y exportadores sudafricanos ante tales hechos, «ha sido de lo más beligerante: en 2022 su Gobierno denunció a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque cuestionaba el tratamiento de frío impuesto contra la ‘Falsa polilla’ y, en cuanto a la ‘Mancha negra’, amenaza con abrir otro panel en la OMC».

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