La hiperregulación a la que se enfrenta el sector productor exportador de frutas y hortalizas, con la reforma de la PAC y el desarrollo normativo nacional que ahora comienza; las futuras normativas medioambientales, entre las que se encuentran el Real Decreto sobre envases y residuos de envases y la Ley del Desperdicio Alimentario; la nueva reforma laboral o la aplicación de la Ley de la Cadena, centraron la Comisión de Gobierno de FEPEX que se reunió, el jueves 31 de marzo, en Madrid.

La Comisión de Gobierno de FEPEX, constituida por representantes de las Asociaciones de las zonas de producción, analizó la futura reforma de la PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, y en especial desarrollo normativo nacional, que ya ha comenzado y que implica la revisión de múltiples Reales Decretos, como el de reconocimiento de organizaciones de productores, el de programas operativas o el anteproyecto de Ley de implantación del sistema de gestión de la PAC. Se expuso, demás, la preocupación sobre cómo se va a llevar a cabo la integración de los productores de frutas y hortalizas que hasta ahora estaban excluidos en el régimen de pagos directos, ya que se ha introducido la figura del jefe de explotación, como nuevo requisito que determinará el acceso a los pagos directos, lo que provocaría una discriminación respecto a los perceptores actuales.

Como consecuencia del desarrollo normativo nacional de la PAC, preocupa también el Real Decreto por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, SIEX, puesto que establece una enorme exigencia de información digital a los productores españoles, información de ámbito productivo y comercial que, para FEPEX, en algunos aspectos, supera el ámbito de la PAC.

En la reunión, se analizó también las nuevas normativas medioambientales.  El Real Decreto sobre envases y residuos de envases, cuya publicación está prevista para el segundo semestre de este año, incluye nuevas exigencias para la comercialización de frutas y hortalizas, en especial en los comercios minoristas, ya que se exigirá presentar las frutas y verduras frescas sin utilizar envase de plástico para cantidades inferiores a 1,5 kilogramos.

Respecto a la política laboral, el «Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo» afecta de lleno al sector hortofrutícola, porque implica grandes cambios en la contratación temporal, que es la más habitual en dicho sector, consecuencia de su idiosincrasia y de la estacionalidad de las campañas. Cambios, que, según FEPEX, «no han tenido en cuenta las características propias del sector de frutas y hortalizas».

También se analizó la difícil implementación que tiene la Ley de la Cadena, y en especial tras la reforma de finales de año, que ha entrado en vigor el 16 de diciembre, ya que se amplió el ámbito de actuación al comercio exterior y a nuevos sectores como el de flor y plantas. La Ley sigue creando una gran incertidumbre entre todos los operadores en su aplicación por la volatilidad de los precios y los mercados.

Este escenario «implica una hiperregulación de la actividad productiva y comercial» que, según algunos miembros de la Comisión de Gobierno de FEPEX, «será inasumible para muchos productores, a lo que se suma la subida de costes continua y desbocada desde el año pasado y la dificultad para trasladar éstos al precio de venta».

Milguel Blanco: 'Las instituciones comunitarias pretenden convertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa'

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado «su rotundo rechazo» a que se destinen un 25% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a los eco-esquemas «porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios». En este sentido, el secretario general de la organización agraria, Miguel Blanco, ha sido muy crítico con el principio de acuerdo que en este punto han llegado la Eurocámara, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, durante las últimas negociaciones realizadas para alcanzar un acuerdo global de la nueva PAC 2023-2027, que finalmente se ha postergado hasta el próximo consejo del mes de junio.

La COAG considera «inquietante» que la PAC pueda alejarse de su verdadero objetivo, que es «producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos». «Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa», ha subrayado Blanco.

Además, COAG ha denunciado las serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y de la Granja a la Mesa) y adaptar sus producciones a altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente reforzar el presupuesto de la PAC. Al contrario, ante estos retos «resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para el periodo 2021-2027. Ello supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados».

Al respecto, el secretario general de COAG ha apuntado que «de forma paralela, la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado debilitando las normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución y son la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones y un fraude para los consumidores».

COAG ha anunciado que participará el 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la UE, junto a las diversas organizaciones agrarias pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina. «El modelo social y profesional de agricultura es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC deja en manos de grandes empresas multinacionales y fondos de inversión especulativos la agricultura europea. Ya lo estamos viviendo en el día a día de muchos sectores, en donde la expulsión y el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad es un hecho», ha recalcado Blanco.

Un estudio elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), indica que un 6,6% de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Bajo el título ‘Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional’, los Servicios Técnicos de esta organización han analizado las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la de la Covid–19, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales. 

Según los datos actualizados del MAPA, en nuestro país hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. «No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión», ha dicho Miguel Blanco, secretario general de COAG. Para a la pregunta ¿qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? responder que «las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria en el inicio de la pandemia».

El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre de 2020) ha señalado entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales «la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural».

Además, el informe ‘Esenciales’ recoge un análisis DAFO de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por MAPA para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico nuestro sector agroalimentario es vulnerable en su conjunto por sus propias características:

– Escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, acentuada en secano, y muy condicionada por su elevada atomización.

– Los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países, con una tendencia creciente, mientras que en los ingresos son decrecientes por la imposición de unos precios a la baja.

– Posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena, en capacidad de negociación.

– Aumento de la brecha digital y falta de conectividad. Escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria.

Vulnerabilidad a desastres naturales
Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.

En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG subraya la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios «son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía».

Por último, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.

Luis Planas será el ministro de Agricultura en el Gobierno de Pedro Sánchez. Licenciado en Derecho e inspector de trabajo, actualmente es el secretario general del Comité Económico y Social  (CESE) de la Unión Europea, cargo que dejará para tomar la cartera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Planas ya fue consejero de Agricultura y Pesca en dos etapas, con Manuel Chaves (1993/94) y con José Antonio Griñán (2012/13), por lo que conoce bien la materia, además de consejero de la Presidencia durante la legislatura de 1994/96.

Tiene un perfil europeísta, ya que es un político que conoce muy bien las instituciones de la UE, donde fue jefe de gabinete de Manuel Marín y de Pedro Solbes. Precisamente, la negociación de la PAC con la UE será uno de los grandes retos de su mandato.

Según informa Efeagro, las primeras reacciones del sector agrario –Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja, COAG y UPA– respecto al nuevo titular de Agricultura, Luis Planas, han sido favorables.