Desde el martes 30 de noviembre está en proceso de consulta pública el documento del Plan Estratégico nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que el diálogo y la participación han caracterizado el proceso de elaboración de este plan, cuyos trabajos se han prolongado durante más de dos años y medio en los que se han producido más de 300 reuniones con comunidades autónomas, organizaciones agrarias y otras entidades relacionadas con el sector.

El documento se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Agricultura (www.mapa.gob.es) a disposición de cualquier interesado.

La diversidad agronómica de España ha motivado que las distintas comunidades autónomas tuvieran posturas muy diferenciadas sobre algunos aspectos sobre la PAC, de forma legítima, y el Plan Estratégico, que es único y común para todo el territorio, «ha tenido que conciliar intereses y recoger esa variedad».

La consulta pública es parte del procedimiento de elaboración de evaluación ambiental estratégica que debe acompañar al Plan Estratégico de la PAC. Planas ha explicado que este plan se entregará a la Comisión Europea antes de que acabe el año –previamente lo llevará al Consejo de Ministros– y la evaluación ambiental se tramitará durante el primer trimestre de 2022, en paralelo con el proceso de aprobación, como ocurrirá con todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Marco estable
Por otro lado, tras más de 3 años de negociación, el pleno del Parlamento Europeo (PE) ha ratificado en Estrasburgo la reforma de la PAC que se aplicará a partir del 2023, aprobando los reglamentos de planes estratégicos, el reglamento horizontal y el de la OCM de Mercados Agrarios. Cooperativas Agro-alimentarias de España ha señalado que ello permitirá a España presenta su Plan Estratégico PAC y que «el sector consiga un marco estable para los próximos años».  

La entidad ha apuntado que la reforma incluye cuestiones positivas, «muchas de ellas coincidentes con las propuestas de Cooperativas Agro-alimentarias de España». Entre ellas, «la incorporación de las intervenciones sectoriales, que fomentan la estructuración económica del sector a través de las Organizaciones de Productores para que estos avancen en la cadena de valor y la equilibren a través del desarrollo de Planes Operativos cofinanciados con fondos comunitarios, lo que supone extender el sistema de Frutas y Hortalizas a otros sectores». 

También se incluyen cuestiones importantes para los cultivos mediterráneos, como el mantenimiento del sistema de Frutas y Hortalizas basado en OPs sin límite presupuestario, la inclusión del aceite de oliva en el artículo 167 de la OCM de Mercados Agrarios para mejorar su regulación en tiempos de crisis, o la extensión del sistema de autorizaciones de plantación en el viñedo hasta 2045.

Sin embargo, el sector productor «deberá hacer frente a grandes retos medioambientales y climáticos expresados en las estrategias De la Granja a la Mesa y para la Biodivesidad 2030, que buscan el cambio del modelo productivo hacia una mayor exigencia medioambiental, al tiempo que las cooperativas agroalimentarias y sus socios deberán mejorar su eficiencia productiva y económica para poder seguir siendo rentables en el mercado». 

Cooperativas Agro-alimentarias está «plenamente comprometida con el Pacto Verde de la UE y la lucha contra el cambio climático, pero llama la atención sobre la necesidad de una buena planificación económica en el mercado, inversión pública y tiempo para aplicarla, donde las cooperativas serán fundamentales para que todos los productores se puedan subir al barco del nuevo modelo productivo». 

También es necesario, para las cooperativas, «seguir trabajando en reequilibrar la cadena de valor para repartir los costes del cambio de manera justa, y que no sean solamente los productores los únicos que paguen los bienes públicos producidos para toda la sociedad».