La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha instado a los productores de caqui «a no cerrar contratos de compraventa con operadores comerciales a un precio que se sitúe por debajo de los costes de producción». Esta petición cobra más fuerza tras advertir la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, de que esta entidad «ha introducido en su labor de control los cambios legislativos del Real Decreto–Ley 5/2020 como el hecho de que, por primera vez, se tengan en cuenta los costes de producción en la compraventa de productos agrarios».

La organización agraria considera «muy razonable y coherente» la iniciativa tomada por este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, impulsor de esta legislación tras la ola de movilizaciones agrarias a finales del año pasado y principios de este y las negociaciones llevadas a cabo con el sector. Además, valora que la AICA facilite la puesta en marcha de esta campaña al crear «un nuevo formulario de denuncias más intuitivo y fácil».

A pesar de que la medida se extiende a todas las producciones agropecuarias, AVA–ASAJA hace hincapié en el caqui «porque en las últimas campañas los precios en origen se han desplomado más de un 40%», colocándose en la mayoría de los casos por debajo de los costes de producción que estima por término medio en 0,27 euros por kilo (€/kg). Por ello, reitera a los productores que «realicen un estudio a fondo de todos los gastos que comporta su explotación y lo tengan en cuenta a la hora de defender un precio de cara a la próxima campaña».

Asimismo, AVA–ASAJA recomienda a los productores que revisen la letra pequeña de los contratos ofrecidos por los operadores comerciales porque ha detectado un creciente número de cláusulas abusivas dirigidas a pagar menos dinero al productor. La última cláusula que ha llamado la atención a los servicios jurídicos de la asociación «es una que agrava el perjuicio ocasionado por el destrío de la fruta considerada por el comercio no apta para su comercialización en fresco». Así, cuando el porcentaje del caqui no comercial sea inferior al 5% de toda la cosecha, el comprador exige al vendedor que acepte expresamente no ser ni siquiera informado del destrío finalmente aplicado en el almacén.

AVA–ASAJA «aconseja a los productores no firmar ningún contrato de compraventa cuando sospechen que puedan contener cláusulas abusivas sin antes consultar dichos documentos a la organización agraria». En caso de confirmar algún tipo de incumplimiento legal, la organización agraria trasladará dichos contratos a la AICA para su correspondiente investigación y, en su caso, apertura de expediente y aplicación de la sanción estipulada.

Según los datos recogidos por la AICA en el primer semestre del año, el sector hortofrutícola encabeza con un 64% las sanciones impuestas. Desde 2014 la AICA ha dictado 2.169 infracciones con sanción, siendo las frutas y hortalizas el sector con más incumplimientos (985) por delante del lácteo (325), el vino (261) y el aceite (201). 

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha valorado positivamente la rebaja de módulos decretada por el Ministerio de Hacienda en el sector agrario para la declaración del IRPF del ejercicio 2019 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A juicio de esta organización profesional agraria, resulta destacable, “el hecho de que el Gobierno haya establecido con carácter general una reducción para el sector de los cítricos y los caquis del 0,26 al 0,18, al igual que el año pasado”. A pesar de ello, ha lamentado “la disparidad de criterios empleada a la hora de aplicar esa mejora fiscal porque, habiendo sufrido la misma crisis de rentabilidad –en ambos casos, la peor campaña de la historia en términos de precios– hay términos municipales que ven reducido el módulo a hasta 0,13 mientras que la gran mayoría de poblaciones no se benefician de esa misma cuantía”.

Asimismo, en el caso de las frutas de hueso –melocotón, cereza y albaricoque – “existe una discriminación de localidades sin ninguna justificación clara por motivos de crisis de mercado o adversidades climáticas”. Es más, la reducción de módulos en este cultivo resulta insuficiente “para paliar las graves pérdidas padecidas en la campaña más ruinosa de las últimas tres décadas”. Tampoco entiende la organización agraria “la inclusión de tan solo tres municipios en la rebaja de módulos para el granado, cuando este cultivo está extendido en mucha más superficie valenciana”.

Por ello, AVA-ASAJA reclama al Gobierno central que incluya a todos los términos municipales de la Comunitat Valenciana en las ventajas fiscales máximas que contempla el decreto. Asimismo, la asociación hace hincapié en la necesidad de otorgar un especial tratamiento fiscal a aquellas localidades valencianas que sufrieron con mayor vehemencia los efectos de la DANA durante el pasado otoño. Entre las producciones olvidadas en esta rebaja fiscal cabe destacar las hortalizas y el kiwi –muchos de sus invernaderos fueron dañados precisamente por la DANA y, más tarde, con el temporal Gloria–.

Adecuación inadmisible 
Por su parte, Unió de Pagesos (UP) ha afirmado que los ministerios de Agricultura y de Hacienda “se burlan del sector de la fruta dulce”, tras la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, publicada en el BOE. El sindicato ha recordado que “tanto los fuertes calores del verano pasado como la crisis de precios de los melocotones y nectarinas y de la manzana provocaron precios bajos en origen, así como una disminución de los frutos en el campo y en las centrales de confección”.

La adecuación publicada, “solo supone una reducción del 18,91% de los módulos del IRPF en fruta dulce, que pasa del 0,37 al 0,30”, según UP, que ha resaltado que los agricultores de la fruta están inmersos “en una grave crisis de precios desde el 2014 y, muy especialmente, los productores de melocotón y nectarina que, de las últimas seis campañas, solo pudieron cubrir costes de producción la del 2016 y del 2018”.

El sindicato ya había alertado al Ministerio de Agricultura que se debía tener presente la caída de ingresos que ha sufrido el sector, del 66% en fruta de hueso y del 40% en fruta de pepita, respecto al cálculo de los módulos tenidos en cuenta en la situación anterior a la crisis de precios desde el veto ruso, dada la situación de crisis de mercados del 2019 y los fuertes calores del verano. A estos factores hay que sumar “un incremento de costes laborales del 14,11%; el coste de la mano de obra en un 13,59%, a raíz del incremento del Salario Mínimo Interprofesional de 2018 2019 y del coste de la Seguridad Social en un 17,34%, así como un incremento del coste de la energía de más del 15%”.

Unió de Pagesos exige a ambos ministerios “una rápida e inmediata actuación para corregir este tratamiento injusto del sector en la Orden HAC/329/2020, ya que de lo contrario conllevará, para las explotaciones de fruta dulce que tributan por módulos, una carga fiscales injusta e ilegal en el IRPF”. El sindicato también considera necesario que “se incremente el 10% los gastos de difícil justificación en la estimación directa agraria”.

También desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se han mostrado decepcionados por la rebaja fiscal del Gobierno central para el sector agrario, una reducción del IRPF que la consejera Carmen Crespo ha calificado de “claramente insuficiente” y que “recrudece la ya difícil situación que atraviesan miles de nuestros agricultores y ganaderos por la crisis sanitaria del coronavirus”.

La consejera andaluza ha lamentado que, finalmente, haya imperado en el Gobierno “los impuestos y no las personas”, ya que el sector agrario se está enfrentando al impacto del coronavirus “después de todo un año 2019 de pérdidas e incertidumbre por la crisis de los precios, la imposición de aranceles, los daños causados por temporales y la competencia desleal de los productos procedentes de terceros países que llegan a nuestros puertos”. Así, por ejemplo, en el caso del olivar y la aceituna de mesa, donde la Junta pedía una reducción del 100% y tan solo se ha concedido el 50%, pese a la complicada situación que atraviesa el sector oleíocola, que ha tenido que recurrir al almacenamiento privado para frenar la caída de precios.

La orden publicada beneficia, a nivel estatal, a agricultores y ganaderos dedicados a los cultivos herbáceos, olivar, cítricos, frutales no cítricos, así como a los productores de ganadería extensiva, vacuno de leche y apicultura.

La investigación muestra una disminución drástica en los niveles de plaguicidas detectados en la orina de los agricultores

Un consorcio de investigadores de la Comunitat Valenciana ha investigado los efectos que el uso de plaguicidas en la agricultura tiene sobre la salud y el medio ambiente, centrándose en la evaluación de un sistema de riego por goteo en el que estos son aplicados directamente sobre la raíz de las plantas. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el uso de sistemas de irrigación por goteo, en comparación con la pulverización tradicional, disminuye la diseminación de plaguicidas desde el agua de riego al aire y al cuerpo humano.

La investigación ha sido realizada por investigadores del Área de Seguridad Alimentaria de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) –dependiente de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública–, que ha liderado el proyecto, junto con la Comunidad de Regantes Canal Júcar Túria Sector II l’Alcúdia y las empresas JAP Energéticas Medioambientales SL y Qualitas.

Vicent Yusà, responsable del Área de Seguridad Alimentaria de la fundación Fisabio, ha manifestado que «hemos encontrado que, aplicando los plaguicidas con el riego por goteo, no se produce el efecto deriva que si se produce cuando se aplican por pulverización».

«También hemos observado una disminución muy importante en los niveles de plaguicidas a los que se exponen los agricultores que administran el tratamiento en los cultivos», ha comentado, Antonio López, investigador del proyecto. Para añadir que «estos niveles han disminuido entre un 35% y un 95% respecto al sistema convencional de aplicación por spray, dependiendo del tipo de plaguicida analizado».

El estudio se ha realizado sobre cultivos de cítricos, frutales de hueso y caquis en la Comunidad de Regantes de l’Alcúdia, que abarca en total una superficie de 813 hectáreas distribuidas entre este municipio, Alzira y Guadassuar. El análisis se ha realizado comparando parcelas donde los plaguicidas se aplicaron por irrigación con el sistema por goteo con otras zonas adyacentes tratadas con el sistema tradicional de pulverización. Durante los 21 meses en los que tuvo lugar la irrigación se analizó la presencia en el aire de más de 70 plaguicidas en ambos tipos de parcelas mediante muestreo en aire con captadores de alto volumen.

Asimismo, se tomaron más de 100 muestras de orina de agricultores para analizar los niveles de más de 10 metabolitos (sustancias producidas por el organismo al degradar un plaguicida).

«En la orina de los agricultores que han utilizado el riego por goteo, observamos un nivel 25 veces inferior del metabolito indicador de la presencia del plaguicida metil-clorpirifos, una sustancia que tiene potenciales efectos sobre la función de la tiroides», ha explicado Olga Pardo, investigadora del Área de Seguridad Alimentaria de Fisabio y experta en el análisis químico y la evaluación del riesgo de contaminantes del entorno, quien ha supervisado la realización y análisis de las muestras.

Pardo ha comentado al respecto que «también observamos una disminución de 5 veces del metabolito del plaguicida imidacloprid, una sustancia moderadamente tóxica catalogada como probable carcinógeno, y una disminución de 8 veces del metabolito del plaguicida pendimetalina, un compuesto que aumenta el riesgo de padecer cáncer de páncreas». Todas estas sustancias están autorizadas actualmente y sus efectos se están investigando en los últimos años para adecuar las recomendaciones y regulación sobre su utilización.

Una parte de los resultados obtenidos ya han sido publicados en dos artículos de investigación en las revistas científicas Talanta (con el título ‘Evaluation of sampling adsorbents and validation of a LC–HRMS method for determination of 28 airborne pesticides’) e International Journal of Environmental Analytical Chemistry (bajo el título ‘Selection of sampling adsorbents and optimisation and validation of a GC–MS/MS method for airborne pesticides’).

El estudio se ha efectuado entre 2015 y 2018 y se ha financiado con 784.325 euros por la Unión Europea (UE) en el proyecto IRRILIFE ('Environmentally efficient use of pesticides by localized irrigation systems'), cuya finalidad era reducir el uso de plaguicidas en la agricultura y minimizar el impacto de los mismos en la atmósfera a través de la puesta en práctica de una nueva metodología de aplicación menos contaminante, más respetuosa con el medio ambiente y, al mismo tiempo, más eficaz.Un consorcio de investigadores de la Comunitat Valenciana ha investigado los efectos que el uso de plaguicidas en la agricultura tiene sobre la salud y el medio ambiente, centrándose en la evaluación de un sistema de riego por goteo en el que estos son aplicados directamente sobre la raíz de las plantas. Los resultados obtenidos en el estudio muestran que el uso de sistemas de irrigación por goteo, en comparación con la pulverización tradicional, disminuye la diseminación de plaguicidas desde el agua de riego al aire y al cuerpo humano.

El sector del caqui sigue reclamando la apertura de nuevos mercados para que este cultivo pueda seguir desarrollándose con rentabilidad. En este sentido, desde la Asociación Española del Caqui tienen claro que hay que traspasar las fronteras de la Unión Europea y llevan tiempo demandando al Ministerio de Agricultura que inicie los trámites pertinentes para firmar protocolos con países que ofrecen posibilidades para la exportación. Y un año más, este fue uno de los temas abordados durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada recientemente por la entidad en Alginet.

A falta de evaluar los daños provocados por las heladas de marzo, que afectaron a los árboles que se encontraba en brotación, desde la Asociación Española del Caqui prevén para la próxima campaña una cosecha de buena calidad y un volumen aproximado de 400 millones de kilos. Pascual Prats, elegido presidente de la entidad tras el inesperado fallecimiento de Vicente Masiá, señala que «todavía es pronto para realizar un balance de pérdidas. En determinadas zonas se observan daños importantes, pero todavía no se pueden adelantar cifras con fiabilidad. No obstante, en el conjunto de la cosecha no creemos que se supere una afectación del 20%».

Durante la Asamblea se constató que, debido al exceso de oferta, en determinados momentos de la campaña la presión de los mayoristas y las cadenas de distribución están provocando en los últimos años un descenso de los precios. «De hecho, en la pasada temporada, las heladas de diciembre afectaron de forma positiva a la comercialización. El frío destruyó parte de la producción cuando los mercados se encontraban saturados. Los precios se movían en esos momentos entre 18 y 20 céntimos por kilo y a partir de las heladas subieron las cotizaciones. Y los productores afectados también pudieron cobrar del seguro. En definitiva, las heladas fueron un mal menor», afirma Pascual Prats.

En este contexto de sobreproducción y pérdida de rentabilidad, la expansión del caqui se ha parado. «Las plantaciones se han frenado y este año no se va a plantar nada más. Al revés, lentamente se comienzan a arrancar parcelas de frutales. Esto viene provocado porque en estos momentos hay demasiada producción y los precios han ido descendiendo en los últimos años. Por ello reclamamos la apertura de nuevos destinos para la comercialización, para lograr desatascar el mercado comunitario y mantener la rentabilidad y el desarrollo de este cultivo», concluye el presidente de la Asociación Española del Caqui.

Colaboración con Decco
La Asociación Española del Caqui y Decco Ibérica han emprendido una relación de colaboración en materia de fungicidas para la postcosecha. Se trata de alargar la vida útil de la fruta y alcanzar mercados más lejanos. Pero para llegar a estos destinos se necesitan ‘armas’ y nuevas tecnologías que permitan afrontar con garantías los largos desplazamientos que debe soportar la fruta.

Durante la Asamblea, Decco presentó los resultados que ofrece Deccopyr POT, el primer fungicida postcosecha autorizado para caqui para el control de Alternaria alternata a las dosis registradas y bajo las mismas condiciones de uso establecidas en todos los cultivos registrados. De esta forma, este producto se convierte en un aliado estratégico imprescindible para todos aquellos productores y comercializadores que pretenden alargar la vida comercial de una fruta que, hasta la fecha, no contaba con ninguna solución eficaz disponible.

El sector del caqui venía demandando alguna solución para la mancha negra del caqui (‘Alternaria black spot’, ABS) causada por Alternaria alternata. Este hongo es el culpable de que, campaña tras campaña, se incrementen las mermas en un sector, que intenta tanto alargar la conservación como mejorar su presentación en mercados de exportación cada vez más lejanos.

El producto ha sido ensayado tanto en laboratorio, mediante inoculación, como en condiciones comerciales de almacén en las variedades de caquis ‘Rojo Brillante’ (Valencia) y ‘Sharon’ (Huelva), demostrando en todos los casos un óptimo control. Además, Deccopyr POT también muestra eficacia contra otros agentes de importancia secundaria en caqui como son Botrytis, Penicillium y Colletotrichum.