Los representantes de los agricultores y ganaderos, así como el resto de los agentes de la cadena alimentaria, han dado su opinión y realizado las aportaciones que han considerado oportunas en el marco de las comparecencias convocadas por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo del inicio de la tramitación del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
En representación de Cooperativas Agro–alimentarias de España, su director general, Agustín Herrero, ha señalado que esta normativa debe perseguir una retribución adecuada al esfuerzo y la aportación del sector productor, así como el resto de los eslabones de la cadena alimentaria, que le permita mantenerse, invertir, innovar y desarrollar proyectos empresariales viables. Asimismo, ha indicado que «las cooperativas no queremos vender a precios inferiores a los costes de producción, pero a veces, no hay compradores dispuestos a pagar determinados niveles de precios, y en esos casos, es peor no vender y perder la totalidad del valor de los productos». Para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del sector productor «no hay atajos ni medidas inmediatas», y desde Cooperativas Agro–alimentarias continuarán trabajando «para mejorar la organización económica del sector, pero es necesario contar con un sector organizado, con mecanismos de gestión de la oferta que permitan ajustar atenuar los efectos de una sobreoferta, con una reciprocidad efectiva en las exigencias a las importaciones, y con una cadena alimentaria transparente en todos sus eslabones».
FEPEX ha alertado que la Ley de la Cadena Alimentaria puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas, destacando, además, la dificultad para concretar algunos puntos claves de esta norma, como determinar el coste efectivo de producción y en consecuencia el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. El director de esta organización, Jose María Pozancos ha explicado que comparte los objetivos de la Ley y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero considera que la exigencia de que todas las producciones, independientemente de su competitividad o de la situación de los mercados tengan un precio igual a su coste de producción, provocará que una parte importante de la producción no pueda acceder al mercado, lo que favorece a la competencia de terceros países y comunitaria.
Pozancos ha explicado también que, en el sector español de frutas y hortalizas, la exportación representa el 65% de la facturación, por tanto, las condiciones de competencia en los mercados exteriores son decisivas y estas condiciones están llevando a un incremento continuo y constante de las importaciones.
Además, FEPEX ha planteado también la dificultad de concretar algunos puntos clave de la Ley como determinar el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor. La volatilidad de los mercados provoca que la horquilla de precios, por ejemplo, de tomate redondo, llegue al 300% en una misma campaña.
Decálogo de mejoras
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria (entre las que se incluye la regulación de la ‘venta a pérdidas’ y la inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio y la puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos) para reforzar la eficacia de la misma «y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa».
Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a «criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública» y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, «cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato».
«La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver», ha subrayado Blanco.
Por su parte, el director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luís Benítez, ha defendido una ley justa para todos los operadores de la cadena y que no cree problemas adicionales, poniendo énfasis en tres aspectos fundamentalmente: la inclusión de todos los operadores en la cadena con independencia de su forma jurídica; profundizar y aclarar el concepto del coste efectivo de producción para evitar inseguridad jurídica y que se creen índices de precios artificiales, así como mantener el control de las Denominaciones de Origen supraautonómicas en manos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) acaba de publicar ‘Agromatrix Revolution’, un completo análisis, «original y fresco», sobre el futuro del sector agrario español en la nueva economía digital y verde.
