El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado a las organizaciones profesionales representativas del sector agrario (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores –Asaja–, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG– y Unión de Pequeños Agricultores –UPA–) un conjunto de 43 propuestas de medidas. Planas ha explicado que con estas medidas, que demuestran el compromiso del Gobierno con un sector que es un pilar fundamental de la economía española, «se da respuesta a las inquietudes puestas sobre la mesa» en las reuniones mantenidas con las tres organizaciones mencionadas.

Esta iniciativa la ha trasladado el ministerio después del Consejo de ministros de Agricultura de la UE que ha aprobado las propuestas de simplificación y de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), así como otras medidas presentadas por la Comisión Europea y que ahora deben ratificarse en el Parlamento Europea. Planas ha reiterado que fue un Consejo «tremendamente relevante por el alcance de las medidas adoptadas y la urgencia con la que las instituciones europeas han dado respuesta» a las movilizaciones del sector en distintos Estados miembros, que «han motivado un cambio de posición de la Comisión Europea».

El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones sobre comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y refuerzo de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las autonomías.

Luis Planas ha recordado que estas propuestas de medidas se suman a la mayor ayuda de Estado que ha dado nunca al sector agrario en España al margen de la PAC, con un total de 1.380 millones de euros en apoyos directos en los últimos dos años.

Medidas de simplicación de la PAC

Entre las 15 propuestas de este bloque se incluyen medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) sobre gestión de labranza (BCAM 5), coberturas de suelo (BCAM 6), rotación de cultivos (BCAM 7) y barbechos (BCAM 8), que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto. Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55 % de los perceptores de ayudas de la PAC en España.

Asimismo, se flexibilizan y simplifican los criterios para la aplicación de ecorregímenes; se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario, y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos. También se flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se fija el principio de inspección única, en coordinación con las autonomías, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año.

Comercio internacional de productos

El Gobierno se compromete a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros. El ministro ha señalado a este respecto que la Unión Europea está cada vez más cerca de este objetivo, que es una larga reivindicación de países como España y Francia, y que sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo, aunque no en el Consejo. Además, ha indicado que a nivel comunitario ya se aplica el reglamento de deforestación o las tasas de carbono en frontera para los países que no tienen reducción de emisiones de CO₂, que «son medidas equivalentes a la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios, que es en lo que consisten las cláusulas espejo».

Entre las medidas propuestas por el ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Al mismo tiempo, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

Refuerzo de aplicación de la ley de la cadena

El Gobierno mejorará y reforzará la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria al convertirla en agencia estatal, con lo que «contará con mayor estructura para incrementar las relaciones comerciales objeto de control». El ministro ha destacado que entre las propuestas barajadas por Comisión Europea para la reforma del reglamento sobre prácticas comerciales desleales se incluye la introducción de elementos ya aplicados en España, lo que evidencia el carácter pionero de la ley de la cadena reformada en 2021.

Seguros agrarios

El Gobierno se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios «en una situación en la que las adversidades debidas al cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y el nivel de indemnizaciones». El ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75 % de la prima comercial).

Medidas fiscales, de financiación y laborales

En este ámbito Luis Planas ha puesto énfasis en las aportaciones del ministerio para las distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario, que permitirían movilizar créditos por importe de 700 millones de euros. Así, la dotación extraordinaria de 20 millones de euros, más otros 7 para avales en la línea de crédito ICO–MAPA–SAECA, permitirá movilizar 200 millones en créditos para jóvenes agricultores. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según las estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por 500 millones de euros.

El ministro ha recordado que se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35 % en los carburantes y combustibles y del 15 % en los fertilizantes. En consideración de la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15 % en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema, entre otros.

Relevo generacional

El ministerio convocará una Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias «para elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que lo favorezcan, así como el empleo más eficiente de los recursos de la PAC».
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