Las reacciones por parte de las organizaciones profesionales agrarias al paquete de 43 medidas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, para responder a las preocupaciones del sector mostradas durante las diversas movilizaciones llevadas a cabo han sido dispares. Así, mientras la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han firmado el documento, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) ha anunciado que no lo hará, y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) considera ‘insuficientes’ las medidas propuestas.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro Planas han firmado un documento que, según esta organización, «da respuesta a una inmensa mayoría» de sus reivindicaciones. Así, en opinión de UPA, se han recogido «logros de enorme relevancia» que llevaban tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Estas medidas «supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común (PAC), reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida a agricultores y ganaderos».

Unión de Uniones ha sido la segunda organización en adherirse al acuerdo, cuya firma han efectuado el coordinador nacional de esta entidad, Luis Cortés, y el ministro de Agricultura. Aunque ha firmado el documento, Unión de Uniones considera que, aunque en general van en buena línea, «hay medidas que se quedan cortas y señala la ausencia de otras que entiende que son relevantes». Esta organización «valora las que están en sintonía con las demandas del sector, como las que tienen que ver con la simplificación y flexibilización en el marco de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), las de seguros agrarios y la siniestralidad extraordinaria, el mantenimiento de varias medidas fiscales ya vigentes y el reforzamiento de los controles en las importaciones de productos procedentes de fuera de la UE». Por el contrario, «se abordan de forma insuficiente la revisión de los plazos en determinada normativa agrícola y ganadera y la reducción de la carga administrativa, así como las medidas fiscales y la financiación de las explotaciones ante un año con sequía y costes elevados».

Por su parte, COAG, que ha indicado que no firmará el acuerdo, ha señalado que las actuaciones del ministro de Agricultura de los últimos días «han supuesto una pérdida de confianza al no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización, por lo que nos hacen ser más exigentes a la hora de pedir concreción en todas aquellas medidas que son una mera declaración de buenas intenciones». «En un marco de confianza y respeto, nos daría seguridad. En este momento no se dan esas condiciones para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se va a llevar a cabo en los términos que recoge el documento de 43 puntos», ha subrayado, Miguel Padilla, secretario general de COAG. En líneas generales reconocen avances, «de forma especial en aquello que se refiere a la flexibilidad y eliminación de las cargas burocráticas de la PAC, pero hay varios apartados que requieren de mayor concreción», en ganadería, comercio, seguros agrarios y medidas de apoyo y financiación.

ASAJA ha acogido «con satisfacción» el esfuerzo de simplificación de algunas medidas de aplicación de la PAC, tal y como ha promovido la Comisión Europea y que el ministerio de Agricultura ha trasladado al Plan Estratégico de aplicación en España (PEPAC). A pesar de ello, «lamentablemente algunas de estas medidas, que ASAJA venía demandado ya desde hace meses, llegan tarde y una vez pasada la planificación y siembra por parte de los titulares de las explotaciones. La flexibilización de algunos requisitos de los eco regímenes responde a una lógica agronómica y a la necesidad de adaptar dichos requisitos a la realidad climáticas y productiva de las explotaciones, necesaria para la aceptación de dichos sistemas voluntarios en favor del clima y el medio ambiente». Por todo esto, la Junta Directiva de ASAJA «no considera suficientes las propuestas del ministerio para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con las movilizaciones que durante más de dos meses se ha llevado a cabo en todo el país».