La Unió Llauradora ha constatado que gran parte de la uva de vinificación que los agricultores están descargando en las tolvas de las bodegas de la Comunitat Valenciana se entrega con precios entre 0,20 y 0,25 euros/kg por debajo de los actuales costes de producción. Esta organización destaca así que los precios de la uva no remontan, a pesar de una reducción de la cosecha de en torno al 40 o 50% en esta comunidad y del 20% en el conjunto del Estado y con cifras de producción de vino previsibles en las zonas productoras españolas sobre los 35 millones de hectolitros (Mhl).

Entre las causas de estas cifras, se señala que la vendimia de este año «se ve afectada por una sequía brutal, con incrementos en los costes de producción que rondan el 30% respecto de la pasada campaña». En este sentido, el problema de la escasa cosecha «podría ir en aumento si este otoño no llueve lo suficiente, pudiendo provocar la muerte de las vides y el consiguiente abandono de explotaciones por parte de unos viticultores que no cuentan con relevo generacional».

En este contexto, con una oferta a la baja, con previsiones de producción en el resto de la UE moderadas o en descenso (Francia, 44 Mhl, Italia 43 Mhl), «el sector productor contempla la falta de visión de futuro del sector bodeguero poniendo en riesgo la continuidad de un buen número de explotaciones vitícolas en muchas de las zonas productivas».

LA UNIÓ ha indicado que «el abuso de la posición de dominio de los grandes grupos bodegueros está acabando con la viabilidad económica de las explotaciones ante la dejación de funciones de la administración que ha de velar por los intereses de cientos de miles de viticultores». Asimismo, ha señalado que es el propio Ministerio de Agricultura el que está siendo cómplice de esta situación ya que la Ley de la Cadena alimentaria dice que este «debe publicar los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios». El plazo para publicarlos depende de la completa entrada en vigor de la normativa que, a su vez, depende de cuando entran en funcionamiento ciertos mecanismos de la misma (al final, la fecha límite para que se publiquen dichos criterios es el 30 de diciembre de este año).

Pese a esta situación, el sector vitivinícola valenciano no ha tenido ayudas ni por sequía ni por el conflicto bélico en Ucrania como sí han tenido otras producciones. Por ello, la organización cree que la superficie de viñedo cumple un papel fundamental en la Comunitat Valenciana, «ya que además de representar unos ingresos económicos para nuestras zonas de interior, contribuye a mantener la población y lleva ya varias convocatorias de ayudas sin que sus productores puedan acceder a las mismas». Al respecto, ha reclamado al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que habilite ayudas para uno de los sectores más afectados por la sequía y la guerra en Ucrania como es la uva de vinificación, tal y como permite la Orden APA/871/2023, de 20 de julio.