Un sector que aporta el 8% del PIB andaluz y tiene 11.700 hectáreas y 1.300 productores
La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa (que representa un 98% del sector), ha anunciado el diseño de un Plan Estratégico sectorial caracterizado por dos ejes transversales esenciales: la sostenibilidad medioambiental y la responsabilidad humana. Esta información se ha dado a conocer en el marco de una rueda de prensa que se ha realizado con «el ánimo de la más absoluta transparencia», y donde se ha efectuado un primer balance de la campaña 2020/21, muy marcada por la climatología de los primeros meses del año, el frío y la humedad, pero que se está estabilizando con el paso de las semanas.
Otras medidas que aplicarán son la contratación de los servicios específicos de un equipo de expertos en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos y Empresas, para posicionar al sector como referente en producción sustentable y responsable, asistencia técnica que también es extensible a cada una de las empresas asociadas; la mejora de la herramienta Prelsi para garantizar su efectividad, así como su alcance; la creación de nuevas herramientas de gestión empresarial responsable; la conformación de un Comité Ético independiente que vele por las buenas prácticas empresariales; la realización de un estudio junto con una entidad prestigiosa de la sociedad civil organizada sobre la realidad de los asentamientos irregulares desde una perspectiva cualitativa que permita construir una solución integral y una hoja de ruta de denuncia ante las entidades públicas competentes directa e indirectamente para promover el actuar decidido y coordinado de la administración.
En su comparecencia inicial, el presidente de Interfresa, José Luis García-Palacios Álvarez, ha recordado los hitos más importantes para la organización y ha destacado el valor del tejido empresarial onubense de los frutos rojos, «especialmente comprometido y responsable», como se ha demostrado con la repatriación extraordinaria del pasado julio, cuando la movilización y las negociaciones de la interprofesional y las organizaciones agrarias consiguieron devolver a casa en condiciones de seguridad a más de 7.200 trabajadoras marroquíes.
También ha querido destacar la universalización del Prelsi para aquellas empresas que voluntariamente hayan querido acogerse a «esta especie, entre comillas, de auditoria y fiscalización para demostrar a la sociedad civil que cada día queremos hacer las cosas mejor».
En el mismo sentido, el vicepresidente de la interprofesional, Cristóbal Picón, ha indicado que «hemos creado una herramienta necesaria e importantísima para el día a día». Para añadir al respecto que «se está demostrando que da una seguridad a lo más importante, que son las personas que recolectan nuestro fruto», al tiempo que ha subrayado que «no tenemos nada que esconder, nos sentimos capaces de afrontar las cosas con verdad y sinceridad».
Los representantes de Interfresa han dejado claro que no darán cobijo a quienes no cumplan escrupulosamente con la ley, «un pequeño porcentaje que no tiene cabida en este sector y que no merece ni mencionarse», han comentado.
De la evolución de las incidencias en el estado de las viviendas ha hablado Borja Ferrera, director del Prelsi, quien ha apuntado que han sido un 5% que pudieron ser corregidas antes de empezar la campaña gracias al temprano inicio de las revisiones por parte de los consultores de integración, 18 en esta campaña, 12 de ellos con experiencia anterior.
También ha destacado Ferrera «la ínfima incidencia del Covid–19 en las personas trabajadoras que han llegado hasta ahora desde Marruecos, unas 10.000 de las que sólo cuatro han resultado afectadas por el virus».
8% del PIB andaluz
Por su parte, el gerente de Interfresa, Pedro Marín, ha hecho una exhaustiva radiografía del sector, que aporta el 8% del PIB andaluz, y que tiene 11.700 hectáreas de cultivo, 1.300 productores, 20 cooperativas de primer grado, 2 de segundo grado y 6 asociaciones empresariales, a los que hay que sumar 117 exportadores regulares. Además, son en total entre 80.000 y 100.000 los puestos de trabajo que el sector productor de los frutos rojos aporta cada año, una cifra que se eleva a casi 160.000 sí se suman los indirectos. De esos 100.000, un 52% son españoles, un 20% comunitarios y un 28% no comunitarios.
Pedro Marín ha puesto de relieve el hecho de que el sector haya movilizado, desde 2016 a 44.458 personas y ha realizado 64.219 autorizaciones de tránsito transfronterizo a través de un mecanismo internacional de contratación reglada en origen único en el mundo, «que el 8 de marzo fue llevado a la comisión de migraciones del Senado por parte de esta interprofesional y recibió el respaldo pleno de todos los grupos parlamentarios representados en esa comisión como un modelo eficaz, que evidentemente requiere mejoras, pero que ha permitido la viabilidad de las campañas».
Marín ha expuesto que «esto es lo que representa el sector cuando se habla o se refieren a él» y cuando se le ataca «generalizando de manera torticera, se están refiriendo a familias, pequeñas explotaciones de agricultores, agricultoras que cada día están luchando, arriesgando su patrimonio en una fábrica sin techo y todo lo que supone sacar adelante la viabilidad de una empresa agrícola». Sin embargo, como ha mostrado el gerente de la interprofesional, los datos reales son distintos «y no se corresponden con esa generalización que pretenden desde ciertos medios y organizaciones». Entre 2019 y 2020 solo se produjeron siete denuncias en la provincia de Huelva, de las que cinco de ellas no corresponden al ámbito de la responsabilidad empresarial por tratarse de supuestos delitos de violencia doméstica. Por tanto, sólo se han producido dos denuncias en dos empresas del sector, lo que supone un 0,00015% de empresas del sector. Estas denuncias implican a un total de 18 personas, un 0,00018% de los trabajadores del sector. Desde 2016 y hasta la fecha se han denunciado a tres empresas en vía laboral, con un total de 11 probables víctimas de algún tipo de vulneración de derechos laborales, dos empresas con derivación hacia la vía penal con ocho presuntas víctimas de algún tipo de vulneración de derechos humanos. Todas han sido o archivadas o desestimatorias. Esto representa un total de un 0,002% de las empresas del sector; y un total de 0,00011% de las personas que trabajan en el sector. «Si todas las personas denunciantes formaran parte del contingente marroquí, estos datos representarían un 1,57% de las personas que han participado en el mismo desde esa fecha».
En cuanto a los asentamientos, Marín ha recordado que en 2010 la interprofesional recurrió ante el Ministerio Fiscal para que dilucidase cuáles son las administraciones competentes «para dar solución a un drama que reconocemos, pero del que no somos responsables».
«Todo esto que les estamos anunciando hoy ya fue puesto en conocimiento de la Comisión de Migraciones del Senado hace escasas semanas, así a la Oficina de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y anteriormente ya fue puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, grupos parlamentarios provinciales y autonómicos, Junta de Andalucía, localidades afectadas por la presencia de asentamientos; y en breve lo será también al Defensor del Pueblo Andaluz y Nacional», ha aclarado el gerente de la interprofesional.
Y ha concluido con un mensaje contundente, «ni queremos escondernos detrás de la responsabilidad de ninguna administración ni queremos que aquellos que no estén cumpliendo con los estándares propugnados por Interfresa se escondan tras nosotros. A quienes actúan en la impunidad y la falta de ética, toda la censura y el poder de la ley».
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