Sequía

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reafirmado el apoyo de la Junta de Andalucía al sector olivarero andaluz, al que espera que se destine «gran parte» de los 81 millones de euros de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) anunciados para España por el impacto de la sequía en el campo. «Esos recursos, que ha solicitado Andalucía, son de nuestros agricultores», ha declarado Crespo, quien ha señalado «el olivar y los cítricos como sectores prioritarios para beneficiarse de unos fondos europeos que persiguen paliar las dificultades que están enfrentando los profesionales».

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las medidas de la Junta para respaldar la producción olivarera, la consejera ha reafirmado su apuesta por la modernización del olivar a través de la Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar 2023-2027. La previsión es que «el borrador de esta nueva planificación, en el que han colaborado con el Gobierno andaluz las universidades de Córdoba y Jaén, esté terminado para el próximo septiembre».

Asimismo, ha señalado que «desde la Junta se respalda a los olivareros, entre otras cuestiones, en las inversiones que realizan para mejorar la comercialización de los productos o para impulsar iniciativas de economía circular dirigidas a aprovechar el alperujo».

Durante su intervención, Crespo ha comentado que el sector olivarero de Andalucía está atravesando una «situación muy complicada» a causa de la sequía, «pero es posible aprovechar mejor las posibilidades hídricas en la cuenca del Guadalquivir». Al respecto, ha explicado que alrededor del 84% del olivar andaluz se encuentra en territorio de esta demarcación hidrográfica de competencia estatal, donde este cultivo concentra casi el 50% de la superficie regada de esta cuenca, y donde, desde su punto de vista, «es preciso hacer uso de las aguas regeneradas» para el riego de los cultivos como fuente hídrica adicional que permitirá hacer frente a la escasez de precipitaciones con mayores garantías. Por ello, «el Guadalquivir no se puede quedar al margen de las aguas regeneradas en Andalucía». La consejera ha recordado que, a pesar de que la Junta no tiene competencias en esta cuenca, «el Gobierno andaluz ha ofrecido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) su colaboración para poner en marcha los tratamientos terciarios de las depuradoras que podrían ofrecer aguas regeneradas para cubrir los 20 hm³ contemplados en la planificación de esta demarcación y que solo tienen concesiones en precario». Para ello, es necesario que el Gobierno de España «otorgue a las comunidades de regantes las concesiones de agua definitivas correspondientes».

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A pesar de las lluvias de los últimos días, la sequía es una de las grandes preocupaciones del sector primario, ya que la primavera de 2023 es una de las más secas del siglo. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, abril ha sido extremadamente cálido, con una temperatura media de 3ºC por encima de la media para este mes. El valle del Ebro y, en especial, el entorno de Lleida, es una de las zonas más afectadas, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha declarado el estado de excepcionalidad por sequía extraordinaria en la cuenca del Segre.

En este contexto, más de 120 personas se han dado cita en la jornada ‘Agua y Agricultura: investigación y desarrollo para una agricultura sostenible ante la escasez de agua’, organizada por Agrotecnio y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Forestal y Veterinaria de Lleida (ETSEAFIV) con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida del profesor Elías Fereres (Universidad de Córdoba, Instituto de Agricultura Sostenible–CSIC).

Tras el saludo de los directores de Agrotecnio, José Antonio Bonet, y ETSEAFIV, Jordi Graell, se ha recordado la trayectoria de Fereres y la llamada ‘red Fereres’ de personal investigador a nivel estatal: una red de grupos de investigación que han trabajado en agronomía del agua, en secano y regadío, tanto al aire libre como en invernaderos, «saliendo del laboratorio para llevar los resultados de la investigación a las parcelas de los agricultores», como ha señalado Henar Prieto, del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).

Durante la primera sesión, sobre la historia de la investigación sobre el agua y la agricultura, cuatro ponentes han desgranado temáticas como el riego eficiente, la adaptación al cambio climático, la teledetección en el manejo de agua o el uso del agua en los sistemas de secano.

La segunda sesión, enfocada al impacto de la investigación en la sociedad, ha abordado la gestión pública del uso del agua, su calidad y su contaminación, el impacto en el medio ambiente o la visión de las comunidades de regantes con la participación de ponentes de la Universidad de Córdoba, la CHE, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, el Centro de Investigación Tecnológica y Agroalimentaria de Aragón y WWF España.

Por su parte, Fereres se ha referido a los retos que plantea la gestión del agua en periodos de escasez, haciendo énfasis en la importancia de gestionar y legislar durante las épocas de bonanza. Ante una pregunta, el experto ha destacado la importancia de distribuir los recursos de manera equitativa y sostenible como el mayor reto social que plantean las etapas de sequía. Además, en su discurso de investidura, el Nuevo Doctor Honoris Causa de la UdL ha afirmado que «la expansión del regadío no puede continuar».

El profesor Fereres ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo científico y tecnológico de las ciencias agrarias y su transferencia a la sociedad. Sus trabajos de investigación abordan la adaptación de las plantas a la sequía, la conservación de agua y suelo, la optimización del agua para riego, modelos de programación de riegos o el manejo sostenible de recursos naturales. 

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Con motivo de la investidura como Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida (UdL) del Profesor Elías Fereres (Universidad de Córdoba, Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC), dentro de los actos del 50 aniversario de la ETSEAFIV (Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Forestal y Veterinaria) de Lleida, el martes 13 de junio se celebrará la jornada ‘Agua y agricultura: Investigación y desarrollo para una agricultura sostenible en un contexto de escasez de agua’, organizada por este centro universitario y Agrotecnio. El evento tendrá lugar de 15:30 a 20:30 en el Salón de Actos de la ETSEAFIV. Además, podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Real Academia de Ingeniería, de la que Fereres fue presidente.  

Durante la misma se analizarán los progresos científicos y tecnológicos de las últimas décadas. Ponentes del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), de la Universidad de Córdoba (UCO), el Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC (IAS-CSIC) o la UdL, entre otros, expondrán la historia de la investigación sobre el agua y la agricultura y, en concreto, sobre el riego eficiente, la adaptación al cambio climático, la teledetección en el manejo de agua o el uso del agua en los sistemas de secano. Tampoco faltarán los retos sociales que plantea el uso del agua en la agricultura en el futuro. 

En una segunda parte, enfocada al impacto de la investigación en la sociedad, se debatirá sobre la gestión pública del uso del agua, su calidad y su contaminación, el impacto en el medio ambiente o la visión de las comunidades de regantes gracias a ponentes de la Universidad de Córdoba, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, el Centro de Investigación Tecnológica y Agroalimentaria de Aragón y WWF España.

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AgroBank ha puesto a disposición de sus clientes el préstamo Agroinversión, con condiciones preferentes, para paliar la disminución de ingresos provocada por episodios de sequía. Esta iniciativa impulsada por la entidad es complementaria a las medidas anunciadas por el Ministerio de Agricultura, varias comunidades autónomas y otros organismos públicos.

Agroinversión permitirá que las necesidades adicionales de liquidez para hacer frente a esta campaña «se puedan devolver en plazos de tiempo más amplios». Los préstamos tendrán una carencia opcional de un año, ampliable hasta cuatro en caso de pérdida total en leñosos.

Para facilitar y agilizar la gestión de estos préstamos, AgroBank tiene a disposición de sus clientes casi 7.000 millones de euros en financiación preconcedida. Además, los clientes contarán con el asesoramiento de gestores especializados en la red de oficinas de la entidad.

Con este producto, CaixaBank, a través de AgroBank, «muestra de nuevo su apoyo al campo español, en un momento en que la sequía podría poner en riesgo la viabilidad de explotaciones agrarias, pese a las lluvias de las últimas semanas».

Además de esta iniciativa, AgroBank facilita el acceso de sus clientes a otras alternativas como las líneas de la empresa pública SAECA (Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), que ofrecen un plazo de hasta 15 años con carencia opcional de hasta tres años; préstamos de circulante de hasta cinco años para afrontar los gastos y las pérdidas de la campaña; la posibilidad de recibir un anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro con un plazo de hasta seis meses; y el acceso a las diferentes líneas de seguros agrarios y ganaderos.

El director de AgroBank, Sergio Gutiérrez, ha indicado que «el sector agroalimentario es una pieza clave en la economía española y en los últimos años ha demostrado su resiliencia. Por ello, en estos momentos complejos AgroBank refuerza su cercanía y compromiso facilitando la financiación a agricultores y ganaderos».

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España y Portugal pedirán, de forma conjunta, en Bruselas la adopción de medidas para paliar los efectos de la sequía en la agricultura europea. Entre ellas, la activación urgente del fondo de reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) y el incremento de los anticipos hasta el máximo legalmente permitido, para que agricultores y ganaderos cuenten con más recursos para mitigar las consecuencias de la falta de agua en sus explotaciones.

Así lo han acordado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, y su homóloga portuguesa, Maria do Céu Antunes, en la reunión bilateral que han mantenido en Lisboa. Ambos han decidido expresar esta necesidad con una sola voz, «ante los estragos que la intensa sequía está causando en la península ibérica». Los dos países, junto con el apoyo de Francia e Italia, expresarán ante la Comisión Europea (CE) en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) del 30 de mayo, «la necesidad de activar todas las medidas necesarias ante un problema europeo, como la sequía».

Planas ha destacado que las relaciones entre España y Portugal «son clave», porque «comparten un mismo territorio, han de hacer frente a problemas similares y, juntos, defenderán ante la Comisión la activación de medidas urgentes para ayudar a los agricultores y ganaderos». Por su parte, Antunes ha valorado la visita del ministro español, de cara a la próxima presidencia del Consejo de la UE, y para colaborar en la búsqueda de soluciones comunes para afrontar el cambio climático, especialmente por los efectos de la sequía. 

Luis Planas ha recordado que el 24 de abril remitió una carta al comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la que solicitaba a la Comisión Europea (CE) el establecimiento de medidas urgentes para paliar la sequía. Esta iniciativa también cuenta con el respaldo de Francia, tal y como confirmó pocos días después de su envío el ministro Marc Fesneau a Planas en otra reunión bilateral que mantuvieron en París a finales del pasado mes.

La seguridad alimentaria ante el actual panorama de cambio climático y el seguimiento de la situación de los mercados agrícolas y ganaderos por la guerra en Ucrania fueron las prioridades que recientemente se marcaron los ministros de Agricultura de España, Bélgica y Hungría en la reunión que mantuvieron para preparar un programa común como trío de las próximas presidencias del Consejo de la UE entre el 1 de julio próximo y el 31 de diciembre de 2024.

Las actuales condiciones climáticas han ocasionado graves daños en la agricultura y la ganadería en la península ibérica y también en otros países comunitarios. El cambio climático se ha traducido en un fuerte recorte de las precipitaciones, altas temperaturas –con récords en el mes de abril– y lluvias torrenciales y episodios de granizo. 

En el último Consejo Consultivo de Política Agrícola, el ministro detalló a los responsables autonómicos del ramo las peticiones que España propone a la CE para flexibilizar la PAC y respaldar a los productores frente a la sequía, así como para pedir su colaboración para el reparto de las ayudas directas adoptadas por el Gobierno, que cuentan con un presupuesto de 636 millones de euros. España ya ha solicitado la activación de la reserva de crisis y poder recurrir a los fondos de desarrollo rural (FEADER) para tratar de aliviar la situación de los agricultores, de manera análoga a lo habilitado en el pasado para paliar los efectos de guerra en Ucrania en el precio de las materias primas e insumos agrícolas y ganaderos.

Otra de las peticiones es que se preste la máxima atención a las medidas administrativas en torno a la PAC 2023-2027, con excepciones y flexibilidades para los programas operativos de las organizaciones de productores, el programa de apoyo al vino y el régimen de autorizaciones para las plantaciones de viñedo.

España y Portugal también apuestan por que los anticipos correspondientes a la solicitud única para las ayudas PAC 2023 puedan pagarse antes de que hayan finalizado los controles sobre el terreno y que la CE estudie la posibilidad de flexibilizar los requisitos en determinadas prácticas de la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las ayudas asociadas que recoge la actual política agraria europea. www.mapa.gob.es/es/

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Artículo de opinión del Dr. Robert Savé Monserrat. Investigador emérito del IRTA. Profesor UAB.

 

Repetir muchas veces un concepto, acaba convirtiéndolo en ruido y en consecuencia hace que se pierda el interés hacia el mismo.

El cambio climático y una de sus derivadas, la sequía actual, de tanto hablar de ellos habitualmente desde hace más de 10 años en España (https://www.medecc.org/medecc-reports/climate-and-environmental-change-in-the-mediterranean-basin-current-situation-and-risks-for-the-future-1st-mediterranean-assessment-report/), se han convertido en temas desagradables de oír, por lo negativo de sus efectos ambientales y consecuencias socioeconómicas, y por la consciencia, de no haber sabido y se sigue sin saber actuar, para reducir, evitar y revertir este proceso.

Los motivos de esta inacción son claros, y por ello, hasta el secretario general de la ONU tuvo que decir el 14 de septiembre del 2022, “A escasos días del comienzo del debate de alto nivel de la Asamblea General, el titular de la ONU pone el énfasis en la crisis climática y pide a todas las naciones que reduzcan sus emisiones contaminantes hasta limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC. En caso contrario, vaticina que se multiplicarán las tragedias con consecuencias devastadoras “(https://news.un.org/es/story/2022/09/1514371). Declaraciones, que ponen en su lugar los datos e informaciones científicas respecto de las ideologías que en lugar de aceptarlas para hacer, las tratan de politizar para discutir entre ellas, en un amplio y profundo bucle de sinrazón.

Se ha puesto mucho énfasis en informar del incremento de la temperatura, en la interacción de nuestra meteorología con fenómenos climáticos generales (Niño/Niña, Oscilación del Atlántico Norte y/o del Mediterráneo…), en los puntos de inflexión en las tendencias climáticas, que generan situaciones de no retorno, al incremento en altura del nivel de mar en la micronesia y aquí (Mar Menor, Delta del Ebro, desembocadura del Guadalquivir…) y más.

Pero no se ha hecho una suficiente labor formativa, bajando la información al detalle de la cotidianeidad, a las consecuencias del cambio en los patrones históricos del clima en eventos meteorológicos normales, más allá de los excepcionales Gloria, Filomena…

Así, poco se ha tratado de que el incremento de temperatura además de los cambios en la fenología, en los golpes de calor, en las heladas..., produce inmediatamente un incremento en la evaporación, que en un simple calculo, si se mantiene la pluviometría y se incrementa al mismo tiempo la evaporación, el déficit hídrico aumenta, la sequía se hace más permanente, extensa e intensa.

Si a ello unimos fenómenos de índole humana, social, como la gestión de los embalses para producir energía, la no gestión forestal (el crecimiento forestal, especialmente en la partes altas de la cuencas hidrográficas, acontecido des de los 80 del siglo pasado en que la madera pierde valor, representa como mínimo, una reducción de un 20% del agua llovida por intercepción y transpiración de estas masas), el turismo (España recibe unos 90 millones al año), el regadío cortoplacista especulativo sin estrategia relacionada con un modelo de suficiencia alimentaria nacional, junto con un largo etcétera de pequeñas cosas (pozos, concesiones, contaminación de acuíferos….), hacen que la sequía se incremente y generalice en todo el territorio.

La sequía no es solo un desequilibrio en el balance precipitación/evaporación, es sobre todo, en nuestra sociedad, el mal uso de un bien escaso y público, ¿Por qué, por quien, para que…?, preguntas que solo desde la formación de conocimiento pueden contestarse.

En este contexto, poco o nada hay que decir otra vez, respecto de sus efectos en el cultivo, en sus productos derivados, en su entorno ambiental, en su mercado…pero si que hay a decir, sin duda para ser discutido desde perspectivas diversas, contrapuestas, muy o poco subjetivas, pero todas validas, con la finalidad de afrontar el problema del sector vitivinícola, que ampara y acoge un sinfín de casos distintos y por ende, afectaciones distintas respecto del cambio climático y del cambio global que lo genera.

La sequia inexorablemente representa una reducción en la productividad  y un cambio de calidad de la uva y por ende del vino, lo cual genera problemas económicos en las explotaciones y bodegas, debido a una reducción en los ingresos, tanto por la reducción de oferta, como por el encarecimiento de los insumos, y/o por la necesidad del mantenimiento del cultivo en campo y las instalaciones de la bodega, independientemente de la producción (https://vadevi.elmon.cat/actualitat/vinyes-vi-salut-proposta-holistica-92601/; https://vadevi.elmon.cat/entrevistes/robert-save-el-vi-es-un-dels-sectors-amb-mes-possibilitats-dadaptar-se-52512/;https://vadevi.elmon.cat/actualitat/robert-save-irta-conca-mediterrania-perdra-17-produccio-agricola-al-2050-23848/;https://vadevi.elmon.cat/entrevistes/robert-save-mantenir-vins-bons-pero-uniformes-sera-cada-cop-mes-dificil-70568/).

Esta situación, según las previsiones de los informes respecto del clima, tiende a convertirse en crónica, por tanto, no es tan solo un problema económico, sino lo son también sus derivadas sociales.

De entre estas, la casi inmediata, es la competencia productiva asimétrica entre territorios, entre DO en la península ibérica, no por la producción asociada a los recursos empleados, sino por la disparidad con la que estos se obtienen, destacando sobre todos, el agua.

Otro es la repercusión en la oferta, que puede representar la reducción de producción y/o de determinadas tipicidades asociadas al paraje, a la finca…al territorio. Lo cual, puede generar perdidas en la demanda acostumbrada a determinados productos, poco relacionados con la variabilidad ambiental y temporal.

Otro es el despoblamiento (perdida del número de personas residentes), o la estabilización a la baja de la población rural (incremento de edad de la población, asimetría de género, desequilibrio generacional…), que conlleva a un abandono progresivo de la agricultura, especialmente la de los secanos (65% de la superficie vitícola española).

Este es un punto interesante, ya que trata de los tan manidos valores ecosistémicos, que sin duda tienen muchísimo valor, pero poco o nulo preció, lo cual afecta primero a los agricultores, y a corto y medio plazo a la población general, ya que su desatención promueve cambios ambientales no deseados, como la aparición de masa forestal no tratada, con el riesgo asociado a los incendios forestales, cambios en los ciclos hidrológicos, con potencial reducción del agua disponible, cambios en la biodiversidad, en la gestión de suelos fértiles, en el ciclo del carbono, entre otros.

Por último, el despoblamiento incide directamente en la salud según la descripción del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948, y no ha sido modificada desde entonces, manteniendo pues su validez, que textualmente dice "La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades". Y lo hace tanto en las personas que permanecen en el territorio, en aspectos físicos asociados al envejecimiento y también psíquicos por la pérdida de identidad. A su vez la migración del campo a las zonas metropolitanas, promueve también enfermedades físicas y psíquicas relacionadas con la densificación, el ruido, la contaminación, la isla de calor, la precariedad y la pérdida de identidad.

Por todo ello, la sequía, no es solo un fenómeno físico, en nuestro mundo, es un estado social, y como tal, no debe afrontarse solo desde plataformas científico técnicas, sino que en las mismas deben integrarse la salud, la educación, la sociología, la psicología y las humanidades en el sentido más amplio y profundo.

Dr. Robert Savé Monserrat.

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La Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat) ha mostrado en una plantación de nectarinas de Castellserà (Lleida) las evidencias del cierre del Canal de Urgell «con unos frutos deshidratados, que están siendo expulsados por el árbol, y una carencia de frondosidad generalizada». Según ha manifestado Manel Simon, director general de Afrucat, «nos encontramos ante la realidad de la crónica de una muerte anunciada. Esta plantación de 10 hectáreas ya tiene la cosecha de este año perdida al 100% y está gestionando el agua de la balsa que tienen. Un árbol necesita unos 40 litros de agua al día en época productiva y ahora están recibiendo un riego de 4 litros por árbol cada 2 días. Para tener un orden de magnitud sabemos que en una ducha diaria se pierden 200 litros de agua»

Simon ha indicado «en la pasada reunión con las comunidades de regantes se puso sobre la mesa que quizás ha llegado el momento de volver a prácticas de hace unos años donde estaba generalizada la conciencia del ahorro de agua. Disminuir en un 20% las dotaciones de agua de las poblaciones, nos permitiría recuperar otro riego para los frutales este verano e incrementar las posibilidades de supervivencia de los árboles». Para añadir que «no es suficiente con la comunicación de que hay menos agua. Si mañana cuando abrimos el grifo vemos que hay menos presión quizá sirva de recordatorio de la situación para toda la población»

La disyuntiva de los fruticultores ante la situación es qué hacer. Por un lado, «lo ideal sería eliminar todos estos frutos deshidratados, que ya son irrecuperables, pero esta tarea representa un coste en mano de obra que no se podrá repercutir en ninguna parte». Por otra parte, «se puede esperar a que el árbol los expulse de forma espontánea cuando esté suficientemente estresado, pero mientras tanto sufrirá más»

Desde Afrucat se reitera la demanda de «establecer criterios claros y rigurosos a la hora de priorizar los usos del agua y poner en primer lugar las estructuras productivas leñosas que no son anuales y que, en caso de muerte, necesitan entre 4 y 5 años para volver a entrar en producción». Para que se produzca este hecho «es necesario que todos aquellos que no puedan regar tengan la seguridad de que serán compensados económicamente»

La asociación también se ha reunido con miembros de la DG Agri de la Comisión Europea para trasladarles la dura situación que está viviendo la fruta catalana, y ha recibido el compromiso de la administración europea de movilizar suficientes recursos para salvar la fruticultura.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de mayo un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta la segunda semana de mayo, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se ha situado en la última semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, «hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país».

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura (MAPA); Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.
 

Ayudas directas

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El MAPA determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.
 

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.
 

Seguros agrarios

El MAPA ha vuelto a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

 

Medidas fiscales

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás. En este ámbito, la orden del Ministerio de Hacienda del 25 de abril ya contemplaba una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, es decir más de 800.000 beneficiarios. Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. Asimismo, queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
 

Ampliado el plazo para las ayudas PAC

El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para percibir las ayudas. Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para presentar las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce incertidumbres.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
 

Medidas socio-laborales

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y de Extremadura.
 

Medidas hidráulicas

Los agricultores titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.
 

Insatisfacción en el sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera insuficiente el Real Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, «ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía». En este sentido, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que «desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran».

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha indicado que las medidas aprobadas «apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando»

Esta organización valora las ayudas directas dirigidas a los ganaderos y apicultores, pero «cuestiona el fondo de 276 millones que el Gobierno aún no ha desvelado a qué cultivos y en qué zonas de España los destinará». Respecto al aumento de la subvención del coste de las pólizas por riesgo de sequía en cultivos de secano, podrá beneficiar a las producciones que tienen una cultura de contratación porque el seguro funciona bien, como son los casos de la uva para vinificación y los cereales, «pero, por el contrario, tendrá una incidencia mínima en otros como el almendro y el olivar donde apenas se contrata esta cobertura porque no se ajusta a las necesidades reales del cultivo».

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El cierre del Canal de Urgell, por primera vez, a causa de la sequía, supone un impacto económico y social muy importante para el sector agrario, en general, y para el frutícola, en particular, afectando a 8.600 hectáreas de 39 municipios. Afrucat, la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña, ha hecho un balance de lo que este cierre puede suponer ya que de las 1.150.000 toneladas (t) de fruta potenciales producidas en esta comunidad (manzana, pera, melocotón y nectarina), 282.000 están ubicadas en la zona de este regadío. De estas, 173.000 t son de manzana (58% del total de esta fruta) y 74.000 t de pera (52% de este cultivo).

El director general de esta entidad, Manel Simon, ha manifestado que la situación «es muy preocupante, ya que hay gente que ha perdido toda la cosecha y otra que está esperando cuánta agua se acumulará en la cabecera y si la frecuencia de las oberturas será suficiente para regar».

Simon ha indicado que Afrucat ha analizado la situación en dos escenarios, el de ‘No cosecha’ esta campaña 2023/24, lo que quiere decir que la próxima si se podrá producir, y el de ‘Agua cero’, en el que no haya agua suficiente para mantener vivos los árboles frutales y, por lo tanto, se deban arrancar y replantar lo que supondrá estar unos años sin cosecha.

En el primer caso, ha explicado que las pérdidas directas del sector frutícola ascenderán a 164 millones de euros (114 millones de euros por las inversiones ya realizadas en campo más la mano de obra necesaria para retirar la fruta de los árboles, para asegurar la supervivencia de estos, y 50 millones de costes fijos inflexibles en la central, que por segundo año consecutivo tendría que cerrar). A modo informativo, ha comentado que la facturación perdida a salida de la central frutícola ascendería a unos 350 millones de euros, mientras que el impacto económico sectorial sería de alrededor de 600 millones.

En el escenario de ‘Agua cero’, Manel Simón ha señalado que a los 164 millones de euros del caso anterior se deberían sumar 600 más por el coste de replantarlas más las pérdidas debidas a la improductividad de 3 a 4 años hasta la entrada en producción de los árboles, que elevarían la cifra a 764 millones de euros. Al respecto ha afirmado que «no nos podemos permitir llegar a este escenario no solo por el coste económico, sino también por no poder llegar a muchos mercados, ya que cuando se cierra uno es muy difícil volver a entrar»

Afrucat considera que estas afectaciones climáticas no asegurables lastrarían mucho al sector productor catalán. Por este motivo, están en contacto permanente con la administración del estado y la catalana (de las cuales esta asociación está percibiendo sensibilidad) para poder acceder a medidas que palien los daños. En este sentido, solicitan una flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) por lo que respecta al cálculo del VPC (Valor de la Producción Comercializada) en los programas operativos de la OCM de frutas y hortalizas para que tengan en cuenta la baja producción de este año (para que no sean penalizados en campañas posteriores) y, también, que ENESA no contemple esta campaña para los cálculos de las coberturas de Agroseguro.

Por su parte, el presidente del Comité de Manzana y Pera de Afrucat, Joan Serentill, ha apuntado que el paro productivo durante tres o cuatro años «supondrá una transformación radical del sector frutícola, y tendrá una repercusión social en nuestro territorio que va más allá de la pérdida económica, además de un cambio profundo en la zona. Y estoy pensando en los jóvenes, que si no ven futuro se irán a buscar otros sectores, con lo que también tendremos una pérdida de talento». Para añadir que «la resiliencia es finita».

Aunque el problema se ha planteado con el cierre del Canal de Urgell, si la sequía se prolonga y afecta a zonas como el Baix Segre donde se producen 450.000 t de melocotón y nectarina de las 500.000 t totales «la situación sería dramática, ya que tendríamos otro año desabasteciendo a los mercados de fruta de hueso después de las heladas del año pasado».

 

Reunión con los regantes

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, ha manifestado tras reunirse el jueves con la Comunidad de Regantes de los Canales de Urgell, que el encuentro «ha servido para conjurarnos y hacer frente común para exigir al Gobierno del Estado su implicación en la modernización de esta infraestructura y la adopción de ayudas para todos los productores». En palabras de Aragonés, «es necesario que el estado movilice ayudas extraordinarias de forma urgente a todos los regantes, que ya dan por perdida la cosecha, como se han activado en otros territorios ante situaciones similares». Asimismo, ha advertido que «sin estas ayudas para salvar a los payeses hipotecaremos el futuro del sector agrícola en Cataluña», por lo que ha insistido en la necesidad de «modernizar los Canales de Urgell para hacerlos más eficientes y resilientes ante un cambio climático que provocará períodos de sequía más habituales».

El presidente de la Generalitat ha explicado que su gobierno está dispuesto a asumir el 60% del coste de modernización de los Canales de Urgell. «Unas mejoras cifradas en 1.200 millones de euros, de los que el estado debería asumir el 40%», ha apuntado, para resaltar que el Gobierno catalán ya destina 138 millones de euros en su presupuesto 2023 a mejorar la infraestructura.

Por su parte, Unió de Pagesos (UP) ha pedido que la Generalitat trabaje en una política integral de país «que no deje atrás al sector agrario». Entre las medidas de lucha contra la sequía, el sindicato solicita al Departamento de Agricultura que lleve a la práctica la flexibilización de las exigencias de las normativas en materia de inversiones e incorporación de jóvenes. 

UP ha propuesto reiteradamente abrir un debate urgente sobre el uso del agua, así como una planificación, y que se prioricen inversiones para conseguir un uso eficiente del agua, con una gestión de la reutilización y la modernización del riego, puesto que, una vez garantizado el uso de boca, no se puede dejar de lado la que necesita el campo. Redacción.

 
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El Gobierno ha anunciado que está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La Mesa de la Sequía, reunida bajo la presidencia del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, ha examinado la situación de los distintos sectores y territorios, y ha articulado mecanismos de coordinación, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para identificar las medidas a adoptar.

El subsecretario ha anunciado que, además, el ministro Luis Planas va a remitir una carta a la Comisión Europea para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

En el transcurso de la reunión se han puesto en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se ha hecho un análisis de la situación general y particularizada en las comunidades autónomas y se han puesto sobre la mesa propuestas que deberán analizarse. Así, el panorama dibujado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desesperanzador, pues no se esperan lluvias que palíen la escasez hídrica que atraviesa el país en su conjunto.

La situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
 

Reclaman pasar a la acción
Las reacciones no se han hecho esperar por parte del sector agrario tras esta reunión. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) exige a las administraciones «pasar del diagnóstico a la acción para hacer frente a las dramáticas pérdidas de cosechas y los desorbitados sobrecostes que está provocando la falta de precipitaciones en el campo valenciano». La organización se suma así a las declaraciones del presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato que cree que «el diagnóstico ya está hecho y ahora lo que necesita el sector agropecuario son medidas eficaces, contundentes e inmediatas».

ASAJA y AVA–ASAJA apuestan por la puesta en marcha de ayudas directas, medidas fiscales, líneas preferentes de financiación, normas que relajen el cumplimiento de la PAC y la mejora y agilidad de los seguros agrarios a fin de pagar unas indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos. Asimismo, solicitan un Pacto de Estado del Agua que incluya más infraestructuras de almacenamiento y distribución hídrica. Todas estas medidas resultan necesarias, subrayan, para «evitar que siga creciendo el abandono de explotaciones, siga avanzando el desierto y siga subiendo el precio de los alimentos a los consumidores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido en la Mesa de la Sequía «urgencia en la puesta en marcha de medidas» para proteger a los agricultores y ganaderos españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado que se habiliten fondos de Europa, España, y a nivel regional para evitar la ruina total de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. La sequía que padece España es tanto hidráulica (los embalses están de media al 51% de su capacidad, un 16% por debajo de la media de los diez últimos años) como hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año). UPA cree que los efectos de la sequía afectarán a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos, y por consiguiente a la capacidad de producción de alimentos.

En la línea de los dos anteriores el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha pedido que el Gobierno apruebe un nuevo decreto sobre la sequía porque es el «instrumento» que permite amparar las medidas laborales, fiscales o para el regadío oportunas.

Como se ha mencionado anteriormente, Cataluña y Andalucía son dos de las zonas más afectadas por la extrema sequía. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha reclamado al MAPA un nuevo Decreto de sequía en el Estado y «ayudas directas» para el sector agrario de Cataluña para hacer frente a las pérdidas que supondrá la «severa sequía» que está sufriendo este sector. «Para nosotros el sector primario es extremadamente imprescindible porque es el sector productor que aporta alimentos al país y ya lleva mucho tiempo sufriendo con heladas, granizadas, la guerra de Ucrania, los sobrecostes etc. Hemos pedido ayudas directas porque debemos trabajar con previsión como siempre hacemos», ha apuntado Jordá.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha reclamado al Estado «un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir», donde los productores, entre otras medidas, «están pidiendo balsas y sondeos para dar agua al ganado». Por lo que pide «diligencia y rapidez con medias urgente ante la sequía». Respecto a la administración autonómica, Crespo ha recordado que «Andalucía tiene ya dos decretos de sequía» y la próxima semana irá el tercero al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con nuevos recursos. Redacción.

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