Producción

La Asociación de Productores de la Variedad Orri (Orri Running Committee, ORC) ha anunciado que prevé una producción de unas 60.000 toneladas de mandarina Orri durante la campaña 2020/21 que acaba de iniciarse. Se trata de una de las variedades más cotizadas del mercado y en las primeras semanas está alcanzando precios de venta más altos que en años anteriores.

El gerente de ORC, Guillermo Soler, ha manifestado que las lluvias de otoño y principios de invierno han beneficiado al engorde de esta variedad y se tienen buenas perspectivas en cuanto al calibre de la fruta, «lo que sumado a sus excelentes cualidades organolépticas permiten a la mandarina Orri diferenciarse del resto y configurarse como un producto de calidad Premium». Asimismo, se espera una alta demanda, «pues la sociedad pide cada vez más fruta de cercanía, con una alta calidad y la mandarina Orri responde a estas premisas».

La mandarina Orri tiene como principales mercados Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Alemania y Austria. «A pesar del gran éxito que la mandarina Orri está cosechando en la mayoría de mercados europeos, a través de un estudio de mercado que hemos llevado a cabo recientemente desde ORC, hemos detectado que todavía existe un gran potencial de crecimiento en el ámbito nacional», ha subrayado Soler.

En este sentido, durante la actual campaña se desarrollará una potente actividad promocional en los principales mercados mayoristas, cadenas de distribución y más de 8.000 fruterías, en la que se distribuirán entre los puntos de venta elementos identificativos de la variedad, de modo que el consumidor la pueda reconocer fácilmente.

Según han explicado desde la asociación, «la variedad Orri es elegida por su calidad suprema, prácticamente sin semillas y su textura fina, fundente y muy jugosa». Además, «los frutos, de buen tamaño, con la piel suave y lisa, de coloración naranja intenso, son de fácil pelado, aunque presenta una piel muy resistente y firme que le confiere una óptima conservación tanto en árbol como en postcosecha; una característica que permite que se conserve de manera natural en excelentes condiciones entre enero y mayo».

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El comité de stocks de Afrucat, Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña, ha constatado que si el ritmo de ventas de manzanas se mantiene como en las últimas campañas, las existencias en las cámaras catalanas se agotarán antes de final de campaña.

«El descenso general en la producción española y europea, que presentaban las primeras previsiones de cosecha del mes de agosto, se ha visto confirmado e incrementado por las cifras finales de cosecha que hemos recogido esta misma semana. En estos momentos, se constata una subida en las cotizaciones de la manzana vendida en palot que se traduce entre un 15 y un 20% por encima de los precios que se pagaban la semana pasada», ha señalado Manel Simon, director general de Afrucat.

Asimismo, Afrucat ha destacado que nos encontramos en el mes del año en que menos manzanas se venden y que el momento álgido de su comercialización -febrero y marzo- aun está por llegar.
 

Producción definitiva
Los datos de julio mostraban una bajada de la producción del 16% de manzana. Al igual que en la fruta de hueso, las heladas y, en el caso de pepita, también las lluvias afectaron al cuajado, penalizando de manera importante la producción. A las heladas se sumó el granizo en verano, que dañó gran parte de la fruta que todavía no se había recolectado.

Finalmente, la producción catalana de manzana del 2020 ha sido de 235.676 t, un 25% inferior respecto a la campaña pasada.
 

Previsiones europeas
La producción europea de manzana publicada en agosto de 2020 en el Congreso de Prognosfruit era un 1% inferior a la de la campaña anterior (10.711.000 t). Una cifra estimada que se mantenía similar tras la última actualización dada a conocer el pasado mes de diciembre. Sin embargo, algunos de los principales países productores como Italia, Francia, Alemania y España han corregido a la baja sus producciones.

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que «deje de marear la perdiz con el anuncio de más y más estudios sobre la cadena de valor y aplique de una vez por todas la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, estableciendo los costes efectivos de producción de nuestras producciones agropecuarias y tomándolos como referencia oficial en los contratos, de manera que los agricultores y ganaderos no puedan seguir percibiendo precios por debajo de costes».

Ante las declaraciones del secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, durante el pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria en las que se compromete a «avanzar en la consecución de los estudios de la cadena de valor de distintos alimentos», entre ellos los cítricos, AVA–ASAJA ha respondido que un reciente estudio cuantifica los costes medios de producción de los cítricos en España y los sitúa en 0,23 euros por kilo (€/kg) en el caso de la naranja (variedades navelina y lanelate), 0,28 €/kg en la mandarina (clementinas) y 0,20 €/kg en el limón (fino y verna). Así concluyen los investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Pedro Caballero y María Ángeles Fernández–Zamudio, y la investigadora de la Universidad Politécnica de Cartagena, María Dolores de Miguel, en su informe ‘Regresión o continuidad del sector citrícola. Función de los costes’ incluido en el monográfico ‘Una hoja de ruta para la citricultura española’, publicado por Cajamar. 

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha asegurado que «sin precios dignos, la mancha marrón de los campos sin cultivar continuará creciendo, las estrategias medioambientales fracasarán porque perderemos un sector fundamental para el cuidado del territorio y nuestra soberanía alimentaria, tan necesaria como se ha demostrado durante esta pandemia, correrá grave peligro». Y ha añadido que «además de vigilar de cerca la evolución de los costes efectivos de producción en cada eslabón de la cadena de valor, es necesario que el ministerio haga un seguimiento exhaustivo de esta ley y detecte las debilidades para rectificarlas y convertirlas en fortalezas, a través de actualizaciones reglamentarias».

Por otra parte, AVA–ASAJA ha anunciado que ha puesto a disposición de los agricultores sus servicios técnicos para asesorarles y ayudarles a la hora de trasladar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), órgano dependiente del MAPA, posibles prácticas abusivas para que abra una investigación y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes.

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El domingo 20 de diciembre finaliza el plazo para contratar la próxima cosecha del seguro de otoño de uva de vino, así como los módulos 1 y 2 del seguro de cultivos herbáceos extensivos para cereal de invierno, leguminosas y oleaginosas (cártamo y girasol) en secano, en todo el ámbito estatal, excepto en Andalucía y Canarias, según ha informado Agroseguro.

A lo largo de los últimos cinco años, la producción asegurada de uva de vino en España ha crecido un 28% (campañas 2016–2020) hasta superar los 3,2 millones de toneladas en la última cosecha, con un valor de producción superior a los 1.100 millones de euros.

Las indemnizaciones a viticultores asegurados en los últimos cinco años suman 224,3 millones de euros, con un número medio de siniestros superior a los 13.200 anuales. En 2017 y 2019, las heladas dejaron fuertes daños en zonas productoras como Ribera del Duero o Rioja. En cambio, 2016, 2018 y 2020 se han visto caracterizados por fuertes pedriscos, especialmente en Castilla–La Mancha y Comunidad Valenciana.

Según los datos recogidos por Agroseguro, la superficie vitivinícola protegida por el seguro agrario ha aumentado un 25% en los últimos cinco años, superando las 473.000 hectáreas en la última campaña. El número de pólizas suscritas para la cosecha recién terminada fueron 31.390, casi 5.000 más que en 2015. Aunque Castilla–La Mancha posee la mitad de la producción nacional asegurada, con 1,7 millones de toneladas y un incremento del 22% en el periodo estudiado, los mayores incrementos de producción asegurada de uva de vino se han producido en el País Vasco (+111%), La Rioja (+65%) y Castilla y León (+49%).

 

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Tras conocer las primeras liquidaciones por la fruta de hueso de la campaña de este año, Unió de Pagesos (UP) ha señalado que el incremento del precio en origen no ha compensado la pérdida de kilos que han sufrido los fruticultores en Cataluña como consecuencia de diferentes adversidades climáticas. El sindicato agrario ha indicado al respecto que «si nos fijamos en la evolución del precio del Observatorio de Precios de referencia del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, en nectarina ha subido un 83% respecto al del 2019, en melocotón un 61% y en melocotón plano un 35%. Si nos fijamos en la producción de 2020 en relación a la del 2019 esta ha caído un 39% en melocotón y un 46% en nectarina; y si nos fijamos en el volumen económico, es decir, en el precio multiplicado por los kilos de fruta, vemos que hay una reducción del 2% este 2020 frente al 2019».

UP ha advertido que este hecho no permitirá que el sector pueda afrontar la situación de descapitalización derivada de la necesidad de hacer frente a las repetidas crisis de precios, especialmente agravadas desde el 2014, con el inicio del veto ruso. Teniendo en cuenta este contexto y previendo que durante la campaña que viene el mercado ruso continuará vetado a los productos europeos, el sindicato ha destacado que el sector necesita medidas urgentes.

En este sentido, el sindicato agrario ha valorado «positivamente» las que se han articulado en Cataluña a través del Plan de actuación de la fruta dulce impulsado por el Departamento de Agricultura; así, ha resaltado las ayudas al arranque de melocotones y nectarinas que, aunque la no se ha alcanzado el objetivo de las 2.000 hectáreas arrancadas, al final, «ha supuesto el arranque de 1.300 hectáreas las que permitirán reducir el potencial productivo de melocotones y nectarinas en Cataluña en 52 millones de kilos». UP ha aprovechado para criticar «la inacción del Ministerio de Agricultura por no haber hecho extensiva esta medida ni en Aragón ni en Murcia ni en Extremadura», como había solicitado el sindicato, para arrancar 10.000 ha que hubieran supuesto la retirada de 400 millones de kilos del mercado.

 

Adopción de medidas estructurales
Aparte de las medidas urgentes, UP también ha defendido la adopción de medidas de carácter más estructural. Así, continúa defendiendo el acceso de los profesionales de la fruta dulce a las ayudas directas de la PAC; de hecho, a principios de año ya pidió al ministerio un plan público para que los agricultores a título principal pudieran acceder este año a la reserva de derechos de ayuda de la PAC y evitar tener que esperar a la nueva.

Con el objetivo de adecuar la oferta a la demanda, el sindicato agrario continúa defendiendo el plan de arranque estatal para el melocotón y la nectarina, indicado anteriormente, y un plan de reconversión para la manzana de unas 2.500 ha que «permita adaptar las variedades a las necesidades del mercado para mejorar la competitividad de los productores de manzana».

Por lo que se refiere a medidas económicas y financieras, UP ha propuesto, para aquellos productores que necesiten liquidez, una ayuda de Estado de hasta 25.000 euros por explotación, y una reducción de la presión fiscal con medidas como la exención de pago de cuotas de la seguridad social y el IBI de rústica, o la adecuación de módulos del IRPF 2020 para la caída de producción, entre otros. Además, sigue defendiendo un gasóleo profesional agrario y la aplicación de un IVA reducido del 10% al conjunto de bienes y servicios utilizados.

Sobre las medidas de mercado, UP ha insistido en que hay una transposición completa de la Directiva Europea de prácticas desleales, en el sentido de que «incluya la prohibición efectiva de la venta a pérdidas, que determine cuotas de mercado en la distribución para conocer cuando una empresa tiene posición de dominio y es susceptible de abusar, que obligue siempre a la formalización de contratos y que se dote de un cuerpo suficiente de inspectores para asegurar su cumplimiento». En este sentido, ha denunciado que la propuesta de reforma de Ley de la cadena alimentaria del Ministerio de Agricultura «no permite asegurar unos precios por encima de los costes de producción; para corregirlo, el sindical del apela a que incorpore las enmiendas que entregó».

Finalmente, UP «considera imprescindible disponer de un sistema de captación de precios en origen válido, transparente y obligatorio que, entre otras funciones, sirva de base para que en caso de situación de crisis de precios en origen el ministerio pueda defender ante la Comisión Europea la necesidad de aplicar las medidas extraordinarias que permite la organización común de mercados para la fruta dulce».

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Un estudio elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), indica que un 6,6% de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Bajo el título ‘Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional’, los Servicios Técnicos de esta organización han analizado las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la de la Covid–19, al tiempo que se advierte de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales. 

Según los datos actualizados del MAPA, en nuestro país hay un millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. «No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión», ha dicho Miguel Blanco, secretario general de COAG. Para a la pregunta ¿qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? responder que «las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria en el inicio de la pandemia».

El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre de 2020) ha señalado entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales «la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural».

Además, el informe ‘Esenciales’ recoge un análisis DAFO de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por MAPA para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico nuestro sector agroalimentario es vulnerable en su conjunto por sus propias características:

– Escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, acentuada en secano, y muy condicionada por su elevada atomización.

– Los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países, con una tendencia creciente, mientras que en los ingresos son decrecientes por la imposición de unos precios a la baja.

– Posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena, en capacidad de negociación.

– Aumento de la brecha digital y falta de conectividad. Escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria.

 

Vulnerabilidad a desastres naturales
Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.

En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG subraya la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa. En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios «son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía».

Por último, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.

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La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha presentado en Jaén el primer aforo de producción del olivar de almazara de la campaña 2020/21, que prevé más de 6,5 millones de toneladas de aceituna para molturar y 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva. Esta cantidad supone, según ha apuntado Crespo, «un 50,2% más que la pasada campaña, teniendo en cuenta que la anterior fue media-baja, y un 22,5% más que la media de las últimas cinco campañas». La consejera ha dicho que «son estimaciones de producción y que la evolución de la climatología en los próximos meses puede variar el aforo».

En su intervención, la responsable de Agricultura ha agradecido a los empresarios agrícolas y a los temporeros la disposición que han mostrado para «cumplir con las medidas de seguridad y extremar las precauciones» con el fin de evitar, en lo posible, la propagación de la Covid–19.

Por otro lado, Carmen Crespo ha lamentado que «se cumplirá un año de la imposición de los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva, algo que ya venía soportando la aceituna de mesa» y que, en este período, «nuestros agricultores han visto cómo sus exportaciones, especialmente las de aceite de oliva envasado, se resentían seriamente». La consejera ha comentado que «ahora se abre una nueva oportunidad» para acabar con estos impuestos, ya que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea a aplicar sanciones arancelarias a EE. UU. por unos 4.000 millones de dólares como resultado de las ayudas concedidas a Boeing.

En relación a las cotizaciones del aceite de oliva, la consejera ha valorado que en las últimas semanas se está apreciando «una ligera recuperación que agradece sobre manera un sector tan castigado que ha resistido a esta crisis de precios con mucho sacrificio». Crespo ha recordado que entre las «más que justificadas» reivindicaciones que la Junta de Andalucía ha estado trasladando «a esferas superiores» se encuentran la solicitud del almacenamiento y la actualización de los umbrales de referencia. Además, se ha referido a la necesidad de modificar la ley de cadena alimentaria para aumentar su efectividad a la hora de garantizar «un precio justo al agricultor por su producto y por su trabajo».

 

Consumo, promoción y aforo por provincias
En su discurso, la consejera de Agricultura ha señalado que el consumo de aceite de oliva «rompe la tendencia descendente de los últimos años» superando en 2019 las 355.800 toneladas en España (63.955 t en Andalucía) y, en cuanto al aceite de oliva virgen extra se ha elevado su consumo un 13,1% a nivel nacional y un 11,4% en Andalucía respecto a 2018. «Por tanto, tenemos margen para seguir creciendo», ha resaltado. En este sentido, Crespo ha anunciado que «en breve se pondrá en marcha una campaña para promocionar el consumo de aceite de oliva», para destacar «el carácter saludable de este oro líquido y dar voz a los profesionales sanitarios, que serán los encargados de constatar a nivel internacional las ventajas de consumir habitualmente este alimento».

Por provincias, Jaén concentra el mayor volumen de aceituna y aceite, ya que, según las previsiones, en 2020/21 alcanzará los 3 millones de aceitunas para almazara y las 670.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone, respectivamente, el 47% y 49,7% de los registros que se esperan a nivel regional. Asimismo, en Córdoba se espera una producción de 1,6 millones de t de estas aceitunas y de 317.000 t de aceite; en Sevilla, de 750.000 t de aceitunas y 135.000 t de aceite; en Granada, de 553.000 toneladas de aceituna para moltura y 125.000 t de aceite de oliva; y en Málaga, 372.300 t de aceitunas y 72.000 t de aceite. Cierran el listado, Almería, con una estimación de 67.200 toneladas de aceitunas dirigidas a almazara y 12.100 t de aceite de oliva; Cádiz, con 54.500 t de aceitunas y 9.700 t de aceite; y Huelva, donde la previsión es de 37.200 toneladas de aceituna para molturar y 7.400 t de aceite de oliva.

En cuanto al aceite de oliva ecológico, las estimaciones de la Junta apuntan a una producción de unas 24.500 t para 2020-2021 repartidas entre las ocho provincias. En este caso, Córdoba reúne el mayor volumen (casi 12.000 toneladas) al concentrar casi el 50% del total de la producción regional. Le siguen, Sevilla (4.160 t) y Jaén (3.200 t). 

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La Asamblea de FEPEX, presidida por Jorge Brotons, ha analizado en una reunión mantenida por videoconferencia los principales retos a los que se enfrenta el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, destacando el Brexit y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). En el caso del Brexit, en el supuesto de que no haya acuerdo comercial al final del periodo transitorio, se estima que el pago de derechos arancelarios ascenderá a 198 millones de euros anuales, mientras que sobre la nueva PAC se apuesta por los ecoesquemas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones hortofrutícolas.

La Asamblea considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, «porque ello provocaría que las exportaciones tuvieran que pagar derechos arancelarios, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles».

Cabe señalar que Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se han exportado frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de este año, cifra que representa un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según los datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Respecto a la PAC, la Asamblea de FEPEX ha considerado que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como ‘derechos históricos’, lo que causa «distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas».

También, en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y, en concreto, en relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea ha manifestado interés por acceder a los ecoesquemas, un régimen que permitiría al sector hortofrutícola español contribuir de manera muy significativa a la sostenibilidad medioambiental y climática y que están incluidos dentro del primer pilar. 

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La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) reclama medidas urgentes de apoyo e inversiones para los sectores del vino y cava con el objetivo de poder hacer frente a la caída de las ventas que se derivará del nuevo cierre de bares y restaurantes debido de la Covid–19. En este sentido, esta entidad ha recordado que más del 60% de los ingresos de la mayoría de las cooperativas vitivinícolas provienen del canal Horeca.

Joan Josep Raventós, responsable de vino y cava de la FCAC, ha manifestado que «la prolongación de las medidas para frenar los contagios por la pandemia está teniendo consecuencias devastadoras para las bodegas vitivinícolas, que tenemos el nicho de mercado en canales como la restauración. Para hacer frente a la parada de las ventas, el sector necesita medidas de la Administración y también quisiéramos pedir a la ciudadanía un compromiso con los productos locales, por ejemplo, eligiendo cestas de Navidad con vinos y cavas de las DD. OO. catalanas». Y ha reiterado que «mantener la actividad económica en el territorio es, en definitiva, propiciar el arraigo de la población rural y ayudar a la conservación del medio ambiente y de un paisaje acogedor del turismo de proximidad, como hemos visto este verano».

El parón de ventas por la pandemia Covid-19 se suma al descenso de un 30% de la cosecha de este año, debido a la plaga del mildiu (unos 310 millones de kg de uva frente a los 429 millones de kg de la campaña pasada).

Las demandas de las cooperativas tienen como objetivo ayudar a paliar los efectos de la crisis y evitar la adopción de medidas laborales y organizativas a que se ven abocadas, teniendo en cuenta que son generadoras de riqueza y puestos de trabajo en un entorno rural donde las alternativas son limitadas.

En Cataluña, hay unas 60 bodegas cooperativas que producen la mitad del vino que se hace en esta comunidad autónoma, unos 1,5 millones de hectolitros aproximadamente, y que están distribuidas por todo el territorio con presencia en casi todas las denominaciones de origen. 

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FRUIT LOGISTICA SPECIAL EDITION se celebrará del 18 al 20 de mayo de 2021

 

La próxima edición de la feria Fruit Logistica se celebrará como una edición especial y tendrá lugar del 18 al 20 mayo de 2021 en Berlín (Alemania), en lugar del 5 al 7 de febrero previstos inicialmente. Bajo el lema ‘Reunión presencial, conexión digital’, el nuevo concepto pondrá el foco en las reuniones de negocios y ofrecerá paquetes de exposición llave en mano para maximizar la flexibilidad y las oportunidades de negocio para los expositores.

Madlen Miserius, directora ejecutiva de producto del certamen, ha manifestado que «la Covid19 nos amenaza con desafíos incontrolables. Por eso, nos hemos preguntado qué necesitan nuestros clientes y qué aspectos podemos controlar para ellos». Para añadir que «nuestra misión consiste en facilitar que nuestros clientes gestionen mejor sus riesgos y aumenten sus oportunidades de negocio. Esta es la base de Fruit Logistica Special Edition 2021».

La celebración del evento en mayo permitirá que un mayor número de compradores de diferentes partes del mundo puedan asistir, lo que aumentará las oportunidades de negocio, según han indicado sus organizadores. El componente digital, que incluirá funcionalidades para la realización de reuniones virtuales y la retransmisión en vivo del programa de conferencias, ofrece soluciones adicionales para participar y formar parte de Fruit Logistica. El concepto adaptado, consistente en paquetes de exposición llave en mano, «reduce de forma significativa la inversión y el tiempo de preparación para los expositores, que podrán elegir entre tres paquetes de expositor predefinidos. Los paquetes incluyen el espacio y la instalación del expositor y una conexión a internet estable».

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