Precios

Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), durante la reunión de la Mesa sectorial de la fruta dulce, que tenga previstas medidas para responder rápidamente en caso de tensiones a la baja en el precio a las explotaciones.

Esta organización ha analizado junto al MAPA y las entidades del sector la campaña de comercialización de la fruta de pepita 2023/24 y el balance de la campaña de fruta de hueso 2023, así como las perspectivas de cara a la campaña 2024.

En relación a la fruta de pepita, los datos indican una recuperación de la producción en 2023, con una campaña para 2024 que estará en el entorno a una producción media normal. No obstante, la Unión ha alertado que, en el caso de la pera, «la floración está teniendo algunos problemas en zonas importantes productoras como Lérida y la cosecha puede verse mermada». Respecto de la fruta de hueso los datos son aún provisionales, pero es reseñable que se exporte la mitad de la producción, con un 85% de las ventas al exterior con destino a la UE.

Unión de Uniones ha pedido al MAPA que «esté prevenido y tenga lista la norma que permita, en el caso de que se produzca crisis de precios en origen, el pago en especie a la industria transformadora en la retirada de la fruta dulce con destino a beneficencia, para que esta herramienta de gestión de mercados, contemplada por la UE, sea útil tanto para el sector organizado como para las entidades benéficas receptoras».

Este instrumento consiste en retirar fruta del mercado y destinarlo gratuitamente a entidades benéficas y es el más utilizado por las organizaciones de productores. Unión de Uniones ha puesto de manifiesto que «las entidades benéficas no tienen capacidad para recibir y poder distribuir grandes cantidades de fruta dulce en fresco, pero sí pueden hacerlo si esa fruta se ha transformado en zumo». Por ello ha pedido al ministerio tener prevista la norma legal para disponer de forma permanente de esta herramienta que, hasta ahora, sólo se ha habilitado temporalmente en algunas campañas

Por otra parte, Unión de Uniones ha puesto de manifiesto el «deterioro» en las condiciones del seguro agrario que han sufrido los productores de fruta dulce afectados por las heladas de 2022 y por las granizadas de años anteriores y posteriores; que se ha traducido en limitaciones de kilos asegurables por debajo del rendimiento real de las plantaciones y un encarecimiento del coste del seguro. La organización presentará sus propuestas para que se reviertan estas condiciones en el Grupo de Trabajo para analizar el Seguro Agrario constituido por ENESA.

En la mesa sectorial se ha alertado también de las dificultades para encontrar mano de obra en las campañas de recolección de fruta, así como la falta de medios fitosanitarios eficaces para el control de la mosca de la fruta y se ha pedido al MAPA que «se estudie extender a todas las zonas productoras la liberación de machos estériles para combatirla igual que en la Comunidad Valenciana».

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Creciente volumen de importaciones, alteraciones por cambio climático y macro-explotaciones de fondos de inversión han hundido los precios por debajo de los costes de producción.

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la grave situación del sector productor de limón. La organización agraria ha manifestado que la «campaña actual pasará a la historia como la peor en términos de rentabilidad hasta la fecha, con precios por debajo de los costes de producción para la inmensa mayoría de las personas productoras, lo que está derivando en graves pérdidas económicas en las principales zonas de producción e incluso abandono de explotaciones y el arranque de árboles».

«Los citricultores y citricultoras hemos asumido el coste de sacar adelante nuestra producción anual y ahora, para nuestra desgracia, estamos asumiendo el coste de tirar los limones al suelo, sin ningún tipo de ingresos. Es decir, estamos gastando alrededor de 30 cts./kg de limón para no obtener nada a cambio», ha señalado Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG. Para añadir que «sin contar con los kilos que se han mal pagado a quienes producimos, si sólo tenemos en cuenta las 400.000 t de fruta que se ha quedado en los campos estaríamos hablando de unas pérdidas de más de 120 millones de euros».

Esta organización ha denunciado que «nos encontramos ante un mercado altamente especulativo, con un creciente grado de integración en sustitución de un modelo social de citricultura, y sin elementos precisos para la gestión de las crisis más graves, como es el caso de la actual». Asimismo, «el creciente volumen de importaciones que hunden los mercados europeos, las alteraciones de cambio climático y las enfermedades y plagas, en ocasiones también importadas, así como el aumento de superficie de los últimos años, han derivado en esta penosa situación». Según los últimos datos publicados por la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos de España, elaborada por el Ministerio de Agricultura (MAPA), la superficie del limonero en regadío ha aumentado un 51% (+16.800 ha), principalmente por la conversión de superficie de otros cítricos, de frutales no cítricos o de hortalizas.

Por ello, además de adoptar medidas urgentes y estructurales para paliar y revertir la situación presente, «se debe trabajar de cara a futuras campañas y para el medio-largo plazo del sector». COAG se encuentra a la espera de respuesta por parte del MAPA a una solicitud de reunión urgente en la que poder trasladar una serie de propuestas y conocer su visión sobre la situación actual y las posibles actuaciones que se estén planteando.
www.coag.org

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En el último año los precios de la naranja han descendido en el campo, pero han aumentado en los lineales de los supermercados, según figura en un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), a partir de los datos de la Lonja de Cítricos de Valencia y el observatorio de precios de ASAJA Nacional. En concreto, la ‘Navel Lane Late’, en fase avanzada de recogida y comercialización, registra unas cotizaciones medias en origen de 0,26 euros por kilo (€/kg), lo que supone un 18% menos que el precio medio de hace un año, cuando los agricultores percibieron 0,31 €/kg en una campaña con un volumen de cosecha similar. Por el contrario, los consumidores están pagando por esa variedad de naranja un 15% más que hace un año, pasando de un promedio de 1,65 €/kg en 2023 a 1,89 €/kg en 2024.

AVA–ASAJA, que ya había denunciado la brusca caída de los precios de los cítricos, ha reclamado al Gobierno central que «ponga en marcha una investigación a fondo para esclarecer los motivos que hay detrás de esta dispar evolución de las cotizaciones en origen y en destino». La organización, presidida por Cristóbal Aguado, ha advertido al ministro de Agricultura, Luis Planas, de que «sus 2, 18 o 43 propuestas son insuficientes si no aporta transparencia y equilibrio a la cadena de valor que es donde se juega la rentabilidad de los productores y donde hay que estar vigilante para garantizar unos precios justos».

Aguado ha lamentado que «de las propuestas del ministro la mayoría son declaraciones de intenciones que no dependen de Madrid, sino de Europa, y lo que necesitamos urgentemente son realidades. Planas debe ponerse las pilas para aplicar rápidamente las medidas que son de su competencia directa y para presionar ante Bruselas sobre otras iniciativas que resultan indispensables como la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países, la reciprocidad, el control de plagas y enfermedades, etc.». Asimismo, ha subrayado que «es curioso lo que está pasando con la naranja y otros productos agrarios, pero esta es la realidad. Mientras las personas que producen los alimentos perciben menos dinero en el campo y las personas que compran esos mismos alimentos pagan más en la tienda, es evidente que hay eslabones de la cadena alimentaria que están ganando más a costa de productores y consumidores. Y un Gobierno responsable debe velar por una cadena alimentaria justo»

AVA–ASAJA ha reiterado a las administraciones nacional y autonómica que lleven a cabo una intensa campaña de inspecciones de oficio a los principales operadores comerciales y cadenas de distribución «para descartar prácticas anticompetitivas, ya que, con los datos disponibles, ningún factor técnico por sí solo puede explicar de manera decisiva la pérdida del precio de venta de los citricultores, cuando se incrementan los precios a los consumidores». Asimismo, ha instado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que «investigue, y en su caso sancione, cualquier contrato de compraventa de cítricos cuyo precio esté por debajo de los costes medios de producción».

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La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) pide a las administraciones autonómica y nacional que lleven a cabo una investigación a fondo para esclarecer las causas de la brusca caída de los precios en origen de los cítricos. Según la Lonja de Cítricos de Valencia, las cotizaciones de las naranjas han llegado a desplomarse hasta un 30% en el último mes, pasando en el caso de ‘Navel Lane Late’ de 0,36 a 0,25 euros por kilo (€/kg). En variedades más tardías, la ‘Valencia Late’ ha arrancado sus operaciones con 0,21 €/kg, una cifra que también se sitúa por debajo de los costes de producción. Respecto a las mandarinas, las variedades que mayor descenso de valor han sufrido a pie de campo son ‘Orri’ (–22%) y ‘Ortanique’ (–17%).

La organización agraria exige una intensa campaña de inspecciones de oficio a los principales operadores comerciales y cadenas de distribución «para descartar prácticas anticompetitivas, e incluso un posible contubernio, ya que, con los datos oficiales disponibles de la Comisión Europea, ningún factor técnico por sí solo puede explicar de manera decisiva este desplome tan acusado de los precios que perciben los productores». Asimismo, insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que «investigue, y en su caso sancione, cualquier contrato de compraventa de cítricos cuyo precio esté por debajo de los costes medios de producción».

El pasado enero se produjeron los primeros coletazos de la crisis citrícola, cuando algunas variedades de mandarinas como la ‘Clemenvilla’ o la ‘Hernandina’ tuvieron graves problemas de comercialización e, incluso, hubo muchos campos que se quedaron sin recolectar por falta de demanda. La organización presidida por Cristóbal Aguado insiste en «un acuerdo global de la interprofesional Intercitrus que incluya, entre otros asuntos como la promoción, medidas contundentes para acabar cuanto antes con el problema de la ‘pinyolà’ que ocasiona una pérdida de consumidores, especialmente entre los más jóvenes».

 

Importaciones de países terceros

Además, gran parte de las naranjas, que venían percibiendo precios razonables, desde febrero «también han caído por debajo del umbral de rentabilidad». Voces del sector, sobre todo del comercio privado y el cooperativismo, «echan toda la culpa a un factor externo como son las importaciones foráneas». De acuerdo con los datos de la Comisión Europea facilitados por Ailimpo, «las importaciones de naranjas a la UE procedentes de países terceros desde octubre hasta febrero fueron 263.437 toneladas, un 5% menos que en el mismo periodo del año anterior». Las exportaciones de naranjas de España a la UE ascendieron a 580.337 t, «lo que mantiene la cuota de mercado en torno al 70% en una campaña con merma de cosecha a causa de adversidades climáticas».

A pesar de ello, AVA–ASAJA reitera su «indignación ante la estrategia comercial de la UE que fomenta la competencia desleal de países terceros, a costa de sacrificar a sus productores, y destaca el enorme potencial de crecimiento de Egipto», el cual ha superado por primera vez a Sudáfrica en envíos de naranjas durante este tramo de la temporada con 115.022 t, lo que supone un incremento del 56% respecto al ejercicio precedente.

En este sentido, la organización agraria reclama a Bruselas que revise el acuerdo comercial que tiene suscrito con Egipto, así como con Sudáfrica, Turquía y Marruecos, con la finalidad de «evaluar el impacto presente y futuro sobre el sector citrícola europeo, teniendo en cuenta el incremento de superficie que han plantado en los últimos años, y evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades a Europa». 

Por último, AVA–ASAJA advierte de que «las movilizaciones continuarán mientras las políticas agrarias y medioambientales impulsadas por todas las administraciones nos resten competitividad y nos echen de nuestros campos y granjas».

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Una caída de la producción de entre el 20 y 40% por sequía y unos costes de producción al alza no justifican las tablas de precios presentadas, que en algunas regiones recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022. 

 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que «actúe de oficio y realice una campaña exhaustiva de inspecciones sobre los contratos de compra-venta de uva de vinificación presentados por las grandes bodegas de referencia».

Esta organización agraria ha indicado que «obviando la incuestionable subida de los costes de producción para el viticultor y la reducción de cosecha prevista, (la más baja de los últimos 10 años), los precios de la uva ofertados se sitúan claramente por debajo de los costes, incumpliendo la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria». Además, «dependiendo de la zona y la variedad de uva, los precios presentados recogen bajadas de hasta un 30% respecto a 2022».

Con estas cotizaciones, los cálculos realizados por los Servicios Técnicos de COAG, apuntan que un viticultor tipo perdería de media en torno a los 900€ por hectárea en el caso de uva blanca ‘Airen’ y 1.200€ en tinta ‘Tempranillo’. Según este estudio, «los costes de producción se elevan a 0,43€/kg para la variedad blanca ‘Airén’ y 0,52€/kg para la tinta ‘Tempranillo’, muy por encima de los precios presentados (0,20 €/kg para ‘Airén’ y 0,36 €/kg para ‘Tempranillo’)». 

Joaquín Vizcaino, responsable del sector vitivinícola de COAG, ha manifestado al respecto que «es intolerable que las grandes bodegas se salten a la torera la ley y obliguen a los agricultores a vendimiar a pérdidas. No vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan dónde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos a sabiendas de que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Sacar adelante uvas de calidad no se puede hacer a cualquier precio».

 

Los ejemplos de La Rioja, Toro y Castilla La Mancha

COAG ha ofrecido diversos ejemplos para exponer la situación. Así, «una gran bodega, perteneciente al Grupo Rioja, presentó contratos a sus proveedores para que acepten precios de 0,54 €/kg para las tintas y 0,60 para las blancas. Si la propia Consejería de Agricultura de La Rioja fija costes de producción medios para 2022 en 0,70 €/kg, una rebaja del 23% es absolutamente imposible que cumpla con la más mínima rentabilidad».

En la D.O. Toro, «la oferta de una gran bodega para la presente campaña, que suele ser el referente para la fijación del precio de compra de la uva para el resto de las bodegas de la denominación, es de 0,20 € para la uva de las variedades ‘Malvasía’ y ‘Garnacha’ y de entre 0,37 € (grupos 3 y 4) y 0,43 € (grupo 2) para la ‘tinta de Toro’, ofreciendo 0,58 € (grupo 1) por la uva de esta variedad procedente de viñedos viejos».

La organización ha recordado, asimismo, que en Castilla La Mancha, que supone el 50% de la producción vitivinícola nacional, «los dos grandes grupos bodegueros de referencia, Félix Solís y Garcia Carrión, han presentado unos precios que en el mejor de los casos mantienen las cotizaciones del año pasado pero que en otros se sitúan por debajo». En blanca ‘Áirén’, para la presente campaña Solís presenta 0,20 €/kg mientras que en 2022 el precio recibido por los productores fue de 0,20 €/kg. En la ‘Tempranillo’ con D.O.P., se reduce 6 céntimos por kilo, de 0,42 €/kg en 2002 a los 0,36 presentados para 2023 y en ‘Tempranillo’ sin D.O.P. la bajada es de tres céntimos, de 0,26 a 0,23 €/kg.

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Hasta que no arranca la vendimia los viticultores no empiezan a saber los precios que las bodegas pagarán por las uvas, lo que sucede cuando ya no tienen capacidad de maniobra para elegir comprador. Hasta la fecha solo se conocían contadas operaciones entre bodegas y sus proveedores habituales, ligeramente por encima de los costes de producción, pero se acaba de conocer que una gran bodega, perteneciente al Grupo Rioja, ha presentado contratos a sus proveedores para que acepten precios de 0,54 €/kg para las tintas y 0,60 €/kg para las blancas.

Ante este anuncio, la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Rioja (UAGR–COAG) se ha puesto en contacto con la consejera de Agricultura «para poner en su conocimiento este grave insulto a los viticultores riojanos: Si la propia consejería fija costes de producción medios para 2022 en 0,70 €/kg, una rebaja del 23% es absolutamente imposible que cumpla con la más mínima rentabilidad. Teniendo en cuenta, además, que esta campaña no solo se han incrementado los costes de producción respecto a la de 2022, sino que además los rendimientos que los viticultores pueden entregar por hectárea se han reducido».

Esta organización ha denunciado «esta posición abusiva de la bodega, ya que los viticultores se ven obligados de esta forma a firmar contratos presuntamente ilegales ante la amenaza de tener que dejar sus uvas colgando en las cepas». Por este motivo, ha solicitado a la consejera de Agricultura que afronte este asunto, dado que la «autoridad competente» en La Rioja para hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria es la Dirección General de Desarrollo Rural, perteneciente a su consejería.

Asimismo, la UAGR ha denunciado «esta insostenible situación» ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), a través de la Delegación del Gobierno en La Rioja y de la coordinadora estatal COAG. También lo ha comunicado a la Organización Interprofesional del Vino de la Rioja. De todos estos organismos la Unión «reclama compromiso y actuaciones urgentes, por ejemplo, con multas realmente disuasorias para que este tipo de prácticas no salgan rentables a determinadas bodegas que operan en la D.O.Ca. Rioja».

El presidente de la UAGR–COAG, Óscar Salazar, ha comentado que «no vamos a consentir ni que haya viticultores que no tengan donde entregar sus uvas, ni que a otros les obliguen a firmar contratos sabiendo que sus costes de producción no se cubren con los precios ofertados. Producir uvas de calidad, como exige una D.O.Ca., no se puede hacer a cualquier precio».

Por último, esta organización agraria ha recordado que sigue dispuesta «a transmitir denuncias como esta a la AICA, con precios claramente muy por debajo de los costes de producción, guardando el pertinente anonimato de los viticultores afectados».

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Miles de agricultores y ganaderos españoles se han manifestado en Córdoba, frente a la reunión Reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el marco de la Presidencia española, para protestar por «los continuos ataques que recibe el sector agrario». Convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y las Cooperativas Agro-alimentarias, los manifestantes han denunciado su «situación límite» a causa de «la escalada de los costes de producción, los insuficientes precios en origen, la competencia desleal de las importaciones de países terceros y las inasumibles exigencias medioambientales de la Comisión Europea».

Uno de los convocantes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la actual política agraria comunitaria «está orientada a favorecer un mercado sin control que sólo beneficia a grandes empresas y a la especulación, destruyendo el sistema productivo, acabando con el modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivos nuestros pueblos y amenazando seriamente la seguridad y la soberanía alimentaria en Europa». Miguel López, responsable de COAG en Andalucía, ha manifestado que estamos en un momento clave porque «lo que está en juego es el modelo de agricultura. ¿Qué queremos de aquí al futuro? Una agricultura social y profesional que genera economía, empleo, fija población, gestiona territorio, etc., que es la que defendemos, o la apuesta por el modelo neoliberal, con apertura de mercado sin control y el ‘todo vale’, incluso perjudicando la salud pública, y abriendo las ayudas públicas a los mercados financieros y fondos de inversión. Esto es lo que parece que están imponiendo desde Europa». Para añadir que «la alimentación es un valor de futuro, pero el mercado europeo no se está blindando. La soberanía alimentaria en Europa no existe; esto es grave. Y los que se han reunido son los responsables de esto».

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alertado que, tal como concluye el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen, la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (‘SUR’) provocaría, de aprobarse tal como está redactado, «una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, por tanto, un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores». 

Su presidente, Cristóbal Aguado, ha rechazado «la burrada del ecologismo radical que están imponiendo nuestros políticos contra los productores y los consumidores. Sus políticas verdes ya están expulsándonos de nuestros campos y nuestras granjas, y aun así continúan legislando con nuevas trabas y limitaciones. Si reducen el número de fitosanitarios para cuidar las plantas ante plagas y enfermedades, produciremos menos alimentos y serán todavía más caros. La inflación de la cesta de la compra sólo ha empezado. La subida del aceite sólo es el principio de las consecuencias de su irresponsabilidad». 

Aguado ha subrayado que «la Comisión Europea se equivoca al sacrificar a su sector primario y dejar su soberanía alimentaria en manos de las importaciones de países terceros. Porque no tenemos garantizado que en el futuro los productos agrarios de fuera puedan cubrir todas nuestras necesidades alimentarias, ya sea por el cambio climático, el incremento de la población mundial y/o conflictos geopolíticos que comportan cierres abruptos de mercados. Pero no olvidemos, que las políticas verdes únicamente se aplican a los productores de la Unión Europea, no a las importaciones foráneas. Así que los consumidores pagaremos mucho más por los alimentos que encontremos en el mercado que, además de los imprevistos internacionales, sufrirán una disminución, directamente al encarecerse y dificultarse la lucha contra las plagas y enfermedades, e indirectamente al seguir creciendo la superficie agraria abandonada». 

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha señalado que la situación es extraordinariamente delicada, en un contexto de inflación y de incremento sostenido de los costes de producción, sumado a la confluencia de fenómenos climáticos extremos, fundamentalmente la sequía. Esta situación sitúa a los productores y a sus cooperativas «en un escenario preocupante de volatilidad, incertidumbre y pérdida de rentabilidad progresiva, y en el que el aumento de los precios no compensa los costes de producción». En este sentido, las cooperativas han destacado que sin rentabilidad no habrá cambio de modelo productivo. Así, «se necesita generar una cadena con valor para todos los eslabones, que cuente con instrumentos innovadores, nuevas tecnologías y mayor inversión, al margen de la PAC, que ayuden a esa transición».

Finalmente, los responsables de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) presentes y también en la movilización, han calificado la gran respuesta a la convocatoria como «un éxito, que demuestra el descontento del sector con las políticas y normativas que van en contra de la producción agraria de nuestro territorio». Juan Carlos Massot, presidente nacional de JARC, ha destacado que este acto no pretendía criticar a la UE, «sino las políticas que están implantando, que son contrarias al objetivo que la impulsó en sus inicios». Por ello, ha hecho especial incidencia en «los tratos comerciales con países terceros, como por ejemplo el Mercosur, que generan competencia desleal y destruyen nuestro sistema productivo».

La problemática de los precios que perciben los productores es el otro lastre que arrastra al sector hace décadas. En la actualidad, los productores agrarios se encuentran en una situación ruinosa a consecuencia de la absurda subida de los costes de producción, superior al 35% en 2022; la caída de la productividad por efecto de la sequía y unos precios en origen que no garantizan cubrir los costes de producción. En este sentido, Massot ha vuelto a recordar la importancia de que los políticos pongan en marcha los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria «para proteger a los productores de los abusos y conseguir que cobren unos precios adecuados».

 

Apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías

La Reunión informal de ministros de Agricultura de la UE ha dejado un mensaje claro de la apuesta común de los países comunitarios por la aplicación de las nuevas tecnologías, que «deben jugar un papel clave en la transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible y permitir hacer frente a los efectos del cambio climático. Su uso, además, facilitará que el sector agroalimentario gane en rentabilidad y competitividad».

En su intervención, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha destacado cómo el abastecimiento de alimentos seguros, nutritivos y en calidad y cantidad suficiente es un reto global para el conjunto del planeta, ya que, de acuerdo con las previsiones de las Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Con este objetivo, Planas ha incidido en la necesaria transformación de los sistemas alimentarios «para hacerlos más justos, más resilientes y más saludables y que, a la vez, contribuyan de forma decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas». Todo ello, enfocado al triple objetivo «de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad global de los recursos naturales y la garantía de un medio de vida para quienes habitan en las zonas rurales». En un escenario en el que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, ha subrayado cómo las iniciativas y políticas europeas deben orientarse a dar respuesta a los retos ambientales y climáticos a los que se enfrenta la producción de alimentos. «La agricultura es una de las actividades humanas más afectada por el cambio climático, sin embargo, también forma parte de la solución», ha asegurado.

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La Unió Llauradora ha constatado que gran parte de la uva de vinificación que los agricultores están descargando en las tolvas de las bodegas de la Comunitat Valenciana se entrega con precios entre 0,20 y 0,25 euros/kg por debajo de los actuales costes de producción. Esta organización destaca así que los precios de la uva no remontan, a pesar de una reducción de la cosecha de en torno al 40 o 50% en esta comunidad y del 20% en el conjunto del Estado y con cifras de producción de vino previsibles en las zonas productoras españolas sobre los 35 millones de hectolitros (Mhl).

Entre las causas de estas cifras, se señala que la vendimia de este año «se ve afectada por una sequía brutal, con incrementos en los costes de producción que rondan el 30% respecto de la pasada campaña». En este sentido, el problema de la escasa cosecha «podría ir en aumento si este otoño no llueve lo suficiente, pudiendo provocar la muerte de las vides y el consiguiente abandono de explotaciones por parte de unos viticultores que no cuentan con relevo generacional».

En este contexto, con una oferta a la baja, con previsiones de producción en el resto de la UE moderadas o en descenso (Francia, 44 Mhl, Italia 43 Mhl), «el sector productor contempla la falta de visión de futuro del sector bodeguero poniendo en riesgo la continuidad de un buen número de explotaciones vitícolas en muchas de las zonas productivas».

LA UNIÓ ha indicado que «el abuso de la posición de dominio de los grandes grupos bodegueros está acabando con la viabilidad económica de las explotaciones ante la dejación de funciones de la administración que ha de velar por los intereses de cientos de miles de viticultores». Asimismo, ha señalado que es el propio Ministerio de Agricultura el que está siendo cómplice de esta situación ya que la Ley de la Cadena alimentaria dice que este «debe publicar los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios». El plazo para publicarlos depende de la completa entrada en vigor de la normativa que, a su vez, depende de cuando entran en funcionamiento ciertos mecanismos de la misma (al final, la fecha límite para que se publiquen dichos criterios es el 30 de diciembre de este año).

Pese a esta situación, el sector vitivinícola valenciano no ha tenido ayudas ni por sequía ni por el conflicto bélico en Ucrania como sí han tenido otras producciones. Por ello, la organización cree que la superficie de viñedo cumple un papel fundamental en la Comunitat Valenciana, «ya que además de representar unos ingresos económicos para nuestras zonas de interior, contribuye a mantener la población y lleva ya varias convocatorias de ayudas sin que sus productores puedan acceder a las mismas». Al respecto, ha reclamado al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que habilite ayudas para uno de los sectores más afectados por la sequía y la guerra en Ucrania como es la uva de vinificación, tal y como permite la Orden APA/871/2023, de 20 de julio.
 

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Con la semana Bordeaux en Primeurs –celebrada a finales de abril– todavía muy presente en el postgusto de los miles de periodistas, profesionales y expertos que han asistido a este evento, las casas y châteaux de esta localidad francesa han empezado a publicar los primeros precios de la añada 2022 que algunos de los críticos más influyentes del sector como Robert Parker o James Suckling han calificado como «estratosférica» o «memorable».

Apodado también como ‘el Wall Street del Vino’ por su determinante influencia en los precios del vino a nivel mundial, se trata del evento anual donde prácticamente todos los châteaux de Bordeaux abren sus puertas para dar a catar los vinos de la cosecha del año anterior.

En Primeurs son vinos que «aún tardarán dos años en salir al mercado, pero cuya venta se avanza para proporcionar a negociantes, profesionales y aficionados la posibilidad de adquirirlos antes de tiempo y en mejores condiciones». Es un sistema cuyo origen data del siglo XVIII y que empezó a extenderse durante la Segunda Guerra Mundial, aunque fue la crisis del sector en 1970 y el impulso del Barón de Rothschild en los años 80 junto a la influencia de críticos como Parker lo que encumbró la venta en Primeurs como referente mundial.

Al principio, el objetivo de los châteaux era «asegurarse liquidez y fortalecer la tesorería para garantizar el buen funcionamiento de la propiedad y ayudar a financiar la producción del año siguiente, ofreciendo a los compradores dos principales ventajas: asegurarse el acceso a vinos de limitada producción y hacerlo a un precio por debajo del coste que alcanzan una vez ya están embotellados y disponibles en el mercado. Un win-win».

Por ello, adquirir vinos en Primeurs «no es solo acceder a los vinos más cotizados del mundo con ventajas evidentes en el precio de adquisición y una posibilidad atractiva de inversión, sino que en un contexto de cambio climático y menor producción significa también asegurarse el acceso a las cantidades deseadas de unos vinos que serán difíciles o costosos de obtener cuando salgan al mercado, especialmente en una añada de menor producción como la 2022».

El equipo de Insolity, marca que ofrece servicios exclusivos para amantes y coleccionistas de Grandes Vinos y destilados, ha catado los vinos durante la semana Bordeaux en Primeurs. Para Audrey Vigne, directora de esta firma, «después de un año 2021 contrastado, no debemos perder la oportunidad de disfrutar de una añada muy prometedora: los vinos producidos en 2022 parecen, al comienzo de su crianza, excepcionales y notables».
 

‘Vinos monumentales’

Bordeaux ha producido «vinos monumentales en la añada 2022, con unas vides que se han adaptado a condiciones climáticas marcadas por los extremos térmicos pero favorables en las diferentes etapas clave del ciclo de la vid y de la maduración. Así, la añada ha beneficiado a los productores que han tomado buenas decisiones de viticultura y vinificación, logrando vinos admirables y que muestran ya en sus albores una potencial grandeza». Por tanto, el potencial de estos vinos es, en términos generales, «muy grande, pero también heterogéneo en algunos casos y en función de la zona, siendo de especial relevancia para esta añada contar con buena información y asesoramiento sobre los vinos».

Sergi Arana, consultor–sommelier de Insolity y Brand Ambassador en Bordeaux, ha destacado que algunos de los vinos de la cosecha 2022 que más han brillado son los grandes châteaux como Rauza–Ségla, La Conseillante, Vieux Château Certan, Cheval Blanc y Le Pin, «blue–chips de gran prestigio, reputación y cotización que siempre garantizan una atractiva revalorización».

Para los expertos de Insolity, también los segundos vinos y las referencias que suelen pasar más desapercibidas «han tomado gran protagonismo en esta añada, posicionándose como buenas oportunidades y de una notable relación calidad–precio».

Durante Bordeaux en Primeurs, negociadores, compradores, restauradores y distribuidores crean sus listas de deseos para el momento de adquisición, que se va abriendo en las sucesivas semanas posteriores a su celebración. Pero también, desde el punto de vista del aficionado particular, el interés sobre esta modalidad de compra es cada vez más elevado, ya que «los beneficios de compra a la avanzada son igualmente interesantes a este nivel. De hecho, en Francia y Reino Unido, donde el c coleccionismo e inversión en vinos está más extendido que en España, son numerosos los proyectos especialistas que abren el acceso a vinos en Primeurs directo a particulares».

En España, que dispone de menos marcas especialistas en servicio a particulares y que tengan contacto directo con los châteaux, el interés en este encuentro es creciente y «se erige como un momento interesante tanto para quienes desean fortalecer su colección de vinos como para quien desea iniciarse en el coleccionismo». Las ventajas en el precio son evidentes, ya que comprar vinos en Bordeaux en Primeurs puede suponer un ahorro de entre el 10% y el 20% –según los vinos— respecto al precio que tendrán a su salida al mercado.

Se trata de un claro beneficio sobre el precio de salida a mercado: una atractiva posibilidad de inversión a la vez que asegura el acceso a unos vinos únicos en el mundo, con potenciales de guarda muy longevos, de muy limitada producción, muy bien elaborados, firmados por las casas más prestigiosas del mundo y que forman parte de la élite del vino mundial.

Además, a partir de junio, Insolity «pondrá a disposición de clientes y aficionados sus propias adjudicaciones de Grandes Vinos gracias a la estrecha relación con las casas y châteaux más prestigiosos de la zona». https://insolity.com/; www.bordeauxenprimeurs.com

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El año 2022 ha finalizado marcando una pronunciada curva descendente en cuanto al precio al consumidor del plátano de Canarias se refiere, según ha informado ASPROCAN (Asociación de Organización de Productores de Plátano de Canarias). En este sentido, a partir de agosto, pico máximo ascendente (3,29 €/kilo de precio medio en la Península), el PVP medio ha ido en descenso, alcanzando su punto más bajo en la actualidad. En concreto, el precio por kilo al consumidor está en 2,05 € de media, lo que supone un descenso del 35% desde su punto más alto a mediados de 2022.

La pérdida de más de 70 millones de kilos de producción con motivo de la erupción volcánica en La Palma en 2021 tensionó el mercado del plátano durante buena parte del 2022. Sin embargo, la recuperación de parte de esta producción perdida gracias a un clima con temperaturas más elevadas de las habituales en el último trimestre de 2022 «ha generado una caída rápida y significativa de su precio». Una caída que no ha sido equilibrada, pues afecta principalmente a los productores, debido a la falta de agilidad en el traslado de la reducción de precios en origen a los precios al consumidor, lo que está generando fuertes pérdidas a los productores.

La citada entidad ha señalado que esta disminución «no ha sido equilibrada, ya que la falta de agilidad en el traslado de la reducción de precios en origen a los precios al consumidor está generando fuertes pérdidas a los productores».

Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, ha manifestado que «como consecuencia de la pérdida de producción causada por la erupción de La Palma y los altos precios derivados de la misma, en el 2022 fue inevitable una pérdida de cuota de mercado en favor de la banana, que salió beneficiada del ensanchamiento de la demanda que habíamos venido logrando en los últimos años». Para añadir al respecto que «no ha sido hasta final del año cuando ha comenzado a reducirse el precio en los puntos de venta, a pesar de que los productores ya percibían un precio sustancialmente inferior meses antes. Es imprescindible que los cambios de precio en origen se vean repercutidos al consumidor de forma rápida y con márgenes más razonables para todos los eslabones de la cadena».

 

 

 

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