PAC

La jornada de campo sobre manejo de cubiertas vegetales en cítricos celebrada en la finca Sinyent AVA, en la localidad valenciana de Polinyà de Xúquer, ha contado con la presencia de más de un centenar de técnicos y profesionales. En la misma, se ha puesto de manifiesto el «éxito» en la implantación de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) en su primera campaña de aplicación.

Eva García Sarro, subdirectora general adjunta de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha afirmado que, en la campaña 2023, el 87% de la superficie agraria útil, es decir, cerca de 19 millones de hectáreas (Mha), se han acogido a algún ecorregímen. Según datos del MAPA, uno de los mayores éxitos han sido las cubiertas vegetales en cultivos permanentes, donde se han llegado a alcanzar 2,4 Mha esta campaña, frente a la media de los últimos años de 1,3 millones.

En esta ocasión se ha conocido ‘in situ’ el caso de la finca Sinyent AVA, propiedad de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), que «es un fantástico ejemplo de cubiertas vegetales en cítricos, con más de 25 hectáreas de ensayos». El mensaje transmitido ha sido claro en las tres estaciones temáticas: los beneficios medioambientales de las cubiertas vegetales son evidentes, se encuentran avalados por la ciencia y deben aplicarse por convencimiento de los propios agricultores, «siendo además rentables a nivel económico si se aplican y gestionan de forma adecuada». 

En la Estación 1, Patricia Chueca, investigadora en el Centro de Agroingeniería del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha comentado las ventajas de la aplicación de cubiertas en cítricos y la maquinaria para su gestión. Entre ellas está evitar la erosión y la pérdida de suelo, gracias a la incorporación de materia orgánica, lo que redunda en una mejora su estructura, mayor retención de agua y aumento de la biodiversidad, siendo un reservorio para la fauna auxiliar. En cuanto a la maquinaria depende de la cubierta que se implanta es sembrada o espontánea, «pudiéndose minimizar el coste utilizando los equipos que ya tiene el propio agricultor o acudiendo a empresas de servicios».

En la Estación 2 se han visto los beneficios de las cubiertas para el control de plagas y enfermedades. César Monzó y Alice Casiraghi, investigadores del Centro de Protección Vegetal del IVIA, han dado a conocer cómo las cubiertas ofrecen recursos alimenticios alternativos para los enemigos naturales de las plagas, que se mantienen en el cultivo cuando no hay plaga al poder alimentarse de dichos recursos y controlando la plaga cuando aparezca de nuevo. Esto es clave «para un control biológico más eficaz de plagas como la mosca blanca o los pulgones».

En la Estación 3, Carlos Montesinos, ingeniero agrónomo del Departamento de Ensayos e Innovación de AVA–ASAJA, ha expuesto a los asistentes la experiencia en la finca Sinyent AVA y las ventajas de implantar cubiertas vegetales en cítricos. En esta finca, la cubierta que mejores resultados ha dado ha sido la basada en gramíneas como la Festuca arundinácea. Montesinos ha dejado claro que las ayudas de la PAC y otras para maquinaria, etc., son importantes, pero ha transmitido la idea de que «los agricultores lo deben aplicar por convicción, ya que la cubierta vegetal mejora, sin lugar a dudas, los servicios ecosistémicos del cultivo». 

La jornada ha finalizado con una demostración de maquinaria de equipos de siega de cubiertas vegetales, y una comida con todos los asistentes.

Cabe señalar que esta ha sido la tercera jornada de campo que se desarrolla en el marco del convenio titulado ‘La Agricultura de Conservación en la nueva PAC: una gran oportunidad para los agricultores y el medioambiente’, firmado entre el MAPA y la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV).

En lo que resta de este 2024, se desarrollarán más eventos formativos dentro del convenio MAPA–AEACSV, centrados en siembra directa. Así, se celebrarán dos cursos presenciales en Extremadura a finales de mayo y en Castilla y León a principios de junio, y dos jornadas de campo en Aragón y Castilla La Mancha, en septiembre, así como varios webinars.
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Tras tres jornadas de intenso trabajo, el 17º Symposium de Sanidad Vegetal cerró el pasado 15 de marzo sus puertas superando las previsiones de sus organizadores, con más de 1.200 participantes. Precedida por una mesa redonda donde se abordaron las claves para la soberanía alimentaria europea, la clausura contó con la presencia de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, quien estuvo acompañado por Juan de Benito, miembro del Comité Permanente del Symposium, y Carlos León, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería Agrícola de Andalucía Occidental (COITAND).

León agradeció la presencia de todos los participantes, empresas patrocinadoras y ponentes quienes trabajaron «en las líneas hacía donde debe ir la sanidad vegetal». Por su parte, De Benito hizo un recorrido por las claves que han llevado al éxito de este evento a lo largo de 40 años, cerrando su intervención con un emotivo vídeo que resumía su trayectoria.

Una trayectoria que Planas puso en valor durante la clausura, recordando en primer lugar la figura de Antonio Vergel, no solo como impulsor del Symposium, sino como valedor de la figura del ingeniero agrónomo. «40 años que sitúan a este evento como el referente para el sector de la sanidad vegetal». El ministro también se refirió a la retirada del Reglamento de Uso Sostenible por parte de la Comisión Europea, un hecho casi sin precedentes, «pero del que hay que sacar algunas conclusiones: por un lado, que hay que pensar en la sostenibilidad de una forma global, y que la necesaria transición ecológica se tiene que abordar junto al sector, con criterio y teniendo en cuenta sus particularidades». Estos cambios, «hay que afrontarlos al lado de los agricultores. Y me satisface que esta retirada haya sido el punto de partida para un nuevo diálogo con una presencia más activa de todos los actores implicado», ha apuntado.

Otro de los aspectos defendidos por el ministro durante su parlamento fue la necesaria legislación europea de nuevas técnicas genómica, «que nos permitirán avanzar hacia la sostenibilidad, con producciones más resistentes y productivas y de alto valor añadido».
 

Cuaderno Digital de Explotación, gran protagonista

Asimismo, el ministro mencionó el Cuaderno Digital de Explotación, que protagonizó la tercera jornada del Symposium. Para David Sánchez, jefe del Área de Innovación y Gestión Financiera del FEGA, «el gran cambio en esta herramienta ha sido su formato, pasando de su registro en papel con el que ya llevábamos trabajando desde hace 10 años a uno digital, que nos permitirá disponer de datos que nos ayudarán en la toma de decisiones». En este contexto, remarcó «la necesidad de hacer atractiva esta herramienta y que el resultado de su aplicación afecte directamente en la eficiencia de las explotaciones».

En esta línea se desarrolló una mesa de trabajo para analizar el futuro de este Cuaderno Digital, exponiendo sus ventajas, pero también sus debilidades. Con respecto a esto último, los participantes de la mesa fueron especialmente críticos. «Uno de los fallos del CUE ha sido la percepción del agricultor sobre su finalidad, entendiéndolo más como una nueva carga administrativa y una herramienta de control por parte de la administración», apuntó Jesús Gerique, del grupo de Trabajo Smart AGRO en AMETIC.

Las aportaciones quizás más críticas fueron las de David Nafrías, jefe del Área de Desarrollo Tecnológico en ITACyL, quien puso sobre la mesa el «erróneo enfoque de la administración» al presentar el CUE como una herramienta administrativa y no como una agrícola. «El CUE no puede resolver la PAC, debe hacer su propio camino, sí estructurarse con elementos comunes, y avanzar en aspectos que se requieren desde la PAC, pero no reemplazarla».

Nafrías planteó a los representantes del ministerio «la necesaria armonización de los registros e identificadores claros, la interoperabilidad entre herramientas digitales, y especialmente, poner en el centro al agricultor y al asesor técnico, y no únicamente las necesidades de la administración».

A estas demandas, Carlos Romero, subdirector Adjunto de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, recordó que el CUE es una herramienta necesaria que tiene que aportar valor añadido tanto a las administraciones como al propio sector y por tanto una oportunidad, «pero también somos conscientes de los retos y por ello tenemos que seguir trabajando las administraciones para lograr una implementación correcta».

Por el momento, se abre un nuevo periodo de voluntariedad en la su aplicación. «Creemos que es el paso correcto en el contexto actual para facilitar el objetivo que buscamos todos, que es que disponer de un cuaderno digital sencillo, simple, ágil y flexible que aporte valor añadido», argumentó Romero.
 

Hacia la soberanía alimentaria europea

Otro de los debates fue el de la soberanía alimentaria en Europa. Carlos Palomar, director general de AEPLA, recordó las diferencias que existen a la hora de registrar productos en Europa con respecto a otros países competidores, lo que nos sitúa en desventaja. En parecidos términos se manifestó Pedro Gallardo, Diputado en el Congreso y agricultor: «la sanidad vegetal es la herramienta clave que tenemos para garantizar nuestras producciones y, sobre todo, para lograr la sostenibilidad, por ello no podemos permitir que nos reduzcan esa caja de herramientas sin ofrecernos alternativas o excepcionalidades que nos permitan adaptarnos al cambio climático». Ante esto, José María Cobos, subdirector general de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del MAPA, puntualizó que en España existen 4.000 usos menores para productos fitosanitarios, lo que permite cubrir muchas de las necesidades del sector.

Manuel Gómez, secretario General de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía manifestó que «no podemos depender de mercado exteriores, y frente a la bajada de la producción real a la que estamos asistiendo, debemos apostar por una intensificación sostenible de la producción agrícola. Para ello la tecnología es nuestro gran aliado».

En total han sido 24 ponencias, donde se abordaron aspectos como la reglamentación europea, nuevas técnicas genómicas, nuevas plagas, fitosanitarios de bajo riesgo, biocontrol, retos para el cultivo de la fresa, el aguacate o el olivar, herramientas digitales, el cuaderno digital de explotación, la figura del asesor técnico, y las claves para la soberanía alimentaria en Europa. Además, hubo doce conferencias comerciales, donde se presentaron en primicia soluciones innovadoras en materia de sanidad vegetal.
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La finca ‘La Plana del Vico’ en Arnedo (La Rioja) ha acogido la primera jornada del convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEACSV), que ha mostrado cómo la formación es clave para implantar los Ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

El éxito de la jornada, desarrollada bajo el título ‘La Agricultura de Conservación en la nueva PAC: Una gran oportunidad para los agricultores y el medio ambiente’, ha sido claro, no solo por los casi 100 viticultores que han acudido a la cita, sino porque se ha conseguido el objetivo principal de demostrar en campo, con estaciones temáticas específicas, cómo aplicar este tipo de técnicas y los beneficios económicos y medioambientales que tienen para el agricultor.

Así, tanto los responsables del MAPA como de la AEACSV, dejaron claro en la inauguración que este tipo de eventos tiene un doble beneficio: como formación básica para poder aplicar las técnicas de Agricultura de Conservación en el marco de los Ecorregímenes de la Nueva PAC, ya sea siembra directa o cubiertas vegetales, y como escaparate donde el viticultor puede comprobar, en una finca que ya trabaja en esta línea, que son técnicas sostenibles y rentables.

 

Estaciones temáticas sobre suelo y maquinaria

La jornada se ha desarrollado en base a cuatro estaciones temáticas, a través de las cuales han ido rotando los asistentes en grupos que iban cambiando de estación cada 30 minutos. La Estación 1 ha estado dedicada a los ‘Beneficios medioambientales: secuestro de carbono en cubiertas vegetales en viña’ y ha sido impartida por Fernando Peregrina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentación y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

Peregrina ha mostrado sobre el terreno los tres beneficios clave que aportan las cubiertas vegetales al viñedo: la retención de agua sobre el terreno, evitando la erosión; la mejora de la estructura del suelo, que no crea una ‘costra’ en su superficie y aumenta enormemente la materia orgánica del mismo; así como la captación de CO2 de la atmósfera, que puede llegar a 1 tonelada por hectárea de viñedo, vital para la lucha contra el cambio climático. Así, si en las aproximadamente 47.000 hectáreas de viñedo de La Rioja se implantaran las cubiertas vegetales, «el beneficio sería enorme, más aún si hablamos de toda España».

La Estación Temática 2 ha versado sobre ‘Maquinaria específica para el control mecánico de la cubierta en viña’, y ha sido impartida por Francisco Javier García Ramos, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca de la Universidad de Zaragoza, y en ella se han explicado las maquinarias necesarias para trabajar las calles del cultivo (trituradoras, desbrozadoras, segadoras, barredoras o rulos) y para trabajar también la línea del cultivo, entre cada cepa.

Para García Ramos, a los viticultores que apuestan por las cubiertas vegetales les sale a cuenta, ya que ahorran en fitosanitarios al hacer un manejo mecánico del cultivo; ahorran fertilizantes al tener un suelo rico en nutrientes; cumplen además con los requisitos medioambientales cada vez más exigentes, y también pueden recibir la parte de la ayuda de la PAC destinada a aplicar uno de los Ecorregímenes reconocidos.

 

Experiencia positiva del agricultor

Un punto clave de la Jornada es conocer la experiencia del agricultor que ya aplica estas técnicas. Así, en la Estación 3 y bajo el título ‘Caso de éxito de cubierta vegetal en viña: experiencias de agricultores’, Francisco Javier Alfonso Rodríguez, viticultor gestor de la finca ‘La Plana de Vico’, contó su experiencia y los resultados que ve en su día a día.

Tras siete años con cubiertas vegetales en sus 2 hectáreas de viñedo destaca la retención de agua en el terreno sin erosión (hace poco cayeron 100 litros de agua y al día siguiente se podía entrar en la finca con el tractor sin problema); la cantidad de materia orgánica del suelo que hace que ya prácticamente no abone; el ahorro de costes al usar sus propios equipos que ya tenía y no usar fitosanitarios al ser una viña ecológica; y el buen aspecto de sus viñedos con una cubierta vegetal permanente. Este agricultor destacó que el principal problema que ha tenido es el desconocimiento de las técnicas, que le ha llevado a cometer pequeños errores, por lo que la formación sencilla y en campo es algo muy positivo y por lo que ha cedido su finca para estas jornadas. Por lo demás todo han sido beneficios, sin problemas de calidad ni de producción en sus viñas, con un manejo más sencillo y sostenible, y además adaptado a la línea que exigen desde Europa y que ya no va a tener vuelta atrás.

Por su parte, la Estación Temática 4 ha estado dedicada a las ‘Soluciones desde el sector privado para favorecer el desarrollo de los Ecorregímenes de cubiertas’, donde Luis Miranda, responsable de sostenibilidad de Syngenta Iberia, ha destacado el esfuerzo de la compañía para desarrollar productos fitosanitarios de última generación adaptados a las nuevas exigencias de sostenibilidad; el desarrollo de una mezcla específica para sembrar cubiertas vegetales en distintas zonas; o el desarrollo de tecnologías que facilitan los análisis de suelos, presión de plagas etc. El cuidado del suelo ya sea a través de la implantación de cubiertas vegetales o de la siembra directa, son parte de la búsqueda de una Agricultura Regenerativa que «responda a los importantes retos medioambientales y de sostenibilidad del sector».

Finalmente, cabe que recordar que el convenio ‘La Agricultura de Conservación en la nueva PAC: Una gran oportunidad para los agricultores y el medio ambiente’ incluye la realización de 4 webinars, 10 cursos presenciales, un curso online y 6 jornadas de campo entre finales de 2023 y hasta 2025, además de un repositorio en el que estará accesible documentos de todo tipo sobre este tipo de agricultura.
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Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar los resultados provisionales publicados por el FEGA de avance de solicitudes únicas presentadas y superficies declaradas en la campaña 2023, considera que la nueva Política Agraria Común (PAC) arranca «con datos manifiestamente mejorables». En primer lugar, la organización agraria señala que un 75% de los beneficiarios se han acogido a algún ecorégimen, «ello significa que una cuarta parte de los agricultores y ganaderos restantes no han podido cumplir las condiciones impuestas y, por lo tanto, van a perder el componente verde que estaba vinculada a la ayuda básica hasta la pasada campaña y que supone alrededor de un 25% de la misma».

Por otro lado, Unión de Uniones cree que los datos de ecoregímenes pueden estar sobredimensionados en cierta medida; ya que las flexibilizaciones introducidas por la sequía y el anuncio de que no se aplicarían penalizaciones por incumplimiento pueden haber motivado que se presenten solicitudes que acaben cayéndose en los controles posteriores. «Habrá que esperar a los datos definitivos, pero en todo caso ojalá cobren las ayudas todos los profesionales que las han solicitado, porque hacen mucha falta».

No obstante, la organización teme que esto pueda alejarse de la realidad, porque en muchos casos las prácticas primadas no compensan los costes de llevarlas a cabo, no se ajustan a la realidad agroecológica de muchos cultivos y zonas e implican un aumento considerable de la burocracia a la que tiene que hacer frente el agricultor y ganadero.

 

Resultados ‘mediocres’ en varias ayudas asociadas

En cuanto a los resultados provisionales en las ayudas asociadas agrícolas, Unión de Uniones ha puesto de manifiesto que, comparado con las superficies potenciales que calculaba el ministerio en el PEPAC, en esta campaña sólo se han acogido a ayuda asociada agrícolas el 67% de la superficie que el MAPA planteaba. Destaca en este sentido la baja acogida, comparado con lo planificado y por tanto presupuestado en el PEPAC, del plan proteico (54% de la superficie planificada), uva pasa (53%), olivar tradicional (77%) y tomate para transformación (88%). «Esto indica que producciones que han ocupado tanto el debate como los proteicos y el olivar el Ministerio no ha acertado con el diseño», opinan desde la organización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, la organización considera que hay un error de partida en todo el conjunto de ayudas PAC que radica en mantener dentro del sistema a quienes no realizan la actividad agraria de forma profesional y que no viven fundamentalmente de ello. «Aunque sea cierto que con las nuevas normas hay 26.300 beneficiarios menos, el filtro de agricultor activo debía haber sido más riguroso», ha afirmado.

Finalmente, la organización estima que ello habría permitido «un mayor margen financiero para mejorar las ayudas a los profesionales cuyas rentas dependen de verdad de su explotación y para compensar los efectos de disponer de menos dinero para la ayuda básica y de la convergencia negativa del valor de los derechos cuando les afecte».

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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reafirmado el apoyo de la Junta de Andalucía al sector olivarero andaluz, al que espera que se destine «gran parte» de los 81 millones de euros de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) anunciados para España por el impacto de la sequía en el campo. «Esos recursos, que ha solicitado Andalucía, son de nuestros agricultores», ha declarado Crespo, quien ha señalado «el olivar y los cítricos como sectores prioritarios para beneficiarse de unos fondos europeos que persiguen paliar las dificultades que están enfrentando los profesionales».

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las medidas de la Junta para respaldar la producción olivarera, la consejera ha reafirmado su apuesta por la modernización del olivar a través de la Estrategia Andaluza para el Sector del Olivar 2023-2027. La previsión es que «el borrador de esta nueva planificación, en el que han colaborado con el Gobierno andaluz las universidades de Córdoba y Jaén, esté terminado para el próximo septiembre».

Asimismo, ha señalado que «desde la Junta se respalda a los olivareros, entre otras cuestiones, en las inversiones que realizan para mejorar la comercialización de los productos o para impulsar iniciativas de economía circular dirigidas a aprovechar el alperujo».

Durante su intervención, Crespo ha comentado que el sector olivarero de Andalucía está atravesando una «situación muy complicada» a causa de la sequía, «pero es posible aprovechar mejor las posibilidades hídricas en la cuenca del Guadalquivir». Al respecto, ha explicado que alrededor del 84% del olivar andaluz se encuentra en territorio de esta demarcación hidrográfica de competencia estatal, donde este cultivo concentra casi el 50% de la superficie regada de esta cuenca, y donde, desde su punto de vista, «es preciso hacer uso de las aguas regeneradas» para el riego de los cultivos como fuente hídrica adicional que permitirá hacer frente a la escasez de precipitaciones con mayores garantías. Por ello, «el Guadalquivir no se puede quedar al margen de las aguas regeneradas en Andalucía». La consejera ha recordado que, a pesar de que la Junta no tiene competencias en esta cuenca, «el Gobierno andaluz ha ofrecido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) su colaboración para poner en marcha los tratamientos terciarios de las depuradoras que podrían ofrecer aguas regeneradas para cubrir los 20 hm³ contemplados en la planificación de esta demarcación y que solo tienen concesiones en precario». Para ello, es necesario que el Gobierno de España «otorgue a las comunidades de regantes las concesiones de agua definitivas correspondientes».

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El Consejo de Ministros ha aprobado el 11 de mayo un real decreto-ley que incluye un potente paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta la segunda semana de mayo, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5 % inferior al promedio de este periodo. La reserva hidráulica peninsular se ha situado en la última semana en un 48,9 %, algo inferior a la del año anterior (50,6 %), cuando el Gobierno ya aprobó un decreto de sequía con medidas importantes, algunas de ellas se fueron ampliando a lo largo del pasado año.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación compleja que, unida a las circunstancias climáticas, «hace que resulte de extraordinaria y urgente necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país».

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), en las que están implicadas los ministerios de Agricultura (MAPA); Hacienda y Función Pública; Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo las medidas en materia agraria y de aguas están valoradas en unos 2.190 millones de euros en total.
 

Ayudas directas

Los sectores agrícolas dispondrán de un volumen de ayudas de 276,7 millones de euros. El MAPA determinará los cultivos, zonas y cuantías a los que corresponderán estas ayudas en función de los que se compruebe son más perjudicados por la situación de sequía. Para ello se tendrán en cuenta la información sobre la evolución climática e hidrológica del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico y de las comunidades autónomas.
 

Apoyo a la financiación

El decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. Esta ayuda se habilitó en el decreto de sequía aprobado en marzo de 2022 con una dotación de 10 millones de euros y posteriormente se amplió hasta 20 millones en el segundo decreto de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania aprobado en junio de 2022. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos. En el anterior decreto de sequía esta línea se dotó con 2,7 millones de euros, ampliada después en otros 2 millones más.
 

Seguros agrarios

El MAPA ha vuelto a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

 

Medidas fiscales

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás. En este ámbito, la orden del Ministerio de Hacienda del 25 de abril ya contemplaba una importante rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25 % lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, es decir más de 800.000 beneficiarios. Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30 % y el 50 % para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. Asimismo, queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.
 

Ampliado el plazo para las ayudas PAC

El real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para percibir las ayudas. Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para presentar las solicitudes. De esta forma, los agricultores dispondrán de más tiempo para la toma de decisiones sobre sus cultivos en un momento en el que la sequía produce incertidumbres.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta en el día hoy, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.
 

Medidas socio-laborales

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga hasta el 31 de diciembre la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y de Extremadura.
 

Medidas hidráulicas

Los agricultores titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100 % si la reducción en la dotación de agua supera el 60 %, y del 50 % si el recorte del suministro ha sido de entre el 40 % y el 60 %. Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir tendrán una reducción del canon del 50 %.
 

Insatisfacción en el sector

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera insuficiente el Real Decreto de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario, «ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía». En este sentido, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reclamado que «desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna. Hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran».

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha indicado que las medidas aprobadas «apenas van a beneficiar al campo valenciano y, en todo caso, únicamente a ciertos cultivos de secano, la ganadería y la apicultura, mientras que el regadío valenciano queda excluido pese a los efectos que la falta de lluvias ya está ocasionando»

Esta organización valora las ayudas directas dirigidas a los ganaderos y apicultores, pero «cuestiona el fondo de 276 millones que el Gobierno aún no ha desvelado a qué cultivos y en qué zonas de España los destinará». Respecto al aumento de la subvención del coste de las pólizas por riesgo de sequía en cultivos de secano, podrá beneficiar a las producciones que tienen una cultura de contratación porque el seguro funciona bien, como son los casos de la uva para vinificación y los cereales, «pero, por el contrario, tendrá una incidencia mínima en otros como el almendro y el olivar donde apenas se contrata esta cobertura porque no se ajusta a las necesidades reales del cultivo».

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El Gobierno ha anunciado que está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La Mesa de la Sequía, reunida bajo la presidencia del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, ha examinado la situación de los distintos sectores y territorios, y ha articulado mecanismos de coordinación, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para identificar las medidas a adoptar.

El subsecretario ha anunciado que, además, el ministro Luis Planas va a remitir una carta a la Comisión Europea para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

En el transcurso de la reunión se han puesto en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se ha hecho un análisis de la situación general y particularizada en las comunidades autónomas y se han puesto sobre la mesa propuestas que deberán analizarse. Así, el panorama dibujado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desesperanzador, pues no se esperan lluvias que palíen la escasez hídrica que atraviesa el país en su conjunto.

La situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
 

Reclaman pasar a la acción
Las reacciones no se han hecho esperar por parte del sector agrario tras esta reunión. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) exige a las administraciones «pasar del diagnóstico a la acción para hacer frente a las dramáticas pérdidas de cosechas y los desorbitados sobrecostes que está provocando la falta de precipitaciones en el campo valenciano». La organización se suma así a las declaraciones del presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato que cree que «el diagnóstico ya está hecho y ahora lo que necesita el sector agropecuario son medidas eficaces, contundentes e inmediatas».

ASAJA y AVA–ASAJA apuestan por la puesta en marcha de ayudas directas, medidas fiscales, líneas preferentes de financiación, normas que relajen el cumplimiento de la PAC y la mejora y agilidad de los seguros agrarios a fin de pagar unas indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos. Asimismo, solicitan un Pacto de Estado del Agua que incluya más infraestructuras de almacenamiento y distribución hídrica. Todas estas medidas resultan necesarias, subrayan, para «evitar que siga creciendo el abandono de explotaciones, siga avanzando el desierto y siga subiendo el precio de los alimentos a los consumidores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido en la Mesa de la Sequía «urgencia en la puesta en marcha de medidas» para proteger a los agricultores y ganaderos españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado que se habiliten fondos de Europa, España, y a nivel regional para evitar la ruina total de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. La sequía que padece España es tanto hidráulica (los embalses están de media al 51% de su capacidad, un 16% por debajo de la media de los diez últimos años) como hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año). UPA cree que los efectos de la sequía afectarán a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos, y por consiguiente a la capacidad de producción de alimentos.

En la línea de los dos anteriores el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha pedido que el Gobierno apruebe un nuevo decreto sobre la sequía porque es el «instrumento» que permite amparar las medidas laborales, fiscales o para el regadío oportunas.

Como se ha mencionado anteriormente, Cataluña y Andalucía son dos de las zonas más afectadas por la extrema sequía. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha reclamado al MAPA un nuevo Decreto de sequía en el Estado y «ayudas directas» para el sector agrario de Cataluña para hacer frente a las pérdidas que supondrá la «severa sequía» que está sufriendo este sector. «Para nosotros el sector primario es extremadamente imprescindible porque es el sector productor que aporta alimentos al país y ya lleva mucho tiempo sufriendo con heladas, granizadas, la guerra de Ucrania, los sobrecostes etc. Hemos pedido ayudas directas porque debemos trabajar con previsión como siempre hacemos», ha apuntado Jordá.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha reclamado al Estado «un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir», donde los productores, entre otras medidas, «están pidiendo balsas y sondeos para dar agua al ganado». Por lo que pide «diligencia y rapidez con medias urgente ante la sequía». Respecto a la administración autonómica, Crespo ha recordado que «Andalucía tiene ya dos decretos de sequía» y la próxima semana irá el tercero al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con nuevos recursos. Redacción.

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En el marco de su Asamblea General, la AREFLH (Asamblea de Regiones Europeas Productoras de Frutas y Hortalizas) organizó el 23 de marzo una conferencia pública en Lleida, evento coorganizado por Afrucat, la asociación catalana de empresas frutícolas, y la Generalitat de Catalunya.  

El cambio climático fue el primer tema abordado. Se trata de un tema sensible y de actualidad, cuyas consecuencias se dejan sentir cada vez más en la producción europea. Esta fuerte preocupación de los miembros de la AREFLH condujo a la creación de un nuevo grupo de trabajo sobre la cuestión del agua. Así, los representantes de las regiones y los productores miembros podrán intercambiar sobre las consecuencias de la falta de agua en sus territorios y sobre las soluciones a corto y medio plazo que permitan garantizar la producción.   

Otro reto importante que se debatió fue el de las nuevas enfermedades y plagas, cuya aparición aumenta con el cambio climático. Sin embargo, con el nuevo proyecto de reglamento de la Comisión Europea, que exige una reducción del 50% en el uso de pesticidas, los agricultores carecen de soluciones. A pesar de su fuerte compromiso con la agricultura sostenible, su preocupación es una disminución de la producción que llevaría a una reducción de la soberanía alimentaria en Europa.  

El segundo tema de actualidad desarrollado fue el proyecto de reglamento europeo sobre envases. Este reglamento propone la eliminación del envasado para los productos hortofrutícolas que pesen menos de 1,5 kg, con excepciones insuficientes para garantizar un transporte óptimo, la exportación y la mejor calidad posible en el punto de venta. Dado el carácter tan sensible del expediente, la AREFLH está en contacto regular con la Comisión Europea (DG AGRI, DG ENV) y el Parlamento Europeo. 

La presidenta de la entidad, Simona Caselli, ha señalado que «este dossier es crucial y se requiere una atención particular por parte de la AREFLH en los próximos meses. Debemos continuar nuestro trabajo con las instituciones para garantizar una armonización de las legislaciones sobre los envases. También debemos sensibilizar a los consumidores finales sobre los esfuerzos realizados por la profesión y sobre las innovaciones en este campo».   

Una de las dos mesas redondas trató sobre la nueva programación de la PAC. Las intervenciones se centraron en el nuevo marco legislativo, los elementos de continuidad y divergencia con la antigua reglamentación, así como las oportunidades de intercambio entre las partes interesadas. Caselli clausuró la jornada anunciando que la próxima Asamblea General se celebrará en Macedonia Central (Grecia), en 2024.

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El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un real decreto que modifica la normativa nacional vigente sobre el potencial de producción vitícola, al objeto de adaptarla a las novedades introducidas en el sistema de autorizaciones de viñedo por la nueva Política Agraria Común (PAC). Con este nuevo texto «finaliza la modificación del sistema de autorizaciones de viñedo derivada de la reforma de la PAC, que extiende hasta el 2045 el sistema de control del potencial productivo».

Esta adaptación «permitirá mantener el crecimiento ordenado del potencial vitícola de España, ya que introduce mejoras en el procedimiento de reparto de autorizaciones de nuevas plantaciones, entre otras cuestiones, mediante el ajuste del criterio de prioridad relativo a las pequeñas y medianas explotaciones». A partir de ahora, «se tendrá en cuenta solo la superficie de viñedo de la explotación, en lugar de la superficie agraria total de la explotación». Además, se modifican las puntuaciones de dicho criterio «para priorizar a las solicitudes de medianas explotaciones vitícolas, con el objeto de favorecer a los proyectos con mayor viabilidad y perdurabilidad en el tiempo, que garanticen una mejor salida de su producción en el mercado».

La nueva legislación añade como excepción de la aplicación del sistema de autorizaciones de viñedo el establecimiento de colecciones de variedades de vid para la conservación de recursos genéticos. La comercialización de la producción de estas colecciones queda prohibida.

A partir de ahora, «se permitirá la transferencia de autorizaciones en el caso de la disolución de una explotación de titularidad compartida. Y también queda prohibida la comercialización de la producción de una plantación de viñedo sin autorización hasta el momento de su arranque».

Además, fruto del proceso de actualización y mejora normativa «se han introducido nuevas disposiciones y se actualiza la lista de variedades de uva de vinificación autorizadas».

Este real decreto ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación, pero «las modificaciones en el criterio de prioridad de pequeña y mediana explotación vitícola, se aplicarán de forma retroactiva a las solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones que se presenten entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2023»

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinó el pago, por parte de las comunidades autónomas, de 4.037 millones de euros de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022 (a fecha 31 de diciembre), que se inició el 16 de octubre.

Andalucía ha sido la comunidad con un mayor importe llegando a los 1.225 millones de euros, seguida de Castilla y León con 793 millones y Castilla–La Mancha con 498 millones de euros.

A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono del 95% del régimen de pago básico, del pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (pago verde) y para jóvenes agricultores. Asimismo, y una vez que se lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico, en el primer trimestre de 2023, se podrá autorizar el abono del 5% restante, cuyo plazo concluye el 30 de junio de este año.

También desde el 1 de diciembre se pudo transferir la totalidad del pago del régimen simplificado para pequeños agricultores; y el 90% del pago de los regímenes de ayudas asociadas a la producción de proteicos, y frutos de cáscara y algarrobas, entre otros.

El 10% restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se establezca el importe unitario definitivo, en los primeros meses de 2023, y antes del 30 de junio. 

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