Legislación

La Comisión de Gobierno de FEPEX, reunida en Madrid, ha reiterado que los cambios legislativos en el ámbito nacional y comunitario amenazan la competitividad de las explotaciones, en un entorno en el que exportación y consumo bajan y la importación crece.

Así, el comercio exterior hortofrutícola hasta el mes de agosto muestra un descenso del volumen exportado del 6,5% con relación al mismo periodo del año anterior, situándose en 8,2 millones de toneladas, en línea con el descenso del 10% que ya se produjo en 2022 respecto a 2021. Por el contrario, la importación crece un 9% este año, ascendiendo a 3 millones de toneladas, en línea con el crecimiento del 7% de 2022. En cuanto al consumo, en 2023 ha caído un 2% hasta el mes de agosto, siguiendo el descenso de 2022 que se situó en un 12,5%.

En este escenario, la Comisión de Gobierno analizó el impacto que pueda tener sobre los sectores de frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas las propuestas de Reglamento sobre uso sostenible de fitosanitarios; sobre envases y residuos de envases y sobre la ley de restauración de la naturaleza, todas ellas presentadas el año pasado.

Los miembros de FEPEX comparten la decisión del Parlamento Europeo, en el último pleno de noviembre, al rechazar la propuesta de Reglamento de uso sostenible de fitosanitarios, considerando que «todavía no se ha realizado un análisis de su impacto de esta futura normativa ni sobre la producción hortofrutícola ni sobre la accesibilidad a una dieta saludable, en un escenario que se caracteriza por una fuerte caída del consumo».

Asimismo, comparten también la decisión de la cámara europea de rechazar uno de los puntos incluidos en la propuesta de Reglamento sobre envases y residuos de envases, que exigía la obligatoriedad de la venta a granel en la comercialización de formatos por debajo de 1,5 kilos y que ya había sido criticada por FEPEX, «por considerarla muy negativa desde la perspectiva de fomento del consumo y de la sostenibilidad sectorial».

Además, se constató la preocupación por la Ley de Restauración de la Naturaleza y en especial sobre el contenido del futuro Plan Nacional de Recuperación de la Naturaleza y su impacto sobre los ecosistemas agrícolas, reiterando que «debe contemplar su sostenibilidad social y económica y una producción competitiva que garantice también la seguridad alimentaria».

En la reunión, se analizó también el impacto que tendrá la nueva subida del SMI anunciada por el gobierno, así como los cambios normativos previstos en los acuerdos de investidura, como son la rebaja de la jornada laboral. Para FEPEX, la nueva subida del SMI unida al incremento de las cotizaciones sociales «impactará negativamente sobre el empleo del sector, en el que la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción, suponiendo un nuevo y enorme esfuerzo para las empresas que han tenido que asumir las sucesivas subidas, que desde el año 2017 han provocado un incremento de más del 52%». Ello junto al incremento del resto de costes de producción ha hecho que mantener la sostenibilidad económica de las explotaciones sea un gran reto, al no ser posible en la mayoría de los casos trasladar los costes a los precios y ante la fuerte competencia de países competidores extracomunitarios, con costes laborales hasta 10 veces inferiores, «sin que se adopten medidas que permitan mantener los rendimientos y la competitividad del sector».

Por otra parte, la Comisión manifestó la enorme preocupación ante la falta de mano de obra existente en el conjunto del sector hortofrutícola y la necesidad de recurrir a la contratación de trabajadores migrantes en origen de temporada por un mayor número de empresas.

Finalmente, valoró también la evolución de Fruit Attraction, organizada por FEPEX e IFEMA y que en su última edición ha contado con 2.000 expositores, y 64.000 metros cuadrados, lo que supone crecimientos del 10% en ambos casos. En este encuentro se acordó que la asamblea de FEPEX se celebre el próximo 22 de febrero en Sevilla.

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La comunidad científica europea hizo pública el 25 de julio una declaración abierta dirigida tanto al Parlamento y Consejo Europeos, como a la Comisión Europea, para que permitan las técnicas de edición genómica y con ellas, una agricultura sostenible y, al mismo tiempo, mejorar la producción de alimentos. La petición de este colectivo se da en un contexto global de aumento de la población, disminución de la biodiversidad y de los recursos, y aumento de la temperatura del planeta, con la necesidad de generar más alimentos mejorando las plantas y desarrollando variedades de cultivo mucho más sostenibles.

Quienes firman el escrito han destacado que la capacidad de utilizar estas nuevas tecnologías de edición genómica «es crucial para el bienestar y la seguridad alimentaria de la ciudadanía europea». Son 117 los institutos de investigación que han firmado un informe de posición inicial que ha dado lugar a la declaración hecha pública, entre ellos el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de València. Además, personal científico de diversas instituciones europeas ha difundido vídeos en los que se explican las ventajas de esta nueva técnica. Entre ellos, hay uno en el que participan Juli Peretó, vicedirector del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (CSIC–Universitat de València), y José Pío Beltrán, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y coordinador del CSIC en la Comunidad Valenciana.

En esta declaración pública se destaca que la agricultura europea puede hacer contribuciones considerables a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU con la aplicación de las técnicas de edición genómica. Así, se indica que «los métodos de mejora vegetal de precisión como la edición del genoma con CRISPR son herramientas innovadoras que tienen el potencial de ayudar a alcanzar estos objetivos de una manera más rápida y eficiente».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a las herramientas de mejora vegetal
Para desarrollar estas variedades, el personal especializado debe tener acceso a la gama más amplia posible de herramientas de mejora vegetal. La adición más reciente a la caja de herramientas es la mejora de precisión con CRISPR, que permite desarrollar las variedades de cultivos deseadas de una manera más rápida, relativamente simple y mucho más dirigida en comparación con las técnicas anteriores.

A pesar de ello, en la carta se destaca que «la interpretación actual de la legislación europea (caso C–528/16) impide el uso de la edición del genoma para la agricultura sostenible y la producción de alimentos en la UE». La coincidencia con la publicación el 25 de julio se ha dado justo un año antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había dictaminado que «las plantas obtenidas mediante técnicas de mejora de precisión como CRISPR son organismos modificados genéticamente (OGM), a diferencia de los productos producidos con técnicas de mejora mucho menos precisas, que están exentas de la legislación OGM».

Al respecto creen que «esto es altamente problemático ya que la legislación europea sobre OGM presenta un umbral reglamentario inalcanzable para los institutos de investigación y las pequeñas empresas de mejora. Dicha legislación es simplemente demasiado complicada y costosa de cumplir para la mayoría de estos centros y pequeñas empresas».

Los científicos y científicas que han firmado el escrito consideran que la legislación de la UE sobre OMG se diferencia de la legislación en muchas otras naciones, ya que «la incapacidad para comercializar cultivos con el genoma editado en Europa causará un efecto inhibitorio en las inversiones en I+D en el sector de la mejora de plantas europea. El resultado será que el desarrollo futuro de variedades beneficiosas de manera más rápida y mucho más directa se detendrá en Europa, mientras el resto del mundo adopta la nueva tecnología».

Por todo lo mencionado, las personas y entidades que han firmado el escrito piden una pequeña revisión de la legislación europea «para armonizarla con el marco legal de otras naciones, de forma que permitiría a especialistas y personas que mejoran las plantas, así como otras que se dedican a la agricultura y la producción en Europa incluir la edición del genoma como una de sus herramientas».

«Otros países aplican legislaciones que están más adaptadas al estado actual del conocimiento científico, y excluyen a las plantas que tienen alteraciones que también podrían ocurrir naturalmente o como resultado de actividades de mejora convencionales», han señalado. Lo que en otras palabras quiere decir que en estos países «las plantas con el genoma editado no están sujetas a la legislación de OGM, lo que permite utilizar la edición del genoma para lograr una agricultura y producción de alimentos más sostenibles».

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Las empresas AlgaEnergy y Tradecorp han asumido desde el pasado mes de octubre la secretaría rotatoria del grupo de trabajo ‘Task Force Spain’ del European Biostimulants Industry Council (EBIC). Desde esta posición, ambas compañías se encargan de la coordinación de este grupo de trabajo, que representa a las empresas españolas en el EBIC a la hora de valorar los avances realizados por otros grupos especializados y participar en materias como, por ejemplo, la regulación y estandarización, con la finalidad de consensuar posiciones comunes y contribuir al desarrollo del sector. Estos grupos nacionales son también los interlocutores ante las instituciones nacionales del EBIC, organismo fundado en 2011 y que cuenta con 56 miembros a nivel internacional, y que tiene como objetivo fomentar el papel del sector de los bioestimulantes en Europa para ayudar a que la agricultura sea más sostenible e impulsar una regulación apropiada para estos productos en el nuevo reglamento sobre productos fertilizantes.

Irene Sobrado, European Regulatory Manager en Tradecorp, ha indicado que «la secretaría del ‘Task Force Spain’ llega a Tradecorp y AlgaEnergy en un momento crucial, ya que actualmente se está discutiendo el texto definitivo de la nueva legislación europea de fertilizantes en el Trílogo, que reúne a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo».

Por su parte, Estefanía Hinarejos, Regulatory Affairs Manager de AlgaEnergy, ha manifestado que «tenemos la misión de apoyar al desarrollo de este precedente regulatorio que ya es referencia a nivel mundial, y esperamos cumplir con nuestro objetivo».

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En estas circunstancias, como ya adelantó el IVIA en su informe de 17 de septiembre de 2014, Tang Gold debe ser considerada una variedad esencialmente derivada de Nadorcott, cuestión que está pendiente de resolución ante los tribunales.

 

La Sala de Recurso de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales ha resuelto los recursos interpuestos por Nador Cott Protection (NCP), el Club de Variedades Vegetales Protegidas (CLUB), y la propia Universidad de California contra la decisión de la Oficina que en octubre de 2014 concedió la protección comunitaria a la variedad Tang Gold.

La Universidad de California pretendía que la Sala de Recurso declarara que entre Tang Gold y Nadorcott existían diferencias adicionales a las inicialmente identificadas en la decisión de octubre de 2014 y la Sala de Recurso ha rechazado íntegramente el recurso la Universidad de California.

Además, la Sala de Recurso ha admitido la posición de Nador Cott Protection y el CLUB y ha descartado dos de las cuatro diferencias inicialmente identificadas.

Con esta resolución, la Sala de Recurso señala que entre Tang Gold y Nadorcott existirían únicamente dos diferencias: el polen viable y el número de semillas en condiciones de polinización cruzada. Así lo había sostenido ya el IVIA en su informe de 17 de septiembre de 2014, en el que también se señalaba que Tang Gold es una variedad esencialmente derivada de Nadorcott. Por ello, organizaciones como AVA–ASAJA informaron a los agricultores del riesgo de que los tribunales puedan declarar que la explotación de Tang Gold infringe los derechos sobre la variedad Nadorcott.

Además, en cuanto a la magnitud de la diferencia relativa al número de semillas en condiciones de polinización cruzada, la Sala de Recurso ha rechazado el recurso de la Universidad de California y confirma que esta diferencia sería mucho menor que la que pretendía dicha universidad.

En todo caso, la concesión de la variedad no es firme y puede recurrirse ante los tribunales de la UE.

En resumen, la Sala de Recurso viene a confirmar lo que NCP y el CLUB vienen defendiendo desde que comenzó el conflicto entre Tang Gold y Nadorcott, y es que, si acaso existiesen diferencias entre ambas variedades, estas diferencias como mucho se referirían a la fertilidad de la variedad. Y, en estas circunstancias, como ya adelantó el IVIA en su informe de 17 de septiembre de 2014, Tang Gold debe ser considerada una variedad esencialmente derivada de Nadorcott, cuestión que está pendiente de resolución ante los tribunales.

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La ministra de Agricultura recuerda que este Gobierno lleva tres años trabajando para fortalecer y vertebrar el sector agroalimentario.
Afirma que los Reales Decretos aprobados constituyen el marco regulatorio, que permitirá el buen funcionamiento de las relaciones comerciales, y recalca que los operadores deben saber que el incumplimiento de la Ley no saldrá gratis.

 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado la importancia de los reales decretos aprobados el viernes pasado, 6 de febrero, en Consejo de Ministros para completar la regulación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Según la ministra, «se trata de una normativa muy demandada por el sector agroalimentario que va a servir para reforzar su competitividad».

García Tejerina hacía estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó dos Reales Decretos que culminan el desarrollo reglamentario de esta Ley, «de enorme importancia para el sector agroalimentario español». En este sentido, indicó que el Gobierno ha trabajado durante estos últimos tres años «para fortalecer y vertebrar el sector agroalimentario, para darle herramientas para que pueda consolidar su crecimiento y se constituya como un sector estratégico para la economía española».

 

Competitividad de la cadena alimentaria
Asimismo, la ministra destacó que, una vez conseguido un horizonte de estabilidad para el sector, gracias fundamentalmente a la reforma de la Política Agraria Común, resulta muy importante reforzar la competitividad de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria para que pueda seguir creciendo.

En este contexto, una de las actuaciones más importantes del Gobierno ha sido la aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y los dos reales decretos que culminan su desarrollo «y que constituyen el marco regulatorio que permitirá el buen funcionamiento de las relaciones comerciales entre los distintos operadores». Según destacó García Tejerina, se trata de la primera vez que se regula en España y también la primera vez que se hace en la Unión Europea.

La ministra de Agricultura concretó como uno de los objetivos principales de la ley acabar con las prácticas comerciales abusivas, mediante la obligatoriedad de suscribir contratos con un precio cierto y un plazo de cobro.

 

Régimen de controles de AICA
También indicó que, para velar por el cumplimiento de la ley, se constituyó la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Así, el Real Decreto sobre el régimen de controles regula todos los procedimientos en los que se enmarcan las actuaciones de la Agencia.

A este respecto, la ministra señaló que desde que se constituyó AICA y se aprobó su Plan de Controles, en el mes de septiembre de 2014, ya se han realizado miles de controles.

Con el objetivo de agilizar la actividad de AICA, el Real Decreto determina un plazo de seis meses para la finalización de las actuaciones, que pueden ser prorrogados su concurren circunstancias excepcionales.

Además, la ministra comentó que, al ser publicados los procedimientos, se da transparencia e información, para que todos sepan que la Ley se ha publicado para cumplirse. Según recalcó, los operadores deben saber que «el incumplimiento de la Ley no saldrá gratis». Al mismo tiempo, apuntó que este Real Decreto refuerza la cooperación institucional de AICA con otros organismos competentes, bien de las Comunidades Autónomas o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Corregir desequilibrios de la cadena
Por otra parte, García Tejerina hizo referencia al Real Decreto que desarrolla una parte importante de la Ley de mejora de la cadena Alimentaria, que establece mecanismos adicionales para corregir posibles desequilibrios de la cadena.

En concreto, se establecen disposiciones relativas a las Buenas Prácticas en la contratación alimentaria, al Observatorio de la cadena alimentaria, a los laboratorios agroalimentarios, al control oficial y también modifica aspectos de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

En relación con esta norma, García Tejerina hizo hincapié en la creación de la figura del mediador, para aquellas circunstancias en que no haya acuerdo en la fijación de los precios.

En definitiva, «se culmina una regulación muy esperada por el sector agroalimentario español que, sin ninguna duda, les va a posicionar mejor en su papel dentro de la cadena y a mejorar su competitividad», ha reiteró.

Por último, la ministra de Agricultura subrayó el valor del conjunto de la cadena alimentaria para la sociedad española, con una importancia especial en la mejora de la balanza comercial, dado el alto valor de sus exportaciones. Según los últimos datos ofrecidos por la ministra, (año móvil noviembre 2014) las exportaciones agroalimentarias suponen en torno a los 40.000 millones de euros, con un saldo exportador de 10.000 millones de euros, y significan el 17% de las exportaciones españolas. Y recalcó que la importancia de este sector para el país no es sólo económica, sino también social y territorial, «porque la agricultura y la industria de la alimentación están repartidas por todo el territorio español».

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