El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayuda a 1.674 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara, por un importe de 2,14 millones de euros, para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania.

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria abonado por el Gobierno se eleva ya a 82,2 millones de euros, de los que se han beneficiado 70.995 agricultores.

Los titulares que figuran en esta nueva resolución de concesión son aquellos que aparecieron en la resolución provisional del pasado julio, una vez que finalizaron los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023 y que cumplen los requisitos de la ayuda.

La relación de titulares de explotaciones agrícolas que cumplen los requisitos, junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir están disponibles en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La resolución publicada recoge también los titulares a los que no se les ha realizado el pago de la ayuda porque no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes, «el FEGA realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado las deficiencias y, en el caso de que lo hayan hecho, podrán recibir la ayuda».

Se puede consultar la información sobre esta línea de ayuda en la página web del FEGA, www.fega.gob.es

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha trasladado en el Observatorio de cítricos de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, su preocupación por el posible cierre del acuerdo con Mercosur y el impacto sobre las personas productoras en la Unión Europea (UE).

Según esta organización, «las importaciones de cítricos transformados de Brasil y Argentina se verían muy beneficiadas por un posible acuerdo, por la liberalización arancelaria que facilitaría su acceso al mercado comunitario, en detrimento de los envíos a la industria de nuestra producción». Aunque los «efectos directos podrían notarse menos en el mercado de fresco, los desajustes del ya problemático destino industrial afectarían, en conjunto, a la rentabilidad de nuestras explotaciones citrícolas». Eso sería «la estocada de muerte para un sector que sufre desde hace años la competencia desleal de importaciones de Egipto, Turquía o Sudáfrica».

En el Observatorio europeo, COAG también ha criticado el reparto del valor en la cadena citrícola. Esta entidad entiende que «no se trata de que el consumidor pague más en el lineal, ya que hay margen suficiente en la cadena para repartir a todos aquellos operadores que suman valor y que las personas del sector productor puedan seguir viviendo de su trabajo».

Sin embargo, las empresas de la distribución europeas obtienen grandes beneficios a costa de todo aquel que aporta valor en la cadena, especialmente del citricultor. «Por ejemplo, mientras en los lineales de la gran distribución en Bruselas podemos encontrar limón español a 3,18 €/kg, esos mismos cítricos nos los están pagando a 40–50 cts./kg en el campo», ha señalado Pedro Gomáriz, responsable del sector citrícola de COAG.

También se ha puesto de relieve el mayor control que están acaparando los fondos de inversión y las grandes empresas transnacionales en el sector citrícola europeo y español. Cuatro de los diez principales operadores de cítricos en España están controlados por fondos de inversión. «Se está produciendo una concentración empresarial que prioriza la rentabilidad frente a la comercialización del producto originario de nuestro país», ha indicado Gomáriz. Para añadir al respecto que «nos preocupa que nuestro futuro pueda depender más y más de los beneficios de cuatro grandes empresas, que vienen a marcar el devenir de las explotaciones de los citricultores y las citricultoras. Las autoridades deben adoptar medidas regulatorias que impidan que estos conglomerados empresariales y fondos de inversión destrocen nuestra modelo de citricultura ligado al territorio».
 

Campaña citrícola en Andalucía

En cuanto a la campaña de cítricos 2024/25 en Andalucía, que ya ha comenzado con las variedades más tempranas, esta se presenta mejor que la del pasado año. El aforo prevé un incremento de producción del 20% –un 22 % en el caso de las naranjas–, ya que las últimas lluvias han sido muy convenientes para el cultivo, hay buenos calibres.

Pero no todo son buenas noticias para el sector, ya que hay que tener en cuenta los daños que la DANA ha provocado en zonas citrícolas de Málaga y Almería, donde se ha perdido producción que se encontraba a punto de recolección, a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones. En Málaga, zona productora principalmente de limón, los efectos de la DANA han provocado daños de entre 15.000–20.000 € en explotaciones de 7–8 ha de cítricos. Allí se esperaba una buena cosecha, pero ha ido al suelo con las lluvias, por lo que esta disminuirá.

Asaja Córdoba ha informado del comienzo de la actividad de la Lonja de Cítricos tras el arranque de la recolección en una campaña, que ha comenzado más tarde debido a los días de lluvia de las semanas anteriores, y donde se espera un importante aumento de producción respecto al año anterior, que fue uno de los más bajos de los últimos años, recuperándose las horquillas de un año normal de producción. En concreto, los miembros de la Mesa de Cítricos prevén un incremento entre un 30 % y un 40 %, una cantidad ligeramente inferior al incremento del 53 % que adelantó en el mes de septiembre la Junta de Andalucía. 

La Mesa de seguimiento de precios de la Lonja de Cítricos ha arrancado cotizando la naranja ‘Navelina’ entre 0,27 y 0,30 €/kg para la 1ª Calidad, precios basados en operaciones realizadas en la última semana, y para 0,22–0,25 €/kg para la 2ª Calidad, donde la parte superior de las horquillas de 1ª Calidad se corresponden con calibres altos y extras. La variedad ‘Salustiana’ aún no se ha cotizado, aunque se han cerrado algunas operaciones. Tampoco se ha cotizado la naranja de industria ya que aún no se están haciendo contratos entre industria y agricultores, por lo que la naranja que se está utilizando procede en su mayoría de destríos de cooperativas.

En cuanto a las perspectivas de campaña, la Mesa de Cítricos prevé unos buenos precios «ante la falta de zumo de naranja a nivel internacional debido fundamentalmente a la grave sequía que sufre Brasil, principal exportador mundial de zumo de naranja congelado para envasar, por lo que se espera que los agricultores puedan obtener un precio razonable de la naranja de zumo, que ayudará a los precios del fresco teniendo en cuenta que los costes de producción de los cítricos se han incrementado notablemente en los últimos años».

En concreto y según un estudio elaborado recientemente por AVA–ASAJA, los costes de producción de los cítricos se han incrementado un 18 % desde 2020, por lo que, en el caso de las naranjas, los costes de producción se sitúan en torno a los 0,27 €/kg. Por ello, Asaja Córdoba insta a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura a «actuar automáticamente cuando detecte contratos que establezcan precios en origen por debajo de dichos costes de producción, porque pueden incurrir en una venta a pérdidas, prohibida en la Ley de la Cadena Alimentaria».

Sin embargo, Asaja Córdoba «recomienda a los agricultores a denunciar, de manera confidencial y gratuita, ante la AICA sus propios contratos si los precios ofrecidos por los operadores comerciales no superan los costes de producción». La organización dispone de un canal de denuncias para este tipo de prácticas y otras como el etiquetado irregular de los productos alimentarios enviando un escrito al correo electrónico asaja@asajacordoba.es, siendo la propia entidad la que se encargue de presentarlos ante la AICA. 

Un año más, Asaja Córdoba colabora con la Cámara de Comercio en la Mesa de seguimiento de precios de la Lonja de Cítricos, que se reunirá semanalmente alternando las sesiones presenciales con las telemáticas, con la presencia de agentes del sector de la producción y del comercio, con el objetivo de dotar de transparencia a las cotizaciones actuales.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en la que se confirma que «dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental». Así lo ha expuesto el responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora, durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de sentencia.

Dicha sentencia del Tribunal europeo confirma definitivamente la anulación de la decisión del Consejo que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental. Sin embargo, permite que el Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la UE y Marruecos se mantenga por un período de doce meses a partir de la publicación de la sentencia (4 octubre 2024) por «las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica».

En relación a ello Góngora ha reclamado que la aplicación de la sentencia sea inmediata, sin periodos de gracia. «Los agricultores y agricultoras europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del Acuerdo». Góngora ha añadido que «si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo».

En este sentido, COAG también reclama que el gobierno español se posicione a favor de los productores y productoras agrarios, dado que son los más perjudicados por el Acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos, y presione en la UE para la anulación del mismo y para eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones.

Como ha dictado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el acuerdo UE-Marruecos vulnera, además, la legislación europea sobre comercialización de frutas y hortalizas frescas en lo concerniente a la veracidad de la información en el etiquetado de las importaciones marroquís. Así, «se está produciendo una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos». La legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos del sector destinados a ser vendidos frescos solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Ahora bien, la capacidad del consumidor europeo para discernir si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino o del Territorio no autónomo del Sahara Occidental, se encuentra limitada y sus derechos, vulnerados.

La sentencia es clara: «la indicación del país de origen que debe figurar en los tomates y los melones de que se trata únicamente podrá designar el Sáhara occidental, ya que dichos productos se recolectan en ese territorio. En efecto, dicho territorio es distinto del de Marruecos y un territorio aduanero en el sentido del Derecho de la UE. Cualquier otra indicación podría hacer pensar al consumidor que proceden de un lugar distinto al que se recolectaron».

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