Afrucat y el Tribunal de Mediación han acordado someter a un Tribunal Arbitral las dudas surgidas en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que percibirán los trabajadores eventuales de las centrales. Esta decisión se ha tomado ante la imposibilidad de conseguir la interpretación de la ley que solicitaba Afrucat del Tribunal de Mediación, ya que éste se ha declarado no competente en la interpretación de las leyes y sólo lo es en la mediación en las discrepancias. Según ha explicado Manel Simon, director general de Afrucat, «nosotros no hemos venido a iniciar una negociación sobre el precio a percibir por los trabajadores eventuales de las centrales, sino que queremos saber si, de acuerdo con los precios fijados por el Real Decreto, el precio actual que se está pagando a estos trabajadores cumple la ley».

Afrucat ha indicado que «el Tribunal Arbitral estará formado por inspectores de la administración, catedráticos universitarios y expertos en temas laborales». De la decisión de este Tribunal «se derivará un Laudo de obligado cumplimiento para todas las partes». Simon ha afirmado que la discrepancia «se focaliza en estos trabajadores eventuales que ya tenían una referencia de salario por hora a percibir. El resto de trabajadores fijos y fijos discontinuos ya tienen contratos con un salario mensual y se les ha actualizado según el Real Decreto».

Actualmente los trabajadores eventuales de las centrales están cobrando 6,29 euros por hora, que son los que marca el convenio. Según el Real Decreto el salario mínimo a percibir por los trabajadores de las centrales debe ser de 12.000 euros anuales. El Real Decreto también hace mención a lo que percibirán los trabajadores eventuales y marca que este sueldo no puede ser inferior a 42,62 euros al día. «Estos dos baremos dan como resultado dos salarios horarios diferentes que son la causa de las discrepancias», ha señalado la entidad. 

La Comisión Europea (CE) ha designado recientemente los cinco centros o consorcios que ejercerán como laboratorios de referencia europeos (EURL) en materia de sanidad vegetal, entidades que serán responsables de realizar los análisis para confirmar posibles positivos por plagas y enfermedades a partir de las muestras tomadas en los puertos a las importaciones hortofrutícolas de países terceros o de controles fitosanitarios en el campo. En este sentido, el Comité de Gestión de Cítricos (CGC), «pese a la evidente importancia estratégica de tales designaciones», se ha quejado que «el Ministerio de Agricultura no ha presentado candidaturas en favor de ningún centro español».

Así, la mayor parte de los EURL han quedado en manos de centros de Estados miembros no productores sino, más bien, grandes importadores hortofrutícolas, como ha ocurrido con Holanda, que será ahora responsable de fijar los métodos analíticos y de confirmar a escala comunitaria los posibles casos que pudieran darse en patógenos tan graves como la Xylella fastidiosa, el Huanglongbing (HLB) o el Citrus canker. Por este motivo, el presidente del CGC, Manuel Arrufat, ha lamentado que la «pasividad demostrada por las autoridades españolas a la hora de postular a entidades como el IVIA –centro nacional de referencia en bacteriosis como las citadas– evidencia la irrelevancia de España en materia de sanidad vegetal».

Asimismo, el CGC ha conocido en las últimas fechas el anteproyecto de Ley para reformar el IVIA (regulado por una norma de 1991), en el que la Consejería de Agricultura valenciana viene trabajando desde hace años y cuya aprobación ha quedado pendiente para esta próxima legislatura. El citado comité cree que el texto «repite muchos de los errores del anterior texto, de 2015, que tampoco llegó a aprobarse». La asociación lamenta que, tras haberlo exigido con insistencia, se le deje de nuevo fuera de su comité ejecutivo, y tampoco se la menciona como miembro del nuevo Consejo Asesor Agroalimentario, un órgano de consulta en el que participarán diversos actores relacionados con el sector ‘agroalimentario’ –no solo agrario–. En cambio, «sí se mencionan a colegios profesionales, asociaciones agrarias y sindicatos de clase, cooperativas, centro tecnológico Ainia, universidades valencianas, industrias alimentarias, distribución alimentaria, consumidores, DD. OO., una organización de protección del medio ambiente y el Comité de Agricultura Ecológica». 

Esta semana se ha celebrado en Burdeos la reunión anual de la AREFLH, la Asociación de Regiones Productoras Europeas de Frutas y Hortalizas, en la que la presidenta saliente, Simona Caselli de la Emilia Romagna, ha sido reelegida por unanimidad en el su cargo, así como el vicepresidente, Jean–Louis Moulon, de la Val de Loire.

Manel Simon, director general de Afrucat, asumirá el cargo de vicepresidente tesorero y Carmel Mòdol, director general de Alimentación e Industrias del Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, también estará presente en el nuevo Consejo de Administración compuesto por representantes de las regiones y asociaciones de organizaciones de productores.

La reelegida presidenta se ha mostrado contenta por el trabajo realizado: «Durante estos tres años, hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado al principio del mandato; hemos renovado la estructura organizativa, con una nueva secretaría y la apertura de una oficina en Bruselas; hemos fomentado la investigación en este sector mediante el establecimiento de redes a nivel europeo; hemos trabajado en la promoción y sensibilización del consumo de frutas y hortalizas, pero, sobre todo, hemos reforzado nuestro papel como interlocutor privilegiado de la Comisión Europea, consiguiendo resultados que nunca hubiéramos podido conseguir solos, como regiones o como AOPs».

La Compañía de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP) A.I.E., que utiliza una gestión integral para lograr negocios de variedades protegidas eficaces y de calidad, está llevando a cabo una campaña internacional para comunicar al sector hortofrutícola las labores que desempeña en la gestión y protección de estas variedades o que están en vías de protección en España.

CVVP es una agrupación de interés económico sin ánimo de lucro en la que sus clientes se garantizan una asesoría profesional y que destaca por su amplia experiencia en el sector y por proporcionar un servicio a la carta. De esta manera, los clientes pueden escoger entre diferentes servicios como la tramitación de licencias, administración y asesoría fiscal, comunicación y promoción; o bien el servicio completo.

Bajo el lema ‘Toda la ayuda que su variedad vegetal necesita’, la compañía utiliza un modelo que tiene como objetivo garantizar la defensa de los derechos de propiedad industrial, inspeccionar y vigilar el campo; detectar irregularidades, ofrecer información acerca de la variedad, tramitar licencias y gestionar las bases de datos y la web del cliente.

Además, actualmente desarrolla variedades como la mandarina Nadorcott, la Navel M7, la mandarina Leanri y el limón Summer Prim. Se puede obtener toda la información de los servicios y de la compañía a través de la web: https://cvvpspain.com