El empleo seguro y sostenible de drones para realizar tratamientos fitosanitarios en la agricultura mediterránea no solo es deseable sino también posible en un futuro inmediato. Ese es el objetivo que persigue el Grupo Operativo DRONSafe y que ha podido demostrar en una jornada teórico–práctica, a la que acudieron más de cien profesionales del sector, que tuvo lugar en la Finca Sinyent de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA).

Los socios del proyecto han explicado los retos, oportunidades y beneficios que abre esta tecnología dentro de un contexto legislativo que prohíbe, salvo una autorización excepcional de la correspondiente comunidad autónoma, el uso de drones al estar enmarcados, según la normativa europea, en los tratamientos aéreos. Además, los asistentes pudieron disfrutar de varias simulaciones de aplicación de fitosanitarios con distintos tipos de dron en parcelas de cítricos y comparar los resultados con técnicas convencionales de equipos terrestres.

La responsable de buenas prácticas agrícolas de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA), que coordina la parte técnica del Grupo Operativo, Mamen Márquez, ha indicado que «DRONSafe es necesario para evaluar con suficientes datos la adecuada seguridad (tanto del aplicador como de los transeúntes) y respeto al medioambiente de las aplicaciones mediante drones de determinados productos fitosanitarios para el control de determinadas plagas y enfermedades. Con estas conclusiones tendremos la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea autoricen este tipo de tratamientos con dron».

Por su parte, el responsable de innovación de AVA–ASAJA, Carlos Montesinos, ha manifestado que «la Finca Sinyent va a tratar de validar, en condiciones y cultivos característicos de la Comunitat Valenciana, que las aplicaciones de drones no suponen un mayor riesgo para las personas y el medioambiente en comparación con las pulverizaciones terrestres a las que estamos acostumbrados. Trabajaremos para demostrar a las administraciones y al propio sector agrario que se trata de una aplicación más rápida, segura, eficaz y que puede solventar muchos de los problemas de los agricultores».

Objetivos, dudas y experiencias

Las ponencias han ido a cargo del responsable de proyectos de I+D+i del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (CTAEX), Antonio Sánchez, quien ha expuesto los objetivos, el alcance y los resultados esperados en DRONSafe; el gerente de ICEBE AGRO, Iván Carrillo, que ha aclarado dudas en torno a las normativas y prácticas de aplicaciones de fitosanitarios con dron; y de la investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Patricia Chueca, que ha relatado las experiencias realizadas hasta el momento y ha recomendado la necesidad de configurar el dron en función del tipo de aplicación y plaga objeto.

Denominado ‘Aplicación de productos fitosanitarios con drones como herramienta para disminuir la exposición’, en DRONSafe participan socios a nivel nacional: AEPLA, CTAEX, la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA–CSIC), AVA–ASAJA, la Unión Agroganadera de Álava (UAGA), la Bodega Cuatro Rayas Sociedad Cooperativa Agroalimentaria y FTS AgroConsulting. Asimismo, cuenta con tres subcontrataciones técnicas: el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER–BRTA), la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla y el IVIA.

DRONSafe está cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Plan Estratégico de la PAC–FEADER con un importe de ayuda de 584.391,17 euros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la apelación presentada por el grupo de trabajo sobre el Mancozeb de la Unión Europea contra la decisión de la Comisión de no renovar esta materia activa en 2020.

Dado que el uso del Mancozeb vuelve a ser legalmente posible en territorio europeo, pero a día de hoy ya no existe ningún registro permitido, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) apremia al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «a conceder en España la autorización –al menos, de manera excepcional– de este fungicida básico para la prevención y el control de enfermedades en multitud de cultivos mediterráneos». 

El presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, celebra que «el TJUE ha antepuesto la objetividad científica y profesional del sector al pseudoecologismo radical que arrastró a la Comisión a retirar uno de los mejores fungicidas que teníamos por bajo precio, elevada eficacia y menor riesgo de resistencias y que, paradójicamente, no ha prohibido durante estos cuatro años a las importaciones procedentes de países terceros que entran a los mercados europeos». La recuperación del Mancozeb en la agricultura europea es fundamental para combatir hongos que afectan a cítricos, caquis, frutales de hueso, uvas, olivos y hortalizas. «Nuestro Gobierno ahora no debería tener ningún inconveniente en volver a autorizar esta materia activa para beneficio de los productores y consumidores», ha subrayado Aguado.

Mancozeb favorece el control de numerosas enfermedades, como la alternaria en cítricos; el mildiu, podredumbre negra y Phomopsis en vid; monilia en frutales de hueso; repilo en olivo; la mancha foliar del caqui o mildiu en hortícolas, etc. Además de su acción fungicida, sobre todo preventiva y resecante, «juega un papel esencial en las estrategias antirresistencias».

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado una nueva resolución de concesión de ayuda a 1.674 titulares de explotaciones agrícolas productores de frutales y frutos de cáscara, por un importe de 2,14 millones de euros, para compensar las dificultades debidas a la sequía y a la guerra de Ucrania.

Con este nuevo pago, el importe de esta ayuda extraordinaria abonado por el Gobierno se eleva ya a 82,2 millones de euros, de los que se han beneficiado 70.995 agricultores.

Los titulares que figuran en esta nueva resolución de concesión son aquellos que aparecieron en la resolución provisional del pasado julio, una vez que finalizaron los controles de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2023 y que cumplen los requisitos de la ayuda.

La relación de titulares de explotaciones agrícolas que cumplen los requisitos, junto con el número de hectáreas elegibles y la cuantía de la ayuda a percibir están disponibles en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

La resolución publicada recoge también los titulares a los que no se les ha realizado el pago de la ayuda porque no se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. En el plazo máximo de un mes, «el FEGA realizará una segunda comprobación para verificar si han subsanado las deficiencias y, en el caso de que lo hayan hecho, podrán recibir la ayuda».

Se puede consultar la información sobre esta línea de ayuda en la página web del FEGA, www.fega.gob.es

Tras dos años marcados por una grave sequía, Unió de Pagesos (UP) ha denunciado que «la campaña de la fruta dulce este año solo permitirá cubrir costes de producción, tanto por el granizo que afectó mucho a la Plana de Lleida, como por la falta de agua que todavía sufren las zonas de los pantanos de Margalef, Riudecanyes y Guiamets en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre». Ha sido en el marco de la Feria Agraria de Sant Miquel de Lleida a cargo del responsable de fruta dulce de UP, Jaume Gardeñes, el de sectores agrícolas, Miquel Piñol, y de Carol Aixut, miembro de la ejecutiva de la Plana de Lleida.

En este sentido, el sindicato agrario ha asegurado que ha conseguido que el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya se comprometa a destinar 800 euros por hectárea para los frutales de las zonas de los embalses sin agua para regar, y pide ampliar la ayuda para los regantes del acuífero Fluvià–Muga (Girona), dado que también han sufrido restricciones, en el marco de una partida de 70,8 millones por los daños de sequía del 2024 al conjunto del sector agrario.

Para los productores de pera, «será una campaña todavía más negativa, ya que la sequía, las altas temperaturas y los golpes de calor en 2023 incidieron en la formación de las yemas florales que debían dar lugar a los frutos. Este hecho ha rebajado los kilos a la mitad y las pérdidas son de 7.205 euros por hectárea de media; 56 millones en toda Cataluña», han señalado desde UP. Además, en comarcas de Girona y en plena floración, en días sucesivos de abril llegaron por debajo de 0 ºC y el 24 de abril a –4 ºC.

En este caso, el sindicato agrario ha subrayado que ha logrado el compromiso del Departamento de Agricultura de «una ayuda a los productores de pera que permita paliar estos daños en floración y cuajado, no cubiertos por el seguro, y con presupuesto 2025».

En fruta de hueso, excepto en algunas zonas concretas, los árboles han tenido una buena floración, y en manzana, se espera que la cosecha sea similar a la media de los últimos cinco años.

Según UP, el sector ha sufrido dos episodios de pedrisco que han afectado directamente a la producción por lo que ha solicitado «una adecuación de los módulos de ayuda y una mayor subvención de las ayudas a la instalación de sistemas de protección, como las redes antipiedra».

Por otra parte, el sindicato viene alertando, desde hace meses, de la falta de herramientas para garantizar una correcta sanidad vegetal de los cultivos por la pérdida de fitosanitarios autorizados en la Unión Europea y en el Estado, y sin disponer de alternativas. «Esto comporta un incremento de pérdidas en el campo y de los costes unitarios de las plantaciones», ha indicado UP que denuncia que «con las actuales herramientas es muy difícil hacer frente a plagas como la mosca de la fruta o la ‘psila', y enfermedades como 'Stemphylium' y el fuego bacteriano». Por ello, ha pedido que se pare esta pérdida de productos hasta que no existan alternativas viables, así como mejorar el proceso de registro de fitosanitarios en España para poner fin a las trabas que hacen perder competencia con respecto a otros estados miembros productores de fruta dulce.

«Esta campaña, los agricultores también se han encontrado con falta mano de obra dispuesta a trabajar en el campo». En este sentido, UP ha reclamado al Gobierno mecanismos para poder contratar a inmigrantes que ya están en el país pero que no pueden hacerlo por falta de permisos.