Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reiterado el llamamiento a las bodegas para que den cumplimiento a los requisitos que garantizan las relaciones contractuales con sus proveedores, en especial a la formalización de contratos en tiempo y forma antes de la entrega del producto y a la fijación de precios remuneradores por encima de sus costes de producción.

Por ello, la organización agraria ha instado a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a «extremar sus actuaciones con el fin de amparar el correcto funcionamiento de la Ley y la garantía de precios remuneradores para un sector en crisis desde hace más de un lustro».

Unión de Uniones ha indicado que desde la creación de AICA, el sector vitivinícola es el segundo sector productivo con más infracciones impuestas, solo detrás del sector de frutas y hortalizas. En sus informes de publicación trimestral relativos a las sanciones firmes en vía administrativa y/o judicial impuestas por esta entidad, la AICA y en lo que va de ejercicio 2025, «se pone de manifiesto que el 22% de las sanciones han correspondido al sector bodeguero».

A las causas más frecuentes, la no incorporación del precio, incumplimiento de los plazos de pago y modificaciones no pactadas, «se une, en esta campaña recién iniciada, la inexistencia de contratos previos a la entrega de la materia prima».

«La sensación de indefensión, el abuso de las posiciones de dominio, las perspectivas de una cosecha escasa, son amenazas reales para las economías de los viticultores ya lastradas por una crisis en la que no se atisba el final», han concluido desde la Unión de Uniones.

Los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economía, Comercio y Empresa, Luis Planas y Carlos Cuerpo, respectivamente, se han reunido con el conjunto del sector agroalimentario español para compartir información sobre el acuerdo suscrito el 21 de agosto entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.) en materia comercial.

En el marco de la reunión, el Gobierno ha trasladado a las empresas la voluntad de ayudarlas en la mejora de su competitividad y su proceso de internacionalización. 

Asimismo, en el encuentro se ha hecho balance con los sectores de la aplicación de aranceles en los últimos cuatro meses, desde la puesta en marcha del Plan de Respuesta. Los ministros han querido conocer de primera mano los efectos directos e indirectos que están teniendo y que prevén las empresas exportadoras españolas «para poder seguir acompañándolas a través de potenciales nuevas medidas a incluir en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial». 

Los ministros han trasladado a los representantes de los sectores alimentarios afectados por los aranceles que «el Gobierno va a continuar defendiendo los intereses de las empresas españolas y las acompañará de forma eficiente ante las implicaciones del acuerdo».

Tanto Planas como Cuerpo «han subrayado la importancia del desarrollo de los acuerdos con terceros países, de los que es un buen ejemplo Mercosur, y de un comercio internacional basado en reglas que asegura la estabilidad en los flujos comerciales».

A la salida de la reunión, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano, ha sido crítico, al señalar que «lo firmado [aranceles del 15% para nuestras exportaciones al país americano y arancel cero para sus importaciones a Europa] no es ni un acuerdo, es un texto con reglas nada ventajosas para el sector agrario europeo y español». Y ha subrayado que tras este acuerdo se han roto las reglas del comercio internacional y un sector estratégico como es el agrario necesita un escenario de «relaciones comerciales justas a nivel mundial».

Además, Cano ha hecho referencia a la diferente estrategia adoptada por Europa frente a otros bloques como China. «Ellos no han negociado, respondieron con firmeza, y ahora están encauzando el tema y puede que salgan mejor parados que nosotros. Europa cierra un acuerdo que no presenta ninguna ventaja para el sector agrario y EE. UU. obtiene ventajas. Eso no es reciprocidad, sino un error estratégico que perjudica a los agricultores europeos», ha señalado.

UPA ha defendido en la reunión que se pongan en marcha medidas compensatorias, a nivel europeo, nacional y autonómico, especialmente destinadas a las explotaciones más vulnerables, las familiares, «que somos las que pagamos el pato de cualquier mala negociación», ha manifestado Cristóbal Cano. Para añadir que «la letra pequeña nos preocupa igualmente, y lucharemos para que en el periodo que ahora se abre el Gobierno de España logre mejoras de estas normas comerciales para proteger al sector».

«Vamos a estar muy pendientes a la evolución de las exportaciones. El mercado de EE. UU. es prioritario y debe seguir siéndolo, por ejemplo, para sectores tan importantes como el aceite de oliva o el vino, y es más necesario que nunca reforzar las campañas de promoción de nuestras producciones dirigidas al consumidor norteamericano», ha concluido.
www.mapa.gob.es; www.upa.es

COAG y Unión de Uniones se han mostrado muy críticas con el acuerdo alcanzado el pasado 21 de agosto entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE. UU.), que establece un arancel del 15% sobre las exportaciones agrarias europeas, lo que «supone una cesión unilateral a los intereses estadounidenses que deja al sector agrario español y europeo en clara desventaja».

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha manifestado que este acuerdo «legitima una competencia desleal intolerable». Esta organización ha añadido que «estamos ante un acuerdo totalmente desequilibrado que ni siquiera contempla el prometido ‘zero to zero’ en productos agrícolas. Una vez más, Bruselas sacrifica al campo europeo en aras de intereses industriales, militares y geopolíticos. Es inquietante y lamentable la pasividad de la UE respecto al campo. No sabemos si el plan B de Von der Leyen será alimentarnos con microchips de Silicon Valley».

Además, COAG ha alertado que el citado acuerdo coloca a los productores europeos en peor posición frente a competidores como Australia o Argentina, cuyos productos acceden al mercado estadounidense con barreras más bajas. Además, la apertura indiscriminada a importaciones desde EE. UU. «no garantiza condiciones equivalentes en materia de sostenibilidad, calidad y seguridad alimentaria».

Ante la situación generada, esta organización agraria ha solicitado al gobierno español que rechace los términos del acuerdo, realice una evaluación de impacto urgente, proteja los estándares de los productores locales y de prioridad agrícola en la política comercial.

Por su parte, Unión de Uniones considera que el acuerdo facilitará la entrada en el mercado europeo de una amplia variedad de productos agroalimentarios estadounidenses como frutos secos, lácteos, frutas y hortalizas o carne de cerdo. Esto supondrá «una mayor competencia para las producciones nacionales particularmente en el caso de los frutos secos y sobre todo la almendra, de la que España es ya el mayor importador europeo, con prácticamente un tercio de la almendra que la UE compra a los Estados Unidos». 

Asimismo, ha explicado que sectores estratégicos como el vino y el aceite de oliva, pilares de la exportación agroalimentaria española, «asumen el arancel del 15%, sin que se les otorgue ningún alivio. Para España, el impacto es considerable para ambos sectores. En el caso del vino, el pacto amenaza con cortar la notable expansión (del orden del 30%) que el año pasado experimentaron las exportaciones españolas hacia Estados Unidos». En cuanto al aceite, «no puede perderse de vista que esta producción representa cerca del 30% de las exportaciones agrícolas españolas hacia EE. UU. y que el arancel impuesto puede suponer un freno importante en ese mercado. Ello dependerá también del acuerdo arancelario al que Estados Unidos llegue también con otros países productores de aceite de oliva». 

En la línea de COAG, para Unión de Uniones el acuerdo «no es bilateralmente equilibrado. La Comisión Europea no ha conseguido incluir ningún producto agrario europeo en la lista de solo NMF (arancel cero o casi cero), cuando algunos de ellos, como el propio aceite, no compiten significativamente con el sector agrícola americano».

Esta organización se pregunta dónde deja este acuerdo las palabras de la Comisión Europea en su ‘Visión para la agricultura y la alimentación’ en la que afirmaba que la UE garantizará […] que el sector agroalimentario europeo no se encuentre en una situación de desventaja competitiva sin la correspondiente reciprocidad. «Si esto es lo que piensa hacer la Comisión para hacer un sector más atractivo, las generaciones futuras europeas se pueden ir despidiendo de su patrimonio agrario», ha concluido.

Los datos del INFOVI correspondientes al mes de junio de 2025 han situado la producción total de vino acumulada en los once primeros meses de la campaña 2024–25 en los 31,1 millones de hectolitros (Mhl), lo que ha supuesto un incremento de 2,7 Mhl (+9,5%) y 36,87 Mhl (+15%), si se incluye el mosto. Estos datos figuran en el Informe Económico Mensual correspondiente a junio elaborado por la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE). En el citado estudio se indica que las existencias finales de vino y mosto sin concentrar a 30 de junio 2025, comparadas con las que había a 30 de junio 2024, se mantuvieron estables, con 33,6 Mhl.

Por su parte, la estimación de consumo nacional de vino ha cerrado el interanual a junio de 2025 en positivo, con un aumento del 0,6% respecto al interanual a junio de 2024, situándose en los 9,76 Mhl, es decir, se han consumido 55.665 hl más.

En los once primeros meses de campaña se han destinado 1.365.759 hl (–7,3%) de vino a destilería y vinagrería, reduciéndose un 11% a destilación, hasta 1.065.121 hl (–135.487 hl) y aumentando un 10% el destinado a elaborar vinagre, hasta los 300.638 hl (+27.276 hl).

Con datos de la Agencia Tributaria disponibles hasta junio de 2025, las exportaciones españolas de vino han perdido en los once primeros meses de campaña un 5,7% en volumen, hasta los 17,5 Mhl (–1,1 millones) y un ligero 0,2% en valor, hasta los 2.694,7 M€ (–5,5 millones). Los vinos envasados han aumentado ligeramente su facturación, aunque han reducido el volumen exportado, mientras que los graneles han caído en litros y en euros, aumentando ambos grupos de productos su precio medio alrededor del 5%. 

Por último, las importaciones españolas de vino se han situado en los once primeros meses de la campaña 2024/25 en 846.301 hl (+33%), por valor de 282,6 M€ (+8,9%). El granel explica esta evolución, con aumentos del 61,5% en volumen (+173.677 hl) y del 52% en valor (+9 M€).

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