Con unos 34 millones de hectolitros (Mhl) de vino, «la vendimia 2025 será la segunda peor del primer cuarto del siglo XXI, tras la de 2023, y lejos de la media de 40–43 Mhl». Así lo han asegurado los representantes del sector vitivinícola de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en rueda de prensa en Madrid.

UPA ha descrito una situación de crisis estructural del sector del vino en España, provocada por una «preocupante» bajada del consumo a nivel mundial, «agravada por los efectos del cambio climático y rematada por medidas comerciales como los aranceles de Donald Trump».
La vendimia 2025 se presentaba con buenas condiciones a causa de las abundantes lluvias primaverales en prácticamente toda España. Posteriormente, los daños ocasionados por el mildiu (especialmente en Andalucía, La Rioja y Castilla y León) y los numerosos pedriscos, redujeron esas perspectivas de manera importante. Las altas temperaturas de agosto, con la mayor ola de calor registrada en nuestro país, y la ausencia de precipitaciones «ha ocasionado que las estimaciones de producción se hayan reducido considerablemente». Las zonas con mayor reducción serán Castilla–la Mancha, La Rioja, Extremadura, Andalucía, Castilla y León.
El responsable de Viñedo de UPA, Alejandro García–Gasco, ha resaltado la gran vulnerabilidad del sector vitivinícola al cambio climático, lo que «está afectando a la dimensión de las vendimias e incluso al stock de vino, que se redujo casi en un 1,4% y (439.788 hl), situándose en niveles bajos y muy por debajo de la media de las últimas cinco campañas». Por su parte, José Manuel Delgado, técnico de Viñedo de la organización agraria, ha subrayado la importancia del viñedo como elemento cortafuegos, que se ha demostrado en los graves incendios ocurridos en agosto, en especial en zonas como Valdeorras y Monterrey.
Precios justos
Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Huertas, ha denunciado que los viticultores siguen teniendo grandes dificultades para cubrir sus costes de producción. Por ello, esta organización ha anunciado que va a desarrollar una campaña informativa «que deberían realizar las Administraciones», destinada a las bodegas, para trasladarles estudios de costes de producción del cultivo de uva en los distintos territorios. El objetivo es «que no se salten la Ley de la Cadena y no la incumplan como está ocurriendo en muchos lugares».
Huertas ha apuntado, especialmente, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, que en su opinión «no están haciendo nada para vigilar el cumplimiento de la Ley».
La nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) también preocupa a los productores de uva para vino. Desde UPA reclaman que se reconozcan y se respeten las características especiales que tiene el sector del vino, que tiene una normativa y un presupuesto específico –en el caso de España de 202 millones de euros por año–, «algo que no se debe perder».
Desde esta organización han vuelto a insistir en la necesidad de acometer las reformas estructurales necesarias para garantizar «un futuro para el sector del vino con viticultores». Las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea (arranque de viñedos, medidas de promoción y etiquetado, apoyo frente al cambio climático…) «son vistas con buenos ojos por el sector, pero reclaman que sean los fondos europeos los que las financien».