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Miles de agricultores y ganaderos españoles se han manifestado en Córdoba, frente a la reunión Reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el marco de la Presidencia española, para protestar por «los continuos ataques que recibe el sector agrario». Convocados por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y las Cooperativas Agro-alimentarias, los manifestantes han denunciado su «situación límite» a causa de «la escalada de los costes de producción, los insuficientes precios en origen, la competencia desleal de las importaciones de países terceros y las inasumibles exigencias medioambientales de la Comisión Europea».

Uno de los convocantes, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que la actual política agraria comunitaria «está orientada a favorecer un mercado sin control que sólo beneficia a grandes empresas y a la especulación, destruyendo el sistema productivo, acabando con el modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivos nuestros pueblos y amenazando seriamente la seguridad y la soberanía alimentaria en Europa». Miguel López, responsable de COAG en Andalucía, ha manifestado que estamos en un momento clave porque «lo que está en juego es el modelo de agricultura. ¿Qué queremos de aquí al futuro? Una agricultura social y profesional que genera economía, empleo, fija población, gestiona territorio, etc., que es la que defendemos, o la apuesta por el modelo neoliberal, con apertura de mercado sin control y el ‘todo vale’, incluso perjudicando la salud pública, y abriendo las ayudas públicas a los mercados financieros y fondos de inversión. Esto es lo que parece que están imponiendo desde Europa». Para añadir que «la alimentación es un valor de futuro, pero el mercado europeo no se está blindando. La soberanía alimentaria en Europa no existe; esto es grave. Y los que se han reunido son los responsables de esto».

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha alertado que, tal como concluye el informe de impacto realizado por la Universidad de Wageningen, la propuesta de la Comisión de Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (‘SUR’) provocaría, de aprobarse tal como está redactado, «una pérdida del 20% de la producción vegetal europea y, por tanto, un aumento de los precios de los alimentos para los consumidores». 

Su presidente, Cristóbal Aguado, ha rechazado «la burrada del ecologismo radical que están imponiendo nuestros políticos contra los productores y los consumidores. Sus políticas verdes ya están expulsándonos de nuestros campos y nuestras granjas, y aun así continúan legislando con nuevas trabas y limitaciones. Si reducen el número de fitosanitarios para cuidar las plantas ante plagas y enfermedades, produciremos menos alimentos y serán todavía más caros. La inflación de la cesta de la compra sólo ha empezado. La subida del aceite sólo es el principio de las consecuencias de su irresponsabilidad». 

Aguado ha subrayado que «la Comisión Europea se equivoca al sacrificar a su sector primario y dejar su soberanía alimentaria en manos de las importaciones de países terceros. Porque no tenemos garantizado que en el futuro los productos agrarios de fuera puedan cubrir todas nuestras necesidades alimentarias, ya sea por el cambio climático, el incremento de la población mundial y/o conflictos geopolíticos que comportan cierres abruptos de mercados. Pero no olvidemos, que las políticas verdes únicamente se aplican a los productores de la Unión Europea, no a las importaciones foráneas. Así que los consumidores pagaremos mucho más por los alimentos que encontremos en el mercado que, además de los imprevistos internacionales, sufrirán una disminución, directamente al encarecerse y dificultarse la lucha contra las plagas y enfermedades, e indirectamente al seguir creciendo la superficie agraria abandonada». 

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca, ha señalado que la situación es extraordinariamente delicada, en un contexto de inflación y de incremento sostenido de los costes de producción, sumado a la confluencia de fenómenos climáticos extremos, fundamentalmente la sequía. Esta situación sitúa a los productores y a sus cooperativas «en un escenario preocupante de volatilidad, incertidumbre y pérdida de rentabilidad progresiva, y en el que el aumento de los precios no compensa los costes de producción». En este sentido, las cooperativas han destacado que sin rentabilidad no habrá cambio de modelo productivo. Así, «se necesita generar una cadena con valor para todos los eslabones, que cuente con instrumentos innovadores, nuevas tecnologías y mayor inversión, al margen de la PAC, que ayuden a esa transición».

Finalmente, los responsables de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) presentes y también en la movilización, han calificado la gran respuesta a la convocatoria como «un éxito, que demuestra el descontento del sector con las políticas y normativas que van en contra de la producción agraria de nuestro territorio». Juan Carlos Massot, presidente nacional de JARC, ha destacado que este acto no pretendía criticar a la UE, «sino las políticas que están implantando, que son contrarias al objetivo que la impulsó en sus inicios». Por ello, ha hecho especial incidencia en «los tratos comerciales con países terceros, como por ejemplo el Mercosur, que generan competencia desleal y destruyen nuestro sistema productivo».

La problemática de los precios que perciben los productores es el otro lastre que arrastra al sector hace décadas. En la actualidad, los productores agrarios se encuentran en una situación ruinosa a consecuencia de la absurda subida de los costes de producción, superior al 35% en 2022; la caída de la productividad por efecto de la sequía y unos precios en origen que no garantizan cubrir los costes de producción. En este sentido, Massot ha vuelto a recordar la importancia de que los políticos pongan en marcha los mecanismos y recursos necesarios para garantizar que se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria «para proteger a los productores de los abusos y conseguir que cobren unos precios adecuados».

 

Apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías

La Reunión informal de ministros de Agricultura de la UE ha dejado un mensaje claro de la apuesta común de los países comunitarios por la aplicación de las nuevas tecnologías, que «deben jugar un papel clave en la transición hacia un sistema agroalimentario más sostenible y permitir hacer frente a los efectos del cambio climático. Su uso, además, facilitará que el sector agroalimentario gane en rentabilidad y competitividad».

En su intervención, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha destacado cómo el abastecimiento de alimentos seguros, nutritivos y en calidad y cantidad suficiente es un reto global para el conjunto del planeta, ya que, de acuerdo con las previsiones de las Naciones Unidas, la población mundial alcanzará los 9.700 millones de personas en 2050. Con este objetivo, Planas ha incidido en la necesaria transformación de los sistemas alimentarios «para hacerlos más justos, más resilientes y más saludables y que, a la vez, contribuyan de forma decisiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas». Todo ello, enfocado al triple objetivo «de la seguridad alimentaria, la sostenibilidad global de los recursos naturales y la garantía de un medio de vida para quienes habitan en las zonas rurales». En un escenario en el que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, ha subrayado cómo las iniciativas y políticas europeas deben orientarse a dar respuesta a los retos ambientales y climáticos a los que se enfrenta la producción de alimentos. «La agricultura es una de las actividades humanas más afectada por el cambio climático, sin embargo, también forma parte de la solución», ha asegurado.

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La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido en cuenta la realidad de los sectores más afectados, como el hortofrutícola, según ha señalado FEPEX en un comunicado.

«En este sector la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción y dañará la sostenibilidad social y económica de las explotaciones de este sector, ante la imposibilidad de trasladar este incremento a los precios de venta y ante la fuerte competencia de países competidores extracomunitarios, con costes laborales por hora muy inferiores», ha explicado la citada entidad, que ha añadido que esto «se refleja en los datos de comercio exterior, que indican que la exportación ha retrocedido un 10,5% y la importación ha crecido un 7%, hasta el mes de noviembre del año pasado».

La nueva subida del SMI para este año, junto con el incremento de las cotizaciones sociales, «tendrá un impacto muy negativo sobre muchos cultivos y también sobre el empleo del sector», ya que los aumentos acumulados desde 2017, y que supondrán un incremento del 52% en 2023, están provocando una subida de costes salariales. Todo ello, unido al incremento del resto de costes de producción «hace que las empresas se enfrenten a una situación difícil de asumir para mantener su viabilidad económica, al no ser posible en muchos casos trasladarlos a los precios de venta».

Ante esta situación, FEPEX considera que «el sector productor exportador de frutas y hortalizas va a reducir sensiblemente la actividad productiva, dado que no existe margen para incorporar el incremento de costes derivados, entre otros, de los fertilizantes, los fitosanitarios, los envases y embalajes, el impuesto sobre el plástico, las semillas, la energía y el transporte, provocando una fuerte destrucción de empleo en los cultivos más intensivos en mano de obra».

El sector representado en FEPEX ha manifestado una posición favorable a mejorar los salarios de los trabajadores de forma gradual, «pero vinculada a una reducción de las cotizaciones por contingencias comunes de la Seguridad Social, como así trasladó la CEOE en su momento y acompasada por una mejora de la productividad, con el fin de que no provoque una reducción de empleo y una fuerte pérdida de competitividad internacional». www.fepex.es

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El Grupo de Contacto de pera y manzana de Francia, Italia, España y Portugal, compuesto por representantes sectoriales de los cuatro países y responsables de las respectivas administraciones, se reunió el pasado viernes, en la localidad italiana de Bolzano, y abordó algunos de los principales problemas que preocupan al sector, como la subida de costes o la propuesta de Reglamento sobre uso sostenible de productos fitosanitarios.

En la reunión se constató el fuerte impacto que está teniendo en todas las explotaciones comunitarias el incremento de todos los costes productivos. En España, el Comité de Fruta de Pepita de FEPEX evaluó, el pasado mes de de marzo, la subida de los costes de producción de manzana en un 40%, debido a la subida de la mano de obra y, sobre todo, a causa del incremento del precio de la energía que repercutía en el proceso de manipulación, compra de embalajes, conservación y transporte, haciendo crecer los costes tanto en el campo como en las centrales hortofrutícolas.

El Grupo de Contacto hispano–franco–italiano–portugués de pera y manzana también abordó uno de los problemas que preocupan a los productores europeos de fruta de pepita, y en general al sector comunitario de frutas y hortalizas, y es la propuesta de Reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios. Presentada por la Comisión Europea el pasado mes de junio, la propuesta de Reglamento prevé una reducción del uso de plaguicidas de un 50% de aquí al 2030 y del uso de fertilizantes de un 20%, sin que se haya evaluado de forma exhaustiva las consecuencias sobre el tejido productivo comunitario.

España es a la vez exportador e importador de manzana y pera. La exportación de manzana hasta septiembre de este año se ha situado en 76.863 toneladas por un valor de 62,4 millones de euros y la importación ascendió a 117.183 toneladas por un valor de 90,4 millones de euros. En cuanto a la pera, la exportación de enero a septiembre de 2022 se situó en 68.998 toneladas por un valor de 56 millones de euros y la importación totalizó 41.472 toneladas por un valor de 39,5 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, procesados por FEPEX.

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Con la vendimia generalizada en todo el país, la primera desde que se aprobó el pasado diciembre la reforma de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, la Federación Española del Vino (FEV) ha destacado la ausencia de incidencias y ha recordado a los operadores la importancia de «firmar contratos a largo plazo», para fomentar unas relaciones comerciales estables entre proveedores y compradores de uva y «evitar los llamados ‘dientes de sierra’ u oscilaciones muy marcadas en los precios entre campañas».

Desde la FEV, «se hace hincapié en el concepto del coste efectivo de producción, que menciona la Ley, ya que se trata de un cálculo individual de cada viticultor y en ningún caso puede ser asumido a partir de un coste medio o mínimo obtenido mediante estudios estadísticos para una determinada zona ya que, además, está prohibido por las normas de competencia».

Por ello, y aunque en los últimos meses han proliferado este tipo de estudios estadísticos sobre costes de producción en distintas regiones vitivinícolas, realizados por organismos públicos o privados según el caso, esta entidad quiere destacar que este tipo de estudios «deben tomarse a título informativo y nunca pueden ser entendidos de manera colectiva para el conjunto de viticultores de una zona ni como precios de referencia para los operadores, ya que el coste efectivo de producción va a depender no solo de los gastos que debe asumir cada viticultor de manera individual sino de su propia eficiencia en la gestión del viñedo».

Para facilitar el control de costes de las explotaciones vitivinícolas, la Interprofesional del Vino de España puso en marcha en agosto la herramienta GESVID, que «permite a bodegas y viticultores la recogida y cálculo de todos los gastos en los viñedos, independientemente de su emplazamiento y características, y controlar parámetros como la calidad de la uva, la edad del cultivo y la variedad y el sistema de conducción y manejo», además de «otros factores externos como las condiciones meteorológicas, que varían de una campaña a otra y entre parcelas».

Por todo ello, la FEV ve esta nueva campaña como «un paso adelante en las relaciones de toda la cadena que está transcurriendo con normalidad, un alto grado de cumplimiento de la normativa y sin grandes incidentes bajo la supervisión de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que es el organismo al que cualquier operador debe dirigirse en caso de duda o ante un incumplimiento que pudiera producirse en relación a la ley de la Cadena»

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La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo de España® (AILIMPO) ha informado que ha puesto a disposición de los productores del sector «una herramienta para que puedan calcular sus costes individualizados de producción». En una primera fase está disponible para limón ‘Fino’, y próximamente habrá versiones para la variedad ‘Verna’, el pomelo y el limón ecológico.

La herramienta en formato de hoja Excel que ya se puede descargar en la página web de la interprofesional, «facilita el manejo sencillo e intuitivo». Ha sido diseñada por el equipo de Bioeconomía del IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia), realizándose un análisis económico financiero adaptado a las peculiaridades del cultivo de limón, y está financiada con los fondos recaudados por la Extensión de Norma de AILIMPO.

Mediante la introducción de datos generales como los volúmenes de producción, los precios de venta o los costes del agua; los gastos de inmovilizado, así como los gastos de circulante (poda, seguros de cultivo, costes de maquinaria, energía, insumos, etc.), se obtiene una hoja de resultados económicos de la explotación con información de gran interés como el margen neto, el coste por hectárea, el umbral de rentabilidad o el coste medio de producción en €/kg.

Asimismo, y dada la importancia que tiene la adecuada gestión de los recursos hídricos en las zonas donde se cultivan estos productos, «se han incluido, también, una serie de indicadores sobre la productividad del agua empleada».

Desde AILIMPO se recuerda, además, que el sector de limón y pomelo «cuenta ya para la próxima campaña con los 5 contratos tipo homologados de compra/venta». Además, considera esta herramienta como clave para que todos los productores de limón y pomelo «dispongan de información sobre su coste individualizado de producción en los términos que establece la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria».

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Se aplica incluso a las empresas que ya tenían el precio cerrado por subasta hasta el 31 de diciembre

 

FEPEX ha solicitado a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la suspensión del sobrecoste imputable al ajuste derivado del Real Decreto Ley 10/2022, que representa aproximadamente el 45% del coste real de la energía consumida y se aplica incluso a las empresas que ya tenían el precio cerrado por subasta hasta el 31 de diciembre.

La presidenta de Afrucat (Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña), Montse Baró, entidad asociada a FEPEX, ha manifestado que el desmesurado incremento, que representa una media del 45% del coste real de la energía consumida y el 35% del coste total de la factura, es inasumible para las empresas del sector frutícola. Baró ha denunciado que «este impuesto está registrando un incremento en las facturas de energía del mes de julio de hasta el 35%, fruto de un 'impuesto sorpresa' (por el desconocimiento de su magnitud) que en la factura sale especificado cómo "Ajuste Real Decreto 10/2022" con el cual el Gobierno español limitaba el precio del gas para controlar la subida de la luz». Asimismo, ha indicado que «la Unión Europea permitió esta excepción del mercado ibérico, pero advirtió a España que tendría que compensar a las empresas suministradoras de gas en el supuesto de que las perjudicase; y ahora nos encontramos que este ajuste que pagamos todas las empresas, al menos en nuestro caso, no ha servido para nada, pues teníamos el precio energético cerrado por subasta hasta el 31 de diciembre. Este impuesto viene a aumentar de forma desproporcionada la factura de la luz en nuestro sector». La presidenta de Afrucat ha subrayado, además, que «nuestras empresas trabajan y recolectan los frutos durante el día, y al final de la tarde entran a los frigoríficos de las centrales y cooperativas de fruta, por lo que durante la noche la necesidad de consumo para enfriar las frutas es mayor. Inicialmente, esto nos ayudaba e iba en línea con las estrategias propulsadas por los gobiernos de intentar consumir en horas valle, como son las nocturnas; con la aplicación de este Real Decreto, resulta que este periodo es el más perjudicado». Baró ha recordado que «esto se suma a la delicada situación que afrontamos por las fuertes heladas del mes de abril que lastraron buena parte de nuestra fruta. Por este motivo pedimos que las centrales y cooperativas de frutas queden exentas de este sobrecoste, al tener ya fijado por subasta el precio energético hasta el 31 de diciembre».

Según Afrucat, la afectación global de este Real Decreto entre las empresas de fruta de Cataluña «supone un sobrecoste real en la factura de aproximadamente +675.000 € mensuales, y en términos anuales, la afectación sería de unos +8.100.000 €».

Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas del mes de julio de 2021 ascendieron a 1.007 millones de toneladas, por un valor de 1.002 millones de euros.

 

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La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR–COAG) ha informado que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de la Rioja ha presentado el estudio de costes de producción y precios medios del sector vitivinícola de esta comunidad autónoma para 2021, «del que se extrae que gran parte de la uva se vendió por debajo de los costes de producción, incumpliéndose la Ley de la Cadena Alimentaria».

Según la consejería, tan solo el 34% de la uva tinta producida por los viticultores riojanos el año pasado se vendió por encima de 0,71 euros/kilo, cubriendo los costes de producción. En cambio, del 43% que se vendió por debajo del coste medio marcado (0,67 euros/kilo para uvas tintas), un 20% del total de la uva producida en La Rioja no alcanzó los 0,64 euros/kilo, lo que supone grandes pérdidas para el viticultor. Por ello, la UAGR–COAG entiende que «más de la mitad de la uva se vendió sin rentabilidad para los viticultores riojanos».

Esta organización agraria considera, además, que el coste medio estimado por la consejería en 0,67 euros/kilo para las uvas tintas «se queda corto, ya que no se incluyen las horas que el viticultor realiza en conceptos de gestión burocrática, supervisión de las parcelas, compra y traslado de fertilizantes y fitosanitarios…». Tareas todas ellas que «ocupan gran parte de la jornada laboral de los agricultores, que no se contemplan en el estudio, y que sin duda elevarían la cifra del coste de producción, acercándose más a la realidad».

La UAGR también solicita que este coste de producción «se publique al finalizar la campaña», para que este estudio sea de utilidad para los viticultores. Por todo lo dicho, esta organización «continúa exigiendo a la Administración, tanto regional como estatal, una implicación mucho mayor en la persecución de este incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria; y a las bodegas, que se comprometan a pagar las uvas claramente por encima de lo que cuesta producirlas, máxime en esta campaña marcada por un gran aumento del precio de todos los productos que emplean los viticultores para cuidar las uvas».

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Representantes de ARAGA, ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias, FedeFRUTA Aragón, UAGA y UPA han mantenido una reunión con Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en la que le han trasladado una batería de propuestas consensuadas en los días previos por el sector frutícola de esta comunidad.

La situación derivada del aumento de costes, la subida de la energía y el gasoil, unido todo ello a la incertidumbre de los mercados derivada de la guerra de Ucrania y la ‘puntilla’ asestada por las heladas tardías del mes de abril «han dejado a la fruticultura de la Comunidad en una situación límite que para algunos productores puede suponer su desaparición».

La consecuencia directa se traslada en la cadena también a los almacenes y las cooperativas que van a ver cómo mantener unos gastos fijos casi idénticos a otras campañas mientras ven reducidos sus volúmenes de operaciones al 50% o menos en muchos casos. Ello ha derivado en que hayan comenzado a oírse los primeros rumores de ERTE’s, «una herramienta de gestión laboral inédita en el sector hasta la fecha». En ese contexto, los representantes del sector agrario en Aragón han presentado a Olona medidas que consideran vitales, articuladas en tres ejes fundamentales: una batería de ayudas directas a la producción para paliar el momento crítico en el que se sitúan; ayudas a cooperativas, almacenes y OPFH, que en muchos casos van a mantener gastos fijos con la imposibilidad de cubrir su volumen de comercialización habitual, y una serie de propuestas para la reforma del seguro agrario que incida en hacer viable una herramienta que poco a poco va perdiendo fuelle y operatividad.

En definitiva, «se espera algún movimiento de la Consejería, más si cabe cuando en otras comunidades autónomas se oyen rumores de importantes medidas que, en un sector tan globalizado, dejarían a la fruticultura aragonesa en clara desventaja».

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Los costes de todos los inputs de la industria de manipulado de frutas y hortalizas se han disparado en el último año. Al respecto, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Cooperativas Agro-alimentarias de España, han coincidido en el diagnóstico, «el sector sufre un grave problema de competitividad porque no es capaz de trasladar a sus precios, ni en España ni en la Unión Europea (UE), esta escalada sin precedentes en sus costes».

Las tres entidades han indicado en un comunicado conjunto que, «en el último dato del IPC de febrero, las frutas frescas (incluidos cítricos) y las legumbres y hortalizas se situaron en la parte más baja de las subidas, con aumentos anuales del 6,2 y el 5,2%, respectivamente». Estos cultivos tuvieron un comportamiento similar al del resto de alimentos no procesados, pero a cierta distancia de otros como la leche (8,8%) y, sobre todo, de los aceites y grasas (28,1%). De hecho, mientras que la media del índice de los alimentos sin elaboración se situó en un 5%, el de los bienes industriales se disparó hasta el 15,9%, el de los carburantes y combustibles un 26,9% y el de los productos energéticos un 44,3%. En febrero la crisis energética disparó el IPC hasta el 7,6%, «no los alimentos y menos aún las frutas y hortalizas». El indicador adelantado de marzo se debió también a las subidas de la electricidad, carburantes y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. De todas formas las tres organizaciones atribuyen este último incremento «a los fallos en el suministro y a las graves alteraciones en la cadena producidas por el largo paro del transporte, que afectaron a la oferta».

Por lo que se refiere al mercado exterior, las cosas no han ido mejor. Según los últimos datos disponibles, en el primer mes del año el tonelaje de frutas (incluidos cítricos) y hortalizas exportado subió un 1% (1,2 millones de t) y un 3% en valor (1.530 millones de euros). Cifras, que ya en enero fueron «insuficientes para cubrir los costes debido a su gran incremento».

Y la situación, tanto en el mercado nacional como más aún en el europeo, se ha agravado con la guerra en Ucrania. Las sanciones aplicadas al régimen ruso, el veto a entidades bancarias y la cancelación del sistema Swift de pagos para algunas de ellas han provocado una depreciación del rublo, situación que cuestiona cualquier transacción con este país. Por todo ello, desde comienzos de marzo se sufre en la UE una sobreoferta evidente. Las frutas y hortalizas y los cítricos destinadas al mercado ruso, ante las dificultades de cobro y las complicaciones logísticas, por ejemplo, en el Mar Negro, están siendo reorientadas hacia Europa. Rusia importó 1,7 millones de t de cítricos en 2021 y otros 3,9 de plátanos, manzanas, fruta de hueso y uva de mesa. Buena parte de ese tonelaje, exportado a aquel destino básicamente por Turquía, Egipto, Marruecos, Grecia o Israel está acabando ahora en el viejo continente.

«Es evidente que ni la gran distribución española ni la europea están aplicado a sus precios el histórico aumento de costes sufrido por el sector de manipulado y comercialización de frutas, hortalizas y cítricos. Somos sus mayores y más seguros proveedores, los que mejor servicio garantizan, el más ajustado, no ya a la regulación europea sino a las certificaciones privadas de esas grandes cadenas, por lo que en una situación como ésta, sólo pedimos mayor sensibilidad. Unos céntimos de euro más en el PVP de frutas, hortalizas o cítricos no dispararán la inflación y sí servirán para salvar puestos de trabajo», han coincidido en señalar tanto el director de FEPEX, José María Pozancos, como la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, y el presidente del sector de frutas y hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias, José Antonio González.

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El Gobierno de la Región de Murcia ha alertado que la coyuntura actual supondrá el incremento de costes de producción de la fruta de hueso un 30%, debido al aumento del precio de los fertilizantes, productos fitosanitarios, abonos, gasoil, plásticos, cartón o la electricidad, a lo que se añaden los problemas de exportación derivados de la invasión rusa de Ucrania, o el aumento de la competitividad de los mercados internacionales.

Así lo ha puesto de relieve el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse en Cieza con representantes de Apoexpa y Fecoam con motivo del próximo inicio de la campaña de fruta de hueso y ante la incertidumbre generada en el sector por el aumento de costes y los problemas de distribución.

Luengo ha señalado que «llevamos meses avisando de que la situación podría ser insostenible para los profesionales del campo, que estaban asumiendo unos costes desorbitados tratando de que no afectaran al bolsillo del consumidor y sufriendo continuos ataques, por lo que cada vez se hace más necesario dotar de seguridad a los agricultores y exportadores que se están enfrentando a numerosos problemas e inconvenientes en este momento de la campaña».

En relación a las previsiones de la campaña de hueso de 2022 en la Región de Murcia, la producción de fruta de óptima calidad se cifra en las 400.000 toneladas (t). Cabe apuntar que la campaña de 2021 finalizó con 373.069 t, destacando el melocotón (300.958 t) y el albaricoque (54.739 t), además de la ciruela y la cereza. En cifras de exportación, esta Comunidad Autónoma se reafirmó como el primer exportador de albaricoque y el segundo de melocotón de España. El 92% de las exportaciones se destinó al comercio europeo, siendo los principales destinos Alemania, Francia e Italia, por este orden.

En relación a las lluvias que se han producido en la Región de Murcia en las últimas dos semanas,  el consejero ha explicado que «las primeras estimaciones que tenemos nos indican que están siendo bastante positivas para el campo, ya que no ha llovido de manera torrencial, si bien podría conllevar consecuencias por el gran número de días consecutivos de precipitaciones y con ausencia de sol». Para finalizar diciendo que un ejemplo de ello podría ser «la dudosa polinización de las variedades que están en floración por la falta de vuelo de los polinizadores, así como el aguado del polen, que hace que su transporte sea más difícil».

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