El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la patronal nacional que aglutina a los exportadores privados, ha indicado en un comunicado que coincide plenamente con los términos de la carta remitida en julio por la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollà, al ministro en funciones del ramo, Luis Planas, en la que le advirtió del «grave riesgo» que supondría la llegada del Greening o HLB a España y que debía actuar al respecto. El CGC cree que, como ha reiterado la consejera en unas declaraciones públicas, para frenar la posible expansión de esta temida bacteria –aún no presente en el Mediterráneo– resultaría clave controlar antes la población del insecto que la propaga, la Trioza erytreae. Este psílido está presente en la Península desde 2014 y en cinco años ha logrado expandirse por todo el litoral atlántico desde La Coruña (Galicia) a Lisboa (Portugal), habiendo traspasado incluso el río Tajo. La primera y más urgente medida para evitar su acceso a las zonas productoras vecinas del sur de Portugal o a las de Huelva, pasaría por liberar en las áreas infestadas gallegas y lusas el parasitoide –Tamarixia dryi– que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) –el laboratorio nacional de referencia en bacterias vegetales– importó desde Sudáfrica y que ha venido testando en Canarias, donde también está presente el citado vector, además de en la Isla Reunión y en Mauricio. El ministerio, según la contestación remitida ahora a la consejera, aduce que para proceder a su suelta antes necesita una autorización de la Unión Europea (UE).

El CGC vuelve a coincidir con Mollà en remarcar la evidencia de que, en función de la legislación nacional en materia de sanidad vegetal, se trata de una situación de «urgencia» en la que el Gobierno español sí tiene competencias por lo que su suelta «debería ser inmediata porque está en juego la supervivencia a medio plazo del sector citrícola». 

Ante el inicio de la recolección de las variedades más tempranas de mandarinas, naranjas y caquis, los productores y operadores comerciales se encuentran inmersos en numerosas negociaciones para cerrar los contratos de compraventa de las cosechas. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) ha advertido, en un comunicado, de que muchos comercios de carácter privado «están incluyendo en dichos contratos una serie de cláusulas abusivas, e incluso ilegales, con el objetivo de abonar menos dinero al productor».

La organización agraria ha indicado que «una de las irregularidades más extendidas en dichos documentos es la realización de un ‘escandallo’ o destrío en el almacén, especificando en algunos casos al día siguiente de la recolección». Según testimonios recabados por AVA–ASAJA, «esta selección posterior del comercio suele implicar una pérdida media del 15% de la fruta recolectada, aunque hay ocasiones donde el destrío alcanza el 50%».

La organización agraria ha defendido que este ‘escandallo’ no respeta la ley 3/2013 sobre los contratos y otras relaciones jurídicas agrarias aprobada por Les Corts Valencianes, «puesto que cuando el comprador realiza la recolección de la fruta es el único responsable de que lo recogido y pesado en el campo resulta idóneo para la comercialización y no puede alegar con posterioridad la existencia de ningún porcentaje adicional de separación de fruto en mal estado». Bajo la pretensión de endurecer este destrío, el texto ha mostrado una ambigüedad a la hora de señalar las normas de calidad en las que el comercio va a basarse para determinar las frutas aptas. AVA–ASAJA ha agregado que «únicamente» se suelen concretar requisitos como el calibre mínimo de la fruta: hay operadores de caqui que lo fijan en 70 mm, cuando la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer ha venido estipulándolo en 61 mm.

Los agricultores también rechazan un descuento del 3% sobre el precio total de la mayoría de contratos «en concepto de gastos generales y demás». Esta cifra cubre ‘históricamente’ las funciones del corredor y, de acuerdo a la mencionada legislación autonómica, «la persona obligada a su pago es siempre la parte compradora, siendo nulo el pacto en contrario». La inclusión de la modalidad ‘a comercializar’, es decir, sin un precio pactado, «es otra cláusula que la normativa considera nula cuando el agricultor es persona física».

Por todo ello, AVA–ASAJA ha aconsejado a los agricultores no firmar ningún contrato de compraventa sin antes consultar a expertos en esta materia y ha anunciado que trasladará a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, «todos aquellos documentos facilitados por los asociados que puedan atentar contra el espíritu y las normas de la legislación».

Asimismo, la organización agraria ha recordado a los citricultores que existe un modelo de contrato homologado por la interprofesional Intercitrus que puede servir de referencia. En cuanto al caqui, la asociación ha buscado vías de colaboración con los representantes de las empresas comercializadoras pero, aunque había puntos de encuentro, «no han querido avanzar de cara a consensuar un contrato tipo beneficioso para ambas partes».

Ante la situación generada, el presidente de AVA–ASAJA, Cristóbal Aguado, ha apelado a los productores valencianos «a estar unidos para defender un contrato y un precio dignos. Todos debemos hacer números y si comprobamos que no salimos ganando, pues hay que plantarse y no vender, porque lo que estaremos haciendo es regalar la cosecha a otros y hundir al resto de los agricultores».

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha indicado que la European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ha emitido una alerta en la que confirma que las autoridades de Túnez han declarado oficialmente un área infectada por ‘mancha negra’ en una extensión de unas 2.000 hectáreas (ha) en la región de Nabeul, una zona citrícola del noreste de este país. A juicio del CGC, asociación que representa a los principales exportadores privados del país, el hallazgo debería forzar a la Comisión Europea (CE) a tomar medidas inmediatas y dar un ‘giro radical’ para elevar el nivel de exigencia de la normativa vigente (decisión UE 2016/715, recientemente prorrogada) y que afecta a los principales países proveedores de cítricos de la UE en contraestación (durante el verano): Sudáfrica, Argentina, Brasil y Uruguay. De forma paralela y siguiendo este mismo criterio de prevención, el CGC reclama a Bruselas que rectifique su decisión al excluir a última hora la también llamada Citrus Black Spot –CBS, en inglés– del listado de ‘plagas prioritarias’ para así garantizar una obligada vigilancia de este patógeno en todos los Estados miembros y la cofinanciación de los posibles planes de erradicación en caso de producirse una contaminación en Europa.

El pasado junio, antes de confirmarse este foco, las principales organizaciones agrarias del sector citrícola de Italia, Francia y España –incluido el CGC– ya solicitaron al ejecutivo comunitario varias modificaciones urgentes de la citada decisión. Lo hicieron en función de las siete interceptaciones por ‘mancha negra’ detectadas por inspectores franceses en cítricos procedentes de Túnez –un país hasta ese momento exento de la plaga–  en los meses de marzo y abril. Pero, sobre todo, reclamaban cambios en función de los sucesivos informes científicos de la EFSA (European Food Safety Authority) –de 2014, 2016, con una última revisión en 2018– que advertían de la capacidad del patógeno para aclimatarse a las zonas citrícolas europeas y del riesgo de que éste pudiera transmitirse a través del fruto. Estudios científicos que no impidieron al Gobierno de Sudáfrica anunciar la posible apertura de un panel contra la UE en la OMC acusándola de que las medidas vigentes para evitar el contagio de este hongo encubrían «prácticas proteccionistas» y suponían un «gasto inasumible» para su sector de 112 millones de euros por campaña.

Revisión de las medidas

Con la plaga por primera vez a las puertas de Europa, más allá de bloquear temporalmente las importaciones de Túnez –como ya está en vigor desde principios de junio– el CGC ha indicado que se impone una revisión en el mismo sentido que el conjunto del sector europeo reclama. En concreto, se insiste en que, como aceptó Bruselas en 2014 pero que no llegó a implementarse, «se advierta de que a partir de la quinta detección de este patógeno en las inspecciones portuarias europeas de partidas procedentes de los citados países, se ordenará el cierre inmediato de las fronteras». En segunda instancia, se exige que se suspenda el canal paralelo hoy permitido, con controles fitosanitarios más laxos, si el importador aduce que estos cítricos tienen por destino su transformación en zumo. En tercer lugar, se reitera que «es necesaria una armonización de los criterios técnicos con los que se realizan tales controles en los diferentes puertos de entrada así como una formación conjunta para garantizar una mayor cualificación y sensibilización de los inspectores». Una reivindicación, ésta última, que es coherente con la línea de denuncia del CGC, que «siempre ha cuestionado la laxitud de las revisiones que se realizan en el principal punto de entrada a la UE de los cítricos extracomunitarios, el puerto de Rotterdam».

De todas formas el CGC ha afirmado que más allá de lo acontecido en Túnez «parece claro que la regulación europea vigente está lejos de ofrecer suficientes garantías». Durante 2016 y 2017 se alcanzaron las 36 interceptaciones portuarias a causa de este patógeno y en 2018 se dispararon a 53, unas «cifras alarmantes». Implementar los cambios requeridos para Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica «no supondría ir más allá de los protocolos exigidos por EEUU o China que, al contrario que la UE, sólo aceptan partidas de zonas declaradas oficialmente como exentas de este hongo».

Liderado por ASAJA Málaga, reúne a un total de 14 entidades nacionales e internacionales

El 4 y 5 de julio ha tenido lugar en Málaga la reunión de arranque del proyecto ‘Life Vida for Citrus’ que, con un plazo de ejecución hasta el año 2023, está cofinanciado por la Unión Europea (UE) y las entidades que forman parte del equipo.

El objetivo del mismo pasa por prevenir la entrada del HLB de los cítricos en la UE a través de prácticas culturales respetuosas con el medio ambiente, búsqueda de material vegetal resiliente y reducir la huella de carbono y los efectos del cambio climático que puedan incidir en el desarrollo de la enfermedad en nuestras explotaciones.

Con un ámbito de aplicación europeo, ‘Life Vida For Citrus’ cuenta con los siguientes socios participantes: ASAJA Málaga, AGRIMARBA 2 SL, ASAJA Nacional, AVA–ASAJA, Ayuntamiento de Sevilla, CIRAD (Centro de cooperación internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo–Francia), ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias), IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica), INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Investigación Agronómica–Francia), IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias), Universidade do Algarve (Portugal), Università degli Studi di Catania (Italia) y VALENCIAGRO (Producao frutícola unipessoal LDA).

El 4 de julio, el programa comenzó con la revisión del proyecto y el Plan de acción, además de concreción de las responsabilidades de cada socio y exposición de plazos y normas. El día 5, los asistentes recibieron nociones sobre la aplicación de cuestiones financieras y estrategias de comunicación para hacer el proyecto más visible los conocimientos que se vayan adquiriendo.

Durante los próximos tres años y medio, los socios beneficiarios llevarán adelante las tareas definidas en el proyecto, sin olvidar las cuestiones relacionadas con su difusión, el intercambio de experiencias similares y la participación social. 

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