El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado a las organizaciones profesionales representativas del sector agrario (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores –Asaja–, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG– y Unión de Pequeños Agricultores –UPA–) un conjunto de 43 propuestas de medidas. Planas ha explicado que con estas medidas, que demuestran el compromiso del Gobierno con un sector que es un pilar fundamental de la economía española, «se da respuesta a las inquietudes puestas sobre la mesa» en las reuniones mantenidas con las tres organizaciones mencionadas.

Esta iniciativa la ha trasladado el ministerio después del Consejo de ministros de Agricultura de la UE que ha aprobado las propuestas de simplificación y de flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), así como otras medidas presentadas por la Comisión Europea y que ahora deben ratificarse en el Parlamento Europea. Planas ha reiterado que fue un Consejo «tremendamente relevante por el alcance de las medidas adoptadas y la urgencia con la que las instituciones europeas han dado respuesta» a las movilizaciones del sector en distintos Estados miembros, que «han motivado un cambio de posición de la Comisión Europea».

El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones sobre comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y refuerzo de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las autonomías.

Luis Planas ha recordado que estas propuestas de medidas se suman a la mayor ayuda de Estado que ha dado nunca al sector agrario en España al margen de la PAC, con un total de 1.380 millones de euros en apoyos directos en los últimos dos años.

Medidas de simplicación de la PAC

Entre las 15 propuestas de este bloque se incluyen medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) sobre gestión de labranza (BCAM 5), coberturas de suelo (BCAM 6), rotación de cultivos (BCAM 7) y barbechos (BCAM 8), que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto. Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55 % de los perceptores de ayudas de la PAC en España.

Asimismo, se flexibilizan y simplifican los criterios para la aplicación de ecorregímenes; se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario, y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos. También se flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se fija el principio de inspección única, en coordinación con las autonomías, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año.

Comercio internacional de productos

El Gobierno se compromete a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros. El ministro ha señalado a este respecto que la Unión Europea está cada vez más cerca de este objetivo, que es una larga reivindicación de países como España y Francia, y que sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo, aunque no en el Consejo. Además, ha indicado que a nivel comunitario ya se aplica el reglamento de deforestación o las tasas de carbono en frontera para los países que no tienen reducción de emisiones de CO₂, que «son medidas equivalentes a la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios, que es en lo que consisten las cláusulas espejo».

Entre las medidas propuestas por el ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Al mismo tiempo, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

Refuerzo de aplicación de la ley de la cadena

El Gobierno mejorará y reforzará la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria al convertirla en agencia estatal, con lo que «contará con mayor estructura para incrementar las relaciones comerciales objeto de control». El ministro ha destacado que entre las propuestas barajadas por Comisión Europea para la reforma del reglamento sobre prácticas comerciales desleales se incluye la introducción de elementos ya aplicados en España, lo que evidencia el carácter pionero de la ley de la cadena reformada en 2021.

Seguros agrarios

El Gobierno se compromete a tomar las medidas necesarias para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios «en una situación en la que las adversidades debidas al cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y el nivel de indemnizaciones». El ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75 % de la prima comercial).

Medidas fiscales, de financiación y laborales

En este ámbito Luis Planas ha puesto énfasis en las aportaciones del ministerio para las distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario, que permitirían movilizar créditos por importe de 700 millones de euros. Así, la dotación extraordinaria de 20 millones de euros, más otros 7 para avales en la línea de crédito ICO–MAPA–SAECA, permitirá movilizar 200 millones en créditos para jóvenes agricultores. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según las estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por 500 millones de euros.

El ministro ha recordado que se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35 % en los carburantes y combustibles y del 15 % en los fertilizantes. En consideración de la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15 % en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema, entre otros.

Relevo generacional

El ministerio convocará una Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias «para elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que lo favorezcan, así como el empleo más eficiente de los recursos de la PAC».
www.mapa.gob.es/es/

Artículo de opinión de Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA–ASAJA

Estos días seguramente habrás oído hablar de la detección del virus de la Hepatitis A en fresas de Marruecos. Aunque entraron por el puerto de Algeciras a mediados de febrero, no fue hasta el 4 de marzo cuando el Sistema (¿Rápido?) de Alertas de la Comisión Europea RASFF lo notificó en su portal. Dicen los expertos que la presencia de esta enfermedad por encima del nivel máximo permitido puede deberse a que el trabajador que manipulara las fresas padeciera Hepatitis y no se lavara correctamente las manos o, lo más probable, que las explotaciones se riegan con aguas fecales.

Esta alerta sanitaria está en boca de médicos y consumidores, porque representa un peligro para la salud pública. Pero si AVA–ASAJA fue la que dio la voz de alarma es porque los agricultores estamos hartos de la competencia desleal y de los sistemáticos incumplimientos por parte de las importaciones agrarias procedentes de países terceros. No en vano, el sistema RASFF detecta cada mes alertas en todo tipo de productos foráneos, como naranjas de Egipto y Turquía, arroces asiáticos, hortalizas, carnes, etc.

Sabemos que la Unión Europea está dispuesta a sacrificar a sus agricultores. Pero, ¿hasta qué punto también está dispuesta a poner en riesgo la salud de sus consumidores? Es evidente que en Bruselas hay muchos intereses comerciales. Si únicamente actuara en defensa del ecologismo, como nos intenta vender, todas las exigencias medioambientales que impone a las producciones europeas también las impondría a lo que viene de fuera. Pero ante una alerta tan preocupante como la de las fresas marroquíes, la Comisión ha rebajado la alarma declarando que la cosa no es tan grave.

Me aventuro a adelantar que no pasará nada, que el Gobierno español mantendrá su pleitesía ante Marruecos (¿qué le debe Sánchez?) y que seguirá habiendo barra libre para las importaciones. Algo huele mal en la política agraria. Y, si no reaccionamos, las consecuencias no las pagaremos solo los agricultores, sino todos y cada uno de los europeos.

Por último, reiterar que no es lo mismo comprar un producto europeo que no europeo. Esta alerta marroquí no tiene por qué perjudicar a nuestro sector fresero que tan bien está trabajando y, por tanto, recomiendo a los consumidores que coman fresas y otras frutas y hortalizas españolas. Nuestra economía y nuestra salud lo agradecerán.

Artículo de opinión de Cristóbal Aguado Laza, presidente de AVA–ASAJA

La situación se ha tornado insoportable con la imposición de un «tercer régimen agrario»

Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, supo expresar con suma claridad lo que muchos agricultores venimos denunciando en su libro ‘La venganza del campo: ¿Por qué el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad a la que da de comer?’. Ahora ha llegado a mis manos un informe de Richard J. Schenk, investigador del Mathias Corvinus Collegium (MCC) de Bruselas, titulado ‘La guerra silenciosa contra la agricultura’, que incide en el largo y cruel maltrato de las instituciones hacia el campo europeo.

Afirma Schenk que el origen de la Comunidad Económica Europea estableció como prioridades el aumento de la productividad agraria, la mejora del nivel de vida de los agricultores y unos precios razonables para los consumidores. Después de la segunda guerra mundial, Europa prometió «no volver a pasar hambre» y lo cumplió. Mientras que en 1950 un hogar europeo medio gastaba el 50% de sus ingresos en alimentos, en 1990 ese porcentaje se redujo al 15%.

La Política Agrícola Común (PAC), sin embargo, a partir de los ochenta fue sufriendo reformas para evitar los célebres «montones de mantequilla» y «lagos de vino». La reforma MacSharry de 1992 marcó un cambio dirigido a incluir la protección del medio ambiente al mismo nivel que la actividad agraria. Como consecuencia, «los agricultores europeos tuvieron que cumplir cada vez más objetivos ecologistas con menos dinero».

Pero la situación se ha tornado insoportable con la imposición de un «tercer régimen agrario», tal como resalta Schenk, que relega la producción de alimentos al final de la cola y la subordina a exigencias ambientales con tintes ideológicos radicales y sin base científica que, sencillamente, son imposibles de cumplir. El Pacto Verde Europeo, con la Estrategia de la Granja a la Mesa como ariete, es un eslogan pseudoecologista que viene a decir que «la seguridad alimentaria ya no puede ser el objetivo inmediato de las políticas agrarias europeas, ya que la acción por el clima es el requisito previo de todas las políticas agrarias. Por tanto, muchas medidas de la UE ahora tienen como objetivo activo la reducción de la producción agraria».

El informe continúa detallando las revueltas del sector primario, en particular de los ganaderos de los Países Bajos y de la industria forestal finlandesa, y advierte de que «si más Estados miembros se alarmaran, podrían detener el tercer régimen agrícola antes de que se implemente completamente».

Pues en esas estamos. Los agricultores de Alemania, Francia, Bélgica, Polonia, Bulgaria, Rumania, Portugal y España hemos salido a la calle para decir que estamos hartos, que hasta aquí hemos aguantado, que llevamos muchas décadas reivindicando unas políticas agrarias para los agricultores y los consumidores, que la agricultura no es la culpable sino la aliada primera e imprescindible para luchar contra el cambio climático, que somos los primeros ecologistas, los que mantenemos el bosque verde que nunca se quema y los que suministramos alimentos con los máximos estándares de frescura, calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria y menor huella de carbono.

El serio y duradero trabajo de presión e interlocución con la Administración que llevamos a cabo las organizaciones profesionales agrarias durante los últimos años está cosechando algunos logros, pocos e insuficientes de momento, pero no vamos a rendirnos hasta conseguir todo lo que merecemos. AVA–ASAJA empezó el 26 de enero el calendario de movilizaciones y las próximas convocatorias en la Comunitat Valenciana serán, de manera unitaria, el 15 de febrero en Castellón, el 16 de febrero en Alicante y el 22 de febrero en Valencia, sin descartar nuevas protestas.

Espero, por el bien de toda Europa, que estemos efectivamente en un punto de inflexión y que podamos confirmar que se acabó el ciclo europeo antiagrarista. Los compromisos y los primeros pasos dados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como las últimas votaciones del Parlamento Europeo, van en la buena dirección. No entendemos que los políticos sigan hablando de quién está detrás de las protestas, no queremos que nos distraigan con cortinas de humo. Hay un problema real en la agricultura y en la autosuficiencia alimentaria europea y necesitamos que pongan soluciones a largo plazo.

No hay que olvidar que en junio tenemos elecciones europeas y es importante que, a la hora de votar, tengamos en cuenta si los partidos tienen entre los primeros puestos de candidatos a personas que conocen la realidad de la agricultura y que van a defender ese necesario cambio de ciclo.
https://www.avaasaja.org/

Luis Planas se mantiene como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Las reacciones del sector no se han hecho esperar, y ya le ha puesto ’deberes’ y le ha recordado que tiene pendientes diversos asuntos.

FEPEX ha valorado su continuidad al frente del ministerio, así como su conocimiento del sector y su experiencia. Considera que «puede colaborar activamente con el sector ante Bruselas para rectificar la incoherencia entre los objetivos enunciados por la Comisión Europea y las medidas planteadas, sobre todo en proyectos de Reglamento como el de uso de productos fitosanitarios y el de envases y residuos de envases, que se están tramitando en el Parlamento Europeo y que incluyen iniciativas lesivas para la producción y exportación de frutas y hortalizas».

FEPEX ha anunciado que pedirá a Planas que «competitividad y seguridad alimentaria pasen a ser objetivos prioritarios en esta nueva legislatura, así como la recuperación del consumo de frutas y hortalizas». En este sentido, la entidad ha indicado que a la vista de la evolución de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas que se redujeron en volumen en más de un 10% en 2022 respecto al año anterior, y de la evolución del consumo en los hogares, que muestra una caída de más del 12% en 2022, los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno además de recuperar la competitividad de las explotaciones y el consumo, deben ser «reforzar la seguridad alimentaria, entendida, tal y como recoge la Estrategia de la Granja a la Mesa, como la necesidad de garantizar un suministro suficiente y variado de alimentos inocuos, nutritivos, asequibles y sostenibles a las personas en todo momento».

Por su parte, Unión de Uniones, tras dar la enhorabuena al ministro, le ha recordado que tiene numerosos temas que ha dejado sin resolver en la anterior legislatura, con la confianza «de que se ponga ya manos a la obra para resolverlos en beneficio de los agricultores y ganaderos españoles». Además, considera que Planas «tendrá que hacerse cargo de algunos frentes abiertos y, seguramente, entre ellos el más urgente, el de la presente crisis generada por el conflicto de Ucrania y agravada por la sequía, en la que hay explotaciones y sectores, como viñedo y olivar, que se han quedado hasta ahora fuera de los paquetes de apoyo puestos en marcha, “porque en un contexto de crisis de rentabilidad e incremento de costes, la amenaza en muchos casos de la supervivencia de las explotaciones es muy seria».

Respecto a cuestiones programáticas, teme que Planas siga a rajatabla el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Sumar, que, en opinión de Unión de Uniones, «no responde a las necesidades del sector». Así, por ejemplo, en lo relativo al mal funcionamiento de la cadena alimentaria ha señalado que «si nos quedamos en más observatorios y más seguimiento, pero no se toman medidas efectivas para que la ley se cumpla, los agricultores y ganaderos que somos el eslabón más débil seguiremos con precios por debajo de nuestros costes».

Esta organización agraria está también expectante «sobre si en este nuevo período el ministro de Agricultura sostendrá los pulsos que sean necesarios con la también repetidora Teresa Ribera en Transición Ecológica, para defender al sector agrario y a sus profesionales».

Por último, ASAJA Andalucía considera a Luis Planas «el ministro más pernicioso para el campo andaluz desde la llegada de la democracia», por lo que ha calificado su continuidad al frente del Ministerio de Agricultura como «una pésima noticia para todos los agricultores y ganaderos andaluces, que con este nombramiento pierden la esperanza de recibir el apoyo necesario para superar la crisis que soportan la mayoría de las explotaciones lastradas por la sequía, el incremento de los costes, la falta de mano de obra, la competencia desleal de terceros países y la reducción de los apoyos de una nueva PAC que además de ser mucho más compleja, con el diseñó del Plan Estratégico Nacional que ha hecho del equipo de Planas, deja a los agricultores y ganaderos andaluces sin el 30% de sus ayudas».

ASAJA Andalucía espera que en esta nueva etapa se produzca «un cambio de actitud en la que hasta ahora ha venido manteniendo para con el campo andaluz el ministro Planas». Si este cambio no se produce, «instaremos a Pedro Sánchez a que incluya a Luis Planas en la primera remodelación que haga de su gobierno. Alguien que ha hecho tanto daño al campo y a sus agricultores y ganaderos, si además persevera, no puede estar al frente de esta cartera».