El Gobierno ha anunciado que está trabajando en la preparación de un nuevo paquete de medidas de apoyo al sector agrario que mitiguen los efectos de la sequía sobre la producción agrícola y ganadera. La Mesa de la Sequía, reunida bajo la presidencia del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati García-Manso, ha examinado la situación de los distintos sectores y territorios, y ha articulado mecanismos de coordinación, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para identificar las medidas a adoptar.

El subsecretario ha anunciado que, además, el ministro Luis Planas va a remitir una carta a la Comisión Europea para plantear todas aquellas medidas de flexibilización o de carácter excepcional en la aplicación de las normas de la Política Agraria Común (PAC) por las especiales dificultades en las que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas. Asimismo, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Con el compromiso de establecer un cauce de comunicación permanente mientras persista esta situación de sequía, en la reunión han participado, de forma presencial o telemática, representantes de todas las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Federación Nacional de Regantes de España, además de representantes de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica.

En el transcurso de la reunión se han puesto en común los informes de precipitaciones y disponibilidades, se ha hecho un análisis de la situación general y particularizada en las comunidades autónomas y se han puesto sobre la mesa propuestas que deberán analizarse. Así, el panorama dibujado por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es desesperanzador, pues no se esperan lluvias que palíen la escasez hídrica que atraviesa el país en su conjunto.

La situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela diferencias importantes en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal.
 

Reclaman pasar a la acción
Las reacciones no se han hecho esperar por parte del sector agrario tras esta reunión. Así, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA) exige a las administraciones «pasar del diagnóstico a la acción para hacer frente a las dramáticas pérdidas de cosechas y los desorbitados sobrecostes que está provocando la falta de precipitaciones en el campo valenciano». La organización se suma así a las declaraciones del presidente de ASAJA Nacional, Pedro Barato que cree que «el diagnóstico ya está hecho y ahora lo que necesita el sector agropecuario son medidas eficaces, contundentes e inmediatas».

ASAJA y AVA–ASAJA apuestan por la puesta en marcha de ayudas directas, medidas fiscales, líneas preferentes de financiación, normas que relajen el cumplimiento de la PAC y la mejora y agilidad de los seguros agrarios a fin de pagar unas indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos. Asimismo, solicitan un Pacto de Estado del Agua que incluya más infraestructuras de almacenamiento y distribución hídrica. Todas estas medidas resultan necesarias, subrayan, para «evitar que siga creciendo el abandono de explotaciones, siga avanzando el desierto y siga subiendo el precio de los alimentos a los consumidores».

Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido en la Mesa de la Sequía «urgencia en la puesta en marcha de medidas» para proteger a los agricultores y ganaderos españoles de los efectos de la sequía. El secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, ha reclamado que se habiliten fondos de Europa, España, y a nivel regional para evitar la ruina total de los agricultores y ganaderos, en especial de los de carácter familiar y pequeña y mediana dimensión. La sequía que padece España es tanto hidráulica (los embalses están de media al 51% de su capacidad, un 16% por debajo de la media de los diez últimos años) como hidrológica (ha llovido un 22,5% menos en el último año). UPA cree que los efectos de la sequía afectarán a la rentabilidad y a la supervivencia de miles de explotaciones de agricultores y ganaderos, y por consiguiente a la capacidad de producción de alimentos.

En la línea de los dos anteriores el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha pedido que el Gobierno apruebe un nuevo decreto sobre la sequía porque es el «instrumento» que permite amparar las medidas laborales, fiscales o para el regadío oportunas.

Como se ha mencionado anteriormente, Cataluña y Andalucía son dos de las zonas más afectadas por la extrema sequía. La consejera del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha reclamado al MAPA un nuevo Decreto de sequía en el Estado y «ayudas directas» para el sector agrario de Cataluña para hacer frente a las pérdidas que supondrá la «severa sequía» que está sufriendo este sector. «Para nosotros el sector primario es extremadamente imprescindible porque es el sector productor que aporta alimentos al país y ya lleva mucho tiempo sufriendo con heladas, granizadas, la guerra de Ucrania, los sobrecostes etc. Hemos pedido ayudas directas porque debemos trabajar con previsión como siempre hacemos», ha apuntado Jordá.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha reclamado al Estado «un nuevo decreto de sequía ampliado a las necesidades de los agricultores y ganaderos del Guadalquivir», donde los productores, entre otras medidas, «están pidiendo balsas y sondeos para dar agua al ganado». Por lo que pide «diligencia y rapidez con medias urgente ante la sequía». Respecto a la administración autonómica, Crespo ha recordado que «Andalucía tiene ya dos decretos de sequía» y la próxima semana irá el tercero al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con nuevos recursos. Redacción.