Las principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana –la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA–ASAJA), ASAJA Alicante y LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders– y Cooperatives Agroalimentàries han hecho un frente común «para evitar el nuevo recorte que pretende asestar Agroseguro: la supresión de la Extensión de garantías en el seguro de cítricos». Estas entidades han cargado contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Consorcio de Compensación de Seguros por «dar la espalda a los agricultores y actuar como cómplices del monopolio de Agroseguro, y de las compañías que lo controlan, en el mayor hachazo de garantías y derechos en sus 40 años de historia».

Estas organizaciones han señalado en un comunicado conjunto que la amenaza de Agroseguro está más cerca de cumplirse después de que el ministerio encabezado por Luis Planas «haya ignorado las recomendaciones que la propia Dirección General de Seguros había elaborado para el mantenimiento de este mecanismo que garantiza la cobertura de determinados siniestros tempranos en unas condiciones muy concretas. A la vez que el ministerio aumenta las subvenciones a las primas que cobra Agroseguro, se convierte en cómplice necesario de sus recortes en lugar de posicionarse al lado de los agricultores».

Por todo ello, exigen al Gobierno, que es quien debe marcar las directrices de la política agraria y, dentro de esta, del sistema de seguros agrarios, «la continuidad de una cobertura que ha contribuido a fidelizar agricultores al seguro». De hecho, defienden «la ampliación de la cobertura de extensión de garantías, al menos, a todos los cultivos leñosos o permanentes, así como la recuperación de otras garantías ya recortadas, como los daños por viento en calidad en el cultivo del limón».

Mecanismo legal, necesario y fruto de un acuerdo

Las entidades del sector han comentado que Agroseguro, el Consorcio y el MAPA ya habían tratado de suprimir la extensión de garantías en el seguro de cítricos tachándolo de «ilegalidad». Al final, ante la demostración de las organizaciones agrarias de que no es así, han acabado reconociendo que es «un mecanismo perfectamente legal, necesario y fruto de un simple acuerdo entre las partes como ha venido ocurriendo durante décadas».

Los representantes de los agricultores recuerdan que tanto el ministerio como las Comunidades Autónomas aportan entorno al 50% de las primas que cobra Agroseguro y «tienen la obligación de defender un sistema de seguros agrarios que vaya hacia delante, buscando garantizar la continuidad de nuestras explotaciones ante los diferentes riesgos a los que está sometida la agricultura, y nunca permitir retrocesos en las coberturas del seguro».

Para añadir que «no podemos permitir que las mismas aseguradoras que quieren vendernos sus seguros de coches, hogar, vida, etc. sean las que quieren imponernos recortes en las coberturas de los seguros de nuestras explotaciones que son nuestro medio de vida. Estas compañías deben saber que una cosa es incompatible con la otra. No entendemos este afán de beneficio, a costa del esfuerzo de los agricultores y de las subvenciones públicas, por parte de las aseguradoras privadas que forman Agroseguro».