La Asamblea de FEPEX, presidida por Jorge Brotons, ha analizado en una reunión mantenida por videoconferencia los principales retos a los que se enfrenta el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas, destacando el Brexit y la reforma de la Política Agraria Común (PAC). En el caso del Brexit, en el supuesto de que no haya acuerdo comercial al final del periodo transitorio, se estima que el pago de derechos arancelarios ascenderá a 198 millones de euros anuales, mientras que sobre la nueva PAC se apuesta por los ecoesquemas para mejorar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones hortofrutícolas.

La Asamblea considera que el sector productor y exportador de frutas y hortalizas no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, «porque ello provocaría que las exportaciones tuvieran que pagar derechos arancelarios, mientras que sus competidores directos, como Marruecos, acceden a este mercado exentos del pago de aranceles».

Cabe señalar que Reino Unido es el tercer mercado del sector, a donde se han exportado frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros en el primer semestre de este año, cifra que representa un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Considerando un año completo, en 2019 la exportación ascendió a 1,5 millones de toneladas, un 5% más que en 2018, por un valor de 1.779 millones de euros (+1%), según los datos ofrecidos por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Respecto a la PAC, la Asamblea de FEPEX ha considerado que la reforma en curso debe permitir corregir las desigualdades y discriminaciones que ha dado lugar la aplicación del régimen vigente en España, porque explotaciones con características agronómicas y socioeconómicas similares, reciben pagos directos en función de los conocidos como ‘derechos históricos’, lo que causa «distorsiones de la competencia entre agricultores en la misma situación, con un impacto negativo sobre su competitividad, situación que no se da en los demás Estados miembros productores de frutas y hortalizas».

También, en el ámbito de la reforma en curso de la PAC y, en concreto, en relación a las nuevas medidas que se aplicarían a partir de 2023, la Asamblea ha manifestado interés por acceder a los ecoesquemas, un régimen que permitiría al sector hortofrutícola español contribuir de manera muy significativa a la sostenibilidad medioambiental y climática y que están incluidos dentro del primer pilar.