El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a la Comisión Europea las necesidades de fondos para financiar los programas operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) para 2022, que alcanzan los 327 millones de euros, un 4,2% más que en 2021 y un 22% por encima de la media de los 8 últimos años.

De esta cantidad, 34 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone más del 10% del total. Las medidas por este concepto si bien caen un 2% respecto al 2021, crecen un 34% en relación a la media de los últimos 8 años.

Las beneficiarias de estas ayudas serán 465 OPFH repartidas en 15 comunidades autónomas, entre las que destacan, en valor de producción comercializada y ayuda solicitada, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.

La comunicación enviada a la CE responde a la previsión que se realiza a principio de cada anualidad en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas. La ayuda final suele situarse aproximadamente entre el 80% y el 85% de la cifra estimada.

España, de acuerdo con el último dato disponible, es el primer estado miembro por ejecución de los programas operativos, con más del 30% del total de la Unión Europea, seguido por Italia. En nuestro país, esta ayuda ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

En virtud de este régimen, las organizaciones de productores que constituyan un fondo operativo pueden acceder a ayudas para realizar diversas acciones en el marco de los programas operativos de carácter plurianual. Entre otras medidas se contemplan la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de la calidad y medio ambiente, de investigación, formación y asesoría, y de prevención y gestión de crisis de mercado.

Las organizaciones de productores se pueden beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del 50% del coste de las acciones realizadas (el 60% en determinados casos), hasta un límite del 4,1% del valor de la producción comercializada, que se puede elevar al 4,6% en el caso de acciones de prevención y gestión de crisis.