El 14,6% del territorio está en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta

Los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), han elaborado el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023. En el mismo, se indica que el año hidrológico 2022/23 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto del país: el 14,6% del territorio está en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta, «debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de referencia de los mismos meses del periodo de referencia 1991–2020».

Como consecuencia de esto, «la reserva en los embalses ha disminuido considerablemente en los últimos diez años». Los datos, a 12 de septiembre de 2023, «muestran que los umbrales están especialmente bajos: la reserva hídrica española se encuentra al 37% con 20.734 hm3 acumulados, siendo las cuentas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) las que atraviesan una situación más grave». Ambos ministerios han coincidido en señalar que la DANA que ha atravesado nuestro país en septiembre «ha supuesto un alivio en algunas zonas, ya que ha mejorado la humedad del suelo y ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, sin embargo, no ha solucionado los problemas existentes».

 

Inversiones

La emergencia climática causa sequías cada vez más frecuentes e intensas y España está en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros estados miembros de la UE.

Esto requiere una «respuesta robusta y eficaz» por parte de las autoridades en la que «la inversión pública se revela como pieza clave».

Consciente de esta necesidad, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022–2027 el Ejecutivo prevé una inversión de 11.839 millones de euros para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación hay que sumar, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y ‘big data’ y supondrá un avance cualitativo en la gestión del agua y las sequías.

Por lo que se refiere a los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, los cultivos extensivos y los pastos han sido los sectores más perjudicados. De todas formas, la sequía ha afectado, igualmente, de manera directa a los árboles y producción de frutales, tanto por la falta de lluvias como por las restricciones de agua para riego. De esta forma, en fruta dulce se han obtenido productos de menor calibre, que perciben menores cotizaciones en el mercado e inciden negativamente en la rentabilidad de las explotaciones.

En cuanto al olivar, se espera una campaña algo mejor que la anterior. La evolución de la situación climática será determinante para la nueva temporada del aceite.

Las perspectivas de producción de una de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias. La escasez de precipitaciones desde los primeros meses del año con temperaturas más elevadas de lo habitual, además de los episodios de granizo, tormentas y heladas primaverales, o ataques de mildiu en algunas regiones, hacían prever una cosecha inferior a la del año pasado. El sector maneja un nivel de producción en el entorno de 36 millones de hectólitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.

 

Año de mayor siniestralidad

Con la proliferación de fenómenos climatológicos adversos, 2023 va a ser el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán este año los 1.000 millones de euros. De esta cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se habían abonado ya más del 90%.

Por su parte, en línea con su compromiso con el sector, el Gobierno ha arbitrado un paquete de medidas para ayudar a agricultores y ganaderos a afrontar las consecuencias de la sequía y las derivadas de la guerra en Ucrania. El Real Decreto–ley 4/2023 incluía ayudas directas por un importe de 636,7 millones. A este montante se suman los 81 millones asignados por la Comisión Europea del fondo de reserva de crisis. El MAPA ha activado los mecanismos para el pago de estas ayudas, que podrán efectuarse en octubre.

Este real decreto incluía también la ampliación en 40,8 millones de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios, que se sitúa ya en 358 millones.

Además, se amplió en 20 millones la dotación de la línea ICO–MAPA–SAECA para facilitar el acceso a la financiación en condiciones favorables al sector agrario. Por último, el decreto de sequía contemplaba también medidas fiscales, como la exención del IBI a las explotaciones agrarias que sufran una pérdida del rendimiento bruto de al menos el 20%.

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