Costes, climatología adversa y competencia de países terceros marcan la exportación hortofrutícola en 2022

La exportación española de frutas y hortalizas cerrará el 2022 con un descenso del volumen de entre el 8 y 10% (12 millones de toneladas), mientras que el valor aumentará en torno al 3%, superando los 16.200 millones de euros, «incremento que no compensa la inflación de costes que ha asumido el sector, en un año, en el que las importaciones han seguido creciendo», según las estimaciones realizadas por FEPEX, basadas en datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales hasta octubre y una previsión de noviembre y diciembre.

La caída en volumen se ha debido a la climatología adversa que ha provocado todo tipo de incidencias, como las heladas de la primavera que supusieron la fuerte reducción de la fruta de hueso especialmente en Aragón y Cataluña, o las incesantes lluvias durante abril y mayo en regiones eminentemente hortofrutícolas como Murcia. A ello se han sumado también las olas de calor del verano que afectaron también a las producciones hortofrutícolas andaluzas. Por este motivo, FEPEX «requiere medidas específicas para fomentar las inversiones que permitan hacer frente a esta climatología adversa cada vez más presente».

Tal como se ha mencionado anteriormente, el valor de las exportaciones mejorará en 2022 un 3% respecto al 2021, superando los 16.200 millones de euros, aunque no permite compensar el incremento de los costes que ha asumido el sector, y que ha sido uno de los factores que más han marcado el año, al igual que la creciente competencia de países terceros. Hasta octubre de este año las importaciones han aumentado un 7% en volumen y un 14% en valor «impulsadas por las desventajas normativas ya que no están sometidas a los mismos requisitos productivos y comerciales que las producciones comunitarias, haciendo el modelo de la UE cada vez menos competitivo frente al de países terceros».

Los temas abordados serán los que marquen la evolución del sector hortofrutícola en el 2023, junto con otros como el descenso del consumo, que «sigue cayendo incluso a niveles previos a la pandemia, la incertidumbre en torno a la disponibilidad de recursos hídricos en importantes regiones productoras o los futuros cambios derivados de la normativa comunitaria relacionada con la Estrategia de la Granja a la Mesa, como el proyecto de Reglamento de uso de fitosanitarios, cuya tramitación seguirá en 2023».

En el ámbito nacional, preocupa, también, el impacto en la competitividad que pueda tener la sobrerregulación de la actividad productiva y comercial provocada por un paquete normativo derivado principalmente de la nueva política agraria y del proceso de transición ecológica que entrará en vigor el próximo año. 

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