La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene ‘todas las papeletas’ para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España. Así se lo ha trasladado el secretario general de la organización, Miguel Blanco, durante la reunión de las organizaciones agrarias con Planas para analizar el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Al respecto, el máximo responsable de COAG se ha referido a la definición de ‘agricultor activo’, que «se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones aunque su actividad agraria sea insignificante». De esta manera, «cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante, además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales».

Blando ha criticado que con este planteamiento «se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC; trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas profesionales, para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad».

Por todo ello, COAG ha pedido al ministro Planas que negocie con Bruselas que sólo aquellos cotizantes a la seguridad social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas, acopladas y ecoesquemas para evitar que los rentistas «metan de nuevo la mano en el bolsillo a los verdaderos profesionales del sector».

Por otro lado, la organización agraria ha indicado que la condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y por tanto mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas condicionada a los ecoesquemas, «puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa». En este sentido, Miguel Blanco ha subrayado que «detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla», para añadir que «para recuperar ese 23% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera».

Por último, COAG ha explicado que con el acuerdo entre las instituciones comunitarias, el  40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. «Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE», ha apuntado el secretario general de esta organización, al tiempo que ha resaltado la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales, «en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia», ha puntualizado.  

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