CESUR analiza en Jaén las nuevas políticas agrarias

Andalucía copa el valor de la producción nacional de aceite de oliva con el 83,7% del total. Según los datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía (CAGPDS) la producción agraria de Andalucía en 2021 fue de 14.046,10 millones de euros, aproximadamente el 3% del valor de la producción agraria de la UE–27 y el 25% del valor de la producción agraria española. Las producciones que más aportan a la producción agraria andaluza son las hortalizas, plantas y flores (4.326,66 millones de €, 35,01%), frutas (3.639,06 millones de €, 29,45%) y aceite de oliva (1.223,87 millones de €, 9,90%).

Estos son algunos datos que se extraen del informe ‘Prospectiva estratégica para el sector agroalimentario andaluz y extremeño’ que ha presentado en la jornada ‘Estrategias para afrontar los retos imposibles de las nuevas políticas agrarias’ en Jaén la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR). El estudio ha sido promovido por la Comisión de Agroindustria de CESUR, y realizado por Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Monte, ETSIAM, de la Universidad de Córdoba (UCO), en colaboración con esta comisión.

La jornada también ha contado con una mesa coloquio en la que han participado Iván de Arteaga, presidente de la comisión de agroindustria de CESUR y CEO de Castillo de Monclova; Antonio Berlanga, miembro del consejo de Jaencoop; José Gilabert, presidente de Puerta de las Villas; Julián Navarro, presidente de Appistaco; y José Peláez, socio director de Prenova.

 

Conclusiones 

Ante la importancia del sector para la economía de la región y el bienestar de la sociedad andaluza CESUR ha presentado las medidas comunitarias que están afectando y van a afectar «dramáticamente» al sector agroalimentario andaluz. Algunas de estas son:

– La implantación de las medidas de la Estrategia de la Granja a la Mesa supondría, según diversos estudios, reducciones de la producción entre un 10 y un 16%, una disminución de los ingresos y la renta de los agricultores entre un 16 y un 25%, la pérdida de competitividad de las explotaciones respecto a países terceros y el deterioro de la balanza comercial. 

– El Reglamento de Uso sostenible de los productos fitosanitarios para reducir el uso de plaguicidas en un 50% puede suponer reducciones de la producción de hasta un 25% al no disponer de herramientas que puedan sustituirlos con la misma eficacia. El plan sobre la gestión integrada de nutrientes para regular el uso de los fertilizantes incluye una serie de obligaciones de asesoramiento y el uso de una herramienta digital que suponen nuevos costes administrativos y de gestión, además de implicar nuevas reducciones de rendimientos.

– El incremento de la superficie dedicada a la producción ecológica disminuirá la producción agraria de la UE y comprometerá la rentabilidad de los productores ecológicos si el incremento de la oferta no es consecuencia de la tracción de la demanda, hay previsto un 25% de suelo dedicado a producción ecológica y la demanda es del 8%.

– El retraso en abordar la regulación comunitaria de las nuevas técnicas de edición genética aplicada a las plantas está comprometiendo las oportunidades de nuestros agricultores de adaptarse a la nueva situación climática con herramientas eficaces.

–El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera no incluye a los productos agrícolas, pero sí a las materias primas que se produzcan con combustibles fósiles como los fertilizantes, lo que supondrá un incremento adicional de costes para los agricultores, sin que haya medidas de política comercial que beneficien la competitividad de nuestros productores. 

–La propuesta sobre la captura de carbono en los suelos basada en la medición es muy restrictiva para la agricultura, y excluye de su ámbito de aplicación todas las actividades de mitigación, eliminando oportunidades de negocio para los agricultores que podrían aliviar los costes impuestos por las prolíficas medidas regulatorias. El régimen de comercio de los derechos de emisión es difuso y están basados en aproximaciones en cuanto a su medida. La posibilidad de sustituir cultivos productivos por improductivos afectará negativamente a la producción. Hay otras alternativas a la de convertir a la agricultura en sumidero.

– La regulación sobre la reducción del uso de los plásticos incorpora un  impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que la patronal de la industria de la alimentación y bebidas de España (FIAB) calcula que tendrá un impacto de 690 millones de euros para las empresas de este sector y el resto de la normativa sobre envases y residuos de envases podría tener un impacto en la próxima década de alrededor de 6.000-7.000 millones de euros en costes e inversiones que se tendrán que realizar, amenazando la competitividad y la supervivencia de 2.400 empresas  y más de 25.000 empleos.

– La Propuesta de Directiva de emisiones industriales incluye medidas para restringir las emisiones en las instalaciones industriales, incluidas las industrias agroalimentarias y las explotaciones con un determinado tamaño, que obliga a una serie de requisitos que suponen de nuevo unos mayores costes de explotación y una reducción de las producciones.

– Hay una falta de una política de gestión del agua realista y acorde con la nueva realidad: en el contexto de políticas europeas es necesario el reconocimiento del déficit hídrico estructural en el Sur de España y acometer un plan que solvente esta situación, y reduzca la exposición al cambio climático que está llevando al campo del Sur de España a pérdidas millonarias. Para una acción eficaz, urgente y de impacto, solicitamos al Gobierno que implemente dinero de los Fondos Next Generation que no se están aplicando a otros temas, para invertir en infraestructuras hídricas y de transporte, embalses, tramitación rápida de nuevas plantas desaladoras etc. 

– Se requiere un estricto control de la UE sobre las importaciones procedentes de terceros países que les exija los mismos estándares de calidad que se aplican a las producciones europeas. Lo contrario es consentir la competencia desleal contra sus socios comunitarios.

– La nueva Ley de Cadena Alimentaria ha supuesto una carga administrativa de muy difícil cumplimento para todos los afectados sin que se hayan conseguido los objetivos perseguía.
www.cesur.org.es

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