El pleno del Congreso de Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que ha incorporado parcialmente las enmiendas presentadas al texto por el Senado. Esta norma transpone la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario y la amplía de acuerdo con su artículo 9, que permite a los Estados miembros «mantener o introducir normas más estrictas». Por ello, en lugar de aprobar una nueva norma, se modifica la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria del 2013.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha manifestado que esta normativa que prohíbe la venta a pérdidas es «probablemente la ley más importante para el sector agroalimentario de esta legislatura», y ha indicado que «habrá sanciones» para quien la incumpla.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha valorado de «manera positiva» esta aprobación. En concreto, esta entidad considera que se han dado pasos muy adecuados en la mejora de la posición en la cadena de agricultores y ganaderos «al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario».

COAG ha explicado que en la reforma de la normativa se ha adoptado la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena «lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal». Asimismo, ha señalado que se crea un registro digital de contratos, aunque solo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que «ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción». También se han introducido mejoras como una definición concreta del concepto ‘coste efectivo de producción’ en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley. Ahora bien, COAG ha advertido que «todos estos avances y mejoras no han de quedarse en el papel o en un cajón bajo llave».

Por su parte, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de «hito histórico y de punto de inflexión» la nueva normativa aprobada por el Congreso. UPA, que ha afirmado que «esta Ley marca el fin de los abusos», ha subrayado que «es un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa».

En cambio, Unió de Pagesos (UP) se ha mostrado crítica con esta modificación, ya que ha apuntado que «transpone de forma contraria a derecho» la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrario y alimentario, «al dejar fuera del ámbito de aplicación segmentos de hostelería, restauración y servicios de alojamiento, segmentos del cooperativismo y otras entidades asociativas agrarias, los contratos mercantiles de depósito y los contratos de un valor inferior a los 1.000 euros; al no prever la publicación de todos los procedimientos sancionadores, ni de las sanciones leves impuestas, y, al permitir que los contratos celebrados a partir del 1 de noviembre de este año y hasta la entrada en vigor de esta modificación legislativa puedan pervivir sin ajustarse a la mencionada Directiva (UE) 2019/633 hasta el 30 de abril de 2022».