Las Plataformas en Defensa del Territorio y las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) han valorado de forma positiva la reciente aprobación en el Parlamento, por el trámite de urgencia, de la Ley de Medidas Temporales y Urgentes para la Protección del Paisaje de La Rioja, pero «consideran que no podrá cumplir con su objetivo en buena parte del territorio». Con ello quieren decir que su finalidad (la protección del paisaje y los suelos agrarios) «ya está comprometida por la inminente construcción sobre terrenos de concentración parcelaria y regadíos modernizados de los parques eólicos y fotovoltaicos que ya cuentan con las Declaraciones de Utilidad Pública y autorizaciones pertinentes concedidas en los últimos años».

Asimismo, han recordado que esta medida ha sido demandada reiteradamente desde hace tres años por las Plataformas en defensa del territorio y del paisaje, sindicatos agrarios y el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja. Con ella pretendían «impedir los graves perjuicios que sobre el territorio riojano iba a provocar el despliegue masivo de megaparques eólicos y fotovoltaicos».

Respecto a las instalaciones autorizadas, siguen reivindicando dos actuaciones: la revisión de oficio de las autorizaciones y también de las Declaraciones de Utilidad Pública de los proyectos.

Como señala la Exposición de Motivos de la Ley recién aprobada, la administración autonómica «ha declarado la Utilidad Pública de todos los proyectos renovables por el único hecho de contar con autorización administrativa, sin tener en cuenta otras variables (como estar en terrenos de concentración parcelaria y regadío, también declarados de Utilidad Pública)». A juicio de las plataformas y las OPA esto significa que se han concedido Declaraciones de Utilidad Pública «sobre suelos no urbanizables especiales de protección agropecuaria», protegidos por la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR), «en los que está prohibido el uso industrial de generación eléctrica».

Para OPA y Plataformas, «es necesario que el Gobierno de La Rioja proceda de forma inmediata a revisar todas las autorizaciones de los proyectos señalados a modo de ejemplo, ya que, de construirse, las consecuencias serán irreversibles para La Rioja: Miles de hectáreas van a ser destrozadas, y con ello el suelo agrario y su paisaje, sin que la futura Ley del Paisaje pueda evitarlo». Además, han solicitado a los ayuntamientos afectados «información sobre la concesión de las Licencias de Obra de Construcción de los parques para comprobar la legalidad de las mismas, ya que, una vez finalizada la vigencia de la moratoria de las Disposiciones Adicionales 10 y 12 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, el uso industrial de generación eléctrica está prohibido en el suelo ‘no urbanizable especial de protección agropecuaria’ suelo que, entre otros, es el de concentración parcelaria y regadío». «De haberse concedido licencias de obra después del 25 de noviembre de 2022 –señalan– tanto los técnicos municipales como los alcaldes podrían presuntamente haber cometido delito de prevaricación y/o contra la ordenación del territorio».

Para estas organizaciones y plataformas, los proyectos ya aprobados tendrán tanto impacto o más que la línea de Forestalia, dada la extensión de enormes campos fotovoltaicos, aerogeneradores de más de 200 metros próximos a núcleos habitados, así como nuevas líneas de alta tensión. Sin olvidar que «estas infraestructuras están diseñadas para permitir nuevas conexiones con futuros macroparques». Cuestiones todas ellas que, a su juicio, «no son compatibles con los principios de mejora y excelencia del territorio riojano que el actual Gobierno regional dice pretender».

El Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha votado a favor de la propuesta de la Comisión Europea que define un nuevo marco regulatorio para la autorización de plantas derivadas de Nuevas Técnicas Genómicas (NGT), como la mutagénesis dirigida y la cisgénesis, diferenciándolas de los OGM transgénicos clásicos. Bajo el nuevo régimen, las plantas de NGT de tipo convencional se regularían de forma muy similar a las plantas derivadas de los métodos actuales de obtención de variedades. La propuesta describe además un procedimiento de verificación para establecer el estatus regulatorio individual de las nuevas variedades.

La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) ha señalado que esta decisión supone «un paso adelante en el camino que debe recorrer la agricultura europea para impulsar la sostenibilidad a través de la innovación». En España, esta iniciativa legislativa «tiene el potencial para permitir mantener su liderazgo en I+D+i en obtención de nuevas variedades garantizando la seguridad de las semillas de alta calidad y apoyando la transición hacia un sistema alimentario resiliente y verdaderamente sostenible».

Tras los votos positivos de la Comisión de Agricultura primero, y ahora de la Comisión de Medio Ambiente, la propuesta se aprobará en votación plenaria en febrero. Han sido numerosas las asociaciones, instituciones públicas y de investigación, ONG y organizaciones de agricultores que han expresado su apoyo a la propuesta de NGT. Más de treinta premios Nobel, incluidos los pioneros de CRISPR, Emanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, y miles de científicos firmaron una carta abierta instando al Comité de Medio Ambiente a respaldar las NGT.

Anove ha agradecido «a todos los eurodiputados españoles miembros de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Medio Ambiente que han contribuido a alcanzar este resultado, y confiamos en que las amplias mayorías en ambas comisiones serán confirmadas por todo el Parlamento Europeo en febrero».

Según ha apuntado esta asociación de obtentores vegetales, este resultado «debería facilitar el acuerdo en el seno del Consejo de ministros de Agricultura y poder avanzar rápidamente en los diálogos tripartitos para alcanzar un acuerdo final». Tras esta reunión del 23 de enero, el ministro Luis Planas afirmó que de los dosieres pendientes en el que es más necesario avanzar es en el de las nuevas técnicas genómicas, que fue uno de los asuntos impulsados por la Presidencia española en el anterior semestre, «porque cada mes que tenemos de retraso regulatorio es una pérdida de competitividad para la producción agroalimentaria europea».

Además, ha recalcado que la aplicación de nuevas técnicas genómicas es una cuestión clave para la adaptación de la producción agraria al cambio climático, y es que, esta legislación «podría suponer un verdadero cambio para Europa, sus agricultores y consumidores».
www.anove.es

Medio año después de la aprobación de la nueva legislación europea en materia de fertilizantes, el Reglamento EU 2019/1009, la Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes (AEFA) ha hecho una valoración de su aplicación. Al respecto, esta entidad ha señalado que «como todo cambio legislativo, necesita un periodo de adaptación en el que la industria comience a adaptarse a él y la complejidad de esta normativa hace que la mayor parte de las empresas estén aún inmersas en este proceso». Además, «por los comentarios recogidos de parte de nuestros asociados, podemos afirmar que la mayor parte de las empresas están volcadas en el proceso de cambio a la nueva normativa para los productos fertilizantes UE que precisan pasar por el módulo A de evaluación de la conformidad».

Asimismo, esta asociación ha comentado qué para los productos más complejos, y que deben pasar por los módulos de evaluación de la conformidad B+C o D1, que implican a un organismo externo, «la adaptación está siendo más lenta».

AEFA ha señalado que «aún son pocas las empresas que se están arriesgando a ser los primeros en obtener el marcado CE, ya que aún se plantean dudas en los procedimientos y no se han publicado las normas armonizadas para los métodos analíticos ni para demostrar la eficiencia de algunas categorías de productos como los bioestimulantes de las plantas».

El no disponer de Organismos Notificados nacionales, que deben intervenir en las evaluaciones de los módulos B+C ni D1 «tampoco facilita las cosas, y hace que las empresas sigan siendo cautelosas». Para estas tipologías de productos, abonos orgánicos, fertilizantes especiales, bioestimulantes y demás, «las empresas aún continúan comercializando sus productos a través de las legislaciones nacionales o mediante reconocimientos mutuos y pocos productos han obtenido su marcado CE».

Por otra parte, la entidad ha recordado que el Reglamento 2019/1009 permite, en sus disposiciones transitorias, que los operadores sigan poniendo en el mercado fertilizantes CE (de acuerdo al Reglamento 2003/2003) siempre que hayan sido fabricados y se ajusten al Reglamento 2003/2003 antes del 16 de julio, «y cumpliendo que para esa fecha ya hayan sido puestos en el mercado, es decir, que han sido suministrados, almacenados para su suministro o importados». Para añadir que «estos productos podrán permanecer en el mercado hasta su fecha de caducidad, por lo que aún circulan en el mercado productos de acuerdo a la derogada legislación anterior».

Por todo ello, AEFA ha afirmado que 2023 «va a ser un año clave en la implantación real en el mercado de esta nueva legislación para todas las categorías funcionales de productos, especialmente para los bioestimulantes».

En este asentido, está previsto que para principios de este año haya un Organismo Notificado español, incluso alguno más a lo largo de 2023, «factor clave para que las empresas nacionales comiencen a preparar sus solicitudes y trabajar en los ensayos que demuestren los ‘claims’ que se declaran para los productos». Al mismo tiempo, «la CE avanza en el desarrollo y mejora de la legislación, que aún precisa adaptarse al ritmo de los avances de la industria, actualizando aquellos aspectos que aún distan mucho de las necesidades del sector (microorganismos de la CMC7, listado de puntos finales de la CMC 10, subproductos de la CMC11, desarrollo de las normas armonizadas, resolución de dudas, etc.)».

Como conclusión, la asociación ha apuntado que «la puesta en marcha de una nueva legislación es un proceso lento y complicado, pero con la colaboración de todos los actores implicados en la industria de los fertilizantes se alcanzarán en un futuro cercano los objetivos de este Reglamento UE 2019/1009 y los productos fertilizantes UE podrán circular por Europa de una manera segura para la salud y el medio ambiente, con unas mismas reglas del juego para todos los fabricantes, competitiva y aportando unos elevados estándares de calidad para el agricultor y el consumidor final». https://aefa-agronutrientes.org/

Ante una violación del derecho de obtención vegetal durante el periodo de ensayo de la variedad para su registro, el titular tiene derecho a solicitar la acumulación de dos indemnizaciones monetarias por la misma infracción.

Además de la cesación de la actividad, la destrucción del material, la publicación de la sentencia, la adopción de medidas idóneas para evitar que se prosiga la infracción, una indemnización por daños y perjuicios y otras medidas que la legislación contempla contra cualquier violación del derecho de obtentor.

Como bien se sabe, el mercado actual ejerce una fuerte demanda de novedades y el sector hortofrutícola no es ajeno a ello. Esto es debido a que el nivel de competencia es muy elevado y existe un factor limitante que son los costos de producción, los cuales presentan grandes desigualdades entre los países más y menos desarrollados.

Esta fuerte presión en la búsqueda de novedades que mejoren la competitividad ha impulsado la investigación e innovación en el campo de las variedades. Pero todo este esfuerzo no tiene sentido sin un sistema de protección de los derechos de propiedad industrial. Es por ello que la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), creada en 1961, en su acta de 1991 define al obtentor de una variedad vegetal y establece el derecho a la concesión de un derecho de obtentor. Este derecho se sustenta en que una variedad para poderse proteger necesita ser nueva, homogénea, estable y distinta en relación al resto de variedades ya existentes de su especie.

La obtención de una nueva variedad, en la mayoría de los casos supone un importante esfuerzo e inversión por lo que las personas o empresas que se dedican a ello merecen ser propietarios de dicha obtención, del mismo modo que lo es el que escribe un libro o patenta un invento. Es importante tener en cuenta que esta protección, a su vez, sirve para incentivar y fomentar la investigación y desarrollo de nuevas variedades con características mejoradas respecto a las ya existentes.

Es por ello, por lo que se necesita la existencia de una legislación que garantice estos derechos de propiedad intelectual e industrial. Sin embargo, las particularidades de las obtenciones vegetales como son la posibilidad protección de un descubrimiento, la existencia de varias legislaciones simultáneas como son la europea y la española, y que la jurisprudencia en este ámbito es muy reciente, provocan que existan discrepancias en general dentro de los juristas sobre el alcance de la indemnización que debe recibir el obtentor cuando se vulneran sus derechos y, dentro de ello, es particularmente controvertida la cuestión del significado de "indemnización razonable".

Periodo de protección provisional
En el caso del género Citrus, el proceso de registro de una variedad necesita de la realización de un examen técnico que tiene una duración mínima de cuatro años. Este tiempo transcurrido desde la solicitud de registro de una variedad hasta el momento en el que se concede el título de obtención se entiende como un periodo de protección provisional, puesto que a partir de la concesión del título de obtención vegetal el titular ya dispondría de plenos derechos y por tanto de capacidad de actuación ante cualquier infracción del mismo.

Como se desprende de la mayor parte de sentencias de las Audiencias Provinciales, tras la vulneración de los derechos del obtentor en el periodo de protección provisional se pueden producir las siguientes consecuencias: el pago de una indemnización razonable (por el periodo de protección provisional), y si el árbol sigue en producción una vez se ha concedido el título, además se añade el pago de otra indemnización, la eliminación del material vegetal por arranque o reinjerto e incluso la publicación de la sentencia a costa del infractor. Estas últimas sanciones derivan no del periodo de protección provisional, sino del hecho de que el árbol permanezca en producción sin licencia del titular de la variedad una vez se le ha concedido el y título.

Cálculo de la indemnización
En cuanto a la valoración del importe a indemnizar puede depender de muchos factores, como la edad del arbolado, el tiempo de persistencia en la infracción, el beneficio que se habría obtenido en las cosechas por el productor, etc., pero la tendencia en los casos que se han ido produciendo en diferentes variedades es solicitar, para infracciones cometidas durante el periodo provisional, como mínimo el 50% del royalty durante ese periodo más, en caso de que persista la infracción una vez se haya concedido la protección de la variedad, el importe total del royalty.

Por lo que las acciones tipo contra cualquier violación del derecho de obtentor se podrían resumir en la cesación de la actividad, la destrucción del material, una indemnización acumulada por la infracción y su persistencia una vez concedido el título, la publicación de la sentencia y la adopción de cualesquiera otras medidas idóneas para evitar que se prosiga la infracción. A lo que se podría añadir, para plantaciones que han tenido varias cosechas, una indemnización por daños y perjuicios.

Todo lo anterior obviamente, sin dejar de lado que los infractores de los derechos sobre las variedades vegetales protegidas podrían también incurrir en una responsabilidad penal, siempre por infracciones cometidas una vez se ha concedido el título al obtentor y no en el periodo de protección provisional, en los casos de producir o reproducir, acondicionar con vistas a la producción o reproducción, ofrecer en venta, vender o comercializar o poseer para cualquiera de los fines ya mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de la variedad vegetal protegida; o en una actuación de competencia desleal, ya que se estarían beneficiando de una ventaja competitiva que ha sido obtenida mediante la infracción de la ley.

Guillermo Soler, gerente de Orri Running Committee (ORC), Asociación de Productores de Mandarino Orri.