La Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña, Afrucat, ha presentado en una rueda de prensa mixta (presencial y online) cómo se está preparando la campaña de la fruta desde el punto de vista del sector frutícola este 2021, donde tanto el presidente como el director general de la entidad, Francesc Torres y Manel Simon, respectivamente, han reiterado que las empresas del sector no utilizan en la misma «personal irregular». En este sentido, han indicado que «no queremos ser la falsa noticia del verano porque tratamos mal a personas que no podemos contratar y a los que no se debe llamar temporeros, ya que muchos de ellos se encuentran viviendo actualmente en Lleida cuando la campaña no está en marcha».

Simón ha señalado que «nuestras empresas tienen todo el personal contratado cumpliendo el convenio de las centrales frutícolas firmado con CC. OO. y UGT, por lo que una persona que trabaja en nuestro sector no tiene motivos para dormir en la calle, y los casos que se producen es porque no tienen la situación normalizada». Para añadir que «nuestros trabajadores tienen un salario que les permite poder vivir en su residencia habitual, o sino en unos alojamientos que les ofrecen nuestras empresas o en pisos de alquiler con otras personas».

Sobre la vacunación, el director general y el presidente de Afrucat, han comentado que «no hay vacunas para todo el mundo y primero se ha de vacunar a los grupos más críticos, y después cuando entre en juego el personal esencial deberíamos entrar nosotros, ya que el año pasado se nos consideró un sector esencial al inicio de la pandemia y del estado de alerta».

Torres ha explicado que la campaña de este año se presenta «complicada» ya que la previsión es que pueda haber una producción mayor a la del año pasado, «que fue dura, pero pudimos gestionarla bien». Por su parte, Simon ha subrayado que «la campaña de la fruta de hueso en 2020 fue extrema a la baja en toda Europa, excepcional diría, debido a las inclemencias meteorológicas, y aunque este año queda mucho todavía se prevé una campaña normal, lo que implica una mayor necesidad de todo, incluso de mano de obra».

Para la campaña frutícola 2021, Afrucat ha anunciado una actualización del protocolo de prevención de la Covid–19 con el que se pretende que las centrales frutícolas sean ‘bunkers de protección’ para que no se produzcan contagios, por lo que se ha llevado a cabo una planificación general a nivel de empresa, la organización del puesto de trabajo en planta (que incluye priorizar la ventilación mediante el uso de una herramienta indirecta para controlar el CO₂) y la formación de los trabajadores. Otros aspectos relevantes son que tienen asegurada la disponibilidad de EPIs (que el año pasado fue un problema al no haber suficientes); la comunicación de la prevención a través de la página web coronavirus.afrucat.com con la difusión de distintos videos informativos; facilitar por parte de la administración el aislamiento de casos sintomáticos, y pedir a la Generalitat de Catalunya que haga un cribado y para ello realice test antígenos al nuevo personal que entre a trabajar.

Las primeras 1.200 trabajadoras marroquíes de las 7.100 con contrato en origen han embarcado en el Med Star, el barco dispuesto por el Gobierno de Marruecos tras el desbloqueo, gracias a la negociación de la Junta de Andalucía y de las organizaciones agrarias integradas en la Asociación Interprofesional Interfresa (Asaja–Huelva, Freshuelva, Cooperativas Agro-Alimentarias y la Asociación de Citricultores).

El presidente de Interfresa, José Luis García–Palacios Álvarez, y el gerente de esta entidad, Pedro Marín, han acompañado a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, a la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, y la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, a conocer el dispositivo sanitario y de seguridad que diversas entidades han dispuesto para que la partida de las trabajadoras –que han dado negativo a la pruebas de detección de la Covid-19– sea eficiente y lo más cómoda posible para ellas.

García–Palacios Álvarez ha manifestado que «hoy es el inicio de una nueva relación entre el Gobierno de Marruecos y el sector de los frutos rojos. Tendremos que trabajar para optimizar todos nuestros recursos y que quede claro que esta es una relación de confraternización. Mis sinceras felicitaciones». Y ha añadido que «para el sector empresarial de los frutos rojos de España, que es como decir de la provincia de Huelva, hoy es un día importantísimo. Creo que se ha demostrado que ante una situación excepcional el comportamiento ha sido como mínimo, excelente, y creo que este tipo de escenarios son los que refuerzan la disposición del sector empresarial para trabajar siempre en la mejor relación público-privada».

El presidente de Interfresa ha agradecido a la Subdelegación del Gobierno, «la disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en este dispositivo, y especialmente a la Junta de Andalucía por su disposición permanente, que ha servido de nexo de unión con el Gobierno marroquí para finalmente desbloquear felizmente la situación».

Pero, sobre todo, José Luis García–Palacios Álvarez ha tenido palabras de consideración para las trabajadoras marroquíes «que han esperado muy pacientemente sabiendo que al final iba a haber un feliz desenlace», y para «el cuerpo de consultores de integración del Prelsi que no han ahorrado esfuerzo alguno en dar cobertura vital y emocional a las más de 7.100 mujeres que han trabajado en la campaña de este año».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado en el Pleno del Senado que el Gobierno de España se adelantó al previsible problema de la falta de mano de obra en el campo, por las restricciones de movilidad debido a la Covid-19, con la aprobación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario. El ministro ha asegurado que esta normativa ha contribuido al buen funcionamiento de la contratación ligada a las campañas de mayor actividad como la recolección de la fruta.

Así, se ha permitido que las diferentes tareas agrícolas y ganaderas se hayan realizado con normalidad, «ya que, hasta la fecha, no se ha dejado de recoger ninguna cosecha y se ha garantizado el abastecimiento de alimentos y materia prima a la industria agroalimentaria, a la distribución y, en definitiva, a todos los consumidores».

Planas ha recordado además que el citado Real Decreto-Ley 13/2020 ya ha sido prorrogado hasta el 30 de septiembre para cubrir las principales campañas agrícolas estivales.

El ministro también ha ofrecido datos de contratación. En concreto, en los meses de abril y mayo se han producido cerca de 430.000 contratos en el ámbito agrícola y ganadero, lo que supone un 28,2 % de los contratos realizados en estos mismos meses en España. Además, la afiliación media en estos meses ha sido de 1.148.600 afiliados en el régimen especial agrario.

El ministro ha recalcado que la contratación general más la aplicación del real decreto-ley de medidas de empleo agrario y su prórroga, así como la facilitación de la entrada de trabajadores fijos discontinuos para determinadas actividades, han permitido responder a la situación.

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas de carácter urgente para favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario (Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril).

El objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente realiza labores agrarias.

Las medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y laboral.

Se incluyen puntualizaciones sobre la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades queden suspendidas por la declaración del estado de alarma.

Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a los lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento de especial vulnerabilidad, sin mermar la protección social y la salud pública.

Podrán, por tanto, ser beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTES con causa del COVID-19.

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años.

Para la tramitación de estas medidas, las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la contratación de las personas.

De esta forma, las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos competentes, que las gestionarán con las personas beneficiarias para darles cobertura de manera urgente.

Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-Ley, las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del  Gobierno establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.

Estas medidas urgentes aprobadas ayer cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el normal aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta de la población que más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones socio-laborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en situación de desempleo o cese de actividad.

En cuanto a los autónomos, se establece una prestación extraordinaria, con una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-Ley8/2020 puntualizando el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%) para determinadas actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo campañas o períodos temporales superiores al semestral, que es el parámetro temporal de comparación que constituye la regla general.

Igualmente, se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente in itinere.