Mientras continúan las protestas y movilizaciones por todo el territorio nacional, sus convocantes, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, proseguirán esta semana el proceso de negociaciones con el Gobierno para concretar un plan de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha convocado para el 11 de marzo la mesa de trabajo sobre seguros agrarios. Además, se espera la conformación de las mesas de fiscalidad, costes energéticos y empleo, la de acuerdos de libre comercio y la referente a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

En el área de seguros agrarios, las tres organizaciones reclaman, entre otras cuestiones, ajustar el sistema de seguros agrarios a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita también un seguro a la carta según sectores y sensaciones de riesgo, en unas condiciones de precios razonables para los productores. Para ello, consideran ‘imprescindible’ recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros. El recorte acumulado del 35% en periodo 2013–2020, ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro.

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo, ASAJA, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de medidas urgentes contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos. Los regantes tienen la necesidad de una elevada potencia para bombear agua durante los meses de riego, pero cuando termina su campaña de riego, siguen obligados a utilizar la misma potencia contratada, pagando un coste muy alto durante los meses en que no la usa. En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; de la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación Objetiva.

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial, mientras que en impuestos indirectos han solicitado la exención del 85% del impuesto especial de electricidad para los sectores ganaderos.

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitan bonificaciones en materia de seguridad social en los costes empresariales para mitigar la subida de los costes laborales, así como permitir a los parados mayores de 52 años en Extremadura y Andalucía que puedan compatibilizar el cobro del subsidio con el trabajo que hagan y no sufran penalización alguna.

En la mesa de acuerdos comerciales demandarán un mayor control en frontera para evitar que se incumplan de forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogidos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. Además, instarán al Ministerio de Agricultura a que trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguridad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral que cumplen las producciones europeas.

Por lo que se refiere a la transposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española, ASAJA, COAG y UPA han pedido al MAPA que aproveche este trámite legislativo para ampliar la figura del mediador a los contratos individuales, para reducir la indefensión del productor respecto a sus compradores. También reclaman que se establezca un registro oficial de contratos de compra-venta de productos agrarios y que las relaciones contractuales con el canal HORECA estén sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.

De forma paralela a estas negociaciones, continúa con fuerza el proceso movilizaciones a lo largo y ancho de toda la geografía española. Esta semana los tractores saldrán a la calle en Ciudad Real, Zaragoza, Cuenca, Soria, Valladolid, Vitoria, Albacete, Algeciras y Tenerife.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 26 de febrero el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdidas. Estas medidas son la respuesta del gobierno a «la mayoría de las reivindicaciones» planteadas por las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones que se han llevado a cabo en todo el país, ASAJA, COAG y UPA, para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y lograr unos precios justos, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario constituida hace unas tres semanas.

Medidas del gobierno
1.– Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
2.– Prohibición de la venta a pérdidas (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
3.– Regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
4.– Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
5.– Reforzar el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno se compromete a incrementar su presupuesto y dotación de personal.
6.– El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control específico para que complementen la acción de AICA en el control de la existencia de contratos escritos y su contenido.
7.– El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de la Cadena, actualizando los estudios de márgenes de los principales productos. Publicará índices que puedan ser empleados para establecer costes de producción en los contratos.
8.– En los próximos días se iniciará la tramitación formal de la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que permitirán ampliar su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta ahora eran de aplicación voluntaria.
9.– En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a subvencionar la prima de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
10.– El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021 – 2027.
11.– El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con carácter de urgencia, dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros para la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así como para la aplicación de medidas de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
12.– El Gobierno se compromete a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
13.– El Gobierno se compromete a mantener las bonificaciones al gasóleo agrícola durante toda la legislatura.
14.– La fiscalidad de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes que se hacía en un solo pago, pasa a pagarse en cuatro años (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
15.– El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la financiación de avales a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
16.– Bonificación de la cuota empresarial por la transformación de contratos temporales en el sector agrario a fijos o fijos discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
17.– El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes de importación, así como certificación y control fitosanitario.
18.– El Gobierno se compromete a impulsar la política de regadíos, como una política irrenunciable, priorizando la modernización de los regadíos basada en la eficiencia y la sostenibilidad.
19.– El Ministerio realizará una campaña de comunicación e información para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de sus profesionales.

El sector agrario no ha tardado a reaccionar, considerando en la mayoría de casos estas medidas como «insuficientes» y en otros manteniendo las movilizaciones convocadas.

Así, el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha calificado de «lavado de imagen» las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, mientras que ASAJA Alicante las ha considerado «un avance», pero «se quedan cortas» por lo que «continuarán las protestas».

Para UPA, los cambios en la Ley de la cadena agroalimentaria suponen una «conquista histórica», aunque «llevamos demasiados años luchando por lo aprobado. Pero esto no acaba aquí. Las movilizaciones seguirán», ha declarado su secretario general, Lorenzo Ramos.

Unió de Pagesos ha manifestado que «se ha vuelto a desaprovechar la ocasión para que las autoridades puedan sancionar los abusos de posición de dominio, como permite la legislación sobre la competencia, ya que continua pendiente establecer con que cuota de mercado se tiene posición de dominio en la cadena alimentaria, tanto para la agroindustria, como para el comercio minorista, incluida la gran distribución». Por su parte, JARC–COAG ha solicitado que se concrete como se garantizará un precio justo para el productor.

Finalmente, el director general de la patronal alimentaria FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha indicado que hay que «estudiar en profundidad» la efectividad práctica de la medida y si es compatible, o por el contrario «restringe» las normas de la competencia.

Alrededor de 400 empresas peruanas han logrado cerrar negocios por unos 300 millones de dólares durante la feria Fruit Logistica 2020, celebrada entre el 5 y el 7 de febrero en Berlín (Alemania). Se trata de una cifra récord para este país en este certamen considerado como el más importante a nivel mundial del sector de las frutas y hortalizas, según ha destacado la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

Los representantes de la delegación peruana, liderada por PROMPERÚ, han catalogado de muy positiva su participación, en especial porque el sector agroalimentario es reconocido en Europa como uno de los motores principales de la economía del país sudamericano. Entre la amplia oferta presentada en Fruit Logistica 2020 han destacado palta, arándanos, mango, cítricos, cúrcuma, banano, piña, granada, berries y frutas amazónicas, entre otros.

Asimismo, la Oficina de PROMPERÚ en Alemania ha adelantado que la próxima oleada de exportación hacia Europa la conformarán la granada, dátiles e higos; manteniendo el crecimiento consolidado de los envíos de uvas y mangos.

Por otro lado, esta semana, Perú continuará su promoción en los mercados europeos, asistiendo a Biofach 2020, la principal feria de productos orgánicos del mundo, en la ciudad alemana de Nurenberg (del 17 al 20 de febrero), donde cuenta con un pabellón que acoge a 30 empresas ecológicas en un espacio de más de 400 m².

El clamor del campo no puede ser ignorado 

Más de 35.000 personas han participado en las protestas convocadas por ASAJA, COAG y UPA en catorce puntos de siete comunidades autónomas. El «rotundo éxito» de las convocatorias demuestra el hartazgo del campo. «Es un clamor que no puede ser ignorado», aseguran los organizadores. Ante la inacción de Gobiernos e instituciones, las protestas continuarán la próxima semana.

Las organizaciones profesionales agrarias han valorado las movilizaciones de la semana pasada como un «rotundo éxito» de convocatoria. «El campo ha demostrado con creces su firmeza y su fuerza», aseguran. «Nuestra problemática y nuestras demandas han inundado los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad en general, es un clamor que debe ser atendido», han sentenciado.

La situación límite de la agricultura y la ganadería en España se ha hecho sentir estos últimos días en la opinión pública. El éxito de las marchas, concentraciones, tractoradas y protestas demuestra con claridad, a juicio de los convocantes, la urgencia de tomar medidas, articular reformas y cambiar comportamientos en la cadena agroalimentaria.

Medidas y cambios largo tiempo esperados y reclamados por el sector. El objetivo de las movilizaciones, explican, es servir para «cambiar las cosas» y producir un cambio de tendencia. Para eso, las instituciones, los Gobiernos y la cadena en su conjunto deben «sentirse aludidos y actuar», han señalado.

Además, los organizadores han subrayado que «para que sigamos alimentando a la sociedad, necesitamos que nos apoyen», invitando a la población a que participe, «porque esta es una lucha por la soberanía y la seguridad alimentaria de todos».

Las movilizaciones continuarán la próxima semana
Los agricultores y ganaderos al límite, como se autodenominan, aseguran que las protestas continuarán esta semana, y hasta que se observe un «verdadero cambio de actitud». Ya están anunciadas manifestaciones en Córdoba, Málaga, Granada, Valencia, Lleida y Tarragona.

UPA, ASAJA y COAG han remarcado su condena hacia actitudes violentas «totalmente minoritarias y en absoluto amparadas por sus organizaciones». Las protestas continuarán con su carácter reivindicativo y pacífico. «Nuestro objetivo es cambiar las cosas y tener un futuro como agricultores y ganaderos, nada más, ni nada menos», han concluido.