Un nuevo estudio elaborado por instituciones y consultoras independientes sobre una amplia muestra de marcas de aceites de oliva distribuidas por todo el país «ha vuelto a certificar que todas las empresas envasadoras y el 100% de las marcas analizadas cumplen con todos y cada uno de los requisitos de la normativa española y europea de calidad y autenticidad».

La investigación, bajo el título ‘Estudio de autenticidad 2020 para aceites de oliva en España’, se ha desarrollado desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2021, y en la misma se han analizado un gran número de muestras de aceites de oliva, en sus más diversas categorías, que han sido seleccionadas en los lineales de supermercados e hipermercados, segmentado por regiones. El estudio ha puesto de manifiesto que «todos los aceites elaborados y comercializados en nuestro país se adecúan a los más altos estándares de calidad y autenticidad previstos en la legislación vigente».

ANIERAC y ASOLIVA, las asociaciones de envasadores y exportadores del sector, «se congratulan de esta excelente noticia y se enorgullecen del esfuerzo que desde hace décadas vienen desarrollando todos los eslabones de la cadena de valor del aceite de oliva español por mantener y consolidar su liderazgo mundial». Por su parte, este nuevo estudio «viene a corroborar el prestigio y la reputación de los que goza internacionalmente el aceite de oliva español, uno de los sectores más representativos y estratégicos de la marca España, al tiempo que refuerza la confianza de los consumidores en la calidad y la autenticidad de un producto saludable y reconocido como la mejor grasa del planeta».

Las dos asociaciones han recordado que España «es líder indiscutible de producción y comercialización de aceite de oliva a nivel mundial. Su producción representa cerca del 60% de toda la que se registra en la Unión Europea y el 45% de la mundial. El aceite de oliva español se vende en más de 130 países, erigiéndose en líder absoluto del mercado internacional de este producto con una cuota del 44%».  

El aceite de oliva virgen español necesita mejores sistemas de catalogación y valoración que los vigentes o, al menos, otros que los complementen. Agricultores, productores, cooperativistas, envasadores y exportadores, es decir todos los eslabones de su cadena de valor, coinciden en que «la forma actual de aplicar la cata desestabiliza el mercado y daña su reputación».  Por esta razón, el sector oleícola «reclama medidas suplementarias como una cata oficial previa a su envasado, cuyos resultados tengan una vigencia legal de un año». De esta forma, se añadirían garantías a los consumidores y «se reduciría la inseguridad jurídica y la incertidumbre de un proceso tan subjetivo como el análisis organoléptico». Así lo asegura el informe ‘Los falsos mitos sobre el aceite de oliva virgen español’, elaborado por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA).

El documento pone de relieve que falsos mitos, «fomentados por un método de categorización intrínsecamente subjetivo y estudios periódicos desmesurados, enturbian la imagen de uno de los emblemas de la Marca España». El primero de ellos es la creencia de que en los lineales de los supermercados se encuentra en ocasiones aceite de oliva falso. «No existe fraude sino discrepancias de valoración subjetiva entre distintos paneles, aun siendo todos oficiales», se apunta en el informe, para añadir que «la catalogación del aceite de oliva (virgen o virgen extra) se efectúe teniendo en cuenta conjuntamente todas las pruebas realizadas, las organolépticas y las fisicoquímicas». Estas últimas, que se realizan con equipos de alta precisión, «confirman continuamente que nuestros aceites de oliva son auténticos y genuinos, no se mezclan con otros de inferior calidad y, consecuentemente, cumplen al cien por cien los requerimientos de pureza y calidad que exige la normativa europea vigente».   

También está extendida, «sin ninguna base real», la idea de que «los paneles de cata son infalibles». A pesar de ello, reiterados estudios ponen en evidencia que «son habituales los casos en los que una misma muestra presenta diferencias en la clasificación, en función del panel de cata que la valore». Hasta el punto de que «una misma muestra catada por el mismo panel oficial, pero en momentos distintos, puede ser clasificada de forma desigual».

Otra creencia falsa es la de que «no hay alternativas al panel de cata». Se está avanzado en metodologías científicas objetivas que acaben con estas incertidumbres o, cuanto menos, las palien. Estas propuestas «están orientadas a complementar y elevar el nivel técnico y la objetividad de los sistemas de clasificación de las categorías del aceite comercializado –y sobre todo del AOVE–». Pero mientras, el sector demanda a las administraciones una aplicación que ofrezca garantía jurídica a los operadores como el sometimiento a los aceites de oliva vírgenes a una cata previa antes de su envasado y comercialización y que, en caso de ser apta, tenga una validez de 12 meses. De esta manera se obtendría una doble mejora:

– Una garantía más sólida al consumidor que dispondría de aceites con procedencia de lotes catados por paneles oficiales en la distribución.

– Una mayor seguridad jurídica a los operadores de la cadena de suministro pues podrían garantizar las buenas prácticas y calidad de los aceites a la hora de ser envasados.

El aceite de oliva virgen «es uno de los productos alimentarios más regulados y controlados en el ámbito de la Unión Europea, como refuerza el hecho de que sea el único alimento del mundo en su categoría que está sometido a un procedimiento jurídico obligatorio adicional como el examen organoléptico, más conocido por el término cata, para clasificar sus diferentes escalas comerciales». Estas se conceden, agrega el informe, en base a un procedimiento subjetivo, «pues depende de la destreza y gustos de los catadores».  

«Esas desavenencias –indica el estudio de ANIERAC y ASOLIVA– por muy exiguas que sean no son baladíes, ya que las administraciones las sancionan económicamente. Una incertidumbre generalizada que se agrava en España dado que las competencias en esta materia las ostentan las comunidades autónomas. Estas diferencias se dan, por tanto, desde la calificación de la infracción hasta el régimen de sanciones aplicable». A estos inconvenientes hay que añadir «el deterioro de la imagen del producto y el aumento de la desconfianza entre los consumidores». Para subrayar al respecto que «los criterios de cata se diseñan en los despachos pensando más en los técnicos que en el público objetivo».

Propuesta a la Administración
Ante todo ello, el sector ha propuesto a la Administración que se permita al operador que lo introduce en los canales de venta contar con un aval en su responsabilidad mediante «una cata oficial realizada al producto antes de su envasado, cuyos resultados deberían tener una vigencia legal de un año». Durante este tiempo «se practicarían controles periódicos para verificar la autenticidad del producto distribuido: que el aceite en el mercado sea el mismo que en su día se analizó». Así se mejoraría la calidad al tiempo que se reforzaría la seguridad jurídica. «Sería una solución temporal porque esta como cualquier otra cata adolecería de los mismos defectos», concluye el citado informe.

La búsqueda de un método científico de evaluación preciso también es una prioridad. La Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, especialmente la Junta de Andalucía, han impulsado durante los últimos seis años proyectos de investigación e innovación «con el objeto de desarrollar tratamientos de datos a partir de señales instrumentales que puedan proporcionar al panel test un plus de objetividad». En definitiva, se trata de perfilar una metodología científica y equilibrada –conocida como ‘nariz electrónica’– que complemente o sustituya la de los paneles–test.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto (RD) que desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios de la Unión Europea (UE), para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.

Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de este año, permitirá que el MAPA, ante situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado y previa consulta a las comunidades autónomas y a los representantes del sector, pueda determinar una retirada temporal de producto de manera obligatoria para todos los operadores del sector hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario. De esta manera, se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis, como las que se han padecido en las dos campañas anteriores.

Esta norma, largamente demandada por el sector, posibilita la autorregulación en un cultivo cuya producción se encuentra caracterizada por el fenómeno de la vecería, con campañas de producciones muy altas alternadas con otras más bajas. Esta es una de las causas de la volatilidad de los precios del aceite de oliva, que incide en la viabilidad económica de muchas de las explotaciones oleícolas, en particular las más tradicionales.

El RD, que forma parte de las 10 medidas de la hoja de ruta para el sector oleícola presentada por el ministro Luis Planas en junio del año pasado, «permitirá mejorar y estabilizar un mercado fundamental en la producción agroalimentaria española, con un marcado carácter social, que desempeña un papel clave para la economía de las zonas rurales».

El BOE también ha publicado el Real Decreto que modifica la normativa básica que regula los paneles de catadores de aceite de oliva, cuyo objetivo es profundizar en su armonización y mejorar la formación de sus integrantes y la supervisión que se realiza de estos equipos, que serán autorizados en función de los resultados obtenidos.

Esta nueva norma introduce requisitos para la autorización de los paneles de catadores oficiales, que tendrán que ser designados por la autoridad competente y superar determinadas pruebas de aptitud de manera periódica. Para ello, la autoridad para la que realicen el trabajo podrá llevar a cabo cuantas acciones de control considere oportunas con el fin de evaluar la idoneidad de los jurados y verificar que no existen conflictos de interés.

El cambio obedece a una demanda de mejora del sistema de control oficial de las características organolépticas del aceite de oliva virgen por parte del productor, que solicita aumentar las exigencias a los paneles y proporcionar mayores garantías de uniformidad de criterios entre estos. La experiencia adquirida a lo largo de los trece años de aplicación del Real Decreto que ahora se modifica también avala los cambios.

La huella de carbono es un indicador ambiental que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera debido a la producción y comercialización de un producto. La agricultura es el único sector productivo con capacidad de capturar dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera (por la biomasa aérea, las raíces y el suelo); en especial las plantaciones arbóreas como el olivar por las dimensiones de su biomasa y su periodo de vida.

Todolivo, empresa pionera en el desarrollo sostenible del Olivar en Seto, ha promovido y financiado un estudio sobre el balance o la huella de carbono en el aceite de oliva, que le ha encargado al Grupo ‘Eco–efficient Cropping Systems’, de la Universidad de Córdoba (UCO), liderado por el catedrático de Agronomía, Luis López Bellido. En el mismo, en una plantación de Olivar en Seto de 21 ha de la variedad Arbequina, en la finca ‘El Cercado de San Luis’ (Córdoba), con 22 años de edad, una densidad de plantación de 1.975 árboles/ha y una producción media anual de aceite de 1.797 kg/ha, fue calculada la huella o balance de carbono generada por la producción de aceite. Para ello, fueron determinadas la captura de carbono realizada por la biomasa del olivar (parte aérea y raíces) y el suelo a 0–90 cm de profundidad (3.736 kg CO₂/ha/año); las emisiones de dióxido de carbono (CO₂eq) derivadas de todas las prácticas de cultivo (830 kg CO₂/ha/año), y las emisiones de CO₂eq generadas durante todo el proceso de elaboración y envasado del aceite (0,38 kg CO₂eq/litro).

Todolivo ha indicado que la huella de carbono de la plantación registró un balance positivo de 1,24 kg CO₂eq/litro de aceite (siendo la captura o secuestro de carbono de la plantación superior a las emisiones generadas por el manejo del cultivo y el proceso de elaboración del aceite), lo cual representa un secuestro medio de CO₂ anual de la plantación de 46,7 toneladas de CO₂.

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