Presentado el Plan piloto de prevención de los daños que originan los conejos a los cítricos del Baix Ebre y Montsià

El departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha presentado el Plan piloto y la propuesta de actuaciones por los daños producidos por los conejos en los campos de cítricos de las comarcas tarraconenses del Baix Ebre y el Montsià. Asimismo, se ha anunciado que en breve se creará una comisión técnica de seguimiento, que es una de las acciones concretas que contempla este Plan y que tiene como objetivo la reducción de los daños que las poblaciones de conejos producen principalmente en 11 municipios de estas dos comarcas. Así, el Plan se aplicará en una superficie de 17.002 hectáreas (básicamente dedicadas a cítricos) e incluye los municipios del Baix Ebre y Montsià de Roquetes, Tortosa, Campredó (Tortosa), la Aldea, Masdenverge, Santa Bárbara, La Galera, Freginals, Godall, Ulldecona y Alcanar.

El Plan piloto se ha iniciado formalmente en Amposta con la presentación de las medidas y la presencia de la directora general de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio, Montse Barniol, y el director de los Servicios Territoriales en las Terres de l’Ebre, Ferran Grau. A la presentación también han asistido representantes de otros departamentos del Gobierno catalán, administraciones locales, cazadores y organizaciones profesionales agrarias.

Cabe señalar que desde el año 2010, las capturas por daños en la zona de especial gestión que se definió para iniciar el control del conejo de monte se realizaron de una manera más intensa. Los resultados indican una media de 25 autorizaciones anuales y unas capturas medias de unos 30.000 ejemplares. A pesar de ello, el instrumento cinegético para controlar a los conejos que existía hasta ahora ha demostrado ser insuficiente y por esta razón se buscan nuevos instrumentos legales y de control para afrontar esta problemática en los campos de cítricos.

El objetivo final del Plan piloto presentado es el de controlar las poblaciones de conejo para minimizar los daños agrícolas y, además, concienciar y motivar a todos los sectores implicados y definir medidas adicionales. Así, se mejorará el sistema de capturas actuales y se establecerán unos censos para hacer una valoración continua de la evolución de la población del conejo de monte. También se estudiará la aplicación de medidas agronómicas para reducir los daños y efectuar actuaciones de gestión del hábitat para facilitar su control.

Este Plan piloto se enmarca en el Plan de prevención de daños de la fauna cinegética impulsado por el departamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una serie de medidas y acciones que se están llevando a cabo para establecer un nuevo marco legal, administrativo y operativo, a fin de hacer frente a los nuevos retos que generan los elevados niveles poblacionales que han logrado diversas especies cinegéticas.

 

Control de la cadena alimentaria
Por otra parte, la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, ha valorado positivamente las primeras medidas para mejorar la producción de la fruta dulce fijadas en el Plan de control de la cadena alimentaria. Jordà, acompañada por el director general de Alimentación, Calidad e Industrias Agroalimentarias, Carmel Mòdol, ha visitado una explotación en Seròs (Lleida) donde ha abordado la situación de este sector y la actual campaña de recogida de la fruta marcada por una nueva crisis de precios.

La consellera ha señalado que el Plan de control ha detectado, respecto a los contratos, que en un 30% de las operaciones de compra venta esta no se ha formalizado por escrito, y en el caso de existencia de contratos, en ninguno de ellos se establece un precio fijo o un precio variable (determinable en base a factores objetivos, verificables, y no manipulables). Por lo que se refiere a los pagos se ha observado que en el 87% de las facturas se supera el plazo máximo de 30 días, establecido en la normativa para los productos frescos, siendo la media de pago a 72 días. Sin embargo, los operadores, de media, pagan a sus proveedores unos 10 días antes de lo que ellos cobran de sus clientes.

A partir de estas incidencias, se iniciarán expedientes sancionadores a los operadores controlados/involucrados, que en los contratos conllevan faltas leves (con sanciones hasta 3.000 €) y en los pagos fuera plazo se deriva en faltas graves (un mínimo de 3.001 €).

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