El sector agrario ha calificado como positivos los resultados obtenidos de la reunión que los dirigentes de las organizaciones agrarias, los operadores comerciales (tanto privados como cooperativos) y de la industria de transformación han mantenido con altos cargos del Ministerio de Agricultura, en un encuentro presidido por la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, a fin de evaluar las causas que han desembocado en la actual situación de crisis en la que se encuentra sumida la campaña citrícola y acordar la puesta en marcha de medidas que contribuyan a enderezar el rumbo de la temporada.

La primera de las acciones dirigidas a tal fin que anunciaron los representantes del ministerio favorecerá la retirada del mercado en fresco de 50.000 toneladas para entregarlas a entidades caritativas para su posterior transformación, para de este modo, contribuir a descongestionarlo y propiciar una mejora coyuntural. Tal como se ha apuntado, la distribución inicial del volumen de fruta previsto para su eliminación a través de esta fórmula es de 30.000 toneladas de naranjas y 20.000 de mandarinas, aunque se decidió que estas cantidades serán reversibles y revisables para adecuarlas y adaptarlas a las dinámicas cambiantes del mercado y de la propia industria. Los importes de la ayuda a los productores para la financiación de estas retiradas pueden llegar a superar los 12,5 millones de euros, según las mismas fuentes.

El ministerio también informó que tiene previsto ponerse en contacto con los gobiernos de las comunidades autónomas con intereses citrícolas para instarles a desarrollar un plan encaminado a retirar de los campos aquellos frutos que estén en el suelo o no reúnan las condiciones necesarias para su transformación en zumo y destinar esas partidas a otros fines.

Otro de los puntos tratados durante la reunión fue el impacto que el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y países terceros, en particular, Sudáfrica está teniendo sobre el desarrollo de la campaña citrícola. Las responsables ministeriales señalaron que su departamento ya está analizando y evaluando de manera rigurosa las consecuencias negativas que el citado acuerdo tiene, y va a tener en el futuro, sobre los intereses citrícolas comunitarios, puesto que disponer de esa documentación es el paso previo para poder reclamar ante Bruselas, con los argumentos suficientes, la aplicación de una cláusula de salvaguardia o de algún otro mecanismo que atenúe la competencia desleal.

El director de AVA–ASAJA, Jenaro Aviñó, presente en el encuentro, ha valorado positivamente «la actitud y la receptividad mostrada por las responsables del Ministerio de Agricultura, quienes demostraron que venían con los deberes hechos y con planes concretos». A pesar de ello, Aviño ha señalado «que la gravedad de la crisis citrícola obliga a seguir negociando la adopción de nuevas medidas». Además, ha lamentado que el plan de retirada de fruta para zumos «no se haya puesto en marcha antes, tal como pedimos desde AVA–ASAJA, porque si se nos hubiese hecho caso entonces probablemente la situación no sería en estos momentos tan nefasta como lo es en la actualidad y se habrían perdido menos ingresos y menos empleos».

Por su parte, Unión de Uniones considera positiva la retirada de cítricos para industria ofrecida por el ministerio, pero «es totalmente insuficiente y no llegará de forma directa a los agricultores»; de ahí que proponga también una ayuda excepcional y con carácter temporal para todos los productores a los que se les quede la cosecha en el árbol sin recoger, en términos parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones europeas, que «sí beneficia el maltrecho bolsillo del productor». Esta medida excepcional está contenida a nivel técnico en «la renuncia a efectuar la cosecha de cítricos a las organizaciones de productores del sector de cítricos y a los productores que no sean miembros de dichas entidades».

Unión de Uniones ha instado, además, a impulsar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias una exención del IBI de todos los bienes afectos a la actividad citrícola, así como establecer una reducción de los índices de rendimiento neto para el sector citrícola en el IRPF del ejercicio 2018 o fomentar el acceso a líneas específicas de financiación del sector citrícola a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Por otro lado, la organización ha demandado renegociar los tratados internacionales con incidencia en el sector citrícola español para establecer en ellos una reciprocidad real de las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral a las producciones agrarias procedentes de países terceros; así como exigir la implantación del tratamiento en frío en tránsito a todos los cítricos procedentes de países terceros con plagas de cuarentena.