El gobierno aprueba un amplio paquete de medidas para el campo, pero el sector las considera insuficientes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 26 de febrero el Real Decreto-Ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que incluye la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria y prohíbe la venta a pérdidas. Estas medidas son la respuesta del gobierno a «la mayoría de las reivindicaciones» planteadas por las organizaciones agrarias convocantes de las movilizaciones que se han llevado a cabo en todo el país, ASAJA, COAG y UPA, para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y lograr unos precios justos, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario constituida hace unas tres semanas.

 

Medidas del gobierno
1.–
Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios por debajo del coste de producción (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
2.– Prohibición de la venta a pérdidas (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
3.– Regulación de las promociones comerciales para evitar la banalización de los productos agrarios (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
4.– Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan cometido infracciones graves o muy graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
5.– Reforzar el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno se compromete a incrementar su presupuesto y dotación de personal.
6.– El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco de un plan de control específico para que complementen la acción de AICA en el control de la existencia de contratos escritos y su contenido.
7.– El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de la Cadena, actualizando los estudios de márgenes de los principales productos. Publicará índices que puedan ser empleados para establecer costes de producción en los contratos.
8.– En los próximos días se iniciará la tramitación formal de la trasposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que permitirán ampliar su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta ahora eran de aplicación voluntaria.
9.– En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a subvencionar la prima de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
10.– El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea para el período 2021 – 2027.
11.– El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con carácter de urgencia, dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros para la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería, así como para la aplicación de medidas de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
12.– El Gobierno se compromete a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
13.– El Gobierno se compromete a mantener las bonificaciones al gasóleo agrícola durante toda la legislatura.
14.– La fiscalidad de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes que se hacía en un solo pago, pasa a pagarse en cuatro años (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
15.– El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la financiación de avales a través de Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
16.– Bonificación de la cuota empresarial por la transformación de contratos temporales en el sector agrario a fijos o fijos discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
17.– El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes de importación, así como certificación y control fitosanitario.
18.– El Gobierno se compromete a impulsar la política de regadíos, como una política irrenunciable, priorizando la modernización de los regadíos basada en la eficiencia y la sostenibilidad.
19.– El Ministerio realizará una campaña de comunicación e información para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de sus profesionales.

El sector agrario no ha tardado a reaccionar, considerando en la mayoría de casos estas medidas como «insuficientes» y en otros manteniendo las movilizaciones convocadas.

Así, el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, ha calificado de «lavado de imagen» las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, mientras que ASAJA Alicante las ha considerado «un avance», pero «se quedan cortas» por lo que «continuarán las protestas».

Para UPA, los cambios en la Ley de la cadena agroalimentaria suponen una «conquista histórica», aunque «llevamos demasiados años luchando por lo aprobado. Pero esto no acaba aquí. Las movilizaciones seguirán», ha declarado su secretario general, Lorenzo Ramos.

Unió de Pagesos ha manifestado que «se ha vuelto a desaprovechar la ocasión para que las autoridades puedan sancionar los abusos de posición de dominio, como permite la legislación sobre la competencia, ya que continua pendiente establecer con que cuota de mercado se tiene posición de dominio en la cadena alimentaria, tanto para la agroindustria, como para el comercio minorista, incluida la gran distribución». Por su parte, JARC–COAG ha solicitado que se concrete como se garantizará un precio justo para el productor.

Finalmente, el director general de la patronal alimentaria FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha indicado que hay que «estudiar en profundidad» la efectividad práctica de la medida y si es compatible, o por el contrario «restringe» las normas de la competencia.

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