El CGC exige dar un giro radical a las medidas de la UE contra la ‘mancha negra’

El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha indicado que la European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) ha emitido una alerta en la que confirma que las autoridades de Túnez han declarado oficialmente un área infectada por ‘mancha negra’ en una extensión de unas 2.000 hectáreas (ha) en la región de Nabeul, una zona citrícola del noreste de este país. A juicio del CGC, asociación que representa a los principales exportadores privados del país, el hallazgo debería forzar a la Comisión Europea (CE) a tomar medidas inmediatas y dar un ‘giro radical’ para elevar el nivel de exigencia de la normativa vigente (decisión UE 2016/715, recientemente prorrogada) y que afecta a los principales países proveedores de cítricos de la UE en contraestación (durante el verano): Sudáfrica, Argentina, Brasil y Uruguay. De forma paralela y siguiendo este mismo criterio de prevención, el CGC reclama a Bruselas que rectifique su decisión al excluir a última hora la también llamada Citrus Black Spot –CBS, en inglés– del listado de ‘plagas prioritarias’ para así garantizar una obligada vigilancia de este patógeno en todos los Estados miembros y la cofinanciación de los posibles planes de erradicación en caso de producirse una contaminación en Europa.

El pasado junio, antes de confirmarse este foco, las principales organizaciones agrarias del sector citrícola de Italia, Francia y España –incluido el CGC– ya solicitaron al ejecutivo comunitario varias modificaciones urgentes de la citada decisión. Lo hicieron en función de las siete interceptaciones por ‘mancha negra’ detectadas por inspectores franceses en cítricos procedentes de Túnez –un país hasta ese momento exento de la plaga–  en los meses de marzo y abril. Pero, sobre todo, reclamaban cambios en función de los sucesivos informes científicos de la EFSA (European Food Safety Authority) –de 2014, 2016, con una última revisión en 2018– que advertían de la capacidad del patógeno para aclimatarse a las zonas citrícolas europeas y del riesgo de que éste pudiera transmitirse a través del fruto. Estudios científicos que no impidieron al Gobierno de Sudáfrica anunciar la posible apertura de un panel contra la UE en la OMC acusándola de que las medidas vigentes para evitar el contagio de este hongo encubrían «prácticas proteccionistas» y suponían un «gasto inasumible» para su sector de 112 millones de euros por campaña.

Revisión de las medidas

Con la plaga por primera vez a las puertas de Europa, más allá de bloquear temporalmente las importaciones de Túnez –como ya está en vigor desde principios de junio– el CGC ha indicado que se impone una revisión en el mismo sentido que el conjunto del sector europeo reclama. En concreto, se insiste en que, como aceptó Bruselas en 2014 pero que no llegó a implementarse, «se advierta de que a partir de la quinta detección de este patógeno en las inspecciones portuarias europeas de partidas procedentes de los citados países, se ordenará el cierre inmediato de las fronteras». En segunda instancia, se exige que se suspenda el canal paralelo hoy permitido, con controles fitosanitarios más laxos, si el importador aduce que estos cítricos tienen por destino su transformación en zumo. En tercer lugar, se reitera que «es necesaria una armonización de los criterios técnicos con los que se realizan tales controles en los diferentes puertos de entrada así como una formación conjunta para garantizar una mayor cualificación y sensibilización de los inspectores». Una reivindicación, ésta última, que es coherente con la línea de denuncia del CGC, que «siempre ha cuestionado la laxitud de las revisiones que se realizan en el principal punto de entrada a la UE de los cítricos extracomunitarios, el puerto de Rotterdam».

De todas formas el CGC ha afirmado que más allá de lo acontecido en Túnez «parece claro que la regulación europea vigente está lejos de ofrecer suficientes garantías». Durante 2016 y 2017 se alcanzaron las 36 interceptaciones portuarias a causa de este patógeno y en 2018 se dispararon a 53, unas «cifras alarmantes». Implementar los cambios requeridos para Argentina, Brasil, Uruguay y Sudáfrica «no supondría ir más allá de los protocolos exigidos por EEUU o China que, al contrario que la UE, sólo aceptan partidas de zonas declaradas oficialmente como exentas de este hongo».

 

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